- Dilma Ferreira Silva, coordinadora durante mucho tiempo del Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB) en la región Tucuruí del estado de Pará, fue asesinada en su casa el viernes 22 de marzo junto con su esposo, Claudionor Costa da Silva, y su amigo Hilton Lópes.
El viernes 22 de marzo asesinaron a Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB) en la región Tucuruí del estado de Pará, en su casa en el asentamiento rural de Salvador Allende junto con su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo de la pareja, Hilton Lópes.
Unas horas antes de que ocurriera el hecho, los vecinos vieron a cinco hombres en tres motocicletas frente a la casa de Silva. Poco después, comenzó a sonar música muy fuerte dentro de la casa y duró toda la noche. Según los vecinos, ese comportamiento no era habitual de la pareja.
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Estaban los tres atados y amordazados. Primero, mataron a los hombres. Luego, los asesinos cortaron la garganta de Silva.
En general, los asesinatos de los activistas que defienden el medioambiente, las tribus indígenas y el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra del Amazonas no se resuelven. Por eso, fue sorpresivo cuando se interrumpió la reunión de los líderes de MAB con el secretario de Seguridad pública y Defensa social de Pará, Ualame Machado, para informarles que se había arrestado a sospechosos del crimen.
Machado recibió una llamada telefónica de la policía civil que le informó sobre la detención del hacendado, empresario y agricultor, Fernando Ferreira Rosa Filho, también conocido como Fernando Shalom. Filho es dueño de propiedades rurales, un supermercado y un hotel en el municipio de Novo Repartimento, a 50 kilómetros (31 millas) de la represa de Tucuruí.
“El secretario Machado dijo que la resolución de este crimen era una prioridad para el estado de Pará, cuya reputación se vio afectada por tantos conflictos y asesinatos”, comentó Iury Paulino, coordinador nacional del MAB, a Mongabay. “La rapidez con la que actuó el estado en este caso demuestra que, cuando quieren, pueden movilizar recursos y encontrar respuestas. Por desgracia, el descubrimiento del culpable no soluciona el problema de los afectados por la planta (hidroeléctrica) de Tucuruí. Los crímenes no cesaran mientras siga habiendo tanta miseria y desigualdad en la región, a causa de las omisiones del estado.
Silva, que tenía 48 años, pertenecía a un contingente de 32 000 personas que fueron despojadas de sus hogares y sustentos por causa de la construcción de la presa hidroeléctrica de tucuruí en el Río Tocantins. Dentro de los grupos que tuvieron que dejar sus hogares se encuentran los Quilombolas (descendientes de esclavos fugitivos), tribus indígenas, campesinos y habitantes ribereños tradicionales. El proyecto de la presa hidroeléctrica comenzó durante la dictadura militar de Brasil en 1974. A Silva la desalojaron de su casa durante la segunda etapa de la construcción de la presa, en los años 2000.
Desde entonces, ella y miles de familias luchan por mejorar su condición de vida y obtener una compensación del gobierno por las propiedades y medios de sustento perdidos. En el asentamiento Salvador Allende, donde vivió cinco años antes de ser desalojada, en la zona rural del municipio de Baião en Pará, los servicios públicos eran y aún son precarios (si es que hay): casi no hay electricidad, tampoco agua corriente ni higiene básica. El centro de salud más cercano está a varios kilómetros de distancia y no hay transporte público. Hace dos años, el gobierno del presidente Michel Temer cortó la provisión mensual de comida básica lo que afectó a las familias que recibían un beneficio a través de un programa del BNDES (Banco de desarrollo de Brasil).
Según el Ministerio de Minas y Energía (MME), a menos 500 000 familias en Brasil no cuentan con electricidad pública. Dentro de este total, el 70 por ciento viven en la Amazonia.
La vida breve de una gran luchadora
En 2005, Silva tomó un puesto como coordinadora regional del MAB. En 2011, la activista participó en una reunión con quien era en aquel entonces la presidenta, Dilma Rousseff. En esa ocasión, Silva presentó un documento con el fin de solicitar la creación de una política de derechos nacionales para los afectados por represas de Brasil, con un enfoque en particular en las mujeres. El gobierno no adoptó la política.
Silva obtuvo una mención notable en el 2010 en un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que identificó la existencia de un patrón sistémico de violaciones de derechos humanos en la construcción de presas a lo largo de Brasil.
Días antes del asesinato de Silva, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, recibió a representantes del movimiento MAB en Génova, Suiza. El objetivo del viaje era llamar la atención a la difícil situación de las miles de familias que son víctimas de violaciones a los derechos humanos debido a las presas de Brasil; lo que incluye presas de río y también presas de residuos mineros. La rotura de una presa de residuos en Brumadinho este año mató a cientos de personas y hace tres años otra falla en una presa causó 19 muertes en Mariana. Ambas represas se encuentran en el estado de Minas Gerais y están vinculadas a la compañía minera brasileña Vale.
En un comunicado, la Oficina en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó que “condena el asesinato de la defensora de los derechos humanos y coordinadora regional del Movimiento Afectados por Represas de Brasil, Dilma Ferreira da Silva; su Marido, Claudionor Amaro Costa da Silva y Hilton Lopes”. La declaración también solicitó “a las autoridades brasileñas que lleven a cabo una investigación completa e imparcial de estos asesinatos, para que se responsabilice a los culpables”.
La ACNUDH enfatizó que “el gobierno brasileño tiene la responsabilidad de garantizar una protección completa a los defensores de los derechos humanos del país para que puedan cumplir su función primordial en la sociedad, en especial en cuanto a la defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables”.
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En la Cámara de Diputados de Brasil, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías (CDHM), Helder Salomão; pidió al gobernador de Pará Helder Barbalho y al secretario de Seguridad Púbica y Defensa Social, Ulalame Machado, que tomen medidas con rapidez para investigar el asesinato.
Estos tres asesinatos fueron parte de una ola de violencia en el Amazonas contra el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y los activistas indígenas y ambientales que se agravó durante la campaña del candidato presidencial derechista Jair Bolsonaro y que no se detuvo desde que asumió la candidatura en enero. El gobierno de Bolsonaro no hizo una declaración pública para condenar los recientes asesinatos. El gobernador del estado de Pará hizo una declaración breve en Twitter.
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