- La pesca ilegal pone en riesgo a las ya debilitadas poblaciones mundiales de peces, dado que cada año tanto se capturan unas veintiséis millones de toneladas de pescado con un valor de hasta veintitrés mil millones de dólares.
- El tratado —conocido oficialmente como Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada— entró en vigor el 5 de junio pasado.
- Representa un esfuerzo internacional para reforzar el abastecimiento mundial de pescados y mariscos al evitar que se desembarquen las capturas ilegales.
El 5 de junio entró en vigor un nuevo tratado de las Naciones Unidas destinado a evitar la pesca ilegal. Veintinueve países y la UE forman parte de este tratado.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) pone en riesgo a las ya debilitadas poblaciones mundiales de peces, dado que cada año se capturan hasta veintiséis millones de toneladas de pescado con un valor de hasta veintitrés mil millones de dólares.
“La pesca ilegal roba cada año miles de millones de dólares de nuestros océanos, lo que perjudica a aquellos que cumplen las reglas”, dijo acerca del tratado el secretario de estado de EE.UU., John Kerry, en un comunicado de prensa.
Denominado de manera oficial Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, el tratado representa un esfuerzo internacional para reforzar el abastecimiento mundial de pescados y mariscos al evitar que se desembarquen las capturas ilegales. De manera notable, compromete a los países con puertos de entrada a que impidan la pesca INDNR de los barcos pesqueros, en vez de confiar a los países del pabellón de los barcos el control de sus flotas.
Cada miembro parte del tratado determina, mediante la revisión de los documentos y, de ser necesario, del equipo y del cargamento, si las embarcaciones que entran en los puertos de estos están involucradas en la pesca ilegal. Si las autoridades consideran que los peces fueron capturados de manera ilegal, la embarcación no puede descargar la captura, cargar combustible o suministros o recibir otros servicios, por lo que se la obliga a encontrar otro lugar donde atracar. Luego los países portuarios les comparten a otros países interesados la información sobre las embarcaciones que operan de forma ilegal, incluidos los pabellones de estas.
El hecho de ir de un puerto a otro les costará tiempo y dinero a las embarcaciones pesqueras INDNR. Al darles a estos barcos pocos puertos donde atracar, los países esperan limitar la cantidad de alimento marino ilegal en venta, así como también, en última instancia, disuadir la pesca INDNR.
Cada miembro del tratado debe aprobar sus propias leyes para adoptar las medidas de este, pero “los países son libres de aplicar medidas más estrictas”, según dice una página web de la FAO.
El tratado fue aprobado en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 2009, pero entró en vigor solo después de que firmara una cierta cantidad de miembros, un hito alcanzado en mayo.
El acuerdo es “un muy importante avance”, le dijo a Mongabay Henrik Österblom, vicedirector de Ciencias del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Señaló que, en el pasado, las iniciativas para reducir la pesca ilegal se tomaban a nivel regional o nacional. Este tratado es diferente. “Lo mejor de este acuerdo es que demuestra un compromiso para abordar un problema mundial”, dijo Österblom.
En tanto, para Rashid Sumaila, director de la Unidad de Investigación de la Economía Pesquera de la Universidad de Columbia Británica, el acuerdo no es perfecto. Mientras que las medidas son poderosas, solo pueden causar impacto si unas cuantas docenas de países las adoptan. “Hasta ahora, solo treinta países firmaron, así que hay huecos —países que tomarán los peces [capturados ilegalmente]—”, comentó Sumaila.
“Algunos de los países que tienen una gran parte del mercado pesquero mundial, como Estados Unidos, firmaron el tratado, pero sin otros actores importantes, como China y Rusia, la estrategia seguirá fragmentada”, dijo Sumaila. Según un comunicado de prensa de la FAO, en conjunto, los treinta miembros actuales del tratado representan más del 62 % de las importaciones de pescado mundiales y el 49 % de las exportaciones.
“Incluso la táctica, relativamente barata, de verificar las embarcaciones en los puertos no es la mejor manera de engañar a los pescadores ilegales”, dijo Österblom. “La forma más efectiva es contar con la capacidad de vigilancia en el agua, pero es sumamente costosa”.
“Lo ideal sería que la tecnología satelital permitiera a las autoridades monitorear las embarcaciones para asegurarse de que no están haciendo nada ilegal. Esto, junto con las fuertes medidas en los puertos y el monitoreo por parte de entidades no gubernamentales —como la industria pesquera y las sin fines de lucro— podría erradicar de verdad la pesca ilegal”, agregó Österblom.
“Mientras tanto —dijo Sumaila—, el tratado podría servir como un punto de partida, ya que actuaría como una declaración moral para el mundo y les daría a los activistas y a la sociedad civil una plataforma mediante la cual se tomen medidas más drásticas contra la pesca ilegal en los próximos años.
“Algo es algo”, dijo Sumaila sobre el tratado. “Es un pequeño avance, pero, si no presionamos más, no va a servir de mucho”.
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