- Se espera que el bloque comercial Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea concluyan negociaciones y pongan los toques finales a un acuerdo comercial a finales de este año.
- El pacto incluirá cláusulas que son un hito en derechos humanos indígenas, las cuales están destinadas a proteger a estos grupos de la violencia, el despojo de tierras y otras violaciones a los derechos civiles.
- De violarse, las garantías en derechos humanos que se institucionalizaron en el acuerdo comercial podrían llevar potencialmente a grandes boicoteos, y son especialmente importantes para los pueblos indígenas de Brasil, donde el grupo de presión de la agroindustria conocido como la bancada ruralista empuña un tremendo poder político.
- La élite ruralista de Brasil ha estado involucrada en un esfuerzo de décadas de duración por negar los derechos de grupos indígenas a sus tierras ancestrales. La violencia de parte de grandes agricultores y acaparadores de tierras se ha acentuado seriamente bajo la administración de Temer, que respalda fuertemente la agenda ruralista.
Históricamente, los negociadores del comercio internacional no han tenido una trayectoria sólida cuando se trata de la protección de derechos ambientales o indígenas. De modo que los legisladores catalogan como monumentales las garantías a los derechos humanos indígenas que serán incluidas en un importante acuerdo comercial entre Latinoamérica y Europa que actualmente se está ultimando.
Será la primera vez que cláusulas de derechos humanos —específicamente, de derechos humanos indígenas— sean incluidas en un acuerdo comercial entre el bloque Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Esto de acuerdo con Francisco Assis, presidente de la Delegación Parlamentaria Europea para las relaciones con Mercosur, quien habló en un encuentro en Bruselas el 20 de noviembre del 2017.
La delegación fue llevada a cabo por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO, por sus siglas en inglés). Asistieron los diputados al Parlamento Europeo Marisa Matias y Francisco Assis, los líderes del grupo indígena guaraní kaiowá Inaye Lopes Gomes y Daniel Lemes Vasques y también los políticos brasileños Janete Capiberibe y Paulo Fernando dos Santos.
Lukas van Dierman, el oficial del proyecto de la UNPO, dijo a Mongabay que ahora existe un apoyo sin precedentes de la Unión Europea a los derechos indígenas, los cuales se están reconociendo en el innovador acuerdo comercial transcontinental.
La Evaluación de Impacto de Sostenibilidad del tratado comercial UE-Mercosur incorpora consultas con grupos indígenas, toda vez que el Parlamento Europeo ha declarado que cualquier acuerdo final debe incluir “derechos humanos fundamentales”.
En el primer semestre del 2017, los diputados del Parlamento Europeo (eurodiputados) de varios grupos políticos firmaron una carta en la que llaman a una investigación del presunto trato negativo a indígenas durante las recientes protestas en Brasil. En el 2016, el Parlamento Europeo también aprobó la Resolución 2016/2991(RSP), la cual urge específicamente al gobierno brasileño a reforzar los derechos humanos para la comunidad guaraní kaiowá. Los parlamentarios también han iniciado un “grupo de amistad”, que celebra eventos, lleva a cabo misiones de investigación y ofrece interpelaciones parlamentarias orales y por escrito para apoyar a los guaraní kaiowá, que han sido privados de la mayoría de su tierra ancestral en el estado brasileño Mato Grosso del Sur.
En caso extremo, el fracaso en la defensa de las estipulaciones de derechos humanos incluidas dentro del acuerdo comercial UE-Mercosur podría dar como resultado embargos comerciales contra Brasil. Si se incumplen las cláusulas, los ciudadanos en Europa pueden escribir a sus eurodiputados, quienes tienen la capacidad de hacer que los gobiernos nacionales rindan cuentas. Esto, según dice Dierman, a pesar del precedente histórico de que la “vida y dignidad” de los indígenas son “tan frecuentemente sacrificadas en nombre del desarrollo económico”.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, dice, es un motivo para que los guaraní kaiowá y otros grupos indígenas “sean optimistas”, a pesar de los intensos ataques políticos y a veces físicos contra estos grupos en Brasil —como reconocieron las Naciones Unidas en Junio.
Este optimismo, sin embargo, llega en medio de una escalada de violencia. Un informe publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) encontró un aumento acusado de ataques violentos a indígenas en Brasil durante el 2016, luego del establecimiento de la administración de Michel Temer, que reemplazó al gobierno de Dilma Rousseff.
Un ejemplo que se da en el informe viene del estado de Mato Grosso del Sur, donde los guaraní kaiowá intentaron reclamar una pequeña porción de su tierra ancestral; el líder indígena Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas por armas de fuego.
Mientras que existe la esperanza de que el acuerdo UE-Mercosur ayude a prevenir la violencia en el futuro, hay razones para ser “cauteloso”, dice Dierman. Brasil ha firmado tratados internacionales en el pasado con poco efecto en sus eventos internos.
Brasil prometió recuperar los derechos de la tierra ancestral indígena en su constitución de 1988 y una vez más en el 2012, con su ratificación de la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) Sin embargo, el gobierno brasileño ha dado largas y ha fracasado en llevar a cabo la demarcación de muchos de los territorios indígenas que se le requieren por ley.
Las “palabras son perfectas, todos los derechos están ahí… el problema está en su cumplimiento”, explica Dierman.
De todas las naciones del Mercosur, Brasil es el actor más grande e influyente; también es un país donde mucha de la tierra indígena ha sido tomada por la agroindustria. Así que no es sorprendente que un obstáculo clave en las negociaciones comerciales surja desde las cuestiones de la agroindustria —especialmente las preocupaciones respecto a las exportaciones de carne y soya (mucha de la cual es cultivada en tierras que han sido expropiadas, a menudo ilegalmente, de los grupos indígenas) de Mercosur.
El grupo de presión de la agroindustria de Brasil, la bancada ruralista, cuenta actualmente con “inmenso poder e influencia”, dice Dierman; alrededor del 40 % del congreso está incluido en sus filas. En alianza con otros conservadores, los ruralistas han bloqueado tres grandes intentos de procesamiento del actual presidente, Michel Temer, aun cuando está acusado de corrupción y tiene un índice de aprobación extremadamente bajo: 3.4 %. Blairo Maggi, el Ministro de Agricultura de Temer y líder ruralista, también se encuentra en investigación por corrupción.
La administración ha disminuido el presupuesto nacional e introducido medidas de austeridad, las cuales han reducido los servicios administrativos del gobierno para los indígenas, lo que ha resultado en una “asfixia económica y política”, dice el reporte del CIMI.
El gobierno recortó severamente el presupuesto del 2017 para la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI), reduciéndolo al más bajo de los últimos diez años, y no planea “mantener y desarrollar” la capacidad institucional para el diálogo y la conciliación, como lo han hecho administraciones anteriores, enuncia el informe del CIMI. Una reducción en el cumplimiento de la ley en áreas remotas y el apoyo del gobierno a la agenda ruralista han tenido como consecuencia que los grandes agricultores y la élite de los acaparadores de tierras se envalentonen y perpetren la violencia contra los indígenas.
En este ambiente cargado de política hay un “alto riesgo de que los granjeros recurran a la práctica de la carnicería”, dice Dierman. Añade que el gobierno debería estar reduciendo los conflictos mediante la compensación a los granjeros por la tierra “que le fue dada a sus abuelos por el gobierno luego de que se tomara de los indígenas”.
Sin embargo, tal compensación no se está ofreciendo actualmente por el gobierno de Temer, lo que efectivamente “pone [a terratenientes e indígenas] unos contra otros”, dice Dierman. Algunos expertos señalan que los derechos de los indígenas también fueron vulnerados gravemente bajo la previa administración de Dilma Rousseff, si bien la violencia desde entonces ha escalado.
Mientras que “las disposiciones todavía están siendo definidas”, como dice Rocío Rodrigo, de la Secretaría de la Asociación de Comercio Internacional, se espera de ambos lados que concluyan este año las negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur, las cuales han tomado 17 años.
No obstante, todavía está por verse si la influencia comercial que Europa puede ejercer para defender los derechos humanos como parte del acuerdo del Mercosur será en verdad suficiente para proveer las protecciones necesarias en la Amazonía y a lo largo de Brasil. Pero, como dice Dierman, el pacto comercial, con sus cláusulas en derechos humanos indígenas, podría representar “una última esperanza” para los pueblos indígenas en ese país.
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