- Aunque la empresa asegura que el derrame no provocó daños ambientales, científicos aseguran que, a nivel local, peces, mamíferos marinos, algas, moluscos, etc, seguramente murieron.
- La autoridad ambiental en México aseguró que investigará a la empresa por 22 accidentes, dentro de los cuales destaca el derrame de 40 000 litros de lixiviados en el río Sonora en 2014, el mayor desastre ambiental registrado en el país.
Luego de que el pasado 9 de julio la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, derramara 3000 litros de ácido sulfúrico en el Golfo de California, los mexicanos salieron a protestar exigiendo se le retire la concesión minera al consorcio transnacional.
La empresa minera, la más grande del país, y que por ahora mantiene clausurada parte de sus instalaciones en el puerto de Guaymas por orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), asegura que no hubo impactos al medio ambiente. Los científicos que han seguido este caso, sin embargo, argumentan que el daño local es innegable.
A la espera de que la autoridad ambiental entregue su veredicto respecto a los impactos reales de este derrame, organizaciones ambientales y ligadas a la investigación de la industria extractiva en México piden que las sanciones que se le impongan a la empresa tomen en consideración el amplio historial de desastres ambientales que tiene la compañía.
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Los impactos del derrame de ácido sulfúrico
Fue en la Terminal Marítima de Guaymas donde, debido a la falla en una válvula, se produjo el derrame de ácido en el también conocido Mar de Cortés. Este es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina, en Peligro Crítico de extinción.
Según comunicó la empresa, el ácido sulfúrico se diluyó rápidamente por lo que calificaron el derrame como inofensivo. “Se determinó que no hubo afectación a la flora ni la fauna de la zona portuaria, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Marina”, señala la compañía en un comunicado. Sin embargo, los científicos que estudian el caso no opinan lo mismo.
Octavio Aburto, profesor e investigador del instituto de oceanografía Scripps, en San Diego, California, asegura que “si bien es cierto que 3000 litros de ácido diluidos en una gran masa de agua es muy poco, por lo que el efecto a largo plazo no existe, no hay que minimizar el impacto local a corto plazo”.
Según explica Aburto, el ácido sulfúrico es corrosivo “por lo que cualquier animal o planta directamente en contacto con la sustancia va a tener quemaduras severas”. Además, el ácido sulfúrico al disolverse en el agua provoca una disminución de los carbonatos de calcio presentes en el mar. “Esto es importante porque muchos animales como los corales o las almejas utilizan carbonato de calcio para construir sus cuerpos”, dice. Por último, el experto agrega que el ácido sulfúrico reduce también el oxígeno del agua afectando a la vida marina.
Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace en México, coincide con Aburto y explica que si bien los efectos del ácido son neutralizados al ser vertidos en tanta agua, situación que impide que haya efectos a largo plazo, un derrame de ácido sulfúrico “es una reacción química violenta que libera mucha temperatura y cambia el pH del agua”. Por lo mismo, “lo que debe haber ocurrido es que, al menos localmente, mamíferos marinos, peces, microorganismos, algas, plantas marinas, etc., hayan muerto”.
Los reales alcances del derrame están siendo analizados por la PROFEPA y hasta ahora no han emitido un informe concluyente.
Independientemente de los resultados que la investigación arroje, Julieta Lamberti, coordinadora de investigación de la organización PODER, enfatiza que “la sanción no puede solamente tener en cuenta el efecto particular que tuvieron los 3000 metros cúbicos de ácido derramados al mar. Es un principio del derecho, el criminal que reincide tiene una pena mayor”.
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El historial de Grupo México
PODER, organización con casi 10 años de experiencia que busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, tiene muy claro cuál ha sido ese historial.
El 6 de agosto de 2014, la misma mina Buenavista del Cobre derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en lo que es considerado el mayor desastre ambiental en la historia de México. Más de 25 000 personas, de siete municipios, fueron afectadas en sus actividades productivas, en su acceso al agua potable y en su salud. Lamberti asegura que las comunidades todavía tienen abiertos más de una decena de juicios de amparo. “Si tu revisas el supuesto programa de remediación ambiental, que fue dado a conocer dos años después del derrame, lo que dice es que solo hicieron acciones de remediación en los primeros 30 kilómetros del río y en el resto del área de afectación, que tiene alrededor de 250 kilómetros, solo aplicaron acciones de monitoreo”.
Así, las consecuencias de la contaminación continúan: “Siguen aumentando las enfermedades de las personas que viven cerca del río Sonora, los cultivos no crecen y la gente no toma el agua porque no tienen ninguna certeza de que no esté contaminada”, dice Lamberti.
En 2010, a raíz de la ruptura en la presa de relaves de la mina de plata de Bolaños se virtieron mercurio, plomo y arsénico al río Bolaños, en Jalisco. El desastre generó la muerte de peces y afectaciones en la salud de los habitantes de la zona.
En mayo de este año, además de este último derrame de ácido, la Unidad Minera San Martín vertió 20 000 litros de sedimentos con cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en un río de la comunidad de Sombrerete, que abastece a campos agrícolas de la zona.
Estos son solo algunos de los 22 accidentes ambientales por los que, según comunicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Grupo México será investigado por las autoridades ambientales del país.
Los desastres no han sido solo medioambientales. En 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos por una explosión causada por acumulación de gas metano. La mina del Grupo México tenía reportes de fallas de seguridad desde el 2000, asegura PODER. “Hasta ahora lamentablemente no han sido recuperados los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en ese accidente”, cuenta Beatriz Olivera, investigadora del programa Territorio Derechos y Desarrollo, del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR.
Diez años después de ese accidente, otros cinco trabajadores perdieron la vida en la mina de carbón de Charcas en San Luis Potosí, a causa de la ruptura de un cable que transportaba ocho toneladas de material.
Con toda esta lista de accidentes y conflictos, “este derrame suma una voz más en el llamado a que se le sea retirada la concesión a esta empresa y es una razón más para comenzar a hablar sobre el marco regulatorio que rige a la minería en México”, dice Olivera.
Según señala la investigadora de FUNDAR, organización que se ha dedicado a dar seguimiento a la política minera en torno a las grandes corporaciones, “existe todo un marco regulatorio sumamente laxo en torno a la minería que fortalece y privilegia a grandes corporaciones como Grupo México. Toda esta laxitud hace que empresas como esta estén operando de manera impune”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló por su parte que ejercerá sus atribuciones para aplicar la ley e “impulsará los cambios necesarios en materia de normatividad ambiental para mejorar las políticas públicas y hacer frente a los problemas regionales de emergencia que existen en el país”.
Grupo México negó que tuviera responsabilidad sobre 22 accidentes como menciona la SEMARNAT y asegura que solo se le puede vincular a dos de ellos: Guaymas y el derrame en el río Sonora en 2014. El resto son acusaciones falsas o imprecisas, dijo la empresa a través de un comunicado.
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El recelo frente a las posibles sanciones
“El ácido sulfúrico es una sustancia casi indispensable en el estilo de vida de la sociedad actual”, asegura Aburto. Principalmente fertilizantes, pero también productos que van desde las baterías de vehículos hasta plásticos, el ácido sulfúrico, en Guaymas, es empleado, por ejemplo, para separar el cobre del resto de los sedimentos.
“Somos muy dependientes del ácido sulfúrico y por lo mismo las compañías que tienen las concesiones deberían de tener la tecnología para cumplir con los protocolos de más alta seguridad, tecnología que, por supuesto, cuesta muchísimo”, dice Aburto. En opinión del científico, ganador en 2014 del premio a la conservación de la naturaleza que otorga la Comisión de Áreas Protegidas y que es entregado por el secretario de medioambiente, “las compañías, al no tener vigilancia, han bajado esos costos simplemente para tener más ganancias”.
Durante las inspecciones que la PROFEPA realizó, días después del derrame, para verificar que las obras y actividades contaran con los permisos para operar, el organismo solicitó a la empresa la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La empresa, al no presentar el documento, fue clausurada parcialmente y temporalmente por la PROFEPA.
En opinión de Olivera, la respuesta del gobierno ha sido más severa de lo que se habría esperado de otros sexenios y “nos parece que es una respuesta adecuada”, dice. Sin embargo, advierte que “todavía falta que esto se aplique porque, por ahora, no ha pasado de las declaraciones”.
Rivas, por su parte, se mantiene alerta a los resultados que arrojen los peritajes que la PROFEPA está realizando y las consecuentes sanciones que se le apliquen a la empresa. Ello debido a que “esta institución le entregó, el año pasado, seis certificados de industria limpia a Grupo México” y hoy es esta misma institución “la que tiene que ir a fiscalizar sus derrames”, dice. Además, señala que lo que hizo la autoridad ambiental “fue pedirle a la empresa su autorización de impacto ambiental. Pero eso es algo que debería hacer con cierta regularidad y no lo hizo hasta que hubo un accidente. Vemos con cierto recelo este trabajo a medias de la autoridad”.
Foto principal: Terminal Marítima de Guaymas. Foto: Autoridad Portuaria de Guaymas.
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