- ¿Qué consecuencias trajo al pueblo shuar el desarrollo de los proyectos mineros San Carlos Panantza y El Mirador?
- ¿Qué exige el pueblo indígena shuar?
Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en conferencia de prensa el 9 de marzo para exponer lo que ha ocurrido con el pueblo shuar debido al conflicto con el gobierno y la ejecución de los proyectos mineros Mirador y San Carlos Panantza.
“En ninguno de los dos proyectos mineros, San Carlos o Mirador, existió un proceso de consulta previa, ni libre ni informada. Sabemos que no se ha respetado este derecho porque el pueblo shuar en un comienzo se pronunció en contra de la actividad minera en su territorio ancestral”, dice a Mongabay Latam Andrés Tapia, director de Comunicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE).
San Carlos Panantza
El proyecto San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en la zona sur de Ecuador, está a cargo de la minera china Explorcobres S.A. (EXSA). “Desde que comenzó la actividad minera se iniciaron los problemas. Ocho familias shuar fueron desplazadas de su comunidad Nankints porque aparentemente habían invadido territorio de la compañía. Fueron cientos de policías y militares que los echaron. Lo que aduce la minera es que en el año 2000 el Gobierno ecuatoriano le entrega el derecho a concesión. Como la comunidad shuar no tiene título, no tiene un documento que le brinde seguridad legal, sin embargo, sí existe el derecho de posesión porque han vivido históricamente en su territorio”, explica a Mongabay Latam Carlos Mazabanda, coordinador de campo en Ecuador de la ONG Amazon Watch.
El 21 de noviembre del 2016, un grupo de indígenas shuar se dirigió al campamento minero para volver a ocupar el territorio. Un día después fueron desalojados.
El pasado 14 de diciembre un grupo de indígenas shuar fue al campamento minero. Se produjo un enfrentamiento que dejó siete policías y dos indígenas heridos, así como un policía muerto.
“Es ahí cuando el Gobierno ecuatoriano ordena el Estado de Excepción”, dice Mazabanda. “El Estado de Excepción quiere decir la restricción de ciertos derechos constitucionales como a la libre circulación, la libertad de asociación y la inviolabilidad del domicilio, es decir, que las fuerzas militares o policiales necesitan de una orden judicial para ingresar a una casa o propiedad privada. Todo eso se eliminó durante dos meses”, agrega.
El Estado de Excepción duró desde la quincena de diciembre del 2016 hasta la de febrero del presente año. “En realidad no se ha eliminado el Estado de Excepción, solo se ha suspendido. Y lo más seguro es que por las elecciones presidenciales, para que no haya conflictos que manchen la votación. Sin embargo, hasta ahora hay presencia militar en la comunidad y no se nos ha permitido volver a nuestro territorio”, dice Andrés Tapia de la CONFENIAE.
Durante una conferencia de prensa, organizaciones indígenas presentaron un balance de los impactos que esta disputa ha dejado en el pueblo shuar.
Las cifras que se presentaron en la conferencia fueron obtenidas a partir de una recopilación hecha por las bases comunales indígenas, y en ellas se indica que el saldo del conflicto es de un comunero herido con quemaduras de tercer grado producto de bombas de fabricación industrial en la comunidad de Tsuntsuim, un comunero herido de bala y 35 familias —150 personas— desplazadas provenientes de cuatro comunidades shuar: Nankints, Tsuntsuim, San Pedro y Kutukus.
Mongabay Latam se contactó con el Ministerio del Interior de Ecuador para recoger su versión y posición sobre el conflicto, pero hasta la publicación del presente reportaje no hubo respuesta.
“Actualmente los desplazados han sido acogidos por dos comunidades shuar: Wapis y TInk. El problema es que imagínate que a dos comunidades pequeñas vayan casi 150 personas. Hay un problema de sobrepoblación, no alcanza el espacio ni los alimentos. La gente está con temor, 71 indígenas están con procesos judiciales y están en la clandestinidad”, dice Tapia.
El Mirador
El proyecto Mirador se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor en Ecuador desde que en 2015 el Gobierno le dio a la minera china Ecuacorriente S.A. (Ecsa) la concesión por 30 años en la provincia de Zamora Chinchipe.
“El proyecto minero Mirador es un proyecto emblemático y por ende tiene una serie de particularidades que lo configuran como único. Es el primer proyecto de minería a cielo abierto en el país que además se está llevando a cabo en un lugar de altísima biodiversidad como es la Cordillera del Cóndor. Por otro lado, también es paradigmático que esta apertura minera se dé en un territorio indígena donde habita el Pueblo Shuar, quienes afrontan riesgos en el ejercicio de sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente y en instrumentos internacionales que no están siendo protegidos ni garantizados por el Estado ecuatoriano”, se detalla en el estudio ‘Las heridas abiertas del Cóndor’ realizado en el presente año por el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, organización miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
“En este caso el proyecto está más avanzado que el de San Carlos Panantza. Ya están en fase de explotación. Sin embargo, al igual que San Carlos, el Gobierno ecuatoriano no ha abierto las puertas al diálogo pese a haberse vulnerado el derecho a la consulta previa al cual está suscrito el Estado del Ecuador”, explica Carlos Mazabanda de Amazon Watch.
De acuerdo al estudio, 116 personas fueron desplazadas para dar espacio al proyecto Mirador, la mayoría son campesinos, y en menor medida población indígena shuar y kichwas.
“Lo que pide la CONFENIAE es la desmilitarización total de los territorios indígenas, además que nos den la libertad para volver a nuestras comunidades. Y si es que desean desarrollar ambos proyectos que ejecuten un proceso de consulta previa, libre, informada y también vinculante. Que respeten nuestro consentimiento. El único candidato a la presidencia que se ha pronunciado respecto al tema minero en general es Guillermo Lasso, y su opinión es que se respete la consulta; por el lado de Gabriel García Moreno, el candidato oficialista, aún no hay pronunciamiento”, finaliza Tapia.
Foto de portada: Adolfo Chávez, líder indígena de Bolivia; José Díaz, líder indígena de Venezuela; así como indígenas shuar como Tuntiak Katan al extremo derecho. Foto: Kimberley Brown/Mongabay.
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