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Muere el cuarto perezoso en cautiverio víctima del fallido proyecto Sloth World en Florida

Astrid Arellano 15 May 2026

A pesar de los esfuerzos del equipo veterinario del Central Florida Zoo, Mr. Ginger —el más joven de los perezosos recuperados del fallido proyecto Sloth World, en Orlando— murió este viernes 15 de mayo de 2026, luego de que los expertos debieran aplicarle la eutanasia debido a la gravedad de su estado de salud. Es el cuarto perezoso fallecido en las instalaciones del zoológico tras ser rescatados para recibir atención veterinaria por los impactos causados por este proyecto turístico en Estados Unidos.

“Mr. Ginger era el perezoso más joven que llegó a nuestro cuidado, con una edad estimada de entre cuatro y seis meses. Llegó en un estado extremadamente delicado y nuestro equipo veterinario le brindó cuidados intensivos”, escribió el Central Florida Zoo en sus redes sociales.

El perezoso era alimentado a mano cada pocas horas y pasaba gran parte del tiempo en una incubadora para regular su temperatura corporal. “Era un luchador y se aferró a la vida contra todo pronóstico. Aunque nuestro personal hizo todo lo posible por darle la mejor oportunidad de sobrevivir, su estado no mejoró y nuestro equipo tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia humanitaria. Estamos profundamente apenados por esta pérdida”, agregó el zoológico.

Antes de la muerte de Mr. Ginger, ya habían fallecido Dumpling, Bandit y Habanero desde el traslado de los 13 animales sobrevivientes al zoológico, el 24 de abril pasado. Las necropsias determinaron que la causa de muerte de los tres perezosos previos fue la emaciación, es decir, desnutrición extrema.

La especialista en comercio de vida silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS), Susan Lieberman, advirtió en entrevista con Mongabay Latam que los perezosos son animales particularmente vulnerables al cautiverio, por lo que su extracción de la naturaleza implica un alto nivel de crueldad. Este medio se comunicó con el equipo de prensa de Sloth World por las denuncias pero no recibió respuesta.

Además, Lieberman alertó que el comercio legal de fauna silvestre —como ocurrió con el caso de Sloth World— tiene consecuencias indirectas: la existencia de un mercado autorizado puede aumentar la demanda y abrir espacio para redes ilícitas que ofrecen ejemplares más baratos. “El comercio legal suele estimular la demanda: la gente quiere más [animales silvestres], pero también quiere pagar menos. Por eso, si los consiguen mediante el comercio ilegal, a veces les resulta más barato. Por lo tanto, debemos tomar medidas enérgicas contra ambos”, señaló Lieberman, vicepresidenta de política internacional de WCS.

“Nos preocupa el aumento del comercio ilegal de perezosos hacia Estados Unidos y Asia”, agregó la especialista. “Esta es una de las razones por las que la WCS apoyó la inclusión de estas dos especies de perezosos [de dos dedos] en la CITES durante la reunión del año pasado. La propuesta fue presentada por Brasil, Panamá y Costa Rica”.

Lee más sobre el caso de los perezosos en Mongabay Latam. 

*Imagen principal: Mr. Ginger pasaba gran parte del tiempo en una incubadora para regular su temperatura. Foto: cortesía Central Florida Zoo

Sloth World - Orlando - Perezosos - Perú - Guyana

Congreso de Perú debate proyecto para prohibir definitivamente la pesca industrial en áreas protegidas, el Gobierno se resiste

Wilber Huacasi 11 May 2026

Un proyecto de ley que busca frenar de manera definitiva la pesca industrial dentro de áreas naturales protegidas se debate en el Congreso de Perú. El dictamen —que reúne tres iniciativas legislativas— propone una modificación en la Ley de Áreas Naturales Protegidas para fortalecer la protección de la biodiversidad acuática.

En el Congreso la propuesta ha sido analizada en dos comisiones. Una de ellas, la de Producción, ha planteado la no aprobación y el envío al archivo. En cambio, la comisión que aborda los temas ambientales emitió un dictamen a favor. El 7 de mayo, este grupo de trabajo propuso sancionar un artículo único que establece que queda “prohibida la pesca de mayor escala al interior de las áreas naturales protegidas marinas o continentales, cualquiera sea su categoría o zonificación”.

El mismo artículo sostiene que el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos dentro de las áreas naturales protegidas solo puede ser autorizado para acuicultura, pesca artesanal y de menor escala, y que no debe perjudicar el cumplimiento de los fines por los cuales se estableció el área protegida.

El dictamen para la aprobación de esta nueva ley data del 8 de abril de 2024. Es decir, el tema permaneció encarpetado durante más de un año. Recién el pasado 5 de mayo, la Junta de Portavoces acordó incorporarlo en la agenda del Pleno, en momentos en que la actual composición del Congreso se encuentra en la cuenta regresiva de sus últimos tres meses de mandato. Sin embargo, en el Pleno que se realizó el 7 de mayo, la norma no entró en el debate.

El Ministerio del Ambiente ha emitido un informe técnico donde señala que “la prohibición de extracción de mayor escala, ya sea marina o continental” ya se encuentra regulada en el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Por tal motivo, dicho sector ha restado valor a la propuesta.

Un informe de la congresista Ruth Luque, publicado en octubre de 2025, señala que la aprobación de esta norma permite que la prohibición que existe en el reglamento tenga rango de ley. También destaca la inexistencia de sanciones efectivas frente a la pesca industrial en áreas naturales protegidas debido a que el Ministerio de la Producción ha eliminado de su cuadro de infracciones la tipificación por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas.

Carmen Heck, directora de Políticas de la organización Oceana en Perú, subraya que hace falta una norma con rango de ley: “La prohibición está ahí, pero cualquiera puede infringirla sin ser sancionado”.

El caso de la Reserva Nacional de Paracas es un ejemplo de lo que puede suceder sin una ley que especifique la prohibición de la pesca industrial en las áreas marinas protegidas. En los últimos años, esta área protegida ha estado en el centro de una disputa judicial por parte de la industria pesquera que buscaba abrir la puerta  a la pesca a gran escala en esta zona.

*Imagen principal: pesca industrial en el mar peruano. Foto: Agencia Andina

La Antártida: el brote de hantavirus en un barco detona la preocupación por contaminación y enfermedades producto del incremento del turismo

Associated Press 8 May 2026

Científicos y ambientalistas han dado la voz de alarma por el incremento del turismo en los paisajes helados de la Antártida y el consecuente aumento del riesgo de contaminación, enfermedades y otros daños al continente.

Un brote mortal del inusual hantavirus a bordo de un barco neerlandés en un crucero polar de varias semanas ha llamado la atención sobre la creciente tendencia del turismo.

La mayoría de expediciones se dirigen a la península Antártica, uno de los lugares que se calientan más rápido en el mundo. De 2002 a 2020, se derritieron aproximadamente 149 000 millones de toneladas de hielo antártico por año, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Una ruta común consiste en viajar hacia el sur desde Argentina rumbo a la Antártida, la misma ruta que tomó el MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga una posible transmisión de persona a persona en este crucero, explicó la doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la entidad internacional.

Crecimiento explosivo de los viajes

En 2024, más de 80 000 turistas pisaron el vasto continente cubierto de hielo y 36 000 lo observaron desde la seguridad de los barcos, según datos recopilados por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida.

La Unión Internacional de Científicos Preocupados estima que el turismo a la Antártida se ha multiplicado por diez en los últimos 30 años.

Esa cifra podría aumentar en la próxima década a medida que bajen los costos, ya que entrarán en servicio más cascos capaces de navegar entre hielos, señaló Hanne Nielsen, profesora de la Universidad de Tasmania. Sus colegas estiman que el número anual podría triplicarse o cuadruplicarse hasta superar las 400 000 visitas en ese periodo.

Riesgos de contaminación

Bandadas de aves migratorias han llevado la gripe aviar desde Sudamérica a la Antártida en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ese brote llevó a la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida y a otros a endurecer las normas de conducta e higiene de los turistas.

Además, los cruceros han sufrido brotes de enfermedades como el norovirus, que puede propagarse rápidamente en los espacios reducidos de un barco. En 2020, un brote de Covid-19 en el Diamond Princess convirtió al crucero en una incubadora.

La Antártida se rige por el Tratado Antártico desde 1959, cuando las cifras de turismo eran mucho más bajas. «La actividad debe regularse de manera adecuada, como se haría con cualquiera de los sitios ecológicos sensibles y valiosos del mundo», plantea Claire Christian, directora ejecutiva de Antarctic and Southern Ocean Coalition.

Lee en Mongabay Latam más sobre señales de degradación en la Antártida.

Imagen principal: pasajeros observan mientras un barco navega por el canal de Lemaire en Antártida. Noviembre de 2025. Foto: archivo AP/Mark Baker

pasajeros observan mientras un barco navega por el canal de Lemaire en Antártida. Noviembre de 2025. (Foto: archivo AP/Mark Baker)

Argentina: más de 850 000 ciudadanos demandaron al Estado por la ley que debilita protección de glaciares

Wilber Huacasi 6 May 2026

Con la participación como adherentes de más de 850 000 ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil argentina presentaron ante el Juzgado Federal de La Pampa una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra la reciente Ley de reforma 27.804 que, según advierten, debilita seriamente la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

Los ciudadanos piden al tribunal declarar inconstitucional la nueva ley 27.804, modificada a pedido del gobierno de Javier Milei y promulgada el 24 de abril. Esta norma realiza cambios a la ley 26.639, que regula la preservación de los glaciares y del ambiente en Argentina. Los demandantes plantearon también una medida cautelar para que el juez evalúe suspender la implementación de la cuestionada norma.

Demandantes argumentan que hubo limitada participación en las audiencias de marzo de la Cámara de Diputados. Foto: Congreso de Argentina
Demandantes argumentan que hubo una limitada participación ciudadana en las audiencias convocadas por la Cámara de Diputados en marzo. Foto: Congreso de Argentina

Son cuatro los argumentos generales planteados por los demandantes para sustentar la inconstitucionalidad de la ley 27.804: 

1. Proceso legislativo inválido

Los demandantes advierten la ausencia de un verdadero proceso de consulta. Hubo más de 100 000 inscritos para participar en una audiencia pública de dos días, convocada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, solo se permitió la participación de 122 personas. 

2. Contenido ambiental regresivo

Los demandantes subrayan que la Constitución de Argentina (en su artículo 41) regula la obligación del Estado de no comprometer las necesidades de las generaciones futuras, en este caso el acceso al agua. Apuntan también que la Ley General del Ambiente (25.675) desarrolla el “principio de progresividad”. Es decir, hay una tácita “prohibición de retroceder en la protección ambiental”. Y además, el Acuerdo de Escazú, al que adhiere Argentina, establece directamente el “principio de no regresión”.

3. Vulnera la distribución de competencias

En la demanda se rechaza la delegación a los gobiernos provinciales de las cuestiones vinculadas con las cuencas, ya que estas son interjurisdiccionales y deberían ser gestionadas por el gobierno nacional. En la práctica, rechazan que un gobierno provincial pueda validar la destrucción de determinado curso de agua, sin tomar en cuenta el perjuicio que esto generaría en una provincia vecina.

4. Contra los tratados internacionales

Finalmente, los ciudadanos recuerdan que el Gobierno argentino “aprobó definitivamente el Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea”. El artículo 18.2 de este acuerdo precisa que las partes no deben debilitar sus leyes “en materia medioambiental”.

Y frente al supuesto de que tal acuerdo no ha entrado en vigor, los demandantes precisan que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados prohíbe la mala fe, por lo que Argentina tenía que abstenerse de sacar normas en perjuicio de la protección ambiental.

Lee en Mongabay Latam más sobre esta reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. 

*Imagen principal: movilización ciudadana del 8 de abril frente a la sede del Congreso en Argentina, en rechazo a la reciente ley de reforma que debilita la protección de los glaciares. Foto: cortesía Santiago Pellegrini 

Movilización ciudadana del 8 de abril en defensa de los glaciares - Argentina - Foto cortesía Santiago Pellegrini

Guatemala: las agresiones a defensores de derechos humanos aumentaron casi 27 % en 2025 | INFORME

Gonzalo Ortuño López 1 May 2026

En Guatemala, 2025 fue un año particularmente violento para las personas defensoras de derechos humanos: se registraron 5238 agresiones, casi un 27 % más que el año anterior, de acuerdo con el informe “Comunidades que resisten: Criminalización, estigmatización y asesinato”, elaborado por la Unidad de Protección a Defensoras y Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

De acuerdo con la organización, el 96 % de las agresiones ocurrieron en el ámbito digital, donde el discurso de odio, la desinformación y el hostigamiento, sostiene, siguen siendo prácticas predominantes.

El informe identificó 12 asesinatos —más ocho intentos de homicidios— de los cuales nueve eran defensores del territorio y medio ambiente. Entre los casos está el de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien tras recibir amenazas fue asesinado después de denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida.

Liderazgos indígenas de Guatemala
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) ha denunciado asesinatos y criminalización contra sus integrantes en Guatemala. Foto: cortesía Comité Campesino del Altiplano CCDA

También figura el de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que en 2025 logró echar atrás licencias ambientales por presuntas irregularidades en su otorgamiento.

Pese a que hubo una reducción en los casos fatales, respecto a 2024, donde se documentaron 28 asesinatos, Udefegua advierte que las condiciones de riesgo para esta población continuaron.

“En 2025 persistieron factores de riesgo de fondo —impunidad, criminalización, captura institucional del sistema de justicia y conflictividad territorial— que continúan debilitando la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos”, señala el documento.

La organización señala que las condiciones que mantienen la violencia estructural están los pocos avances en los Acuerdos de Paz, lo que ha contribuido a aumentar los conflictos agrarios; la expansión de megaproyectos sin procesos de consulta previa libre e informada con las comunidades; así como el crecimiento de monocultivos históricamente “vinculados a estructuras oligárquicas”.

Pese a ser el segundo año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, impulsado por movimientos indígenas de Guatemala, el informe destaca el aumento de la violencia generalizada no solo contra defensores, sino también contra organizaciones y comunidades enteras.

“La persistente cooptación del sistema de justicia ha generado un aumento en los casos de criminalización y ha devenido en la impunidad de la investigación de agresiones que se cometen contra personas defensoras”, señala Udefegua ante los procesos de criminalización de liderazgos indígenas.

Mongabay Latam ha dado seguimiento a la violencia digital que enfrentan las personas defensoras mediante campañas de desinformación; a detenciones y sentencias en medio de una crisis política; así como casos de asesinatos de quienes se oponían a megaproyectos mineros en regiones del país.

*Imagen principal: una cruz ante la ciudad de Cobán, en el departamento guatemalteco de Alto Verapaz. Foto: cortesía Toby Hill/Global Witness

Una cruz domina la ciudad de Cobán en el departamento guatemalteco de Alto Verapaz, famosa por su rica cultura maya q'eqchi.

Conferencia en Santa Marta lanza advertencia global: falta de fondos frena la salida de los combustibles fósiles

Associated Press 28 Abr 2026

La falta de recursos económicos se consolidó como una de las principales barreras para avanzar en la transición energética durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realiza en Santa Marta, Colombia. En este evento, funcionarios y expertos debaten sobre cómo acelerar el abandono del petróleo, gas y carbón.

El encuentro se desarrolla en un momento en el que crece la presión internacional para que los gobiernos pasen de las promesas climáticas a medidas concretas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global.

Aunque en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas se ha reconocido la necesidad de una transición hacia energías limpias, los participantes señalaron que aún no existen mecanismos claros de financiamiento, por lo que muchos países deben enfrentar en soledad los costos del cambio.

Especialistas indicaron que, si bien energías renovables como la solar y la eólica suelen ser más baratas de generar, la transición exige inversiones millonarias en redes eléctricas, almacenamiento y reemplazo de sistemas basados en petróleo y gas que todavía sostienen numerosas economías.

En los países en desarrollo, además, los altos costos de endeudamiento y el acceso limitado al crédito elevan el precio de los proyectos llamados «limpios». Según se expuso en la conferencia, financiar energías renovables puede costar cerca de un 15 % en algunas regiones de África, frente a tasas cercanas al 2 % en Europa y Norteamérica.

Amiera Sawas, directora de investigación y políticas de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, afirmó que muchos gobiernos no están atados ideológicamente a los combustibles fósiles, sino condicionados por las reglas del sistema financiero global, que facilita más recursos para petróleo y gas.

Los expertos alertaron sobre una “trampa de deuda fósil”, en la que países dependen de ingresos petroleros para pagar deudas y sostener el acceso a la energía, lo que limita la inversión en alternativas sostenibles.

Tuvalu, una nación insular del Pacífico vulnerable al aumento en los niveles del mar, anunció que será sede de la próxima edición de la conferencia.

“Hay mucho dinero para la guerra. Pero hay un enemigo en común —el cambio climático— y no vemos ese dinero”, señala Jean Lemire, enviado climático de Quebec, la provincia más grande de Canadá.

Por su parte, Nicolas Lippolis, fundador y director ejecutivo del Centre for Energy, Finance and Development, comenta que “el financiamiento climático es un desafío en todo el mundo, pero a nivel subnacional es aún mayor”.

Conoce aquí todos los detalles de la conferencia sobre combustibles fósiles

Este artículo fue publicado por Steven Grattan en Associated Press 

Imagen principal: una piscina de desechos de hidrocarburos junto a mecheros. Foto: cortesía UDAPT

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