- Las infracciones ambientales son un reto sobre el manejo de incentivos y castigos en todas las naciones de la Panamazonía. De acuerdo con Killeen, en las zonas fronterizas de estos países, los crímenes se ven favorecidos por la ausencia de autoridad, dando una imagen de delitos aceptables contra la naturaleza.
- Pese a ello, el autor sí considera que existen medidas exitosas a favor de la conservación forestal y reducir la deforestación. Entre ellas destaca la creación y gestión de áreas protegidas, la formalización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y restringir actividades productivas en reservas de uso múltiple geográficamente delimitadas y propiedades comunales.
- Asimismo, las que menos han rendido frutos son las políticas persuasivas, que incentivan nuevas actividades productivas (como silvicultura, pesca, afroforestería) y las políticas coercitivas, que imponen cómo debe usarse la tierra.
El enfoque de mando y control para reducir o eliminar las infracciones ambientales se basa tanto en incentivos como en castigos. Los incentivos están principalmente vinculados al sector privado y dependen del acceso a los mercados. Por su parte, los castigos corresponden al sector público e incluyen sanciones administrativas, como la denegación de licencias ambientales y la imposición de multas —tanto administrativas como civiles— por incumplimiento. La sanción más severa es la aplicación de la ley a través del sistema de justicia penal.
En las zonas fronterizas, la aplicación del código penal ha sido débil, incluso en casos de asesinato, fraude, esclavitud y narcotráfico, por mencionar algunos de los delitos graves más comunes. Esta situación se ve favorecida por la ausencia de instituciones sólidas y por una cultura de incumplimiento reforzada por la inacción judicial y la corrupción política. No sorprende, entonces, que los delitos ambientales —que los perpetradores probablemente consideran delitos sin víctimas— se perciban como aceptables, ya que amplios sectores de la sociedad adoptan modelos económicos que violan las normas que regulan el uso y la tenencia de la tierra, la minería, la silvicultura y la agricultura.
La política oficial de todos los países panamazónicos es promover la conservación forestal y detener, o al menos reducir considerablemente, la deforestación. Las estrategias más exitosas han sido la creación y gestión de áreas protegidas, la formalización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la restricción de las actividades productivas dentro de reservas de uso múltiple geográficamente delimitadas y propiedades comunales.
Por el contrario, han sido menos efectivas las políticas que buscan motivar a los terratenientes a frenar la tala de bosques para expandir sus sistemas productivos. Estas pueden agruparse en dos grandes categorías: (1) políticas persuasivas, que fomentan la silvicultura, la agroforestería sostenible, la pesca y la piscicultura, sistemas de producción comúnmente denominados “biocomercio”; y (2) políticas coercitivas, que imponen cómo debe usarse la tierra, dependiendo del aparato regulador del derecho administrativo y, en caso de desaciertos, del derecho civil y penal para asegurar su cumplimiento.
Los ocho países soberanos de la Amazonía panamericana han implementado múltiples programas y proyectos que se enmarcan en la primera categoría, con resultados variados. Solo Brasil ha logrado organizar con éxito una campaña para utilizar el poder coercitivo del Estado con el fin de regular proactivamente la tala forestal e implementar dichas regulaciones mediante incentivos financieros y acciones policiales.
Imagen destacada: Cría de iguana verde en bosque amazónico de Colombia. Crédito: Rhett A. Butler.
Créditos
