- Entre 2013 y 2018 se decomisaron 684 colmillos de jaguar en Bolivia, lo que significó la muerte de aproximadamente 171 jaguares. La mayoría de los decomisos se hicieron a ciudadanos chinos.
- De 14 procesos judiciales por tráfico de colmillos de jaguar, solo se ha dictado sentencia en uno de ellos y los dos acusados que debieron cumplir tres años en prisión, lograron evitar la cárcel gracias a beneficios judiciales.
“Se compran colmillos de tigre”, decía en el letrero que colgaba en la puerta de la pollería del mercado La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz. Este fue el primer aviso que llegó a oídos del personal de la Gobernación de Santa Cruz y que detonó en el operativo del viernes 23 de febrero de este año. Ese día el teniente Germán Ever Tapia, agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), personal de la Fiscalía y funcionarios del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz allanaron el local administrado por los ciudadanos chinos Li Ming y Yin Lan y se toparon con una escena aterradora, que no hizo más que confirmar la matanza de jaguares en Bolivia.
185 colmillos de jaguar, tres pieles de este felino, cascabeles de serpiente, pieles de leopardo africano y estatuillas de marfil, entre otras partes de otros animales, fueron hallados en el local de la pollería. Además de una pistola cargada y una elevada suma de dinero en moneda nacional y extranjera.
“Encontramos cueros de jaguar y a simple vista, en varias bolsas, hallamos los colmillos de jaguar. Es así que el fiscal nos indicó que coloquemos todo sobre la cama para ser contabilizado y fotografiado. Siguiendo con las requisas encontramos un arma de fuego, calibre .22, la misma tenía una bala en boca. Quiere decir que estaba lista para disparar. Yo mismo procedí a descargarla, le puse su seguro y la coloqué en la cama”, narró detalladamente ante el tribunal el teniente Germán Ever Tapia. El Juez Juan Coronado, que preside el juzgado noveno de sentencia en lo penal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, escuchaba atento los primeros testimonios de la causa que se sigue contra Li Ming y Yin Lan, acusados de traficar colmillos de jaguar.
A lo largo de su testimonio, el teniente Tapia precisó cómo presumen que operaba esta pareja china, con carné de identidad boliviano. Yin Lan, por ejemplo, era la encargada de la compra de los colmillos y su esposo, Li Ming, se encargaba de ofrecer los productos a sus potenciales clientes.
Este es uno de los 27 casos por tráfico de especímenes vivos y partes de jaguar en Bolivia. Hasta el momento se han iniciado 14 procesos judiciales y solo uno de ellos ha concluido. En este los dos acusados fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, pero gracias a beneficios penales (medidas sustitutivas) lograron purgar la pena fuera de la cárcel.
Esta sentencia despertó la crítica de la sociedad civil boliviana, que considera que la gravedad del problema amerita una sanción más severa.
Por eso se han organizado, en los últimos días, vigilias y protestas frente al juzgado donde se desarrolla la causa, activistas ambientales han promovido movilizaciones y ahora plataformas ciudadanas recolectan firmas (13 511 firmas en siete libros hasta el cierre de esta nota) para ejercer presión sobre las autoridades del sistema judicial. Todas estas manifestaciones de la sociedad civil tuvieron resultados positivos, porque tras seis suspensiones de la vista de la causa, se realizó el juicio oral esperado a mediados de agosto.
Una vez iniciado el juicio, Ming y Lan se abstuvieron de declarar y permanecieron en silencio durante toda la audiencia.
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¿Redes criminales operando en Bolivia?
Raúl Rojas, coordinador del Proyecto de Biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales en la Gobernación de Santa Cruz, ha participado, desde el 2011, en más de 500 operativos de decomisos de especies vivas y partes de fauna silvestre. Sin embargo confesó, durante la audiencia de Li Ming y Yin Lan, que ninguno de la magnitud del realizado el 23 de febrero último.
Según declaraciones del teniente Tapia, los colmillos incautados estaban pulidos y listos para ser ofrecidos al mejor postor. “Luego de las investigaciones se determina que los colmillos iban a ser comercializados, no sé si a otros países pero sí iban a ser vendidos’’, manifestó en el juicio oral.
Ángela Nuñez, bióloga especialista en conservación y manejo de vida silvestre, indicó durante el Congreso Latinoamericano de Mastozoología desarrollado en julio en la ciudad de La Paz, que el tráfico de colmillos de jaguar en Bolivia es probablemente provocado por redes criminales instaladas en el país, las que están operando a nivel internacional.
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Cifras de la agonía de los jaguares en Bolivia
Según fuentes a las que accedió Mongabay Latam, entre 2013 y 2018 se decomisaron en total 684 colmillos y 35 cráneos de jaguar en Bolivia. De esta cantidad, 119 colmillos fueron incautados por autoridades de aduana en Beijing, China. El detenido, un empresario chino que respondía al nombre de Li, tuvo que pagar una multa de 7826 dólares y hoy se encuentra cumpliendo una pena de cuatro años y medio de prisión. Es el único procesado preso por este delito en la actualidad.
Esta información se complementa con los datos sobre cacería ilegal de jaguares en Bolivia, recabados por el Viceministerio de Medio Ambiente, que indican que existe un registro de 144 jaguares cazados en Bolivia entre el 2014 y 2015. La información señala que en el 2014 fueron asesinados 9 jaguares en Montero, 29 en La Paz y 85 en Santa Cruz de la Sierra; y en el 2015, se registraron 19 matanzas en Cochabamba y 2 en La Paz.
En Bolivia, ciudadanos chinos está pagando entre 100 y 150 dólares por cada colmillo. Un precio que ha despertado el interés de los cazadores en distintas partes del país. Pero este monto se multiplica cuando las piezas son vendidas en China, donde un colmillo puede llegar a costar entre 1500 y 5000 dólares, según datos a los que accedió Mongabay Latam.
Para el abogado penalista Steven Herrera es necesario elevar una propuesta ante las autoridades correspondientes en Bolivia para elevar la pena contra el tráfico de especies de vida silvestre. “No puede ser que quien comete una estafa sea sancionado con una pena similar (cinco años) que quien trafica con especies de vida silvestre, cuando el delito de tráfico tiene mayores implicaciones para el medio ambiente y la sociedad civil en general’’, expresó el jurista a Mongabay Latam.
Un estudio elaborado por los investigadores Mariana Da Silva, Robert Wallace y Paul Jepson, y presentado en el Congreso de Mastozoología en La Paz, indicó que las acciones tomadas hasta ahora por las autoridades “son principalmente de respuesta, pero no preventivas. Sugerimos estrategias y acciones a corto y mediano plazo para combatir este tráfico en base a un modelo de gobernanza en red’’.
La bióloga Ángela Nuñez, que también participó en el evento, recomendó la creación de una normativa específica y el endurecimiento de las sanciones en materia de tráfico de biodiversidad. También sugirió que se entrene y capacite a las autoridades que tienen a su cargo las tareas de control y fiscalización. Y, finalmente, invocó a la ciudadanía en general para que denuncie y tome partido en esta causa, con el fin de exigir la creación de las políticas ambientales necesarias.
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