- La defensora, de 73 años, buscaba proteger antiguos bosques como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, pero desapareció en 2024.
- Familiares denuncian que lejos de dar con su localización, las investigaciones se han centrado en indagar sobre sus hijos, quienes convocaron a una manifestación nacional para el próximo 8 de noviembre.
- Según la abogada de la familia, la fiscalía chilena ha minimizado el rol de defensora ambiental de Chuñil, ha omitido información clave y no ha permitido a la familia acceder a la carpeta de investigación.
- El año en que desapareció Chuñil, las agresiones físicas contra defensores ambientales se triplicaron en Chile: más del 90 % están relacionadas al sector forestal, de acuerdo con un informe de la organización Escazú Ahora.
Hace casi un año, la defensora mapuche Julia Chuñil Catricura salió de su cabaña —apartada en el bosque de la región chilena de Los Ríos—, junto con su perro Cholito, para buscar a sus animales extraviados. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ambos.
Este bosque templado lluvioso de la selva valdiviana no solo es el hogar de Chuñil, también representa uno de los mayores tesoros de Chile por su rica biodiversidad y por el valor cultural para el pueblo mapuche. La defensora, de 73 años, buscaba proteger estos antiguos bosques como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil.
Por esta razón, su desaparición, ocurrida el 8 de noviembre de 2024, movilizó a cientos de personas en operaciones de búsqueda y a miles más para protestar en las calles del país. Incluso, en estos meses de ausencia, avanzó el proyecto de ley que emite normas de protección para defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Sin embargo, familiares y la defensa de Chuñil han denunciado no solo la falta de resultados para dar con la defensora, sino supuesta discriminación, criminalización y obstáculos para obtener justicia.
Una defensora ambiental cuestionada
Durante los últimos 10 años, Chuñil se dedicó a reclamar los derechos de las tierras ancestrales del pueblo mapuche en un territorio de más de 900 hectáreas, conocido como Reserva Cora, una zona forestal en disputa desde hace más de 15 años.
Entre 2011 y 2015, el territorio vivió un proceso de intento de compra por parte de una comunidad indígena a un empresario forestal y ganadero por medio de un proceso conocido como de reivindicación de tierras indígenas, y que incluso acompañó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Sin embargo, irregularidades en el proceso llevaron a la Corte Suprema a invalidar la compra y devolver el terreno. Esto sin notificar del proceso a Chuñil, quien desde 2014 decide resguardar parte del territorio indígena asentándose en el predio y trabajando en su conservación.
Este reclamo de tierras que inició la defensora generó un conflicto con el empresario por la tenencia de las tierras que derivó en varios incidentes de presunto acoso y violencia, denunciados en su momento por la defensora, entre ellos un atropellamiento, ofrecimiento de dinero para desistir de sus reclamos, así como el corte del soporte de un puente que Chuñil utilizaba frecuentemente para cruzar en el bosque.
El siguiente episodio fue la desaparición de la defensora, quien no concebía la oportunidad de autonomía de la comunidad mapuche sin el reconocimiento territorial, de acuerdo con sus familiares. “Mi madre nació y creció en esta región de Chile. Su tierra era su vida y se dedicaba con empeño a preservarla. Si talaban un solo árbol, ella lo sabía. Conocía esta tierra como la palma de su mano. Y no quería irse a ningún otro lugar”, dijo Pablo San Martín Chuñil, hijo de la defensora, a la organización internacional Global Witness, que documentó el caso para su informe anual de agresiones contra defensores ambientales en el mundo.
De acuerdo con San Martín, en cuanto notaron la ausencia de Chuñil organizaron labores de búsqueda y hallaron elementos clave, como marcas de neumáticos en el suelo. Sin embargo, el hijo de la defensora señaló que estas marcas no fueron preservadas ni tomadas en cuenta en la investigación.
“La hipótesis de que se perdió para nosotros no existe, a mi mamá de acá la sacaron. En este sector había huellas de camioneta”, relató San Martín al canal de televisión comunitario Señal 3 La Victoria en febrero de este año.
Desde la desaparición de Chuñil, explica la abogada de la familia, Karina Riquelme, el caso ha estado marcado por supuestas violaciones a los derechos básicos de las víctimas, al recibir “un trato discriminatorio, con una comunicación de muy mala calidad con la fiscalía y con filtración de antecedentes falsos a la prensa”, dice a Mongabay Latam.
Para Riquelme, una de las irregularidades más graves de la autoridad al investigar el caso ha sido el minimizar la labor de Chuñil como defensora del territorio, luego de que el pasado 13 de octubre, la fiscal regional de Los Ríos y encargada del caso, Tatiana Esquivel López, dijo al diario La Segunda que no hay antecedentes que permitan afirmar que ejerciera “una labor política o de activista organizada” y que más bien es una mujer “dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas”.
La abogada explica que aunque se han entregado antecedentes sobre la labor de Chuñil como defensora del bosque nativo y como líder indígena, esta línea de investigación sigue sin ser prioritaria.
“No se han desarrollado esas líneas de manera cabal, no ha sido para la fiscalía un tema que se haya tomado en serio, aún cuando se le han entregado antecedentes al respecto”, expone Riquelme.
En dos ocasiones, la defensa de la familia de Chuñil ha solicitado la remoción de la fiscal en el caso, al considerar que hay un “sesgo evidente” que comprometería la imparcialidad en la investigación. Sin embargo, este 17 de octubre la Fiscalía Nacional de Chile rechazó la solicitud al considerar que no hay fundamentos para designar a un fiscal distinto.
La organización Escazú Ahora, que documentó las resoluciones que permiten acreditar a Chuñil como defensora de derechos humanos en asuntos ambientales, ha destacado que su caso no es aislado, pues sostiene que estas violencias se han replicado contra otras personas defensoras, especialmente cuando son pertenecientes al pueblo mapuche, la población indígena más numerosa de Chile, con 1.7 millones de personas.
Un caso ocurrido en 2016 fue el de la defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz, quien se oponía a la instalación de proyectos termoeléctricos en la comunidad Newen de Tranguil, también en Chile. Valdés fue hallada sin vida dentro de su casa.
Alberto Curamil Millanao, líder mapuche, se opuso a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el río Cautín, en la región de la Araucanía, en el mismo país. El dirigente, quien ganó el Premio Goldman en 2019, estuvo 16 meses en prisión acusado de actividad criminal, pero fue absuelto.
La misma organización documentó 82 violaciones a derechos humanos contra 47 personas defensoras ambientales entre 2023 y 2024 en Chile, donde solo en un año se triplicaron los casos de violencia física contra esta población.
Durante 2024, casi el 40 % de las amenazas documentadas y más del 90 % de las agresiones físicas contra defensores en el país estaban relacionadas con el sector forestal. Además, el 70 % de todos los casos involucraron a mujeres, según el informe anual de Escazú Ahora.
Para la abogada Riquelme, la desaparición de Chuñil no se explica sin un “contexto violento contra las poblaciones mapuches” en Chile.
“Hay un racismo muy fuerte en Chile respecto al pueblo mapuche. La criminalización tiene una doble mirada porque por un lado se persigue al pueblo mapuche y por otro lado se le abandona cuando son víctimas y ese es el caso en particular que está viviendo la familia de Julia Chuñil”, expuso la defensora.
Mongabay Latam buscó a la Fiscalía Nacional de Chile para solicitar su postura ante las acusaciones de la familia y las líneas de investigación en el caso, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
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Denuncias de la familia Chuñil
La desaparición de Chuñil llegó en julio pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien solicitó medidas urgentes al Estado chileno para evitar mayores riesgos para la defensora y su familia.
En este espacio, la familia de la defensora denunció diferentes acciones de la fiscalía, como la realización de siete allanamientos violentos a la casa de Chuñil, donde viven sus hijos Javier y Jeanette Troncoso, quien dijo haber sido interrogada y acusada de la desaparición de su madre, en medio de gestos y comportamientos intimidatorios.
Los familiares también denuncian fallas en la investigación, como presuntos errores en el uso del georradar y exclusión de las tareas de búsqueda. También señalaron como diligencias pendientes la incautación y revisión de teléfonos y vehículos de una persona señalada como sospechosa principal de la desaparición, ante el conflicto territorial que mantenía con Chuñil.
Se trata del empresario forestal con quien Chuñil se enfrontó desde 2015 por el resguardo del bosque y a quien la defensora denunció por el hostigamiento para abandonar el territorio.
Sin embargo, la respuesta de la autoridad —advierte la abogada Riquelme— ha sido seguir una línea de investigación contra los propios familiares y la filtración de información a la prensa en este sentido y supuestamente sin evidencia.
“La fiscalía realiza allanamientos en los domicilios de los hijos de Julia [Chuñil] y para realizarlo afirma hechos falsos como que había sangre de Julia Chuñil en el lugar. Ese hecho debió haber sido sancionado desde un principio, pero ni al Fiscal Nacional ni a la Corte Suprema les pareció lo suficientemente grave”, dice Riquelme a Mongabay Latam.
San Martín sostiene que las investigaciones se han centrado en su familia y no en las acciones de búsqueda o tomando en cuenta la actividad de su madre como defensora del bosque ancestral.
“Han registrado la casa de mis hermanos como si tuvieran algo que esconder y eso ha hecho que el foco de la investigación se desviara de las personas que realmente son culpables”, señaló el familiar a Global Witness.
Incluso, sostuvo que los familiares han facilitado a la policía información, videos y audios que apuntan a la implicación de determinadas personas. “No conseguimos entender qué hemos podido hacer para merecer este trato, que nos ha hecho perder tiempo”, insistió.
De acuerdo con la defensa de la familia, el único elemento que hay contra ellos es un testigo anónimo, quien sostiene haber visto a los hijos de Chuñil quemar su ropa.
“Es normal que se investigue a la familia en casos de desaparición, lo que no es normal es que se afirme que existen evidencias que no hay y que se recurra a testigos con identidad reservada para afirmar sospechas sin sustento”, lamenta Riquelme.
La abogada ha denunciado recientemente la presunta omisión de la fiscalía en información relevante del caso, como la presunta intervención telefónica de uno de los principales sospechosos en la causa. Sin embargo, la institución ha evitado pronunciarse al respecto.
En agosto pasado, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien le manifestó su preocupación por las diligencias clave por realizar en el caso, especialmente tras las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
El directivo señaló en ese encuentro la necesidad de dotar de más recursos a las fiscalías regionales que están haciendo las diligencias en el caso.
Al respecto, la jefa regional del INDH en la región de Los Ríos, Constanza Montt, explica a Mongabay Latam que aunque no son una institución que interviene en el caso buscan colaborar con las autoridades para que investiguen casos como desapariciones de forma ágil y sin sesgos.
“Hay componentes relevantes que [as autoridades investigadoras] deben tener a la vista en este caso: estamos hablando de la desaparición de una mujer indígena, mayor, que además está en un proceso de defensa territorial, son elementos que nos ocupan de manera relevante”, sostiene.
Sin embargo, la jefa regional omitió calificar el actuar de la fiscalía en el caso de la desaparición de Chuñil al no haber tenido acceso a la carpeta de investigación.
“La carpeta estuvo reservada mucho tiempo y ahora solamente tienen acceso las personas intervinientes. Podríamos hacer un cotejo que nos permita tener elementos para acceder o refutar los sesgos denunciados por la familia, y esos elementos no los tenemos”, explica Montt.
Un aniversario de protesta en Chile
La familia de Chuñil ha convocado a una jornada de movilización en todos los territorios de Chile el próximo 8 de noviembre, cuando se cumpla un año de la desaparición de la defensora.
“Ella, como tantas otras personas mayores que habitan el campo, cumplía un rol histórico: proteger la tierra, el agua y los bosques. Su ausencia no es casual, sino parte de la violencia estructural que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio”, señala la convocatoria.
A un año de su desaparición, la abogada insiste en que el principal desafío es lograr que la institucionalidad trate a la familia Chuñil “con respeto, no con el desprecio que ha caracterizado esta investigación”.
Montt sostiene que el caso de Chuñil también debe generar un incremento de las capacidades de investigación en este tema, donde las brechas de tecnología y presupuesto influyen en las labores de las fiscalías.
“Pese a lo doloroso y lo complejo que ha sido, es una oportunidad para repensar o reevaluar las capacidades investigativas y donde vemos esas brechas mayores son en la tecnología de la que no disponen los auxiliares de las investigaciones”, sostiene.
Imagen principal: Chuñil está desaparecida desde noviembre de 2024, cuando salió de su casa, junto a su perro. Foto: cortesía familia Julia Chumil
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