- Para que el trabajo de fiscalización sea exitoso, los tribunales y los jueces que lo lideran tienen un papel importantísimo a la hora de hacer que cualquier reforma judicial prospere. Según explica Killeen en esta sección, esto no ocurre en la Panamazonía.
- Respecto a los delitos ambientales, en países andinos se ha demostrado que se cometen delitos mediante soborno y extorsión, lo que constituye una fuente importante de corrupción judicial. En Brasil, los jueces son más propensos a cometer delitos de omisión, mediante tácticas dilatorias que hacen que los casos permanezcan suspendidos por años.
- Las reformas de los poderes judiciales de estos países suelen gestionarse desde entidades alternas que cuentan con su propia unidad de asuntos internos. Pocas veces se logra sancionar a aquellos malos elementos, por lo que el sistema sigue siendo opaco y defectuoso.
Las personas con mayor poder en los tribunales son los jueces. Su liderazgo es esencial para que cualquier reforma prospere, ya sea una campaña anticorrupción o una iniciativa gubernamental para combatir los delitos ambientales. En las Repúblicas Andinas, su participación en delitos de comisión, mediante soborno y extorsión, constituye una fuente importante de corrupción judicial. En Brasil, los jueces son más propensos a cometer delitos de omisión, recurriendo a tácticas dilatorias que permiten que los casos permanezcan durante años en suspensión.
En Brasil, los esfuerzos para reformar el poder judicial son gestionados por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) que, al igual que el Ministerio Público, cuenta con una unidad de asuntos internos (corregedoria) encargada de supervisar la conducta ética de sus miembros. Si bien el CNJ dispone de un sistema de gestión de datos impresionante para rastrear su enorme carga de trabajo, la corregedoria no publica estadísticas claras y comprensibles que permitan conocer su historial en la lucha contra la corrupción judicial.
En 2012, un periodista de investigación especializado en asuntos legales revisó datos del CNJ e informó que se habían procesado 5.917 casos, de los cuales 1.637 llegaron a juicio, resultando en 205 condenas. En cambio, 2.918 fueron desestimados por tecnicismos o por prescripción. Un estudio independiente, que abarcó el periodo de 2005 a 2017, reveló que 82 jueces fueron objeto de medidas disciplinarias, y que 53 de ellos recibieron la sanción de jubilación obligatoria, que los apartó de los tribunales, pero no les retiró la pensión. A pesar de estas reformas, el sistema sigue siendo opaco y los medios de comunicación informan poco sobre medidas disciplinarias dirigidas a la élite judicial.
La campaña de Perú contra la corrupción incluye también una entidad de monitoreo y supervisión (Consejo Nacional de la Magistratura / Junta Nacional de Justicia), que evidencia un fracaso similar en el abordaje del problema. Entre 2010 y 2012, los tribunales tramitaron 18.782 casos de corrupción, de los cuales 450 (2,5 %) involucraron a miembros del sistema judicial, entre ellos jueces y fiscales. De este grupo, solo el 30 % llegó a juicio y obtuvo sentencia; y de ellos, el 86 % recibió condena suspendida, ya fuera por un acuerdo con la fiscalía (46 %), por decisión judicial de considerar innecesaria la pena prescrita (20 %) o por desestimación por motivos de procedimiento (10 %).
En un estudio independiente realizado en 2019, la Defensoría del Pueblo registró 31.370 denuncias formales contra funcionarios judiciales; sin embargo, solo 201 fiscales y 185 jueces fueron declarados culpables. Las sanciones disciplinarias fueron igualmente reveladoras: el 90 % de ellos recibió sanciones leves, como retiro voluntario o multas. Nadie fue a prisión.
En Ecuador, entre marzo de 2019 y mayo de 2022, 24 jueces y 30 fiscales fueron investigados por presunta corrupción, la mayoría por vínculos demostrados con el crimen organizado. Sin embargo, solo seis jueces y un fiscal fueron destituidos. En un caso relacionado con una disputa civil entre una comunidad indígena y una empresa hidroeléctrica, el juez presidente fue presuntamente sobornado por otro juez para favorecer a la compañía. La motivación del segundo juez era proteger las inversiones de su esposo en la empresa que construía la represa.
En Surinam, los ciudadanos están protegidos contra la mala conducta judicial y policial por la Oficina del Defensor del Pueblo. Sin embargo, cuando ese cargo quedó vacante entre 2005 y 2009, el gobierno mantuvo su asignación presupuestaria y gastó más de 42 millones de dólares en un flagrante caso de malversación de fondos dentro del sistema de justicia penal.
Imagen destacada: Consejo Comunitario Renacer Negro en Cauca. En julio de 2015 un juez de tierras les reconoció los derechos de titularidad de la tierra. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.
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