- A fines de abril el presidente Duque anunció que la gran operación Artemisa ─una estrategia principalmente militar─ busca frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la tala y quema de bosque.
- Los Parques Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos recibirán la mayor atención en la primera etapa de Artemisa. Luego se ampliará al resto del país.
- Los expertos creen que la intervención militar debe ir acompañada de una estrategia integral de presencia del Estado. Formalización de tierras, ordenamiento del territorio y oportunidades para los campesinos que habitan en áreas protegidas son indispensables para obtener resultados.
Desde 2016 la tasa de deforestación en Colombia viene en aumento. En ese año se ubicó en 178 597 hectáreas, un incremento del 44 % frente a 2015. Para 2017 la cifra pasó a 219 973 hectáreas, un 23 %. Las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ─aunque aún no publica la cifra oficial─ indican que para 2018 la tasa podría ubicarse entre las 280 000 y 300 000 hectáreas.
La tendencia deforestadora en el país también fue confirmada por un informe mundial publicado por el World Resources Institute (WRI) que reveló que durante el 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas en el mundo. Colombia fue el cuarto país con mayor pérdida de bosques, solo superado por Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo.
El escenario es preocupante y esto llevó a que el pasado 28 de abril el presidente Iván Duque viajara hasta el Parque Nacional Natural Chiribiquete en compañía de altos mandos militares; el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano; el ministro de Defensa, Guillermo Botero; la subdirectora de Parques Nacionales, Carolina Jarro, y el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Allí anunció el lanzamiento de la operación Artemisa, una estrategia con un gran componente militar y judicial para atacar la deforestación.
Duque definió tres objetivos: el primero es parar lo que denominó como “la hemorragia deforestadora de los últimos años”, el segundo es recuperar la selva húmeda tropical y finalmente, judicializar a quienes están detrás de la cultura deforestadora. ¿Será Artemisa suficiente para evitar la pérdida de bosque principalmente en la Amazonía, una región que concentra más del 60 % de la deforestación del país? ¿Las medidas se toman a tiempo, serán eficientes y se concentran en las zonas ambientales más sensibles? ¿Qué más se necesita? Son algunos de los interrogantes que quedaron después del anuncio.
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Gran despliegue militar
El país necesitaba acciones contundentes. La deforestación preocupaba en Colombia pero hasta el momento no se había dado un mensaje claro por parte del Estado de que no se tolerarían las actividades de tala y quema. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, le aseguró a Mongabay Latam que se necesitaba que fuera el presidente quien asumiera el liderazgo de este tema de prioridad nacional. “Es una señal importante. Se requiere la acción de diversas entidades y el único que realmente puede convocarlas es él”, dice.
El presidente Duque dijo que inicialmente las acciones se concentrarán en el Parque Nacional Chiribiquete y en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM); en tres de los Parques Nacionales que lo conforman: Picachos, Macarena y Tinigua. “Posteriormente se va a extender (Artemisa) a todas las divisiones del Ejército, unidades de infantería de la Armada, Policía y Fuerza Aérea”, afirmó el primer mandatario.
Si bien Artemisa también busca involucrar a entidades locales y Fiscalía, está claro que su principal campo de acción será el militar. “Esta Operación está enmarcada dentro de la Política de Defensa y Seguridad, artículo 4: ‘Preservar y defender el agua, la biodiversidad, los recursos naturales como activos estratégicos de la nación’”, le dijo a este medio el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército de Colombia.
La Brigada contra la Minería Ilegal, 6 Batallones de Selva, 6 Batallones de Infantería de Selva, 10 Batallones de Alta Montaña, 19 Batallones Especiales Energéticos Viales y 4 Batallones contra el Narcotráfico, serán los principales encargados de desarrollar “de manera permanente operaciones militares para proteger el medio ambiente”. Martínez asegura que Artemisa integrará la inteligencia militar para combatir las economías ilícitas que depredan los ecosistemas.
El camino ya se venía abonando. En el 2018 se tuvo a 56 oficiales de Ejército especializados en temas ambientales, 281 gestores ambientales y 7454 soldados capacitados en servicio ambiental. Además, el nuevo servicio militar obligatorio está destinando el 10 % de las personas incorporadas para el servicio militar ambiental.
“La decisión de entrar con el componente militar es importantísima. Las áreas protegidas en Colombia se perciben más como vacíos de autoridad que como prioridades del Estado, particularmente en la Amazonía, donde prevalece una cultura de colonización campesina, no hay propiedad formal de la tierra y la gente va haciéndose a la propiedad rural a través de procesos de tala”, asegura Carolina Urrutia, directora de Parques Cómo Vamos, una iniciativa de 10 organizaciones de la academia y la sociedad civil colombiana.
Urrutia asegura que es una señal muy clara de que al Estado sí le interesan sus áreas protegidas y que va a haber un castigo para el que se meta en ellas. Sin embargo, le preocupa que las demás instituciones locales, regionales y nacionales no están preparadas para tomar las acciones preventivas necesarias para que los operativos sean funcionales. “Los campesinos tendrían que tener alternativas para salir de los Parques y eso no está pasando. El sector agropecuario está en pañales con la formalización de tierras y ofertas productivas alternativas”, asegura.
El exministro Manuel Rodríguez coincide con lo anterior. Está convencido que las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia son claves en la lucha contra la deforestación pero que esto no es suficiente. “Se requiere una intervención integral con Ministerios como Salud, Educación y Agricultura para proveer bienes públicos y asegurar la presencia del Estado”.
Y es que, para muchos, Artemisa es una solución tardía pues la presencia integral del Estado en estos Parques Amazónicos priorizados debería estar garantizada hace mucho tiempo. “La presencia militar es una solución de emergencia, es obvio que otros actores entraron antes. Hubiera sido mucho mejor una llegada coordinada con todas las entidades y que no se necesitara una fuerza militar masiva”, recalca Carlos Fonseca Zárate, exdirector del Ideam y de Colciencias y actual director de la Corporación Simbiosis.
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Formalización de tierras y un Estado presente
Si hay un punto en el que coinciden todos los expertos consultados por Mongabay Latam es que el Estado debe entrar a la Amazonía no solo con Fuerza Pública sino con salud, educación y reformas y oportunidades reales en la ruralidad. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) comenta que hace falta, “y siempre ha faltado”, una política de tierras alrededor de los Parques Nacionales. “Es totalmente inocuo y contraproducente hacer este tipo de estrategias sin que haya política de tierras de manera paralela. Se convierte en algo meramente represivo y es cuestión de tiempo para que se vuelvan a dar procesos de invasión. Eso aplica para cualquier zona”.
Para Botero, la ocupación de tierras en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá es de grandes latifundios, un problema crítico que todavía no se aborda. “No sé por qué, década tras década, se persiste en no tener estrategias que sean integrales y volvemos a caer otra vez en ejercicios militares que quedan en un gran vacío”, asegura.
Hay un clamor constante en el sector ambiental colombiano: formalización de la tierra y ordenamiento del territorio. De hecho, insisten en que esto es lo primero que se debería hacer para que las intervenciones militares tengan el impacto y la eficiencia que se espera. “Necesitamos a los militares con Artemisa y a la Agencia Nacional de Tierras con una estrategia de formalización de la propiedad para ofrecerles tierras a quienes están en este momento en los Parques. Son muchísimas intervenciones las que se deben hacer al mismo tiempo”, comenta Carolina Urrutia de Parques Cómo Vamos.
Y es que la entrada militar a estos territorios ya ha reforzado los conflictos históricos entre campesinos y Estado. El reto está en saber manejar estas situaciones porque, si algo dejó claro el discurso del presidente Duque, es que desistir de una intervención militar para recuperar las áreas protegidas del país no es una opción.
Tanto el operativo de octubre de 2018 en el Parque Picachos ─donde se decomisaron 800 cabezas de ganado─, como el realizado este 15 de abril en Chiribiquete ─donde se capturaron 10 personas y se recuperaron 120 hectáreas─, contaron inmediatamente con fuertes declaraciones de asociaciones campesinas y de Derechos Humanos que indicaban presuntas malas actuaciones por parte de las autoridades y la afectación de pequeños campesinos que no tenían nada que ver con las mafias deforestadoras y que, incluso, en muchos casos, llevaban décadas viviendo en el lugar.
El tema es complejo. Muchas personas llevan generaciones asentadas en algunas áreas protegidas, pero también es cierto que hay campesinos que trabajan para los grandes terratenientes que talan los bosques. “Sé que el operativo de Picachos fue una operación muy seria a partir de un expediente que montaron en Parques Nacionales. Eso fue hecho con mucha información”, dice Manuel Rodríguez y agrega que “entran las fuerzas de seguridad y la estrategia de los terratenientes es poner por delante a muchos campesinos que trabajan para ellos. Por eso se crea esa gran confusión”.
Eso seguirá pasando si no se adoptan medidas estructurales. Carolina Urrutia cree que debería haber una línea muy clara, donde se establezca que quien haya entrado al área protegida antes de una fecha dada ─puede ser la firma de paz con las Farc, la fecha de declaratoria del área protegida o la instalación de las mesas de negociaciones con los campesinos─ son los únicos con los que se debe negociar. “El que haya entrado después debe ser sacado de ahí. No hay otra forma”.
Para ella, el problema no es que no haya tierra para los campesinos que viven en las áreas protegidas, sino que nada es formal y es muy difícil entregarle tierra a la gente a cambio de que salga de los Parques.
“Ves la precariedad del Estado en sus oficinas de la Agencia Nacional de Tierras, en el desarrollo del catastro multipropósito y en la recuperación de información catastral”, cuenta Rodrigo Botero. Además, para él, se necesita que estos procesos no solo se den en los Parques Nacionales sino en las áreas de reserva forestal que están siendo invadidas por la agroindustria “y eso no se está tocando”. “Hay procesos de invasión en resguardos indígenas y ese tema no se toca. Acumulación de tierras en reservas campesinas y tampoco se toca”.
Si bien la operación Artemisa prioriza las áreas protegidas más críticas en este momento por su acelerada deforestación, Carlos Fonseca, exdirector del Ideam y de Colciencias, también cree que es un intento del gobierno por dar respuesta a la orden de la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y le ordenó al Estado protegerla. Sin embargo, dice que no se le dio prioridad a otras zonas críticas como Putumayo, la ciudad de Tumaco en el departamento de Nariño y la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
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Artemisa por un lado y la meta de deforestación por otro
Mientras el presidente Duque anunció una ofensiva implacable contra la “hemorragia deforestadora” con Artemisa, la meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 ─la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio─ es calificada por muchos como poco ambiciosa y de ahí que parezcan dos directrices que van en sentidos opuestos.
La polémica se dio cuando se conoció que el PND planteaba un incremento cero en la tasa de deforestación. En otras palabras, esto significa que la tasa anual de deforestación no subiría pero tampoco bajaría. El gobierno nacional estaría tolerando una pérdida de bosque de cerca de 220 000 hectáreas al año, es decir, cerca de 900 000 hectáreas en el cuatrienio. “Plantearse esto como una gran meta política es totalmente absurdo”, dice categóricamente Manuel Rodríguez.
Rodríguez asegura que nadie espera que el gobierno llegue a deforestación cero de aquí a cuatro años, pero sí que, por lo menos, la deforestación neta ─diferencia entre lo que se deforesta y lo que se reforesta y restaura─ sea cero. “El país está en mora de hacer un gran programa de restauración y reforestación”, dice.
Por su parte, Carlos Fonseca cree que el gobierno justifica las altas tasas de deforestación bajo el argumento de que esto siempre sucede en la época de posconflicto de los países que estuvieron en guerra. “No nos anticipamos y ahora lo que queremos es justificarlo. Teníamos que haber desplegado toda la capacidad y creatividad, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación no se ha involucrado en esta lucha para trabajar en agroecología, teníamos que haber empleado el impuesto al carbono para cambiar hacia sistemas silvopastoriles y eso no ha sucedido”, comenta.
La polémica no para ahí. Otra mirada a la meta de deforestación del país indica que el país se trazó un objetivo realista. Rodrigo Botero lo resume de la siguiente manera: “están diciendo abiertamente que no tienen la capacidad para detenerla”. Lo que para él resulta preocupante es que el sector ambiental no tiene la capacidad técnica, operativa y financiera para evitar la deforestación. Y no solo eso, sino que tendría que ser una meta de todas las instituciones del Estado “y yo no las veo comprometidas”.
Carolina Urrutia asegura que las metas del Plan Nacional de Desarrollo casi nunca se cumplen, pero son marcadores importantes de hacia dónde quiere ir el país. “Decir que vamos a permitir la deforestación de más de 900 000 hectáreas en estos tres años que faltan es un mensaje terrible. Si el Estado de verdad quiere repensar sus propias políticas e intervenciones, la meta tendría que ser mucho más ambiciosa”, concluye.
*Imagen principal: El Presidente Iván Duque sobrevoló el 28 de abril la Serranía de Chiribiquete antes de oficializar el lanzamiento de la Operación Artemisa, para combatir la deforestación. Foto: Efraín Herrera – Presidencia de Colombia.
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