- En 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró 116 conflictos socioambientales.
- Chile se ha convertido en líder regional en energías renovables no convencionales (ERNC) y ha asumido la organización de la COP25, el evento climático más importante del mundo.
El 2018 ha sido un año particularmente efervescente en temas ambientales para Chile. Conflictos acumulados desde hace años en el listado de pendientes explotaron en distintas partes del país, mostrando los vacíos y grandes desafíos a los que se enfrenta el país en gestión ambiental. Por otro lado, el Estado ha mostrado voluntad para avanzar en la protección de áreas naturales protegidas, aunque no queda claro si estas zonas contarán con recursos financieros que las hagan realmente viables. Finalmente, en un gesto sorpresivo, el país se comprometió a la organización de la COP25, en un momento de enorme controversia sobre el futuro del planeta.
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Lo feo: la escalada de conflictos
En agosto de este año, en el núcleo industrial ubicado en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en el litoral central de Chile, más de mil personas resultaron intoxicadas por la inhalación de gases. Una investigación judicial se encuentra en curso, pero hasta ahora no existe claridad sobre cuáles son las sustancias específicas que causaron las intoxicaciones ni qué empresas fueron las responsables.
Si bien se trató del conflicto más controversial del año, no fue el único. A mediados de año, el escape de casi 700 mil salmones en el sur del país puso en grave riesgo la biodiversidad de los ecosistemas; miles de ciudadanos, agrupados en el movimiento “chao carbón”, exigieron al Estado que detenga la explotación y utilización de este mineral para la generación de energía; los impactos de la explotación de litio en los salares del desierto resurgieron y la sequía vinculada a la producción de aguacates o paltas, ha dejado sin agua a pueblos enteros.
Según el mapa de conflictos socioambientales, elaborado anualmente desde el 2012, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Chile, la cantidad de conflictos ha ido en aumento. Ese primer año se registraron 97. Este 2018, alcanzaron los 116.
Dhayana Guzmán, coordinadora de la Unidad de Estudios del INDH, explica que “ha habido conflictos que se han visibilizado, pero también hay un núcleo duro de aquellos que se han mantenido en el tiempo, que no se han resuelto y que se han vuelto crónicos”. Esto último es una preocupación puesto que “la cronicidad aumenta la tensión y genera desconfianza hacia las instituciones”, asegura Guzmán.
El escándalo de Quintero y Puchuncaví es probablemente el mejor ejemplo de aquellos conflictos que siguen sin resolverse y que el propio presidente Sebastián Piñera ha calificado como un “drama”. Si bien lo sucedido este año se trata de una de las peores crisis, no es la primera “ni será la última” en esa zona, asegura el biólogo Fabián Jaksic, Premio Nacional de Ciencias Naturales. Desde 2011, se cuentan ocho episodio de intoxicación, 25 varamientos de carbón, 26 peak de dióxido de azufre (SO2) y dos derrames de petróleo.
El caso de Quintero, parece ser particularmente complejo y multifactorial. “Muchas de las empresas que ahí operan se instalaron antes de que entrara en vigencia, en 1997, la ley ambiental 19.300”. Es decir, “que no están obligadas a regirse por ella, puesto que ninguna ley es retroactiva”, señala el geógrafo Kay Bergamini, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Ello, “con excepción de las normas de emisión”, agrega Jaksic.
Sin embargo, el abogado Remberto Valdés, representante de las familias de Quintero y Puchuncaví, enfatiza en que “la norma madre es la constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que obligan a cualquier Estado que los haya suscrito, entre los cuales está Chile, a no envenenar a la gente.”
Una investigación realizada por el Colegio Médico, a petición de la justicia chilena, detectó gases que podrían generar cáncer y daños genéticos. Entre ellos el Metil Cloroformo, prohibido en Chile desde 2015.
50 años de contaminación en Quintero han reforzado la tensión a la que Guzmán hace referencia. El 4 de octubre, Alejandro Castro, secretario de uno de los Sindicatos de Pescadores de Quintero y dirigente activo de las protestas que se levantaron ante las intoxicaciones masivas, fue encontrado muerto. Colgado de una reja en la vía férrea de Valparaíso, ahorcado con su propio bolso.
Aunque la policía descartó la participación de terceros y su muerte fue sindicada como un suicidio, familiares y amigos insisten en que se trató de un asesinato. Alejandro Castro había recibido amenazas de muerte, información que fue confirmada por el director de la Policía de Investigaciones. Qué pasó realmente es una pregunta que la justicia chilena deberá esclarecer. Lo mismo con Macarena Valdés, líder ambientalista, opositora a un proyecto hidroeléctrico en una comunidad indígena mapuche en el sector de Tranguil, al sur del país. Encontrada muerta en 2016, las causas fueron atribuidas a un suicidio. Sin embargo, este 2018, tras las exigencias de familiares, su cuerpo fue exhumado y la participación de terceros en su fallecimiento fue confirmada. Por último, la justicia también tendrá que esclarecer responsabilidades en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, por parte de funcionarios de una unidad de operaciones especiales de la policía. Catrillanca era miembro de Temucuicui, la comunidad más activa en una pelea histórica de este pueblo indígena por la reivindicación del territorio, la autonomía y el control sobre los recursos naturales.
“Hasta ahora, en los conflictos socioambientales, no habíamos tenido situaciones donde los dirigentes de comunidades, enfrentadas al Estado o a privados, estuvieran afectados en su integridad física”. Ello “es una alerta que nos genera preocupación”, dice Guzmán.
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Lo malo: limitada capacidad de acción del Estado
Sin contar el cobre, el salmón es el segundo producto más exportado del país, con cifras que superan los US$ 4000 millones al año, según datos de la Asociación de la Industria del Salmón en Chile.
El 5 de julio, 690 mil salmones se escaparon, tras una fuerte tormenta, de las jaulas de la empresa Marine Harvest instaladas en Calbuco, al sur del país. Los peces nunca lograron ser recuperados y, de acuerdo a la Ley de Pesca y Acuicultura, se debió presumir, entonces, daño ambiental.
Este hecho volvió a poner en la palestra a una industria que ha sido fuertemente criticada por la ciencia, a nivel global, debido a sus efectos contaminantes. Aunque aún no se tiene certeza sobre los impactos que esta fuga tendrá a largo plazo, las poblaciones de especies nativas podrían verse amenazadas. “Esto a través de la depredación y/o de la competencia por hábitat o alimento; la transmisión de enfermedades o químicos; o del establecimiento o ‘asilvestramiento’ de los salmones en el área”, señala Liesbeth Van Der Meer, directora ejecutiva de Oceana.
Para los pescadores que viven en las zonas donde hoy se han ubicado las empresas salmonicultoras, el mayor problema es el impacto sobre el fondo marino. Según un estudio publicado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “la misma industria —salmonera— ha generado una situación de colapso sanitario y ambiental con altos costos. Ello la ha obligado a buscar nuevos ambientes sanos donde operar”. Es así como la salmonicultura se ha expandido y sigue buscando nuevos espacios. De hecho, hasta el momento, son 1356 las concesiones activas para la producción de salmones en el mar de Chile, según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Así, el factor acumulativo es clave para entender la dimensión de los impactos.
A pesar de los informes científicos, los permisos con que funcionan actualmente los centros de engorda de salmones muestran que las líneas de base de protección y resguardos son prácticamente nulas. Es decir, no existe suficiente información que permita una adecuada protección del ecosistema. “No se hace línea base en la salmonicultura. Ellos piden una concesión y es un documento de 30 páginas el que entregan. Es una cuestión penosa”, dice Jaksic.
La Asociación de la Industria del Salmón en Chile, por su parte, asegura que se ha avanzado en sustentabilidad ambiental y que “se ha tomado conciencia, especialmente tras los distintos incidentes ocurridos en los últimos años”, señaló Arturo Clement, presidente de Asociación en un taller organizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
La expansión de las industrias extractivas no se ha limitado a la industria del salmón. Son 19 las empresas reunidas en la bahía de Quintero; cuatro las mineras que impactan los acuíferos del salar de Atacama y más de 19 000 las hectáreas de paltas, en la región de Valparaíso, según el último Catastro Frutícola de esta región. En este último caso, cada hectárea de palta absorbe entre 7000 y 13 000 litros cúbicos de agua al año. En esas zonas, los habitantes se han quedado sin agua para beber, para asearse o para lavar.
Fabián Jaksic, explica que aún no existe una “visión sinérgica” que considere el impacto ambiental de los proyectos extractivos o de grandes infraestructuras. Actualmente el sistema de evaluación ambiental en Chile evalúa el impacto de cada empresa, entonces “por separado todas cumplen, pero juntas, no”, finaliza Jaksic.
Por otro lado, la bióloga ambiental, Carolina Díaz, señala que parte del problema recae en cómo está organizado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy es la empresa quien obtiene y entrega al Estado la información sobre la situación de los ecosistemas en los que opera. Con estos informes, la autoridad fiscaliza, “pero no hay una constatación empírica permanente de los datos obtenidos de la operación de esos planes y, en la mayoría de los casos, tampoco se cuenta con los datos brutos obtenidos para realizar un análisis independiente de ellos”, señala Díaz.
La falta de sinergia y la responsabilidad delegada en los privados, son dos características que aparecen al origen de los conflictos ambientales que sacudieron a Chile durante este 2018.
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Lo bueno: la protección de ecosistemas
“En términos generales, nuestra legislación de protección al ambiente avanza lentamente pero seguro”, dice Jaksic.
Se declararon cinco nuevas áreas marinas protegidas cumpliendo con el compromiso, establecido en las metas Aichi, de proteger, de aquí al 2020, al menos el 10 % de las zonas marinas y costeras. Ahora queda el desafío de poder destinar el presupuesto necesario en monitoreo y fiscalización para que dichas áreas puedan, efectivamente, estar resguardadas. Por ahora, esto último no se ve muy claro y existe cierta preocupación de que la protección quede en el papel.
En agosto comenzó a regir la ley de bolsas plásticas en todo el país con el objetivo de eliminar completamente su comercio y distribución. La ley se está aplicando de manera gradual, por lo que hasta febrero de 2019, el comercio grande podrá entregar un máximo de dos bolsas. El comercio pequeño, por su parte, tendrá dos años para adaptarse a la norma.
Esta medida es una importante noticia para el medioambiente, sobre todo para el mar, puesto que una cantidad incalculable de residuos plásticos genera graves impactos en toda la fauna marina. Tortugas, peces, aves y mamíferos marinos mueren por ingestión o estrangulamiento.
Además, la medida cobra mayor importancia para el país si se considera que, según los estudios realizados, “en Chile básicamente toda la basura viene de fuentes locales. Es nuestra. No viene de otros países flotando en el mar. Eso significa que es un problema que nosotros mismos podemos resolver”, dice el biólogo, experto en basura marina, Martín Thiel.
Otra buena noticia para el país, es la relevancia que continúa teniendo, en Chile, la generación de energía solar.
El intenso sol del desierto más seco del mundo hace de este lugar el ideal para la instalación de parques solares. De hecho, en 2015, Chile se ubicó entre los diez países a nivel mundial con mayor inversión en Energías Renovables no Convencionales (ERNC).
Actualmente, la capacidad instalada de ERC supera el 20 % del total de la matriz energética convirtiendo a Chile en líder regional. Una excelente noticia para un país que pide a gritos una mejora en la calidad del aire.
Por último, Chile acaba de confirmar que será sede del próximo evento climático más importante del mundo. Se trata de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas por la lucha contra el cambio climático, COP25.
Foto Portada: Michelle Carrere
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