- Según el último informe de Indepaz, se ha incrementado además el asesinato de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos desde el 2017.
- Algunos de los líderes asesinados realizaban actividades vinculadas a la defensa del territorio y del medio ambiente, la demanda o restitución de tierras, o acciones de oposición a proyectos minero energéticos, entre otros.
- La organización británica Global Witness concluye que Colombia es el segundo país más peligroso de Latinoamérica para los defensores de la vida y el ambiente.
Un líder asesinado cada dos días, ese es el balance de un año peligroso que cobró la vida de 173 líderes ambientales, indígenas y sociales en Colombia en el 2017. Y en lo que va de este año, la cifra de víctimas ya superó las 29. Esta información figura en el último informe «Homicidio de defensores y defensoras de paz: una tragedia que no se detiene» del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicado en enero de 2018. A este registro fatal hay que sumarle los resultados de la última publicación de la organización británica Global Witness, quien concluye que Colombia es el segundo país más peligroso de Latinoamérica para los defensores de la vida y el ambiente.
Este último menciona que 116 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Latinoamérica y de este grupo, 32 perdieron la vida en Colombia.
Las cifras de Indepaz aluden al asesinato de defensores de la paz, pero aún no han podido establecer cuántos de ellos murieron defendiendo causas ambientales. Lo que sí se ha podido precisar es que se han incrementado los homicidios de líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes; además, según indica el informe, que “se evidencia que los líderes y lideresas asesinados realizaban en sus comunidades u organizaciones acciones diversas de ejercicio y reivindicación de derechos como, defensa del territorio y del medio ambiente, promoción de la organización comunitaria, la demanda o restitución de tierras, tenían relación con los procesos de paz o desarrollaban acciones de oposición a proyectos minero energéticos”.
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Últimos casos en el país
Uno de los hechos de violencia más recientes ocurrió el 2 de febrero en una zona limítrofe entre los departamento de Risaralda y Chocó, en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico. Según la Defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, ese día “la líder afrodescendiente Yolanda Maturana Bonilla fue asesinada por varios hombres encapuchados dentro de su casa”.
La líder ambiental trabajaba en proyectos de innovación y conservación comunitarios, según las personas que la conocieron de cerca, y jugaba un papel importante en la defensa de su territorio frente a la amenaza de la pérdida de biodiversidad.
Erika Nadachowski, experta de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), conocía muy bien a Yolanda Maturana. Las dos trabajaron juntas en el proceso de declaración del área protegida el Alto Amurrupá, por eso la muerte de esta líder ambiental la tomó por sorpresa.
“Se ve una diferencia entre la muerte de otros líderes y la muerte de Yolanda”, explicó la funcionaria. “Los otros líderes que han matado —explicó— tienen una lucha por la reivindicación de sus derechos y del territorio, Yolanda y Asoafa (Asociación de Amigos de la Fauna y la Flora) no tenían nada de eso, ella lo único que quería era generar la información suficiente de la fauna para que el Consejo Étnico Territorial reglamentara la cacería en el territorio”.
Nadachowski contó en entrevista con Mongabay Latam que Yolanda Maturana siempre trató de mantenerse al margen de la violencia ejercida por las guerrillas. “Yolanda ya tenía 62 años y fue una miedosa de la guerra y protectora de sus hijos. Cuando la guerrilla tomó Santa Cecilia, incursión que duró cuatro años en los que el grupo insurgente estaba en el pueblo de manera permanente, ella salió con sus hijos de allá y se fue para Pereira (capital del departamento de Risaralda) porque no quería que se llevaran a sus hijos para la guerra, entonces uno no se explica quiénes podrían haber sido los que decidieron asesinar a Yolanda ni cuáles fueron los motivos”, dijo Nadachowski.
El pasado 20 de febrero la policía Nacional y la Fiscalía seccional de Risaralda lograron dar con el paradero del presunto asesino de Yolanda Maturana. El nombre del sospechoso es Luis Alfonso Pino Bonilla.
Las primeras investigaciones, según lo explicó Jorge Mario Trejos, director seccional de la Fiscalía, apuntan a que Maturana habría sido asesinada con el fin de que no revelara el nombre del responsable de un homicidio cometido en la zona, información que la líder ambiental al parecer manejaba.
Otro caso reciente es el de Temístocles Machado, líder indígena que fue asesinado de un disparo el 27 de enero último.
Machado vivía en el distrito de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, una zona del país azotada por la violencia de bandas criminales (conocidas como Bacrim) dedicadas al narcotráfico. Durante cuatro décadas, este líder social se opuso al despojo de tierras de su comunidad para el desarrollo de proyectos de infraestructura para Buenaventura, uno de ellos proponía la ampliación del puerto.
Desde hace más de un año que las muertes de líderes sociales y ambientales se han convertido en una noticia recurrente en los medios de comunicación colombianos. En algunos casos, se ha llegado a reportar más de un asesinato diario.
El día que mataron a Temístocles Machado en Buenaventura, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) denunció la muerte del Guardia Mayor Eleazar Tequia Bitucay de la comunidad Emberá Katio, ubicada en la vía que conduce de Quibdó Chocó a Medellín Antioquia. Según denunciaron las Autoridades Indígenas de la Asociación de Cabildos Indígenas Embera (ASOREWA), “el guardia fue asesinado por un miembro del Ejército Nacional del Batallón Alfonso Manosalva Flórez de la Décima Brigada de Quibdó Chocó”.
Una semana antes del asesinato de Machado y Tequia, se reportó también la muerte de dos dirigentes Batoy en el municipio de Tame, departamento de Arauca, quienes fueron señalados como ‘falsos positivos’, como se denominan las muertes de inocentes que se pretende hacer pasar por insurgentes o delincuentes, según indicó Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor de la ONIC.
Mongabay Latam habló con el Mayor General Ricardo Gómez Nieto, Comandante General del Ejército Nacional de Colombia, quien explicó que “las muertes de los líderes indígenas se dieron en circunstancias complejas que han incluido actos en contra del personal militar y lesiones”. Gómez señaló también que “en uno de estos casos (el asesinato de Eliazar Tequía) observamos a un indígena asaltando en el camino unos vehículos a lo que la tropa reaccionó por las denuncias de los viajeros”. Y agregó que “el indígena abrió fuego y los soldados se defendieron”. Gómez Nieto continuó con su relato y dijo que en ese momento la turba de la comunidad atacó a los soldados “los desarman, secuestran tres de nuestros hombres, duran con ellos más de 48 horas, les destruyen el armamento, a uno lo apuñalan, los otros fueron maltratados y arrastrados”.
Pero para Aida Quilcué, Consejera de Derechos Humanos de la ONIC, “el Ejército siempre va a tratar de justificar las muertes”. Para la representante indígena, además, el Gobierno y el Ejército “siempre dicen que fue un error, tratan de minimizar los hechos, en el caso del guardia indígena del Chocó (Eliazar Tequía), dijeron que era un ladrón y que lo habían asesinado porque estaba delinquiendo, pero al día siguiente del entierro, sale el General Moreno Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán a decir que fue un error”.
Las versiones son distintas en este caso, por eso las autoridades judiciales tendrán que determinar quiénes son los verdaderos responsables.
La Onic, frente a la situación que se vive en el Chocó, ha recurrido al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo —unidad encargada de advertir las situaciones de riesgo por los efectos del conflicto armado interno— para denunciar los graves hechos que se han reportado en el territorio.
Las autoridades de la Defensoría ya visitaron el departamento del Chocó para atender las denuncias de las comunidades. Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, recorrió la zona en el municipio de Bojayá para oír la versión de las poblaciones locales que aseguran son asediadas por grupos al margen de la Ley.
Tras su visita al Chocó, Negret se dirigió al Gobierno Nacional el 26 de enero y denunció los abusos del grupo guerrillero ELN contra las comunidades. “Siguen haciendo confinamiento, reclutamiento y así no podrá haber paz”, dijo Negret y transmitió un mensaje de los pobladores: “las gentes del Chocó le piden al ELN que por favor cese su violencia contra las comunidades”.
El reclutamiento de menores indígenas y niños afrodescendientes figura en la lista de las denuncias recabadas por el funcionario público.
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Los desplazados
Pero la situación no solo es grave en el departamento del Chocó. Las comunidades del municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba, y otros departamentos del país, están abandonando sus territorios por el temor que despierta la cifra tan alta de líderes asesinados, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La misma ACNUR manifestó su preocupación por el desplazamiento forzado interno que se ha presentado en las últimas semanas y llamó la atención sobre el incremento en el número de personas que han empezado a abandonar sus territorios desde el 2017. Comparativamente, dice la Agencia para los Refugiados, “en solo el mes de enero de 2018 se han visto obligadas a desplazarse más de 1000 personas, lo que implicaría un incremento importante respecto a los mismos hechos en el mes de enero de 2017, cuando más de 230 personas fueron desplazadas en eventos masivos”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados alertó también sobre la grave situación de riesgo en la que viven las poblaciones ubicadas en zonas de disputa de actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ELN y disidencias de las FARC, teniendo en cuenta que “las poblaciones se ven afectadas no solo por el desplazamiento forzado sino que muchas veces son confinadas en sus propios territorios, quedando sin acceso a actividades básicas de subsistencia”.
Por lo anterior, La ACNUR señaló que es urgente tomar medidas que garanticen de manera permanente la seguridad de estas poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, así como asegurar la presencia integral de las instituciones del Estado, para que las comunidades permanezcan en sus territorios en condiciones de seguridad y dignidad.
Estos hechos de violencia que se registran en esta etapa de posconflicto en Colombia, obligaron al gobierno a implementar el Plan Horus, una estrategia que busca reforzar la presencia institucional del Estado incrementando a 63 000 el número de oficiales de las diferentes fuerzas que “ocuparán 67 municipios y 595 veredas de alto riesgo”, según lo informó el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
En cada vereda, según el Plan Horus, se ubicará un pelotón o una compañía de la fuerza pública que tendrá identificados a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos que se encuentran amenazados.
Pero a pesar de que el plan se puso en marcha en diciembre del año pasado, los asesinatos han continuado.
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¿Por qué los están matando?
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional de Colombia, afirmó en una entrevista al medio colombiano Noticias Uno, que si bien algunos de los asesinatos de los líderes sociales y ambientales pueden ser atribuidos al ELN y las FARC, “lo demás ha sido en su inmensa mayoría producto de un tema de linderos, de faldas (como se le conoce coloquialmente a problemas intrafamiliares), un tema de reivindicación o de peleas por rentas ilícitas”.
Estas declaraciones generaron una gran controversia en el país, más aún cuando Villegas señaló que “no hay un aumento en el asesinato de líderes en las regiones sino que hoy se hacen mediciones del fenómeno”.
Para Carlos Eduardo Espitia, vocero de Indepaz, “la situación que sufren los líderes sociales, ambientales y los defensores de derechos humanos tiene que ver con esas luchas por la defensa de los derechos y de los territorios, creo que declaraciones como las del Ministro de Defensa (Luis Carlos Villegas) lo que hacen es estigmatizar y legitimar los asesinatos contra estas personas”.
El presidente Juan Manuel Santos se pronunció también sobre el tema y dijo que “hay victimarios de diferentes tipos y el asesinato, en su gran mayoría, tiene que ver con situaciones particulares, hay bandas criminales, hay disidencias (de las FARC), está el Clan del Golfo y algo muy importante: no se puede decir, a estas alturas, que hay un patrón ni una política sistemática con la información que tiene la fiscalía”.
A esta declaración Espitia de Indepaz respondió diciendo que al gobierno no le convenía aceptar que los asesinatos obedecen a un patrón, “el tema de la sistematicidad le implica al gobierno responsabilidades en todos los sentidos, judiciales, políticas, entonces ha sido una práctica muy recurrente en el país la de negar los distintos fenómenos de violencia que se han dado”.
2017: un año violento
En el 2017 fueron asesinados en Colombia 173 líderes sociales, según Indepaz, y los departamentos más afectados fueron Cauca (34), Nariño (28), Antioquía (23), Valle del Cauca (14), Chocó (12), Meta (10) y Córdoba (9). El último informe de esta organización, realizado junto a la Fundación Político Alemana Henrich Boll, explica que “el proceso de paz generó un reordenamiento de poderes, de territorios” y que actualmente “se presentan mandos que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales)”. Además, indica el estudio, que se registran acciones violentas “alrededor de las economías de guerra, de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político”, todos ellos factores que están asociados con las muertes de los líderes del país.
Se presume que el caso de Héctor William Mina, uno de los líderes afrodescendiente asesinados al norte del Cauca en el 2017, está vinculado con la violencia alrededor de la minería ilegal. Cuentan testigos que el día de su muerte, Mina fue baleado por sicarios que lo sorprendieron junto a otros integrantes del movimiento Marcha Patriótica cuando tomaban un café. El líder afrodescendiente trabajó para frenar el desplazamiento forzado de las poblaciones que se sentían asediadas por las organizaciones criminales, que extraen ilegalmente oro en el norte de Cauca. “Aún se registra en este territorio para explotar minerales y piedras preciosas”, le dijo a Mongabay Latam, Noralba Zapata, ex alcaldesa de Padilla, uno de los municipios de esta región situado en el pacífico colombiano.
El líder asesinado se oponía también a la minería a gran escala que se pretende desarrollar en la zona. “Quieren desplazar a la gente que ha estado por años y décadas en sus territorios trabajando manualmente, para que lleguen las maquinarias y las multinacionales a hacer estragos ambientales”, dijo la exalcaldesa.
Noralba Zapata, actual directora ejecutiva de la Asociación de Municipios del norte del Cauca (AMUNORCA), afirmó que “con la desaparición de las FARC como grupo armado, aprovecharon otros grupos para apoderarse del territorio, como el ELN, la delincuencia común y bandas dedicadas al narcotráfico”.
Aldemar Parra García, presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar, también fue asesinado a inicios del 2017. Este líder social asumió la defensa de los derechos de las comunidades de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito con la ayuda de su familia.
“A Aldemar lo mataron entrando a La Loma (corregimiento de El Paso Cesar, al norte de Colombia), él venía en su moto y un par de sicarios le pegaron dos disparos en la cabeza, así murió asesinado mi sobrino”, recordó Yolima Parra, tía de Aldemar.
Como la mayoría de los casos, no se ha podido establecer quién lo mató y por qué lo hizo.
Lo que se sabe, por ejemplo, es que en el 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó que las empresas mineras, que operaban en la zona, se encarguen de la reubicación de las 190 familias asentadas en las tres comunidades. La institución ambiental señaló en ese momento que los habitantes estaban expuestos a altos niveles de contaminación, que sobrepasaban los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud y las normas internas del país.
Aldemar Parra asumió la defensa de las comunidades y exigió, hasta el último de sus días, que se cumpla con la reubicación de las comunidades.
“Aldemar era un muchacho muy activo que defendía este proceso de reasentamiento”, según Yolima Parra, tía del desaparecido líder, quien junto a sus familiares Alfonso Martínez y Diana Fonseca denunciaron meses antes de su muerte que grupos armados ilegales los amenazaron.
La Unidad Nacional de Protección, entidad estatal que provee resguardo a las personas que están en peligro, ya está enterada de la situación, pero “solo nos dieron un chaleco antibalas y un celular que no funciona”, contó Parra.
Los familiares y miembros de la comunidad aseguran que a Aldemar Parra García lo mataron por proteger los recursos naturales de su comunidad. “De mi sobrino me hace falta su sonrisa, verlo a diario con su bebé en la comunidad”, contó visiblemente conmovida Yolima Parra, quien recordó que su sobrino dejó a su pequeño de 15 días de nacido. La violencia le arrancó la vida en un momento definitivo para su comunidad, sin embargo el asesinato está en investigación.
Como lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “los líderes y defensores de derechos humanos juegan un rol fundamental en la sociedad, pues son quienes promueven y protegen los derechos fundamentales de los sectores más débiles, llevando la vocería frente a problemáticas tan diversas como los riesgos para el derecho a la vida y la seguridad personal, la alimentación y el agua potable, la salud, la tierra, la educación y la lucha contra la discriminación”.
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