En 2024, cerca de 500 000 hectáreas de bosque primario fueron arrasadas por el fuego debido a las quemas incidentales. La cifra equivale al doble de 2023. Los más afectados fueron las comunidades indígenas, las áreas naturales protegidas y los proyectos privados de conservación. Y pese a que los expertos advierten que este año los incendios también serán de gran magnitud, sostienen que el gobierno peruano no tiene una estrategia clara para controlar y mitigar los incendios.

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Conversamos con Luis Zari, coordinador de gestión de proyectos en el Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, quien señala que el Estado peruano no está preparado para enfrentar una nueva ola de indios forestales.

—¿Por qué se generan los incendios forestales en Perú?

—Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la principal causa de los incendios forestales es humana, debido a la quema que se realiza para fines agropecuarios, para limpiar el terreno, para cultivos. Pero también deben tenerse en cuenta otros elementos, como las sequías o las olas de calor, que el año pasado fueron bastante intensas. Y que, por lo tanto, intensifican estos eventos que, según apunta la comunidad científica, pueden ser efectos del cambio climático.

Además, la deforestación causada por la conversión de tierras de forma ilegal para la agricultura también juega un papel importante, por eso se habla de que los incendios forestales son multicausales. La principal causa es humana.

—¿Existe una regulación del Estado peruano para realizar las quemas de los residuos de los cultivos previo a la época de siembra?

—No, hasta la fecha no existe una regulación específica que establezca criterios u orientaciones para realizar quemas para la limpieza de terrenos vinculados a la agricultura familiar, donde se suelen dar estas prácticas, pero es cierto que, en 2023, el Estado peruano aprobó la regulación de la quema de caña de azúcar, que tiene un enfoque distinto, que tiene un enfoque para facilitar su cosecha, pero no es una regulación que busca prevenir los incendios forestales, como pasa en otros países.

Entonces, la respuesta en este caso es que en Perú no existe una regulación concreta para controlar y mitigar los incendios.

—¿Todos los incendios son incidentales o existe un interés más complejo detrás de ellos?

—Los incendios forestales en su mayoría están relacionados directamente con la actividad agropecuaria, o lo que se llama conversión de tierras forestales para actividades agropecuarias, lo que según datos del Ministerio del Ambiente es la principal causa de deforestación en los últimos años. El uso del fuego constituye un factor clave para esto, por acciones premeditadas o por malas prácticas.

Además, se sabe que a inicios de 2024 se aprobó la Ley Antiforestal, que incluye una disposición concreta que justifica que las áreas que contengan actividad agropecuaria sean consideradas directamente agropecuarias para todo efecto, sin sustento técnico, habiendo sido deforestadas incluso.

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Entonces, este tipo de regulaciones creo que son malos precedentes que suponen un riesgo para el aumento de incendios forestales en regiones donde el Estado no tiene un control territorial, y pueden darse actividades vinculadas al tráfico de tierras, por ejemplo, o a la conversión de tierras de manera ilícita para actividades agropecuarias.

—Para 2025, ¿qué estrategia anunció el gobierno peruano para controlar y mitigar incendios en la Amazonía?

—Bueno, los incendios forestales tan fuertes que hubo en 2024 llevaron al Estado a aprobar este año el Plan Multisectorial Ante Incendios Forestales, que tiene una duración de 2025 a 2027, que es un mecanismo que incluye a doce instituciones públicas y seis ministerios. Aborda diferentes actividades para evitar y reducir riesgos en zonas de alta importancia ambiental o importancia arqueológica. También incluye varias actividades vinculadas a la sensibilización y a la capacitación. Sin embargo, no aborda lo que se llama el manejo integral del fuego, mientras que otros países como Argentina o Paraguay, que tienen alta incidencia de incendios forestales, sí cuentan con este marco.

Este enfoque implica gestión local, participación comunitaria, actividades de prevención vinculadas al uso del fuego y demás controladas, por ejemplo. Entonces, la aprobación de este Plan Multisectorial Ante Incendios creo que es una buena iniciativa, pero sigue habiendo bastantes riesgos vinculados al manejo del fuego.

—¿Qué deben hacer las comunidades indígenas y población local ante un incendio forestal?

—Diría que pueden pedirle a sus municipios que activen acciones de capacitación y sensibilización que se incluyen en el Plan Multisectorial que comentaba antes. Hay compromisos por parte de la Autoridad Nacional Forestal (Serfor) en mejorar la capacidad de respuesta en los tres niveles de gobierno, lo que incluye las municipalidades distritales y provinciales, con la participación de las comunidades. Entonces, me parece que desde un enfoque preventivo puede haber una comunicación directa con la municipalidad.

Por otro lado, para responder a un incendio forestal creo que es importante organizarse. Se debe coordinar con la municipalidad y sus servicios de emergencia locales, la policía, líderes comunitarios, entre otros, para atender incendios de baja intensidad. Si el fuego es mayor o se descontrola y escapan las capacidades locales, la municipalidad provincial puede pedir apoyo a la región para movilizar recursos, para movilizar equipos técnicos y tener mayor ayuda.

Se pueden conformar brigadas, equipos de apoyo comunitario para estar bien preparados, involucrar a todas las organizaciones que quieran ayudar, a la población interesada y también creo que es muy importante estar siempre informados sobre las temporadas de lluvia, sequías, etc.

Imagen principal: Un incendio consume un área boscosa de la Sierra del Lacandón. Foto: Christian Gutiérrez