En el Perú, los delitos ambientales se multiplican en todas las regiones. Madre de Dios, la región más afectada por la minería ilegal, ha perdido en el último año, alrededor de 1300 hectáreas de bosques solo por esta actividad y, actualmente, lidera el ranking de las regiones con más delitos ambientales en el país, con por lo menos 3000 denuncias, de acuerdo con la Procuraduría Especializada del Medio Ambiente.
Por otro lado, Ucayali y Lambayeque son dos regiones amenazadas permanentemente por traficantes de terrenos, que no solo arrasan con inmensas extensiones de bosques primarios, sino que ya han cobrado las vidas de quienes intentaron enfrentarlos.
Hace unas semanas, el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, fue amenazado de muerte el mismo día que se hizo presente en Chaparrí, un área de conservación privada cercada por traficantes de tierras que mantienen en vilo a los comuneros y a los defensores de sus bosques.
Para la máxima autoridad del sistema judicial peruano, esta amenaza es un claro ejemplo de que el tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado y que el Estado debe reaccionar con fuerza, pues de lo contrario, corre el peligro de dejarse avasallar.
En medio de su atareada agenda y el mismo día que le tocó firmar el cuadernillo de extradición del expresidente Alejandro Toledo, Duberli Rodríguez recibió a Mongabay Latam en su despacho para conversar del panorama de la justicia ambiental peruana
Luego de su visita a Chaparrí usted fue amenazado ¿Cree que esta amenaza a la máxima autoridad del Poder Judicial significa que estamos ante un problema de tráfico de tierras y crimen organizado que se está saliendo de las manos del Estado?
El tráfico de tierras está incursionando peligrosamente en el crimen organizado. El llamado boom de la construcción no solo ocurre en el medio urbano, también está en el medio rural y el problema es que, ahora, el precio de los terrenos ha aumentado inmensamente. Entonces, los delincuentes se han dado cuenta de que se trata de una mina de oro, un botín, ya sean tierras urbanas o agrícolas. En el caso del Área de Conservación Privada Chaparrí, el gobierno regional ha promovido la construcción de una represa que se llama La Montería, como parte del proyecto Olmos. Detrás de ello estaría el propio gerente del gobierno regional, el señor Francisco Gayoso, él está promoviendo el reservorio de La Montería, en el área de Chaparrí. Y si la gente sabe que habrá una irrigación los terrenos aledaños comienzan a revalorizarse. Por eso ahora en Chaparrí, en las zonas que están siendo invadidas, calculo que una hectárea cuesta cinco mil dólares, pero si se hace el reservorio, ese precio se disparará a no menos de 30 mil dólares. Si ya han invadido más de mil hectáreas, estamos hablando de 10 millones de dólares, y si se hace la irrigación serían 30 millones de dólares. Un gran atractivo para el crimen organizado.
Es mucho dinero…
Lo graves es que no se puede detectar a quienes están detrás de esto, porque se identifica, a los que compran los terrenos, a los beneficiados, que podría ser cualquier persona que quiere tener un terreno. Pero el tema es quién los vendió o quién entregó la constancia de posesión. Por ello, la policía debe hacer una labor de inteligencia, un trabajo paciente, de tal forma que en medio año se haga un megaoperativo.
¿Son personas que han obtenido certificado de posesión de manera irregular?
Algunos tienen certificado de posesión, ahí está la complicidad de la directiva actual de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Es una directiva espuria, no se eligió de manera adecuada, y ha entregado certificados de posesión. Dudo que esos documentos se entregaran de manera gratuita, creo, más bien, que la directiva de la comunidad está implicada en esta red de tráfico de tierras. Por tanto, la investigación los tiene que comprender a ellos, porque las redes se arman así, comprometen a empleados de las municipalidades, de los registros públicos, de los gobiernos regionales, para que se articulen, y pase casi inadvertido el tema. La comunidad campesina tiene 42 mil hectáreas, de las cuales 34 mil hectáreas se han asignado para el área de conservación privada y ocho mil hectáreas para los comuneros, para distribuir esas tierras entre ellos, pero no pueden meterse en el área de conservación privada de Chaparrí.
Hay una propuesta para reducir el área reservada
Lo que sucederá es que ya no respetarán esa área y querrán repartir tierras dentro del área reservada. Ese tema está en discusión.
Usted ha presentado una lista de diez personas, quienes estarían siendo investigadas como invasores del Área de Conservación Privada Chaparrí y los mencionó como responsables de cualquier incidente que pudiera sucederle a usted y su familia, pero por lo que explica, esa lista podría ser más extensa.
Pero claro, esa lista es absolutamente parcial y ahí no están los verdaderos miembros de la organización criminal. En esa lista estarían beneficiarios que han comprado terrenos, pero como ya son dueños tienen que estar como parte de toda esa red. La lista que entregué la obtuve de una carpeta fiscal que investiga delitos ecológicos y ahí figuran esas personas. Yo no he dicho que ellos sean los autores de la amenaza. Entregué esta lista al Ministro del Interior para que se advierta a estas personas que si algo me pasa, ellas podrían figurar como sospechosas. Quienes fueron a dejar la amenaza a la casa de mi hermano en Chiclayo fueron desconocidos. Mi cuñada dice que podría reconocer al que le habló, pero había dos más. El mensaje fue bastante claro: “Dígale a Valito —a mi hermano lo llaman así de cariño— que le diga a su hermano Duberlí que esto es una advertencia por el tema Chaparrí”. El mismo día que hicimos la inspección en Chaparrí, el 27 de enero, a las 9 de la noche dejaron esa amenaza.
Pero el tema de Chaparrí no es aislado, está directamente asociado con la comunidad campesina de Salas, donde ya han matado a tres personas, y una persona de la familia Carranza aparece implicada tanto en Salas como en Chaparrí. ¿Y por qué Salas? porque también sería beneficiaria con el proyecto de Olmos, que es altamente rentable. Entonces, ahora el estado o responde con fuerza o se deja avasallar.
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Estado desbordado
¿Desde el Poder Judicial se están tomando medidas para acelerar este proceso?
Aquí la responsabilidad es del Ministerio del Ambiente con sus procuradurías, que tienen que estar detrás de ello. También del Ministerio de Agricultura y sus organismos técnicos que deben establecer el daño causado al bosque por los incendios, que se producen constantemente y son provocados por los invasores, por los traficantes de tierras. Tiene que haber un trabajo eficiente de la policía, de la procuraduría del medio ambiente, del ministerio y obviamente también de los fiscales.
Los fiscales y el procurador del medio ambiente mencionan que hay un exceso de carga procesal. Por ejemplo, la procuraduría tiene como 20 mil casos en todo el Perú y solo ocho abogados. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto?
Nosotros estamos a la expectativa porque no hacemos nada de oficio. En este caso tiene que ser la Fiscalía la que lidere este trabajo junto con la policía. Tengo conocimiento que el Ministerio del Interior ha desplazado policías de elite para hacer una investigación exhaustiva sobre el núcleo de quienes estarían detrás de las invasiones.
Sí me preocupa que una jueza de Motupe, habiendo una orden de prisión preventiva e incluso con recompensa para uno de los invasores, que creo era Carranza, lo capturaron y lo dejaron en libertad, en un caso con dos muertos y un herido. Me preocupa la actividad de algunos jueces, que no entienden la gravedad del tema. Para mí es crimen organizado, porque lo que está en juego son millones de dólares. Imagínese que se han atrevido a amenazarme a mí, es inaudito. No voy a decir que no tengo miedo, ahora tengo seguridad, pero en algún momento que no la tenga podría pasarme algo, pero eso no me va a paralizar. Hemos abrazado algunas causas justas, y a mí una amenaza no me puede paralizar en la defensa del medio ambiente.
¿Regresará a Chiclayo?
Si, voy a volver a Chiclayo para tomar cartas en el asunto y para aclarar un tema. He dado esa lista, pero no la he publicado personalmente, yo la entregué al Ministerio del Interior. Pero en un evento sobre seguridad, los medios me preguntaron sobre mi pedido de garantías y ya no lo podía negar. A partir de ello, los miembros de la lista se consideran agraviados, y dicen que me van a demandar por calumnia, por difamación, que me pedirán pago de indemnización y me han mandado cartas notariales dándome plazo de 48 horas para que me rectifique y publique en diarios de circulación nacional y en la televisión, avisos desmintiendo que ellos me han amenazado. Yo he contestado diciendo que no me voy a rectificar. En primer lugar, no he declarado públicamente sus nombres. En segundo lugar, no he dicho que ellos sean los autores de la amenaza. Porque sería irresponsable de decir que estas personas son los autores directos de la amenaza.
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La amenaza de la minería ilegal
El tráfico de tierras también está afectando a la Amazonía y, además, hay minería ilegal ¿Qué puede hacer el Poder Judicial?
Los primeros días de abril instalaremos el primer juzgado especializado en materia ambiental en Puerto Maldonado. Además, como presidente de Gestión Ambiental del Poder Judicial haré una propuesta al Poder Ejecutivo, principalmente a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, para que el gobierno tome la decisión política de poner fin a la minería ilegal en Puerto Maldonado. Pero eso implica una movilización grande del aparato del estado. Llevar a la policía, a la Marina de Guerra del Perú, a los fiscales y a los jueces. Yo, por parte del Poder Judicial no tengo ningún problema de destacar a jueces los días que sean necesarios, y yo mismo puedo ir, pero tiene que haber la decisión política de incursionar ahí, de destruir las dragas, todos los insumos que usan los mineros ilegales pero, además, dejar patrullas de policías y de soldados de la marina cuidando el lugar. Nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo que tenemos para que eso se realice.
¿Se están realizado coordinaciones?
Meses atrás, antes de que venga el papa Francisco, tuvimos una reunión de alto nivel. Participaron los ministros de Justicia, del Ambiente, del Interior, el Ministerio Público y nosotros. Ahí tomamos un acuerdo de preparar un gran operativo de interdicción luego de la visita del papa, con las características que le digo. Hay que atacar ahora la zona más sensible de la minería ilegal que es puerto Maldonado. Después poner el blanco en La Rinconada, en Puno, donde hay lo mismo que en Puerto Maldonado, trata de personas, prostibares, explotación sexual, laboral. Es terrible, pero el Estado tiene que dar muestras de firmeza, de lo contrario, la delincuencia gana la batalla.
¿Puntualmente qué decisiones o acciones se necesitan desde el Estado?
Coordinar con la Fiscalía, con el Poder Judicial para hacer megaoperativos de erradicación, de interdicción de la minería ilegal en los lugares donde está avanzando. Tenemos que empezar en Puerto Maldonado y seguir con La Rinconada, en Puno, esos son los dos blancos que tenemos que atacar. Y luego ya en otros lugares que también tienen minería ilegal. El Poder Judicial tiene el compromiso, hemos promovido el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y se lo entregamos al papa. Somos los primeros en estar comprometidos para llevar adelante la defensa del medio ambiente.
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Juzgado ambiental en Pucallpa
Las comunidades indígenas son las más afectadas por los problemas ambientales ¿Cuál es el compromiso del Poder Judicial con los pueblos originarios?
Desde el Poder Judicial tenemos una participación política de rescate del valor de las culturas indígenas. Yo he impulsado la justicia intercultural y estamos rescatando la importancia de los pueblos originarios. El Poder Judicial realiza procesos penales en sus idiomas maternos. Ya se han emitido sentencias en aimara y lo acabamos de hacer en awajún. En nuestro canal de televisión Justicia TV tenemos un noticiero en quechua. También hemos aprobado protocolos cuando la justicia ordinaria procesa a miembros de las comunidades indígena. Hemos avanzado mucho en ese terreno, pero aún nos falta mucho. Somos conscientes de que el tema de la minería ilegal, incluso de los derrames del petróleo, de las exploraciones petroleras, son atropellos a sus derechos. Nosotros vamos a seguir promoviendo la defensa de su derecho a la consulta previa cuando se tenga que realizar alguna explotación y exploración que comprometa la vida o el entorno de los pueblos indígenas. Los más afectados por la minería ilegal son los pueblos originarios, porque se envenenan los ríos, los lagos, y cuando hay derrames de petróleo es muy negativo. Esperamos que desde el Estado haya una política de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Usted ha impulsado la creación de un Juzgado Ambiental en Madre de Dios, sin embargo, sabemos que esos juzgados deberían estar presentes en otras regiones
Tenemos juzgados con competencia ambiental en todo el Perú, pero en adición a los casos que lleva cada juez penal, que ve asaltos, tráfico de drogas y otros, también asume delitos ambientales. Pero no tenemos una justicia especializada, y queremos avanzar hacia una justicia especializada. Por eso empezamos en Puerto Maldonado, y el próximo juzgado que implementaremos este año, aún cuando no tengamos la asignación presupuestal del gobierno, será en Pucallpa, Ucayali, porque ahí está el corazón del tráfico de madera, de la deforestación. Lo ideal es que en cada corte, en cada distrito judicial, exista un juzgado ambiental, pero el tema es presupuestal. Pero para el próximo año queremos por lo menos cinco o diez juzgados ambientales. Por primera vez en la historia del Poder Judicial, el gobierno ha destinado presupuesto para un juzgado ambiental, es un punto de partida que tenemos que fortalecer.
¿Por qué su interés en el tema ambiental, no muchas autoridades judiciales ponen tanto énfasis a este tema?
Creo que tiene que ver con los hábitos de vida. Yo le doy importancia a una planta como si fuera un ser humano, porque he nacido en el campo, en la sierra de Piura, en Huancabamba, mi distrito se llama Huarmaca y mi caserío Rodeopampa. He crecido en medio de la naturaleza y sé lo que significa sembrar maíz, habas, trigo. También conozco lo que significa criar un borreguito, una oveja, una vaca, porque he vivido con ellos, han sido parte de mi vida. Estoy vinculado a la naturaleza, y eso me ha llevado a enarbolar como una de mis banderas el tema de la defensa del medio ambiente.
Foto portada: Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
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