- A finales de 2024, tres directores y un jefe de áreas naturales protegidas fueron destituidos de sus cargos.
- Uno de ellos ya ha sido restituido tras iniciar un proceso administrativo.
- La reciente separación del cargo del director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Ministro del Ambiente y Agua también dejan en evidencia las dificultades que atraviesa el sector.
- La minería en áreas protegidas es el principal foco de conflicto entre guardaparques y autoridades políticas.
Una nueva crisis remece el sector ambiental en Bolivia. El último jueves 16 de enero fue destituido el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades y uso indebido de bienes del Estado. Un día antes, el miércoles 15, Humberto Alan Lisperguer, ministro de Ambiente y Agua también había sido destituido en medio de un escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
La salida del director de Sernap ocurre tras dos semanas de tensión en el sector debido a una serie de despidos de guardaparques y directores de áreas protegidas que ejecutó Johnson Jiménez el último día de 2024 y que han sido catalogados de injustos. Ese 31 de diciembre Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni; Guido García Carballo, director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco; Aníbal Alfaro, director de la Reserva de Sama; y Gonzalo Gutiérrez, director del Parque Nacional Sajama, recibieron un memorando que les anunciaba su destitución.
Tras los despidos en las áreas naturales protegidas, diversas instituciones y gremios de guardaparques de las áreas protegidas emitieron comunicados rechazando las destituciones de sus colegas, que consideraban injustas. Además, en todos los pronunciamientos se solicitaba una auditoría integral, imparcial y transparente de Sernap, así como la renuncia de Johnson Jiménez.
Despidos en las áreas protegidas
“Esta persecución venía de hace bastante tiempo atrás por el tema de minería ilegal y el seguimiento del tráfico de colmillos de jaguares”, dice Uzquiano a Mongabay Latam sobre los motivos que impulsaron su salida.
Uzquiano, quien también es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), ha denunciado, en varias oportunidades, las amenazas a las que están expuestas las áreas protegidas en las que trabajaba, principalmente la presencia irregular de minería aurífera que ocurre en el Madidi. Estas acciones en defensa del medio ambiente le costaron su trabajo en una anterior oportunidad, en 2015, pero tras un proceso legal logró regresar a su puesto.
En esta oportunidad, y tras un recurso legal presentado por la Defensoría del Pueblo, Uzquiano también ha sido restituido. El 13 de enero, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a favor del guardaparque y ordenó su reincorporación inmediata al considerar que su desvinculación constituyó un acto de hostigamiento.
La institución de Justicia también determinó que se establezcan “medidas de protección a favor de Marcos Enrique Uzquiano Howard, cuando se pretenda amedrentar u hostigar su labor como Jefe de Protección de la Reserva Biosfera Estación Biológica del Beni”, según dijo el magistrado durante la audiencia.
Luego de la decisión de la Sala Constitucional, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la sesión fue histórica y que marcó “un hito en la defensa de la Madre Tierra y de los derechos ambientales”. Callisaya también destacó que la Sala Constitucional haya reconocido “que los defensores de derechos humanos en materia ambiental gocen de una protección especial y que en el ejercicio de esa función no puedan ser objeto de ningún tipo de hostigamiento”.
Uzquiano también enfrenta una demanda administrativa por parte de Sernap. “Realmente es una persecución constante y creo que lo mío ya no es un caso aislado. Hay un manejo oscuro de las áreas protegidas, contaminado con indicios de corrupción”, comentó.
Uzquiano señala que entre las causales por las que se le abrió el proceso administrativo figuran las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales, como la alerta que lanzó por los incendios forestales de 2024 en el Parque Nacional Otuquis o la denuncia sobre la muerte de un jaguar presuntamente atropellado y descuartizado dentro de una empresa china en Cochabamba.
Sin embargo, para Uzquiano las razones de su despido se debe principalmente a las denuncias que ha hecho contra la presencia de extracción minera y otras actividades ilícitas que ocurren dentro de las áreas protegidas. En 2023, Uzquiano y el guardaparque Raúl Santa Cruz fueron acusados de difamación por los mineros que operaban en el Parque Nacional Madidi, luego de que publicara en sus redes sociales sobre el ingreso de una gran caravana de maquinaria pesada en el Madidi. En esa oportunidad ambos fueron absueltos.
Guido García Carballo, director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco, es otro de los directores de área protegida que ha sido destituido de su cargo. “He sido maltratado en muchas oportunidades”, comenta en conversación con Mongabay Latam.
García recuerda que en 2017 también fue despedido cuando era director del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, pero tras una serie de protestas fue restituido en su cargo. Actualmente García ha presentado un recurso de reconsideración para ser restituido en su puesto y espera que los resultados sean favorables, como han sido con Uzquiano.
“Mis derechos han sido violentados. Ha sido totalmente ilegal que me envíen la notificación [de despido] vía la aplicación WhatsApp cuando yo estaba todavía de vacaciones”, asegura García sobre su destitución.
El ex director del Kaa Iya también habla sobre las carencias que enfrentan los guardaparques para realizar sus labores. “No tenemos fondos para la logística, los vehículos están en malas condiciones y tenemos que estar todo el tiempo gestionando fondos para que los reparen. Generalmente son las instituciones de la cooperación internacional las que nos ayudan”. García también señala que los recursos internacionales se han reducido en los últimos años.
García menciona que el Parque Nacional Kaa Iya enfrenta serias amenazas, como la presencia de nuevos asentamientos interculturales y el tráfico de tierras en el entorno del área protegida. “Hay muchas actividades ilícitas que hemos denunciado y parece que nuestras denuncias afectan a ciertos intereses, por eso toman ese tipo de decisiones”.
La crisis que enfrenta el sector ambiental y sobre todo las áreas naturales protegidas no es reciente. En enero de 2021, un despido masivo de directores en las áreas naturales protegidas también causó rechazo en Bolivia. En ese momento 18 directores de áreas protegidas y siete jefes de protección, además de personal técnico especializado del Sernap, fueron despedidos.
Las denuncias a las autoridades
El jueves 16 de enero, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien de manera interina ha asumido el ministerio de Ambiente y Agua, ordenó la destitución de Jhonson Jiménez, director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Su salida se debe a las recientes denuncias sobre el uso de bienes y personal del Estado para supuestos fines privados e incluso la organización de presuntas fiestas.
Estas acusaciones se suman a otras denuncias por irregularidades en el manejo de Sernap. La senadora Cecilia Requena señaló que se trata de un logro de la movilización ciudadana y ambientalista. “Hemos estado pidiendo esta destitución por varios indicios de malos manejos en el Sernap”, dijo Requena, y mencionó la carta que la Unión Europea envió a inicio de 2024 para pedir información a Sernap sobre posibles irregularidades. “Hay evidencias enormes de que ha habido una red de corrupción grande, por eso, me parece bien que se intervenga y que se haga una investigación a fondo sobre el tema”, agregó la senadora.
En febrero de 2024 la Unión Europea (UE) envió una carta a Sernap para transmitir su “preocupación por supuestos casos de irregularidades en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas”. En el documento, la UE solicita que se le informe de “posibles irregularidades y casos de fraude detectados en la gestión de ambos convenios con la UE, así como de las medidas mitigantes adoptadas por su Ministerio para la prevención y/o corrección de las mismas”. Se refiere a los convenios “Adaptación al cambio climático mediante la gestión y gobernanza de cuencas hidrográficas, bosques y gestión de riesgos de desastres” y “Gestión integral del agua y recursos naturales”.
Mongabay Latam se comunicó con Johnson Jiménez, cuando aún era director de Sernap para solicitar su versión de los hechos. En un primer momento indicó que se encontraba de viaje pero que al día siguiente nos daría una entrevista. Sin embargo, no volvió a responder en los días sucesivos a nuestra primera comunicación. Insistimos hasta el cierre de la edición, pero no obtuvimos respuesta.
La destitución del ministro de Ambiente y Agua, Humberto Alan Lisperguer, agrava aún más la situación del sector en Bolivia. Lisperguer ha sido acusado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por los supuestos delitos de corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes.
Según la acusación, Lisperguer cuenta con nueve inmuebles que no fueron registrados en su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, además de que recibió más de un millón de bolivianos en sus cuentas bancarias, cifra que no coincide con sus ingresos como funcionario público, informó el fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo.
“Luego de haberse hecho pública la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda. Confiamos en que la Justicia investigará los hechos y pormenores del caso para dar su veredicto. Nuestro gobierno, en cumplimiento al mandato del pueblo, no tolerará ningún indicio o acto de corrupción”, señaló el presidente de la República, Luis Arce, luego de dictar la destitución del funcionario del sector ambiente.
Lisperguer no ha dado declaraciones tras la destitución. Mongabay Latam solicitó la versión del Ministerio del Ambiente y Agua sobre estos hechos, pero hasta el momento no brindaron respuesta.
Áreas protegidas bajo amenaza
“La principal amenaza para las áreas protegidas es la minería ilegal”, dice Uzquiano sobre los riesgos que enfrentan las zonas de conservación. “Cuando vamos a una zona donde están los mineros, dicen que tienen convenio con las autoridades de arriba y que les han dicho que trabajen nomás, que no va a pasar nada. Nosotros nos exponernos para hacer cumplir las normas ambientales y hay gente que está en niveles jerárquicos que está transando con nuestro servicio”, cuestiona el guardaparque.
“Hay un fomento de la minería dada la situación económica crítica que está atravesando Bolivia y cierto permisivismo estatal de las actividades mineras, muchas de ellas ilegales. Hay un fuerte acecho a las áreas fiscales disponibles y a las que están en reservas y áreas protegidas”, agrega el jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni.
Ruth Alipaz, lideresa del pueblo indígena Uchupiamona y dirigente de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), señala que las políticas del Gobierno que no benefician a las áreas protegidas vienen desde hace muchos años atrás. “Si hacemos un recuento de cómo se ha venido debilitando la protección de las áreas protegidas vemos que cuando Evo Morales asumió la Presidencia empezó a poner en los altos cargos del sector ambiente a personas que eran afines al partido del Gobierno y no a personas que conocieran sobre la necesidad de proteger el agua o proteger el medio ambiente”.
Alipaz agrega que en los últimos 20 años se han cambiado las políticas públicas sobre las áreas protegidas. “Han cambiado los planes de manejo de las áreas protegidas, han flexibilizado la consulta previa y las han abierto para exploraciones petroleras. El Madidi está siendo invadido por la minería. Ellos (el Gobierno) tienen que responder a sus bases de interés político y cederles espacios”. La lideresa indígena cree que existe interés por parte del Gobierno por “desaparecer las áreas protegidas”.
Erick Fortón Rojas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), señala que constantemente se hacen denuncias sobre la presencia de minería dentro de las áreas protegidas, así como por el interés del Gobierno de querer habilitar carreteras y entregar concesiones para hidrocarburos en estas zonas de conservación.
“Hay cambios constantes en la normativa, uno de los más preocupantes se dio en 2018, cuando se cambió la reglamentación sobre las actividades, obras y proyectos que se pueden realizar dentro de las áreas protegidas. A partir de entonces se ha visto una arremetida sobre las áreas protegidas”, señala Fortón Rojas.
El investigador de Cedib también cuestiona las presiones que ejerce el sector minero para operar dentro de las áreas protegidas. “Se ven irregularidades en las aprobaciones que se dan a los sectores interesados en operar dentro de las áreas protegidas”. En el caso de la minería aurífera, dice Fortón, el Gobierno no da respuestas sobre cómo atenderá, por ejemplo, a las poblaciones y comunidades indígenas afectadas por el uso del mercurio en la actividad minera. En cuanto a los hechos de corrupción que rodean al sector ambiental, Fortón señala que estas acciones “parece que forman parte de una estructura que está incrustada en el sector”.
Imagen principal: El Parque Nacional Madidi es una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo. Poco a poco la minería está destruyendo está reserva. Foto: Iván Paredes
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