- El mandatario tomó la decisión luego de reunirse con representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes objetaron la forma como han sido adjudicadas las concesiones mineras.
- La CONAIE llegó hasta Quito junto a 10 000 personas más, de 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de todo el país, que participaron en la “Marcha por un diálogo con resultados”.
Luego de reunirse con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de parar la entrega de toda concesión minera y petrolera, y dispuso que se evalúen las condiciones en que se entregaron aquellas que ya están operando. El anuncio a puerta cerrada fue ratificado por el secretario de Gestión Política de la Presidencia, Miguel Carvajal, quien aseguró que “el presidente ha tomado la decisión de que se suspendan todos los procesos de concesión minera mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades”. Esta resolución también fue confirmada por el dirigente del movimiento indígena ECUARUNARI, Yaku Pérez, quien también estuvo en la reunión, a través de su cuenta de Twitter.
“Hay que seguir trabajando”, dijo Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, en entrevista con Mongabay Latam. “Queremos armar un equipo técnico de dirigentes, mesas de diálogo entre la CONAIE y los Ministerios de Minería e Hidrocarburos”, indicó el líder de las nacionalidades indígenas, para quien los contratos firmados entre el Estado y las empresas no se están cumpliendo adecuadamente, porque no se ejecutan las consultas previas ni los estudios ambientales necesarios. “Esperamos que estos acuerdos con el movimiento indígena sean algo serio”.
La CONAIE logró esta reunión con el presidente Moreno, luego de organizar y liderar una manifestación multitudinaria denominada “Marcha por un diálogo con resultados”, que se inició el 27 de noviembre y contó con el apoyo de sus tres oficinas regionales —la CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE. Más de 500 personas partieron de la comunidad Unión Base, ubicada en el Puyo, provincia de Pastaza, con destino a la capital de Ecuador, para exigirle al gobierno nacional soluciones concretas a las demandas que le presentaron en julio, cuando el presidente Moreno abrió el diálogo nacional. En el camino, más de 10 000 personas se sumaron a esta marcha que llegó al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande de la capital, el último lunes 11 de diciembre. La marcha estuvo representada por 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de todo el país que mantienen una “plataforma de lucha” que busca, entre otras cosas, defender las tierras y el medio ambiente, la restitución de la educación intercultural bilingüe y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
“Es un primer paso, un paso importante que el Presidente nos escuche”, dijo Luisa Lozano, Dirigente de la Mujer y la Familia de la CONAIE. “Nosotros como indígenas hacemos prevalecer la palabra y el presidente Moreno ha puesto una disposición verbal. Esperamos que ya se esté haciendo por escrito esta disposición a los ministros”. Durante la reunión, el gobierno también dio un plazo de dos meses para que lo dispuesto en esta mesa de diálogo tenga resultados tangibles, es decir que se haga una evaluación integral de las concesiones que hasta el momento han sido entregadas y bajo qué condiciones, aunque los dirigentes indígenas siempre han sido claros en que la minería debe terminarse por completo para así dar paso al desarrollo de alternativas económicas sostenibles.
Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de la ONG Amazon Watch, coincide. “Si nos centramos en la protección de los pueblos indígenas y la riqueza natural no hay más que una opción: no realizar actividad minera”, aseguró. “La minería es totalmente incompatible en estas áreas”. Uno de los casos que para el experto es una muestra de ello es el proyecto Mirador, enclavado en la Cordillera del Cóndor, que encierra bosques tropicales, alta biodiversidad y endemismo. “De estos ecosistemas depende la subsistencia y la vida de los pueblos indígenas que han vivido ancestralmente en estos territorios”.
Sin embargo, un tema que aún preocupa a Vargas y a toda la organización indígena es que la administración actual aún mantiene a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa, con quien dicen nunca pudieron dialogar. “Yo fui frontal con el Presidente”, cuenta el dirigente indígena, “le dije: tienes ministros que no están tomando en serio este proceso de diálogo. Queremos un Ministro de Minería que tenga perspectiva y que proteja a las nacionalidades indígenas”. Esta cartera de Estado no se ha pronunciado sobre el anuncio del Presidente Moreno.
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La consulta previa a los pueblos indígenas
Según la Constitución del Ecuador, en su artículo 57, el derecho a la consulta previa libre e informada está regulado de “conformidad con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”. A esto se suma que el Ecuador es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, acuerdos internacionales que establecen claramente que el fin de la aplicación del derecho a la consulta es “(…) llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” y cooperar de “(…) buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto (…)”.
“Sin embargo no es así”, aseguró Luis Corral, miembro de Minka Urbana y de la Asamblea de los Pueblos del Sur. Para Corral, la entrega de una concesión suele confrontar los derechos de los nuevos tenedores de títulos mineros con los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación, lo que genera tensiones desde el momento mismo en el que se adjudica la concesión. De cumplirse el anuncio del presidente Moreno, las concesiones mineras solo serían entregadas si antes han pasado por un proceso de consulta. “La entrega de concesiones en trámite en territorios Shuar, Awá, Saraguro, y en todos los pueblos y nacionalidades de Bolívar, Cotopaxi, Loja, Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, quedan bajo suspenso y sujetas a un proceso que requerirá previamente acordar los mecanismos de consulta”.
La falta de consulta previa es uno de los principales argumentos de los pueblos indígenas para oponerse a proyectos mineros y petroleros, explicó Mazabanda. “Es que no se ha cumplido de manera adecuada y efectiva con el derecho (…) Para implementar los acuerdos a los que se llegó con el Presidente Moreno, se implementarán mesas de trabajo en donde CONAIE y CONFENIAE realizarán este planteamiento”.
Lozano considera la decisión del Presidente Lenin Moreno como un primer paso, una apertura de diálogo que las dirigencias indígenas ven con buenos ojos y que les permite confiar en que el gobierno seguirá trabajando para defender los derechos de sus pueblos. “Su oferta de campaña fue trabajar en beneficio colectivo y en beneficio de las nacionalidades”, explicó. “La responsabilidad también es nuestra de seguir insistiendo y seguir informando de lo que está pasando en nuestros territorios ”.
Si bien el anuncio se centró en el freno de las concesiones mineras, Vargas recordó que el diálogo a puerta cerrada también se centró en las concesiones petroleras, en especial por la preocupación por casos como el del Yasuní ITT y el de los bloques 28, 74, 75, 79 y 83. Estos afectan a territorios Achuar, Kichwa y Shuar.
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Anuncio próximo a la consulta popular
El anuncio del presidente Moreno llega poco antes de una consulta popular, propuesta por su gobierno, que ya está planificada para el próximo 4 de febrero de 2018 y que ha incluido dos preguntas relacionadas a minería y extracción petrolera en el Yasuní. “Podríamos ver entonces como complementaria la voluntad del gobierno de suspender las concesiones mineras, cumplir con lo estipulado en la Constitución”, que en su artículo 407 prohíbe “la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”. Pero Corral cree que la revisión de concesiones anunciada podría solamente afectar a algunas, en especial en donde no haya existido consulta libre, previa e informada. “Sin embargo en territorios campesinos donde no hay el requisito de consulta libre, previa e informada, ni se parará la entrega de concesiones, ni serán impugnadas por esta razón”.
Este punto preocupa a Vargas ya que varios territorios indígenas de la Amazonía —como el de los Sápara, Shiwiar, Achuar y Kichwa— ya están concesionados por completo a proyectos petroleros, luego de celebrarse la décima primera ronda petrolera, donde se concesionaron 5 bloques del Suroriente y 16 quedan por licitarse. “No pensemos solamente en lo económico, como lo hace el Estado”, dijo Vargas. “¿Cuándo vamos a pensar en la vida, en cuánto nos cuesta ese daño social y ambiental en su conjunto?”.
La CONAIE y sus oficinas regionales han tomado esta reunión como un logro importante, aunque también han sido claros en precisar que si no se da cumplimiento al proceso, se tomarán otras acciones.
Foto de portada: Kimberley Brown/Mongabay.
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