Duberlí Rodriguez, máxima autoridad del Poder Judicial de Perú presentó denuncia ante Ministerio del Interior.Subprefecto de Chongoyape también denuncia que es víctima de seguimientos. Otros 20 ciudadanos de esa localidad sostienen que vienen siendo hostigados. El Área de Conservación Privada (ACP) de Chaparrí, en la región Lambayeque, se ha convertido en tierra de nadie. Incendios e invasiones de terrenos están acabando con los bosques secos de esta parte del norte peruano. La última víctima en este contexto de amenazas y muerte ha sido el presidente del Poder Judicial del Perú, Duberlí Rodríguez, quien ha pedido garantías para su vida luego de recibir un mensaje intimidante de presuntos traficantes de tierras que pretenden apoderarse del territorio del ACP Chaparrí. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, realizó una visita de inspección a los bosques secos de Chaparrí. Foto: Poder Judicial del Perú. Las amenazas se presentaron luego de que la autoridad judicial realizara una visita de inspección a los bosques de Chaparrí, el pasado 27 de febrero, para verificar los daños que están ocasionando las invasiones en la reserva ecológica. De acuerdo con la máxima autoridad del Poder Judicial, el mensaje amenazante le llegó a través de su hermano y de su cuñada, quienes viven en Chiclayo. “Dígale a su hermano Duberlí que no se meta con Chaparrí, esta es una advertencia”, le dijeron a Valdemar Rodríguez y su esposa Dargli Monenegro tres sujetos que llegaron hasta su vivienda ubicada en el distrito de Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Por otro lado, el subprefecto del distrito de Chongoyape, Wilson Bautista, dijo a Mongabay Latam que está siendo víctima de seguimiento por parte de desconocidos. Contó que en los últimos días, personas desconocidas en motos y vehículos han llegado hasta el frontis de su vivienda. “El último domingo se estacionó una moto al frente de mi casa y permaneció ahí por varios minutos. Y dos días antes, el viernes, un vehículo desconocido estuvo rondando la calle en la que vivo”. Boletín de noticias y alertas Señaló también que son alrededor de 20 personas las que vienen siendo hostigadas y amenazadas en Chongoyape. Las denuncias resultan además realmente atemorizantes para autoridades y ciudadanos, después del asesinato del teniente gobernador José Napoleón Tarrillo Astonita en el caserío El Mirador el pasado 31 de diciembre de 2017. Leer más: Santa Clara de Uchunya: una historia de amenazas y pérdida de territorio Detrás de los responsables En un oficio enviado al ministro del Interior, Vicente Romero, el presidente del Poder Judicial incluyó los nombres de diez personas que, según indica en el documento, “son investigadas como invasores de la reserva de Conservación Privada del caso Chaparrí, a quienes desde ya los sindicó como responsables de cualquier incidente que pudiera sucederme a mi persona y familia por las amenazas recibidas de su parte”. En la lista aparece Francisco Gayoso Zevallos, gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, quien en conferencia de prensa negó estar involucrado en el tráfico de tierras en Chaparrí. Manifestó que lleva 45 años trabajando en la administración pública y que no ha tenido una sola denuncia ante el Ministerio Público por actos ilícitos. Gayoso dijo estar sorprendido y preocupado por esta acusación y agregó que se ha comunicado con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata, y que enviará una carta al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez para que rectifique la información. Comuneros del ACP Chaparrí denuncian constantemente la presencia de invasores ilegales en los bosques secos. Foto: Rita García. En la relación también aparecen los nombres de por lo menos cuatro personas que han sido denunciadas o están siendo investigadas por diversos delitos. Entre ellas hay quienes vienen siendo juzgadas por delitos de peculado en agravio del Estado, así como otras investigadas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales por delitos contra los bosques o formaciones boscosas, relacionados con el Área de Conservación Privada Chaparrí. En la lista figura también uno de los integrantes de la familia Cruzado Carranza, quienes han sido sindicados en reiteradas oportunidades por distintas personas como los principales invasores de terrenos del ACP Chaparrí. Leer más: Ecuador: líder sarayaku Patricia Gualinga defiende su territorio a pesar de las amenazas Delitos ambientales detrás de las invasiones a Chaparrrí El Fiscal Provincial de Lambayeque, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales (FEMA), José Tejada Ramos, señaló a Mongabay Latam que actualmente existen tres fiscales encargados de los casos relacionados con el ACP Chaparrí. Señaló que solo en la FEMA hay siete carpetas con alrededor de 20 personas denunciadas que ya han sido identificadas y que están siendo investigadas por delitos contra los bosques. Agregó que cuatro de estas denuncias ya están formalizadas y que tres se encuentran aún en etapa preparatoria. Mencionó que con relación a Chaparrí también existen varias denuncias en la fiscalía penal especializada contra el crimen organizado. “Se trata de un tema muy complejo. Hablamos de 34 mil hectáreas de bosque que, además, son área de conservación privada, es decir, que el Estado no puede hacerse cargo de este territorio”. La deforestación amenaza los bosques secos de la zona reservada de Chaparrí. Foto: Serfor. Tejada sugirió que una posible solución sería convertir el Área de Conservación Privada Chaparrí en una reserva nacional. “Creo que el camino está en convertir todo ese territorio en reserva nacional, de tal forma que pueda intervenir el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la policía nacional para enfrentar la destrucción de los bosques”. Mencionó también que existe un conflicto permanente entre las juntas directivas que se van sucediendo en la dirección de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, propietaria del territorio de Chaparrí. En relación con la reciente amenaza al presidente del Poder Judicial, el fiscal Tejada manifestó su preocupación por lo que ocurre en la región Lambayeque. “Si a la máxima autoridad del Poder Judicial lo han amenazado sin ningún reparo, nosotros estamos mucho más expuestos pues no contamos con ningún tipo de seguridad cuando realizamos el trabajo de campo para inspeccionar las áreas afectadas por la deforestación ilegal”. El oso de anteojos es una de las especies más amenazadas en la ACP Chaparrí. Foto: www.chaparri.org Dijo que en Lambayeque se está agudizando el problema de la deforestación de los bosques y el tráfico de tierras, sobre todo, porque el gobierno regional ha anunciado la construcción de varias represas y eso ha creado mayor especulación por la apropiación de los terrenos y bosques en toda la región. Leer más: Líderes ambientales, indígenas y sociales son asesinados en Colombia Incendio forestales continúan En este contexto de amenazas, un nuevo incendio forestal se ha producido en Lambayeque. Esta vez ocurrió en la comunidad campesina de Santa Lucía de Ferreñafe, que colinda con la reserva ecológica de Chaparrí. En los últimos meses, los incendios forestales han sido constantes y los integrantes del Frente de Defensa Salvemos Chaparrí han denunciado, en reiteradas oportunidades que estos se deben a la presencia de invasores y traficantes de tierras que buscan destruir los bosques para luego apropiarse de estos territorios. Según el reporte inicial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el fuego se inició el 27 de febrero, al mediodía, y ha afectado terrenos agrícolas y pastizales secos en el sector Patapón, en el anexo Batán Grande, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe. El reporte indica que bomberos de Ferreñafe en coordinación con personal de la Municipalidad Distrital de Pítipo, lograron sofocar, mitigar y extinguir el incendio forestal. Asimismo, agrega que personal del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se encargará de realizar la evaluación de los daños. Aunque algunos comuneros de Chaparrí atribuyen el incendio a invasores ilegales, las causas aún no han sido determinadas. Foto portada: Poder Judicial del Perú.