- El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha pedido al gobierno de Bolivia que derogue los normas que promueven las quemas y la deforestación.
- Entre la legislación figura la decisión de la Asamblea Departamental del Beni que aprobó cambios en el Plan de Uso de Suelos de esa región.
Las leyes que permiten la expansión del territorio agrícola en Bolivia están nuevamente en el centro de la discusión, luego de que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitiera una resolución pidiendo que sean derogadas.
En esta resolución, el organismo internacional conmina al gobierno de Jeanine Áñez a revocar las disposiciones legales que favorecen y alientan las quemas y la deforestación, al mismo tiempo que demanda a los gobiernos a detener las actividades de agronegocio, sobre todo aquellas que se realizan sin evaluación de impacto ambiental como la exportación de carne a la China y la producción de etanol y biodiesel que se promueven en Bolivia.
Desde los incendios ocurridos en el Chaco y la Chiquitanía, entre julio y setiembre de 2019, las normas relacionadas con la expansión agrícola y ganadera aprobadas durante el gobierno de Evo Morales han sido duramente criticadas, pues se consideran que los incendios que destruyeron más de cinco millones de hectáreas fueron promovidos por el interés de ganar tierras para la agricultura y promover las quemas controladas.
“La resolución del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza no es vinculante, pero sí ético. En el caso de Bolivia es importante porque nuestro país tiene la Constitución de la Madre Tierra”, dice Pablo Solón, director de la Fundación Solón.
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Las leyes de la discordia
El nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni, aprobado en la Asamblea Departamental del Beni, es una de las normas que ha causado controversia en Bolivia y está entre el paquete de leyes que el tribunal internacional exige derogar.
La norma, aprobada por el gobernador Alex Ferrier en octubre del 2019, durante el gobierno del expresidente Evo Morales, permitirá el cambio de uso de suelo para fines agropecuarios hasta en cinco millones de hectáreas.
Desde su promulgación, esta decisión ha sido rechazada por líderes indígenas de la región pues, según indican, no fueron consultados y tampoco informados sobre los detalles de la norma.
Esta iniciativa legal que zonifica en cinco categorías y nueve subcategorías el uso del territorio en esa región, también ha sido cuestionada porque atentaría contra las reservas naturales del departamento al priorizar las áreas agropecuarias.
“Si en el 2019 se quemaron más de cinco millones de hectáreas con los incendios forestales. Ahora esa cifra se duplicará. Estamos llegando a un punto de no retorno que impactará directamente en el modo de vida de los pueblos indígenas”, dice Alex Villca, líder indígena de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
Para Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el nuevo PLUS del Beni es parte del paquete para fomentar la ganadería, los biocombustibles y los bosques artificiales. “Son 9 millones de hectáreas más que se suman al cambio de uso de suelo”.
Villegas agrega que Bolivia tiene pocas áreas que pueden ser dedicadas a la agricultura, por lo tanto, una norma como la del Beni promueve la deforestación y los incendios forestales, como sucedió durante el 2019. “Ahora se quiere reforestar la Chiquitanía para plantar eucalipto para producir pasta de papel que no terminará con los suelos que se quemaron, sino que invadirá los bosques naturales”.
Villegas también se refiere a normas anteriores que promueven el avance de la agroindustria. Una de ellas es el Decreto Supremo 26075, emitida en julio del 2019, que autorizaba el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, además de permitir la quema controlada. Esta decisión ya se aplicaba en la región de Santa Cruz y luego se amplió para el Beni.
El decreto permite ampliar hasta en cuatro millones de hectáreas las tierras para uso agropecuario, por ello, fue muy cuestionada durante los incendios forestales que arrasaron más de cinco millones de hectáreas en la Chiquitanía y El Chaco.
“El gobierno de Evo Morales aprobó un paquete de normas incendiarias que autorizan las quemas. El trato fue con los ganaderos y soyeros. Ahora, el gobierno de transición está siguiendo el mismo camino”, comenta Villegas y agrega que la legislación que afecta los suelos debe ser derogada.
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El ecocidio en Bolivia
Tras los incendios de la Chiquitanía y los polémicos decretos, ambientalistas y pueblos indígenas presentaron el problema ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Tierra como un caso de ecocido en la Amazonía y la Chiquitanía.
La respuesta del tribunal ha sido la resolución que solicita la derogación de estas controvertidas normas y detener las actividades de agronegocios, entre otras medidas. Por ejemplo, exige a los gobiernos de Bolivia y Brasil que declararen “una pausa ecológica en las áreas quemadas y deforestadas para permitir la recuperación de dichos ecosistemas y no adoptar medidas de reforestación de monocultivos y adjudicaciones de tierras que solo terminarían de matar los bosques”.
El tribunal internacional también se ha comprometido a enviar una comisión para recabar información, especialmente en la Chiquitanía boliviana y en las regiones de la Amazonía brasileña más afectadas por los incendios.
Pablo Solón, ambientalista y director de la Fundación Solón considera que en el contexto actual de Bolivia, la resolución contribuirá a la toma de acciones para que no se repita la tragedia del año pasado. “No es un veredicto final, sino que admite el caso y plantea medidas cautelares para Bolivia y otros países”.
Solón también considera que la llegada de una comisión del tribunal internacional para reunirse con las autoridades bolivianas, las víctimas de los incendios y los científicos tendrá un fuerte impacto en el país. “Presentamos el caso ante el tribunal porque buscamos que se logre anular las leyes que facilitan las quemas. Las decisiones se deben tomar hasta el mes de julio, porque en agosto se inician nuevamente estas quemas. La visita de la comisión es parte del esfuerzo por salvar millones de seres vivos que morirían en los incendios”.
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