Un análisis satelital realizado por Mongabay Latam muestra que, en los últimos dos años, 15 119 alertas de deforestación se han registrado en la Reserva San Rafael, en la chiquitanía boliviana y otras 256 025 en el Parque Nacional Amboró, en la amazonía de ese país. Un equipo de periodistas se trasladó hasta estas áreas para corroborar las alertas.En San Rafael, los periodistas encontraron zonas recién deforestadas por colonos venidos del occidente para sembrar granos y comercializar maderas preciosas. Además, confirmaron que los avasallamientos, que hasta hace algunos años se mantenían en los bordes de la reserva, ya penetraron el área protegida.En Amboró, el análisis satelital muestra que desde febrero 2019 hasta octubre de 2023 la deforestación al interior del Parque pasó de 14 a 107,5 hectáreas, una cifra que coincide con las denuncias de los comunarios y que estarían destinadas, principalmente, al cultivo ilegal de hoja de coca. “Son grupos armados, son grupos contratados que ingresan a diferentes predios después de varios análisis. Visitan varias veces las zonas, ven dónde ingresar y si es necesario lo hacen a la fuerza. Hay varios casos de tomas con armas de fuego y donde la Policía actuó de acuerdo a la norma”, de esta manera explica una fuente policial cómo funcionan los avasallamientos u ocupaciones ilegales de tierras estatales en Bolivia. Se trata de un problema que existe desde hace más de 20 años en el país pero que ha cobrado fuerza en la última década y que hoy se ha convertido en una grave amenaza para las áreas protegidas del país. Estos asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control y son cada vez más organizados, agresivos e impunes, aseguran diferentes organizaciones de la sociedad civil consultadas para este reportaje. Así lo confirman también fuentes policiales a las que Mongabay Latam tuvo acceso y que describieron el modus operandi que han venido observando en el último tiempo: las ocupaciones se inician con visitas de modernos vehículos a determinados predios. Días más tarde, aseguran las fuentes de seguridad, ingresan los mismos sujetos a la misma área con carros menos vistosos y merodean la zona con progresiva frecuencia. Analizan el área y después de un tiempo deciden instalarse. Lo hacen construyendo casas muy precarias de madera o calamina y sin servicios básicos. En una de las casas precarias se observó un vehículo fabricado en los últimos años. Crédito: Iván Paredes. Luego aparece la maquinaria pesada y las herramientas para el desmonte del bosque. Los árboles caen como si fueran piezas de dominó. Muchas veces los ocupantes llegan, además, preparados para eventuales confrontaciones, ya sea contra residentes de zonas cercanas o la propia Policía. Alejandro Almaraz, quien fue viceministro de Tierras entre las gestiones 2006 y 2010 y actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, sostiene que “lo que ahora llama la atención es que estos grupos son más violentos que antes. Ahora están armados, son peligrosos y eso preocupa a dueños y hasta a la misma Policía. Antes era algo fácil identificar y sacarlos, pero ahora lamentablemente se ven enfrentamientos para poder sacarlos”. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la entidad pública boliviana que regula el acceso a la tierra, reveló a este medio que el número de avasallamientos de tierras aumentó de 208 a 237 durante el 2022. De la mano de estos asentamientos ilegales, también llega la deforestación. Un equipo de Mongabay Latam viajó hasta la Reserva Municipal de San Rafael y el Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en la Chiquitanía y Amazonía boliviana respectivamente, tras advertir en la plataforma satelital Global Forest Watch miles de alertas de deforestación en los últimos dos años al interior de estas dos áreas protegidas: 15 119 en San Rafael y 256 025 en Amboró.