Ecuador: líder sarayaku Patricia Gualinga defiende su territorio a pesar de las amenazas

La lucha por proteger el territorio y el medio ambiente en Latinoamérica cuesta, y muchas veces cuesta la vida. Solo en el año 2017 fueron asesinados en la región 116 defensores del medio ambiente y la mayoría por proteger sus territorios de actividades como la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal,  según el último informe de la organización británica Global Witness. Es por esto que las amenazas que recibió la defensora y lideresa Sarayaku Patricia Gualinga en su casa, en la ciudad del Puyo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, preocuparon tanto y volvieron a levantar las alertas sobre la situación de peligro que enfrentan los líderes comunitarios todos los días.

Fue en la madrugada del 5 de enero que Gualinga fue sorprendida por un hombre que rompió de una pedrada la ventana de su habitación y lanzó una atemorizante amenaza de muerte. “La próxima te mato, me dijo varias veces”, relató Patricia Gualinga en una entrevista con Mongabay Latam. Su esposo y sus padres fueron testigos de ese episodio. “Me quedé impactada, nadie me ha amenazado durante mi dirigencia”, contó. Casi enseguida, un patrullero de la policía que pasaba por el lugar fue detrás del atacante pero nunca más regresó. Al día siguiente, narró la líder sarayaku, se acercó a la Fiscalía Provincial de Pastaza a presentar su denuncia. Aunque en un inicio su testimonio no fue recibido argumentando la falta de un parte policial, finalmente el delito fue registrado.

Gualinga aceptó conversar con Mongabay Latam y recordó algunos episodios de ese día. “Me di cuenta que era una cuestión dirigida”, aseguró la lideresa indígena, quien durante los últimos 20 años ha concentrado sus esfuerzos en denunciar la violación de los derechos de los pueblos amazónicos que están en contra de la operación de  proyectos extractivistas en sus territorios. Sin embargo durante los pasados seis meses, Patricia Gualinga ha hecho base en el Puyo para cuidar de su padre, aunque en noviembre participó de la Cumbre sobre el Cambio Climático COP23, en Alemania, para denunciar la situación de las comunidades amazónicas.

Según la Fiscalía General del Estado, el delito se registró bajo la figura de intimidación tipificado en el artículo 154 del Código Integral Penal, que especifica que “la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La oficina judicial añadió, en una respuesta enviada por escrito a Mongabay Latam, que se ha procedido “a la toma de versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, delegación para la investigación operativa a la Unidad de Investigación de la Policía Nacional, dirigida por el fiscal de la causa”.

Asimismo, en la misma carta indica la Fiscalía General del Estado que “se ha requerido el ingreso de la denunciante y su cónyuge al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, otorgándole medidas de protección policial  semipermanente, así como de asistencia psicológica”.

“Lo que ha hecho el Estado es que la policía esté pendiente de mí en el Puyo”, explicó Gualinga. “Pero no hay resultados de la investigación”.

El mismo día del ataque, Amnistía Internacional generó un llamado urgente al Ministro del Interior para que reconozca públicamente el trabajo legítimo de Patricia Gualinga y de todos los defensores de los derechos a la tierra, territorio y medio ambiente. Además instaron a las autoridades a llevar a cabo investigaciones inmediatas y que los resultados de la misma sean públicos, que los autores materiales e intelectuales del ataque sean llevados ante la justicia. “Creo que este es un elemento clave para poder conocer las razones detrás de este ataque, una investigación rápida, inmediata, exhaustiva”, aseguró María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional. “Estas personas deben tener un entorno seguro y propicio para realizar su labor”. Además, la organización internacional añadió a Gualinga en la lista de defensores amenazados creada para el proyecto Speak out for Defenders. Pero el llamado de Amnistía Internacional aún no ha tenido una respuesta de parte de las autoridades.

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Una lucha emblemática

El pueblo Sarayaku vive a orillas del río Bobonaza, en el centro de la provincia de Pastaza. Sus siete comunidades componen una población de alrededor de 1400 personas que se han concentrado en el centro urbano, es decir, un área determinada donde se encuentran sus viviendas y que solo corresponde al 5 % de las 135 000 hectáreas que abarca su territorio. Sin embargo, cuando se ve a Sarayaku desde las alturas, cuenta Mario Melo, abogado defensor de la comunidad, uno puede ver cómo se extiende una alfombra verde de bosque y en el medio ríos serpenteando, con el Bobonaza como protagonista. Esta comunidad vive en medio de la selva, describe Melo. “La gente siempre es amable, reciben con chicha como un homenaje cuando uno llega”.  

Saliendo del centro urbano hacia la selva primaria uno se encuentra con pequeños ranchos donde los Sarayaku usualmente se retiran para pasar entre familia. “Son hermosos”, asegura Gualinga. “El bosque no está siendo presionado. Puedes escuchar el canto de las aves, y tener a tu mano plantas medicinales”, narra la líder sarayaku, mientras recuerda en especial los viajes que realizaba con sus abuelos paternos a las orillas del río Rotuno, en el sector de Papaya.

Más adelante está la selva viviente, espacios sagrados para los Sarayaku y donde no se permite ninguna intervención humana. “Ahí se siente la presencia de la naturaleza y el ecosistema”, explica Patricia Gualinga. Esta zona es atravesada por lagunas que guardan una diversidad de especies de lagartos, peces y anacondas. Además, se encuentran los ríos Andayacu, Ishpingo, Rotuno y Capahuari.

Pero este pueblo ha luchado por mantener su territorio libre de actividades extractivas por más de una década, desde que la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) obtuvo en 1993 la concesión de lo que en el momento se conocía como bloque 23. Para el año 2002, la CGC ingresó a la comunidad con el objetivo de empezar sus tareas de exploración y enterró 1433 kilogramos de dinamita de alto poder, conocida como ‘pentolita’, para determinar cuánto crudo yacía bajo tierra. “Fueron momentos muy intensos. La gente de Sarayaku entró en estado de amenaza”, comentó Mario Melo. Sin embargo todos en el territorio se unieron para resistir a este intento y en el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de los sarayaku en el juicio que la comunidad interpuso en contra del gobierno ecuatoriano, y que hoy se encuentra en proceso de supervisión de cumplimiento.

“El pueblo de Sarayaku ha entendido que esa promesa de desarrollo no existe, es falsa”, dijo Tatiana Roa, de la organización ambientalista colombiana CENSAT Agua Viva. “Se reconocen como pueblos indígenas que no necesitan seguir esta promesa del desarrollo y del progreso”. Roa describió a esta lucha como emblemática ya que representa el pensamiento del pueblo de Sarayaku, a través de un discurso original que logró cohesionar un pueblo entero. Y en esto, señaló Tatiana Roa, Patricia ha desempeñado un papel fundamental. “Creo que ha sido una mujer que ha inspirado a muchas de estas luchas que hoy se dan en América Latina frente a esta lógica extractivista”, aseguró Roa y añadió que lo interesante de Gualinga y su trabajo es que no se ha cristalizado en términos individuales sino en la representación de un colectivo a través de su vocación como Saramanta Warmikuna o mensajera de la lucha amazónica.

Patricia Gualinga se ha convertido en un refugio para el pueblo de Sarayaku, a pesar que su  trabajo es de alto riesgo por enfrentar constantemente intereses personales. Ahora la comunidad debe proteger su territorio de la posible explotación de los bloques 74, 75 y 79 concesionados a PetroAmazonas y Andes Petroleum, durante la undécima ronda petrolera que dividió el centro sur de la Amazonía en 13 bloques, explicó Melo. Además, el abogado defensor de  los sarayaku informó sobre el incumplimiento de la sentencia de la CIDH del 2012, sobre todo en el tema de la consulta previa y el retiro de la pentolita enterrada. “El Estado tiene obligación moral y jurídica de cumplir”, dijo el abogado. “Es inconcebible que luego de hacer ese acto, se viole la sentencia”, refiriéndose a las disculpas públicas que el gobierno pidió en el 2014.  

“Ya no somos los pueblos tranquilos que éramos antes. Siempre estamos a la defensiva”, dijo Patricia Gualinga y aseguró que esta batalla no se da en igualdad de condiciones, al enfrentarse a empresas que manejan grandes economías y que son protegidas por el Estado. A su pueblo, contó, esto le ha tomado años de sus vidas dedicados a la defensa del territorio.

“Nuestra vida no se ha vuelto a retomar”, comentó.

Ahora el pueblo sarayaku le ha propuesto al presidente Lenín Moreno que se tomen medidas eficaces para dar cumplimiento a la sentencia, y delineó una hoja de ruta para involucrar al Ministerio de Justicia, Ambiente, Hidrocarburos, Interior, Defensa y Cancillería para este efecto. Pero según Melo esto quedó fuera de las prioridades del gobierno.

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La defensa continúa

“Yo no sabía que tenía esta vocación”, comentó Gualinga. “Yo estaba dedicada a trabajar y salir adelante como mujer, en la radio y después directora de un proyecto de turismo”. Pero una vez que la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC)  entró a su territorio en 1993, recuerda que no le quedó otra salida más que unirse a la lucha ante la insistencia de su pueblo. Ella decidió hacerlo sin saber las consecuencias que esto podría traerle. “En esa época luchar contra una empresa petrolera era imposible”, dijo. “Me metí a lo de Sarayaku y nunca más pude salir”.

La amenaza que enfrentó a inicios de año, dijo la activista, permitió que su lucha se vuelva a activar y esté pendiente de lo que está pasando con los bloques petroleros que interfieren con su territorio. “No pueden amedrentarnos, yo lo que hice es lo que tenía que hacer, defender lo que era correcto. Eso me da fortaleza. La indignación que nos provoca hace que nos volvamos a activar”. Su fortaleza, cuenta, viene también de su padre Sabino, uno de los yachak o sabios de Sarayaku, de su madre Corina Montalvo y de la cantidad de gente que se solidarizó con ella tras el ataque.

Gualinga contó que la fortaleza que tuvo para denunciar esta amenaza, la trasladó también a muchas otras mujeres lideresas de su comunidad. “Las mujeres amazónicas han activado su lucha nuevamente, han empezado a denunciar también sus amenazas”, dijo la líder sarayaku. Es el caso de Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku electa en el 2017, quien habló sobre las amenazas que ha recibido y el robo de los discos duro de sus computadoras. José Gualinga, el mayor de los cuatro hermanos de Patricia, también fue amenazado cuando presidió la comunidad y ahora también que asesora a las nuevas autoridades. Cuenta también que su cuñada, la esposa de José, recibió mensajes de amenaza en la época en que se impusieron a la CGC. Otros dirigentes amedrentados fueron Franco Viteri y Marlon Santi, dos de las autoridades más visibles de la comunidad.

Patricia Gualinga recuerda que otro momento decisivo de su vida fue cuando los abogados de la comunidad le pidieron que sea testigo durante el caso presentado ante la CIDH, y como traductora ante la corte. Además hizo la petición final del caso y preparó a los demás testigos que su defensa eligió. “Sentí el peso de la responsabilidad encima mío”, aseguró Gualinga. “Sentí el peso de Sarayaku en mí”.

Ahora la lucha se está enfocando en presentar una campaña que rescata el concepto ancestral y la cosmovisión propia de este pueblo, que busca mostrar a la selva como un ser viviente y a la vez como el hábitat de otros seres humanos. Para la comunidad, esto permite el equilibrio entre los elementos del universo. “Ellos requieren una consideración especial y actividades como las petroleras demostraron que estos seres pueden perecer o dejar el territorio”, aseguró Melo. Este pueblo busca promover una propuesta de política pública que respete este carácter sagrado de la selva y que luego sea incluida en la Constitución, que ya reconoce los derechos de la naturaleza.

Gualinga cuenta que en unos meses dejará el Puyo para volver a los bosques sagrados que guardan su comunidad y llenarse de la energía necesaria para que su lucha continúe.

Artículo publicado por Alexa

Activistas amenazados, Defensores ambientales, Derechos humanos, Medioambiente, Mujeres y conservación, Petróleo, Pueblos indígenas

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