Desde 2016, Santiago Pedro e indígenas de otras comunidades totonacas como San Felipe Tepatlán y Altica, ubicadas a cerca de cinco horas de la Ciudad de México, se organizaron para evitar la construcción de una hidroeléctrica en la parte alta del río Ajajalpan.

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 —que impulsa la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro— planea construir una cortina de 45 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. De acuerdo con el permiso que otorgó la Comisión Reguladora de Energía, esta hidroeléctrica generaría electricidad para el uso de empresas privadas, entre ellas WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia.

Las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica buscaron asesoría en organizaciones que acompañan a comunidades en la defensa de sus derechos, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Fundar, el Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Tiyat Tlali.

En 2016 presentaron un amparo y lograron que se suspendiera la construcción de la hidroeléctrica hasta que se resolviera el litigio. A partir de entonces, quienes se oponen a la hidroeléctrica, así como sus abogadas, han denunciado ser víctimas de campañas de descalificación, hostigamiento, amenazas e incluso sostienen que han sido acusados de delitos como lesiones contra de funcionarios del municipio.

Las acciones de intimidación en contra de los defensores del río se incrementaron a partir del 10 de octubre pasado. Ese día, un juez del estado de Puebla negó el amparo solicitado por las comunidades, pese a que un peritaje ambiental alertó de los daños al ecosistema que ocasionaría la construcción de la hidroeléctrica; además de que se presentaron pruebas de que las autoridades federales no realizaron una consulta previa, libre e informada.

Es preciso señalar que los permisos para la hidroeléctrica se entregaron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. En la actual administración, las autoridades ambientales no se han manifestado sobre la viabilidad de la obra.

No solo el río, el bosque también se afectaría

 

Los daños que la hidroeléctrica causaría al río y a los ecosistemas de la región se alertan en un peritaje ambiental que se realizó, en abril de este año, como parte del juicio de amparo.

Mongabay Latam tuvo acceso a un documento firmado por la bióloga Georgina Yoalhy Ramírez Villalobos, perito profesional en delitos ambientales, en el que señala que la hidroeléctrica afectará a diversas especies de peces, a la formación de suelos y a la calidad del agua.

“Las consecuencias de realizar una tubería de conducción, para posteriormente hacer pasar esta agua a través de una turbina, generará afectaciones irreversibles a las poblaciones de peces”, señala el peritaje. Y resalta que este daño podría también tener un efecto en anfibios, reptiles, aves y mamíferos, “generando alteraciones en las cadenas tróficas”.

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El proyecto —se señala en el documento— generará cambios en la calidad del agua y cambios drásticos en la disponibilidad de oxígeno presente en el río, lo que tendrá consecuencias en la alteración del hábitat de las especies de fauna acuática.

Además, resalta que “al disminuir la cantidad de agua que llegaría río abajo, debido a la construcción del embalse”, afectaría de manera directa a los remantes de bosque mesófilo de montaña.

La bióloga hace énfasis en destacar la importancia de preservar este tipo de bosques, ya que son “los ecosistemas terrestres más amenazados a nivel nacional”. Además de que se distinguen por la diversidad de especies que albergan y los servicios hidrológicos que otorgan. “Este tipo de bosque posee un alto valor para la conservación biológica con muchas especies de flora y fauna que se encuentran en categorías de riesgo”.

En el peritaje también se menciona que, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa solo consideró los impactos que provocará la preparación del sitio y construcción del proyecto, pero no tomó en cuenta los daños que ocasionaría la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica durante los 30 años que prevén tenerla funcionando.

Las alertas del peritaje ambiental no fueron tomadas en cuenta por el juez, quien decidió negar el amparo a las comunidades.

Seguir con la defensa del río

 

“No vamos a permitir que entren a nuestro territorio. No nos respetan. Nos amenazan y están dividiendo a las comunidades”, advierte Antonio Márquez, indígena totonaca, habitante de la comunidad de San Felipe Tepatlán y también integrante de los Comités de Defensa del Río Ajajalpan.

Márquez resalta que no solo se trata de defender el río, sino la vida de los pueblos, ya que de las aguas del Ajajalpan dependen sus cultivos de café, así como la biodiversidad que hay en esta región de la Sierra Norte de Puebla. Es por ello que, dice, las comunidades continuarán dando la batalla legal.

Itzel Silva —abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación— y Diana Pérez —abogada del Consejo Tiyat Tlali— explican que impugnarán la sentencia del juez, por lo que la empresa aún no podrá comenzar la construcción de la hidroeléctrica.

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Las abogadas explicaron que en las últimas semanas se incrementaron los actos de intimidación en su contra, así como acciones para dividir a las comunidades.

Por ejemplo, se reactivó una carpeta de investigación que, supuestamente ya estaba cerrada, en contra de las abogadas y de integrantes de los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, acusándolos de lesiones en contra de funcionarios del municipio de Ahuacatlán.

Además, se han repartido volantes en las comunidades para descalificar el trabajo de las abogadas de Fundar, del Consejo Tiyat Tlali y de IMDEC.

Ante estas intimidaciones, el pasado 31 de octubre una decena de organizaciones nacionales e internacionales —entre ellas Amnistía Internacional— realizaron un llamado al Estado mexicano para garantizar la protección de los defensores del río y la Sierra Norte de Puebla.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, recordó que México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Tan solo en 2019, dijo, 12 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas.

Abrir la puerta a los megaproyectos

 

Los integrantes de los Comités de Defensa el Río Ajajalpan no bajan la guardia. Saben que si lo hacen se abrirá la puerta a otros megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla.

Y es que las aguas del río Ajajalpan están en la mira de las empresas desde hace diez años.

En 2012, Grupo México intentó construir una hidroeléctrica, pero se enfrentó con una fuerte oposición de las comunidades indígenas totonacas y su proyecto no prosperó.

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Silvia Villaseñor, integrante del Consejo Tiyat Tlali y miembro de IMDEC, resalta que las luchas que dan comunidades indígenas para defender sus formas de vida también son una defensa de ecosistemas que son vitales, sobre todo en un contexto de crisis ambiental como la que se vive en la actualidad.

Villaseñor resalta que con el proyecto de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan está en juego el futuro de las comunidades totonacas, pero también buena parte de la Sierra Norte de Puebla y no lo dice como metáfora. Hay datos que muestran que este territorio tiene una fuerte presión ante una avalancha de megaproyectos.

Las comunidades, con asesoría de organizaciones como IMDEC, han realizado mapeos para ubicar los permisos y concesiones que diversas instancias del gobierno federal han entregado para instalar minas, hidroeléctricas o realizar extracción de hidrocarburos a través del fracking. Lo que muestran esos mapas es que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte ha sido concesionado a diversas empresas.

* Imagen principal: En 2016 las comunidades de San Felipe Tepatlán y Altica se organizaron para hacer frente al proyecto Hidroeléctrico Puebla 1. Foto: Cortesía Fundar.

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Artículo publicado por thelma gomez
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