- Luego de la eliminación del Ministerio de Justicia, la competencia de los pueblos indígenas en aislamiento cambió de manos nuevamente.
- Expertos creen que se debe revisar cómo se ha abordado su protección y coinciden que el avance petrolero ha sido y sigue siendo la mayor amenaza para estos pueblos.
La atención a los Pueblos Indígenas en Aislamiento es un tema que permanece en el limbo en el gobierno ecuatoriano. Todavía no hay claridad sobre cómo se manejará este asunto luego de la disolución del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que ahora se convertirá en una Secretaría. Los Tagaeri y los Taromenane ─ambos de nacionalidad Waorani─ son los dos pueblos indígenas en Aislamiento que viven en el norte de la Amazonía ecuatoriana, en el Parque Nacional Yasuní y sus inmediaciones; ambos están expuestos a los peligros de la expansión petrolera y a otras amenazas a las que todavía no se sabe muy bien cómo responder.
El 21 de agosto de 2018 el presidente del Ecuador Lenín Moreno anunció la disolución del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Un Ministerio tan amplio que abarcaba desde las competencias de la atención a mujeres víctimas de violencia, el manejo de las cárceles del país, hasta la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Organizaciones y activistas que promueven los derechos de las mujeres y niños se juntaron para protestar. Pero nada parecido ocurrió con quienes han estudiado o trabajan con los pueblos indígenas en aislamiento (PIA).
Hasta hace pocos meses, la Dirección de Promoción de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario era una oficina por debajo de la Subsecretaría de Derechos y Cultos, que, a su vez, estaba por debajo del Viceministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y no tenía una política pública clara. Exfuncionarios del gobierno confirman que en los últimos años se crearon documentos que nunca vieron la luz porque siempre había un asunto más importante con el que este tema chocaba: el petróleo.
Mongabay Latam solicitó información sobre qué pasará con los PIA después de la disolución del Ministerio de Justicia, pero no tuvo acceso a una entrevista sino a respuestas enviadas vía correo electrónico —el 14 de septiembre— firmadas por el Equipo Técnico de la Dirección de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Sobre la transición y la competencia contestaron: “Frente a los ajustes institucionales el gobierno debe precautelar el cumplimiento de estos mandatos creando una Secretaría técnica adscrita a la Presidencia de la República, que garantice suficiente unidad, autoridad, neutralidad y confidencialidad. Esta temática de derechos y protección no puede estar subordinada a los requerimientos de negociación y diálogo político permanente que le corresponde a la Secretaría Nacional de la Gestión Política”. A pesar de esto, no se dan detalles sobre esta Secretaría ni se sabe cuándo quedaría conformada.
El 14 de noviembre, el presidente Lenín Moreno decretó que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos pasaría a tener un nivel de Secretaría. En el mismo decreto ordenó que esta Secretaría tendrá a su cargo “la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”. Pero el proceso de transición para la “reorganización institucional, transferencia y redistribución de competencias” se hará en un plazo de 60 días, entonces es imposible saber qué prioridad tendrá este tema.
El retraso en las respuestas claras sobre qué pasará con ellos no ha sido la excepción sino la regla para este grupo de indígenas que tuvo los primeros contactos hace más de 60 años, pero para los cuales solo hace 20 se empezaron a desarrollar acciones concretas para protegerlos.
En 1999 por primera vez se declaró una zona intangible para los dos grupos identificados en el Ecuador: Tagaeri-Taromenane. Con un decreto se obligaba a fijar los límites máximo 120 días después de firmado. Pero tuvieron que pasar ocho años para que se definieran las coordenadas.
En el 2007, cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, el entonces Presidente respondió al pedido de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exigía precautelar la supervivencia de estos grupos. Las medidas fueron pedidas por un grupo de la sociedad civil debido a la indefensión en la que estaban los PIA, y en respuesta a la masacre de 2006 donde cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados. Las medidas habían sido ignoradas durante casi 12 meses. La respuesta de Correa parecía un buen presagio. “Pero duró poco”, dice Eduardo Pichilingue, entonces coordinador del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados ─que funcionaba como una oficina bajo la competencia del Ministerio de Ambiente─.
El primer año del Plan, en 2008, recuerda Pichilingue, hubo mucho trabajo y fue positivo. “Logramos generar una fuerza que nos permitió luchar contra una actividad maderera ilegal que parecía incontrolable y afectaba directamente a estos pueblos”. Pero cuando eliminaron esa amenaza, les tocó enfrentar la siguiente: la expansión petrolera. Según dice, fue a inicios de 2010 cuando le pidieron que modificara un informe que confirmaba la presencia de PIA cerca del Campo Armadillo, en la provincia de Orellana, que iba a ser concesionado a la estatal Petroecuador, para ser explotado. “Me pidieron expresamente que dijera que no había PIA. Luego dijeron: ‘bueno, no digas que no hay, pero abstente de decir que es peligroso explotar y que se debería prohibir. Saca otro informe que no diga nada’”. El exfuncionario público no lo hizo y se desligó del Ministerio del Ambiente (MAE).
Hasta el 2015 el MAE tuvo la competencia sobre los temas PIA, ese año el tema pasó al Ministerio de Justicia. Milagros Aguirre —quien trabajó en zona Waorani desde 1997 y ha escrito varios libros sobre los indígenas en aislamiento─ dice que le pareció un cambio positivo. “El Ministerio del Ambiente era juez y parte porque debía dar las licencias de explotación petrolera y a la vez protección a los pueblos. Eso ya riñe automáticamente”. Para Aguirre, era un error conceptual que el MAE tuviera la competencia. “Siempre se debió enfocar como un tema de Derechos Humanos”, dice, “pero cuando se dio ese paso, el presupuesto fue recortado”.
Según las respuestas enviadas vía correo electrónico y firmadas por la Dirección que lleva este tema (y que no se conoce en qué se transformará tras el decreto), “existe una debilidad de recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos que dificultan el control y la vigilancia y elevan el riesgo para el accionar del equipo de territorio. Es imprescindible contar con un mínimo de técnicos con experiencia para el cumplimiento de las medidas descritas así como para la coordinación con las Carteras de Estado involucradas —desde su ámbito de competencia— en la protección de estos pueblos”. Sin embargo, no se menciona qué tipo de articulación se está haciendo y queda claro que esa coordinación con otros ministerios todavía no se ha dado.
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Indiferencia estatal
Según la página web del recién disuelto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (que sigue al aire), en esta entidad trabajan 3267 empleados. De acuerdo a la información entregada por correo electrónico, solo 35 están enfocados en el tema de PIA; es decir el 1 %.
Según la información enviada por la Dirección de Pueblos en Aislamiento, sus acciones concretas son: “ejecutar una estrategia de intervención en territorio desde la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, la cual consiste —entre otros— en la realización de patrullajes de monitoreo para el control de actividades ilícitas o unilaterales que pueden provocar diferentes presiones a los PIA, y consecuentemente unas respuestas violentas de su parte. Así mismo realiza un trabajo continuo con las comunidades cercanas a los PIA para promover una cultura de paz”.
Según la respuesta, también efectúan un trabajo con tecnología remota que implica realizar sobrevuelos, análisis de imágenes satelitales, elaboración cartográfica, etc., lo cual involucra la participación de un equipo calificado técnico. No se menciona con claridad si hay o no una política pública y cuál es.
El único documento de proyecto de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario al que se puede acceder en el sitio web es “Implementación de la Estación de Monitoreo de Shiripuno”. En la primera página, además de las características básicas del proyecto, el mismo Ministerio le da una prioridad de 0 a este proyecto. Esto indicaría que el gobierno tienen muchas otras prioridades antes que los indígenas en aislamiento.
José Proaño es antropólogo y trabajó en la comisión presidencial que se creó en 2013 luego de la masacre en la que murieron cerca de 30 indígenas aislados. La Comisión estaba conformada por funcionarios del Ministerio de Justicia, Salud y de la Secretaría de la Política y, entre otras funciones, debía elaborar una política pública para los PIA. “Correa la firma pero no entra en vigencia, hasta ahora”, dice Proaño.
Desde el Ministerio de Justicia, varias de las respuestas fueron contestadas desde lo que se debería hacer, más no desde lo que se está haciendo. “Es necesario asegurar una mayor autoridad para lograr coordinar con los ministerios del Interior, Ambiente, Hidrocarburos, MAG, Salud, (entre otros) a nivel territorial para mejorar la capacidad de respuesta frente a las alertas de amenazas y presiones provenientes desde diferentes fuentes”. Pero no indica cómo se debe lograr esta coordinación interministerial. Como opinan los expertos consultados, hay voluntad política en algunos funcionarios, pero eso no es suficiente.
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Conversaciones en la ciudad, contacto en la selva
Mientras en Quito, la capital ecuatoriana, se decide el futuro de la competencia de los PIA a puerta cerrada, en la Amazonía, grupos Waorani han advertido la presencia de los no contactados. Alicia Cawiya, lideresa waorani, le dijo a Mongabay Latam que ella y un grupo de su comunidad se iban a acercar a un área donde habían notado presencia de PIA para dejarles ollas y otras herramientas. Este contacto, en el que los Waorani ayudan de alguna manera a los no contactados dejándoles objetos, se dio —según coinciden algunos especialistas consultados para este reportaje— luego de la muerte de Ompure y Buganey, dos ancianos Waorani lanceados por indígenas en aislamiento, en 2013.
En el libro Una tragedia ocultada de Milagros Aguirre, Massimo de Marchi y Miguel Ángel Cabodevilla, se narra cómo Ompure había contado en asamblea los acercamientos con los aislados. “Dos taromenani veteranos se le habían acercado varias veces, con cierta confianza, solicitando hachas, machetes y ollas. Él (Ompure) había obtenido unas pocas de un wao empleado en Repsol; también le dio Cawetipe, Presidente de Nawe. Parece que ese exiguo reparto, que alcanzó a muy pocos, provocó la enemiga de otros; algunos de estos llegaron donde Ompure de forma amenazadora, exigiendo instrumentos para todos. Ompure, a su vez, los solicitó, algo angustiado, a la asamblea (no estoy cumpliendo con ellos y me van a matar)…”. Pocos días después lo asesinaron.
Luego de cinco años aún no está clara la razón de ese homicidio, que veinte días después fue vengado en una masacre donde los Waorani asesinaron a cerca de 30 indígenas aislados.
Aguirre dice que en ese caso el Estado se equivocó dos veces: luego de que los aislados asesinaron a los ancianos y después, cuando los Waorani vengaron esa muerte. “No hubo nadie del Estado que actuara. Les dijimos: ‘hagan algo, una reparación urgente a los Wao porque van a ir a vengar’. Pero nadie hizo nada. No se hizo reparación, no les dieron el pésame. Luego vino la matanza de los aislados y tampoco pasó nada. Al inicio ni siquiera encontraban los cuerpos”.
Para Aguirre la responsabilidad es clara: “El Estado tiene un grupo protegido que se llama PIA, si ese grupo atenta contra otras personas, el Estado tiene que reaccionar”. En el caso del asesinato de Ompure y Buganey fueron “sus protegidos” los que actuaron, entonces, dice Milagros, debieron responder. Según ella, todo apuntó a ocultar este acontecimiento. “Es como si al Estado le incomodara la presencia de estos grupos de los que conoce muy poco”.
Sobre apariciones de pueblos en aislamiento, el antropólogo Roberto Narváez confirma que en los últimos meses ha habido evidencias —relatadas por familias waorani— de que estos grupos han estado cerca del bloque petrolero 21, fuera de la zona intangible.
La relación actual entre algunos waorani y los no contactados, según expertos consultados, se podría definir como temor. Los primeros les dejan las ollas, hachas y demás herramientas porque temen ser agredidos.
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Una presencia incómoda
El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio Waorani, ha investigado y analizado los encuentros violentos de los aislados. Desde 2001 tiene registrados 80 indígenas en aislamiento asesinados. Por su parte, la ficha informativa del proyecto Implementación de la Estación de Monitoreo de Shiripuno, del Ministerio de Justicia, dice que la línea base es de “34 víctimas que se han reportado desde el año 2001”. Es decir, menos de la mitad de los registrados por Narváez. Para él, el mayor problema del Estado es que no tienen información suficiente, no investigan, y toman decisiones sin criterio histórico y antropológico. “Por eso marcan límites equivocados y algunos hasta niegan la presencia de estos grupos”.
El Estado —a través de sus representantes— más de una vez ha negado la presencia de los PIA. Aguirre recuerda que luego de la masacre de 2013 tuvo una reunión con ministros y el expresidente Correa. “Querían manejar todo como si fuera un supuesto. Nadie sabía ni quería reconocer el hecho”. El caso más emblemático de esta actitud es quizás la del entonces presidente de PetroAmazonas, Wilson Pástor, quien desde antes, en 2010, en una entrevista para el canal nacional RTS dijo “…usted me dice que hay pueblos no contactados, nosotros no conocemos de esto, hemos hecho los estudios en el Bloque 31 […] todo eso está en duda, no son hechos comprobados, se podría pensar inclusive que son hechos prefabricados, hay una hipótesis de que no se trata realmente de pueblos no contactados, sino de movimientos más políticos para evitar la explotación de ese campo”. Pástor luego se convirtió en Ministro de Recursos Naturales No Renovables.
Verónica Potes es abogada especializada en pueblos indígenas y cree que si cualquier agencia del gobierno se hace cargo de los PIA será problemático, como ha sido en los últimos años. “Hay un interés particular conocido en esos territorios: el económico. Si esos pueblos no existieran, esos territorios hace rato estarían con más actividad petrolera, caminos, carreteras”. Potes dice que el Estado —pero no el gobierno— debería encargarse. “Una de las propuestas que identificamos es que la Defensoría del Pueblo sea el ente que pueda dirigir, revisar, ordenar y sancionar a las demás partes del Estado que no cumplan con la protección de los PIA”.
Históricamente, según Roberto Narváez, la frontera del territorio para los pueblos en aislamiento ha sido impuesta con un criterio donde los intereses petroleros han prevalecido sobre los derechos humanos. Dice que las 50 000 hectáreas de zona intangible en el Parque Nacional Yasuní que supuestamente se deberían adherir después de que ganó el Sí en el referendo de febrero de este año, no son suficientes porque para estos grupos hay que considerar una zona adicional de movilidad que, según sus estudios y análisis de más de una década, deberían abarcar todo el este Parque Nacional.
Más allá de esta ampliación pendiente que le corresponde al Estado, lo que más ha afectado en las últimas décadas a los pueblos en aislamiento, es el petróleo. Actualmente hay nueve bloques petroleros que amenazan a los PIA por su cercanía a la zona intangible: el 14, 16, 17, 21, 22, 31, 43, 55 y 66.
En octubre de 2018, el Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, anunció que antes de fin de año se licitarán los bloques 86 y 87, en la provincia de Pastaza. Según el mapa del Ministerio de Justicia, en el área del 87 sí hay presencia de pueblos indígenas en aislamiento.
Roberto Narváez no es muy optimista y a la pregunta de quién debería tener ahora la competencia, responde: “tienen que ser decisiones bien de alto nivel… si alguien con visión de Derechos Humanos entra ahí, cambiaría todo”. Narváez recalca que el Estado debe definir lo que quiere. “Lo que quiere es actividad extractiva, quiere recursos petroleros”. Esa explotación, sin embargo, no es compatible con los pueblos indígenas en aislamiento. Al final, los PIA en Ecuador se encuentran en una situación preocupante frente a poderosos intereses económicos y ganar esa batalla no será fácil.
*Foto de portada: Indígenas Waorani. Foto de Daniela Aguilar.
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