- Líderes indígenas y comuneros cuentan a Mongabay Latam que son víctimas de hostigamiento y amenazas de muerte por defender su territorio.
- Comunidad de Santa Clara de Uchunya, ubicada a orillas del río Aguaytía en la región Ucayali, se encuentra en disputa con empresa de palma aceitera por la ocupación de sus territorios ancestrales.
Huber Flores vive en el límite del territorio reconocido de la comunidad Santa Clara de Uchunya, —ubicada a orillas del río Aguaytia, en la región Ucayali— un terreno que colinda con las plantaciones de palma aceitera de la empresa Ochosur P (antes Plantaciones Pucallpa). Estar ahí, cuenta Flores, es peligroso, porque él y su familia han sido amenazados en varias oportunidades por personas que llegaban de un centro poblado cercano y que había intentado invadir los terrenos de la comunidad.
“Soy una espina en la punta del territorio de Santa Clara de Uchunya”, dice Huber al teléfono, refiriéndose a las amenazas que ha recibido durante años por parte de diferentes personas que, según cuenta, estarían relacionadas con la empresa que cultiva la palma.
La última vez que recibió una amenaza fue en setiembre de 2017, cuando se vio obligado a abandonar su comunidad. En aquella ocasión un grupo de unas 15 personas llegaron hasta su vivienda, como a las ocho de la mañana, y con palabras soeces le conminaron a abandonar sus comunidad.
Esta historia de enfrentamientos y amenazas comenzaron hace seis años, narra Flores, con la llegada de la empresa de palma aceitera Plantaciones Pucallpa, que ahora se denomina Ocho Sur P. S.A.C., del estadounidense Dennis Melka. Desde entonces, mediados de 2012, esta comunidad se ha visto inmersa en una disputa territorial, puesto que el territorio que reclama como suyo, ha sido vendido a esta empresa bajo diversas modalidades.
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Al límite de la comunidad
La comunidad de Santa Clara de Uchunya, ubicada en la región amazónica de Ucayali, en Perú, mantiene, desde hace más de 20 años, el pedido de ampliación de su territorio hacia zonas consideradas ancestrales.
Y Huber Flores no es solo uno de los que lidera este pedido, sino que se ha enfrentado durante los últimos años a los invasores que han tratado de ingresar al territorio de la comunidad para deforestarlo y luego solicitar constancias de posesión. Una modalidad usada por los traficantes de tierras para obtener documentos y luego vender los terrenos al mejor postor.
Según los dirigentes de la comunidad, se trata de una estrategia desplegada por la empresa de palma aceitera para continuar copando más terrenos —actualmente cuenta con unas 7000 hectáreas de cultivo— y expandir sus plantaciones.
La compra de terrenos a personas que poseen constancias de posesión —según las denuncias realizadas por los líderes de la comunidad— es una de las modalidades que ha utilizado esta empresa para obtener las hectáreas con las que cuenta actualmente y que le ha valido juicios por la deforestación de por lo menos 13 000 hectáreas. Ocho Sur P S.A.C., colindante con la comunidad de Santa Clara de Uchunya, y Ocho Sur U. S.A.C., ubicada en el distrito de Nueva Requena, son las empresas del Grupo Melka que han sido denunciadas por la comunidad, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas, tráfico ilegal de productos forestales maderables, entre otros.
Huber Flores sostiene que las amenazas que recibe están relacionadas con esta disputa por el territorio. Cuenta el líder comunal, que hubo oportunidades en las que llegaron “con armas a la comunidad, querían quemar las casas. Yo vivía con el temor de que incendien mi casa, de que me maten, de que le pase algo a mi familia. Llegaron a amenazarme directamente con matarme”. Esta fue una de las razones por las que Flores se vio obligado a abandonar la comunidad y refugiarse por un tiempo en Lima.
La capital de Perú nunca lo convenció para quedarse a vivir. “Es grande, bonita y tiene de todo, pero aquí está mi familia, mi hijo al que tengo que cuidar”, dice Huber quien ahora está de regreso en la comunidad.
Huber Flores sostiene que las amenazas y los hostigamientos se han reducido desde hace aproximadamente un mes, luego de que pidiera garantías para su vida y que se realizara una reunión en la Prefectura de Coronel Portillo en la que participó Huber Flores y representantes de la empresa Ocho Sur P. S.A.C.
En esa ocasión —dice Huber— la empresa se comprometió a controlar mejor a las personas que ingresan a la comunidad, a través de la carretera que construyeron para entrar a sus terrenos y que también permite ingresar a la comunidad. “Los abogados de la compañía aseguran que Ocho Sur P no tiene nada que ver con las amenazas, que son personas ajenas a la empresa. Pero se comprometieron a que habría más control en el puesto de ingreso de la carretera que ellos manejan para evitar que entren personas que puedan estar relacionadas con las amenazas”.
Por ahora Huber Flores asegura que está más tranquilo. “Fue un acuerdo de palabra y desde esa fecha ya nadie va por mi casa, ya no molestan. Las aguas se han calmado porque hemos denunciado y hemos ido a las autoridades competentes. Pero veamos hasta cuando dura esto”, dijo.
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Líderes amenazados
Pero Flores no ha sido la única víctima de las amenazas en la comunidad de Santa Clara de Uchunya.
Según el presidente de la comunidad, Carlos Hoyos, las amenazas han alcanzado a por lo menos 20 personas en los últimos años. “Las amenazas han sido principalmente contra las autoridades de la comunidad y contra quienes viven en las zonas colindantes con los terrenos que ahora tiene la empresa, pero que le corresponde ancestralmente a nuestra comunidad”, explica el líder indígena.
Uno de estos casos que puso en peligro su vida y la de otros miembros de la comunidad, así como de representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL) —ONG dedicada a la defensa de los derechos de las comunidades y que está a cargo de las demandas de Santa Clara de Uchunya— sucedió en diciembre.
En esa oportunidad, mientras recorrían una zona recientemente deforestada, un grupo de dirigentes de la comunidad Santa Clara de Uchunya en compañía de un equipo del IDL, fueron recibidos con disparos.
El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2017, según informó a Mongabay Latam el presidente de la comunidad, Carlos Hoyos, y el abogado de IDL, Álvaro Márquez, responsable de las demandas de Santa Clara de Uchunya.
Hoyos recordó que aquella mañana, un grupo de aproximadamente diez personas llegó hasta una parte del territorio en disputa, que había sido deforestado recientemente, para comprobar cómo se había producido la pérdida de bosque.
Ahí fueron recibidos con armas de fuego y tuvieron que huir para no ser alcanzados por las balas. “Ese día, la directiva de la comunidad y representantes del IDL fuimos víctima de los disparos por parte de infractores que están deforestando nuestro territorio. Dos días después presentamos la denuncia en Pucallpa”.
“Nos amenazan y tratan de que nos retiremos del caso, que no continuemos con los juicios. Venimos denunciando por varios años, porque no queremos ser víctimas de las personas que tienen la consigna de apoderarse de nuestro territorio”, asegura Carlos Hoyos.
El presidente de la comunidad explica que son 20 000 hectáreas las que reclaman y que les corresponde por tratarse de su territorio ancestral, que han utilizado desde siempre para vivir y desplazarse en busca de sus alimentos y los insumos para sus viviendas. Pero parte de este territorio que vienen solicitando desde hace varios años está ahora ocupado por las plantaciones de palma. “Estamos peleando para que nos otorguen el derecho a las tierras, nosotros estamos antes de que llegara la empresa”, manifiesta indignado.
Explica también que en los primeros años, luego de la instalación de las empresas del Grupo Melka, la disputa era directamente con los representantes de la empresa, pero que ahora la modalidad ha variado. “Actualmente, las invasiones las realizan pequeños productores agrarios, que dicen ser arroceros. Invaden, deforestan, pero no siembran nada. Así esperan que les entreguen sus constancias de posesión o sus títulos de propiedad para vender los terrenos”, explica el líder indígena.
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Pedido internacional
Un pronunciamiento firmado por 38 organizaciones peruanas y del exterior, que se hizo público el 22 de febrero, expresa una “profunda preocupación respecto al aumento significativo de las violentas amenazas y la intimidación que sufren los integrantes de la comunidad nativa shipibo Santa Clara de Uchunya”.
El documento informa sobre una amenaza ocurrida el 5 de enero de 2018, cuando “dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad, cuya casa se encuentra en la periferia del pueblo, en la zona más cercana a las plantaciones de palma en expansión, e interrogaron a su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era miembro de la comunidad. Cuando ella lo negó, le mostraron una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque estaban dispuestos a matar”. El pronunciamiento también da cuenta de un segundo ataque ocurrido el 20 de enero, en la misma vivienda.
Por otro lado, en el comunicado se menciona que estos hechos se han presentado luego de que un mandato judicial ordenara la paralización de actividades de la empresa de palma aceitera Ocho Sur P S.A.C., que viene siendo investigada por la usurpación y la deforestación de más de 7000 hectáreas del territorio ancestral que le pertenece a la comunidad.
La decisión judicial a la que se refieren data del 15 de diciembre de 2017, cuando el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitió una resolución que declara fundada la medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades depredatorias de desbosque y tala, la misma que está dirigida contra los vehículos, instrumentos, maquinarias y personas que laboren para la empresa Plantaciones Pucallpa SAC (actualmente Ocho Sur P. S.A.C.)”.
Álvaro Márquez, abogado del Instituto de Defensa Legal y responsable del caso de Santa Clara de Uchunya, dijo a Mongabay Latam que en diciembre se presentaron amenazas al presidente de la comunidad Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos, y a líderes de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau).
Recordó también la agresión de la que fueron víctimas el 12 de diciembre, hecho en el que Márquez también estuvo presente.
Sobre la decisión judicial que ordena a la empresa de palma aceitera detener sus actividades, el representante de IDL señaló que hasta el momento no se ha cumplido este mandato judicial y que la empresa continúa con sus labores agrícolas.
Por su parte, Jorge Ulises Saldaña Bardales, vocero de las empresas Ocho Sur (Ocho Sur U S.A.C. y Ocho Sur P S.A.C.) desmintió las afirmaciones que involucra a la empresa en estas amenazas. En conversación con Mongabay Latam, manifestó que no existe ninguna imputación directa a la empresa. Agregó que las investigaciones que las autoridades están realizando en Pucallpa, se encaminan hacia un problema es de invasión de terrenos por parte de arroceros.
El problema de las invasiones de terrenos en la región Ucayali es un tema complejo, que presenta casos relacionados con el tráfico de tierras como informó Mongabay Latam el año pasado.
En medio de este panorama, las comunidades nativas son víctimas del acaparamiento de terrenos y la consiguiente pérdida de su territorio. Pero, además, viven expuestas a las amenazas de quienes utilizan cualquier medio para intentar sacarlos de sus territorios ancestrales.
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