- Varios indígenas y líderes sociales han sido asesinados durante el aislamiento preventivo obligatorio en el país para enfrentar el COVID-19. Los agresores saben donde viven sus víctimas y estas no se pueden mover de sus casas por la medida adoptada por el gobierno.
- Los grupos armados, en lugar del Estado, son los que “a sangre y fuego” hacen cumplir la cuarentena en muchas regiones de Colombia para expandir su control territorial y actividades delictivas. En medio de ese panorama los indígenas cierran sus territorios mientras ya reportan cuatro contagiados en las fronteras con Ecuador y Venezuela.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
“La violencia no se fue de cuarentena”, es una de las frases que repiten líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Y así lo confirman también diferentes ONG y autoridades indígenas.
Desde el 25 de marzo todo el país se encuentra en aislamiento preventivo obligatorio y los pueblos indígenas ya enfrentan cuatro casos de contagio por COVID-19 en dos comunidades. Dos de ellos en el pueblo binacional Yukpa, en el departamento de Norte de Santander en frontera con Venezuela y dos más en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño en frontera con Ecuador.
Pero este no es el único peligro con el que tienen que lidiar hoy. El 23 de marzo, dos indígenas embera fueron asesinados en el norte del departamento del Valle del Cauca y otros dos resultaron heridos mientras cumplían con el aislamiento ordenado en esta región, previo al que regiría en todo Colombia. El 26 de marzo, grupos armados atentaron contra cuatro estaciones de Policía y la carretera Panamericana en el departamento del Cauca, donde habitan varias comunidades indígenas colombianas y desde el viernes 3 de abril en la noche los indígenas embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, están atrapados en medio de las balas de dos grupos armados.
El gobierno nacional ha anunciado que atenderá a los más vulnerables, entre los que se encuentran las comunidades indígenas, pero a muchos de esos territorios aún no ha llegado nada y no hay certeza de que los recursos alcancen para atender a todos los que necesitan apoyo durante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo los indígenas y líderes sociales están enfrentando la crisis sanitaria en medio de la constante violencia que se vive en muchos territorios del país?
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Indígenas asesinados y amenazados durante la pandemia
Al reto que supone atender la emergencia sanitaria, los indígenas le agregan sobrevivir en medio de la violencia que hoy está más vigente que nunca. En la noche del 23 de marzo Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, de la comunidad Buenavista de la nación embera, fueron asesinados luego de que desconocidos llegaran a su casa y los invitaran a una supuesta reunión urgente. Les dispararon a 20 metros de su vivienda en la zona rural del municipio de Bolívar en el departamento de Valle del Cauca y otros dos indígenas de la misma familia fueron heridos de gravedad.
Tres días después del asesinato de los indígenas embera, disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron varios atentados en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono y Totoró en el departamento del Cauca. “Fue presuntamente por la conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’. No tiene ninguna lógica que estos grupos ilegales, que ya no están en el marco de un conflicto armado sino de otras dinámicas delictivas, ataquen poblaciones vulnerables en la ruralidad”, le dice a Mongabay Latam Jhoe Sauca, coordinador de Defensa a la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese de actividades militares entre el 1 y el 30 de abril. “El problema ahorita son las disidencias de las FARC que no muestran ninguna capacidad política y estructural para frenar estas situaciones”, dice Sauca.
Sin embargo, desde el viernes 3 de abril a las 22:30, el ELN se está enfrentando a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio de Bojayá (Chocó), en territorio de la comunidad embera Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué. Los indígenas han reportado la explosión de al menos 10 granadas, algunos lograron huir caminando hasta la comunidad de Peñita pero la mayoría siguen atrapados en medio del fuego pues los grupos armados los tienen confinados, prohibiéndoles resguardarse en otras poblaciones.
Chocó y Cauca son dos de los departamentos más violentos para los indígenas, y en general para todo tipo de liderazgo. Desde el CRIC aseguran que tienen temor pues para frenar la expansión del COVID-19 en sus territorios han establecido puntos de control donde la guardia indígena —que se encarga de proteger a las comunidades— restringe el paso de todo aquel que no sea del territorio o que no preste servicio de actividades esenciales como el transporte de alimentos. Esto también termina por perjudicar a los actores ilegales que pueden tomar represalias contra ellos.
Los indígenas del Cauca saben que están asumiendo un riesgo pues, al cerrar sus territorios, evitan que los ilegales movilicen libremente la coca y la marihuana. De hecho, hace pocos días hubo un atentado contra uno de los coordinadores de guardia regional que “afortunadamente salió ileso y pudo refugiarse”, dice Sauca. Al dirigente le preocupa lo que sigue pasando con las amenazas en contra de indígenas en el norte del departamento, en especial en la región de Tierradentro que comprende los municipios de Belalcázar e Inzá.
“El norte del Cauca es uno de los territorios más complejos, está en disputa, es vía para el tránsito de armas y narcóticos en medio de territorios indígenas. Esto pone en riesgo a las comunidades que debido al coronavirus han cerrado fronteras”, asegura Leonardo González, director de investigaciones de Indepaz. (Aquí puede ver el listado completo de Indepaz sobre líderes asesinados en el primer trimestre de este año).
La preocupación por lo que sucede con los indígenas es compartida por Sirley Muñoz, coordinadora del Sistema de Información de la organización Somos Defensores. “En este trimestre [enero a marzo de 2020] han asesinado siete indígenas en los departamentos de Cauca, Chocó, Cundinamarca, Caquetá y Nariño”, asegura. En ese listado aún falta agregar a los dos indígenas embera asesinados en el Valle del Cauca.
“Ellos [los indígenas], junto con los campesinos, son uno de los liderazgos más perseguidos en el país. Sus luchas tienen mucho que ver con territorio y medio ambiente. Están en un riesgo muy grande en este momento”, dice Muñoz.
Por su parte, Aida Quilcue, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), comenta que han implementado un sistema de monitoreo interno “para revisar cómo están nuestras comunidades, no solo para revisar si llegó la pandemia sino la situación de emergencia que se viene dando en el territorio, que no es solo sanitaria sino humanitaria, relacionada con los asesinatos de los indígenas en el Valle o el desplazamiento forzado en Chocó”.
Quilcue dice que ONIC está fortaleciendo el contacto que tiene con sus autoridades en cada una de las regiones y estas, a su vez, con cada una de las autoridades locales. Solo en el Cauca hay 137 puntos de control con guardia indígena pero también los hay en el departamento del Huila y en el Caribe colombiano.
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El COVID-19 ya entró a algunas comunidades indígenas
La pandemia del COVID-19 ya tocó a las comunidades indígenas. La ONIC está entregando informes diarios de lo que ocurre en sus comunidades. El pueblo yukpa colombo-venezolano fue el primer afectado, pues en Cúcuta se registraron dos indígenas con COVID-19 el 26 de marzo. El 1 de abril una comunidad embera katío del Alto Andágueda en el Chocó, que vivía de alquiler en Bogotá, fue desalojada y a pesar de que la alcaldesa de la capital, Claudia López, dijo que era ilegal hacer desalojos durante la contingencia, esta es una situación que preocupa a muchos indígenas desplazados de sus territorios. Finalmente, el 3 de abril la ONIC anunció el contagio de otros dos indígenas de la etnia Pastos, que habita entre el departamento colombiano de Nariño y la provincia ecuatoriana de Carchi.
Además de esto, diversas organizaciones han denunciado la vulnerabilidad de pueblos como los wayúu, que viven en el departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano. Arrastran consigo décadas de abandono, viven en condiciones precarias, miles de sus niños han muerto por desnutrición y no tienen acceso a buena alimentación ni a agua potable. En una campaña por redes sociales, impulsada por la ONIC, los indígenas wayúu aseguran que no tienen acceso a información y a capacitación sobre cómo enfrentar esta situación de salud, no tienen hospitales cerca y no tienen cómo cumplir con una de las medidas más promocionadas para enfrentar el COVID-19: no pueden lavarse las manos frecuentemente porque no tienen agua.
El gobierno nacional divulgó el 25 de marzo una circular para “dar recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus (COVID-19) en grupos étnicos”. Estas recomendaciones son básicas y buscan implementar acciones para evitar la salida de sus territorios, limitar el ingreso de personas ajenas a las comunidades, limitar el desarrollo de actividades comunitarias o de asistencia masiva, establecer acciones para detectar casos sospechosos y desarrollar acciones comunicativas con mensajes claros y sencillos según las necesidades de cada grupo étnico.
“El gobierno ha tomado decisiones muy generalizadas. En la ruralidad la gente está muy amenazada, enfrentando la pandemia y con los grupos armados al lado. Son los mismos grupos armados los que están controlando y regulando las cosas en el territorio mientras se lucha contra el coronavirus. El gobierno no está haciendo mucho”, dice Sirley Muñoz de Somos Defensores.
Muñoz dice que la directriz del gobierno plantea que cada pueblo defina cómo manejará las cosas en su territorio pero ella no ha visto nada que hable de la protección de líderes durante la cuarentena.
Jhoe Sauca de la CRIC también habla de la ausencia del Estado. “Al momento no hay razón del gobierno, las medidas son mínimas tanto a nivel nacional como en los planes de contingencia departamentales, no tienen en cuenta nuestro sistema de salud propio”, precisa.
Sauca asegura que las comunidades indígenas del Cauca en este momento elaboran su propio plan de contingencia para presentarlo al gobierno nacional pues tienen ese derecho. “La iniciativa ha sido nuestra, demostrando que tenemos un gobierno propio y un sistema que en medio de esta crisis funciona organizadamente”, indica. Incluso, asesoran a otras comunidades indígenas del país en cómo prepararse para enfrentar la pandemia.
Lo primero que hicieron los indígenas del Cauca fue establecer unos puntos de control con las guardias y autoridades indígenas para regular la entrada y salida de personas. La segunda medida fue fortalecer el sistema indígena intercultural de salud propia. Están preparando a sus instituciones prestadoras de salud (IPS) indígenas para una contingencia y, finalmente, trabajan en educación con todas las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este momento no hay un plan de acción robusto de atención para los indígenas y otras comunidades étnicas en Colombia. Por ahora, lo único nuevo ha sido el anuncio de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien ha dicho que el gobierno ya puso en marcha la campaña #ColombiaEstáContigo #UnMillónDeFamilias donde se van a entregar un millón de mercados (canastas familiares), de los cuales 480 600 serán para comunidades indígenas, que forman parte de las poblaciones vulnerables priorizadas. “La logística para llegar a territorio está en desarrollo”, dijo, pero no se sabe aún cuándo recibirán esta ayuda.
Actualmente los territorios indígenas del Cauca no tienen ningún caso de contagio. “Hasta el momento tenemos unos resultados muy positivos pero tenemos un poco de temor porque en algunas regiones se ha perdido el rastro del virus y el Cauca no es una excepción”, sostiene Sauca. Su temor tiene un fundamento y es que Juan Carlos López, alcalde de Popayán, la capital caucana, dio positivo para COVID-19 el pasado 20 de marzo. El funcionario estuvo de viaje en Marruecos e hizo escala en el aeropuerto de Madrid y no informó de su viaje cuando regresó a Colombia. Incluso, días después tuvo una reunión en Casa de Nariño con el presidente Iván Duque para hablar de cómo enfrentar la pandemia.
López habría mentido cuando en Presidencia le preguntaron si había estado en el exterior en los últimos 14 días. Por eso, la Fiscalía General de la Nación anunció que le imputará cargos por el delito de falsedad ideológica en documento público, que contempla una pena de 64 a 144 meses de cárcel.
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Otros líderes en peligro
Jhoe Sauca, coordinador de Defensa a la vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), asegura que en algunos puntos de control ya trabajan de la mano con grupos campesinos, pues “hay muchas luchas que nos identifican y en las cuales también estamos involucrados. Eso genera un buen ambiente para esta situación que vivimos”, dice.
Los líderes campesinos también están en la primera línea de batalla en Colombia. Sirley Muñoz de Somos Defensores indica que entre enero y marzo de 2020 se dispararon los homicidios. Por ahora llevan un registro de 55 asesinatos y afirma que este ha sido el peor trimestre desde 2009, cuando se creó el sistema de información de la organización. “El año pasado tuvimos 25 asesinatos en el mismo periodo. Esto nos muestra una actividad de los grupos armados muy alta en las regiones”, explica.
Muñoz asegura que el año pasado bajaron mucho los asesinatos con relación a años anteriores pero subieron las amenazas. Esa era una señal de que en periodos posteriores aumentarían los asesinatos, en otras palabras, “las amenazas se están concretando”. También le preocupa que la ministra del Interior, Alicia Arango, ha dicho que este año solo hay ocho casos confirmados de asesinatos de líderes. “Eso por cualquier lado que lo mires no puede ser cierto”, enfatiza Muñoz.
En este momento los departamentos más peligrosos para los líderes en Colombia son Cauca, Antioquia, Chocó, Córdoba y Norte de Santander. Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos, conoce de cerca la situación que se vive en el norte de Antioquia, una de las zonas del país más azotadas por la violencia. “Los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley continuaron, eso no ha entrado en cuarentena ni se ha suspendido”, dice.
El territorio se lo disputan las disidencias de los frentes 36 y 18 de las FARC, el ELN y varias bandas criminales como los Caparrapos. Esa lucha ha desplazado a cientos de campesinos y excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz. Zuleta asegura que estos grupos armados publican comunicados diciendo que la cuarentena en las casas es dada por ellos y que la harán cumplir “a sangre y fuego”. Tener a la gente encerrada en sus casas les permite tener mayor control sobre la población y menos obstáculos para sus actividades delictivas en la zona. El aislamiento preventivo obligatorio en el país se convirtió en “un aliado” para extender su control territorial.
En esta región también se vive un conflicto socioambiental con el polémico proyecto Hidroituango. “Mucha gente no tiene casa porque fueron desplazados o perdieron su vivienda con la inundación de Hidroituango. El puesto de salud fue arrasado por la avalancha, tampoco lo han reconstruido”, señala Zuleta.
Las medidas restrictivas que se han tomado en los municipios del norte antioqueño para contener la pandemia son muy estrictas, precisamente porque no hay una buena red hospitalaria, “solo lo básico y está adecuada para la guerra y no para este tipo de enfermedades”, dice Zuleta. En caso de que el COVID-19 llegué a esta zona no habría capacidad para atender los casos y el traslado de los pacientes a ciudades como Medellín sería muy complicado.
De acuerdo con Zuleta, la población no tiene fuente de sustento para estas épocas porque se ganan la vida en el diario, “salen a pescar y no hay pescado, no hay barequeo y los que lo logran no tienen a quién venderle”. Además, muchos pescadores y barequeros son adultos mayores, hipertensos y con otras enfermedades. “No han podido salir de la casa y no tienen quien les ayude”, agrega Zuleta.
Sirley Muñoz de Somos Defensores asegura que los líderes en las diferentes regiones del país los llaman y les dicen que tienen miedo. “Hay gente en cuarentena que está amenazada, encerrada en la casa y los que amenazaron saben dónde viven. También nos han contado que a muchos les están quitando los esquemas de seguridad durante la cuarentena”, dice.
El asesinato del líder social Hámilton Gasca Ortega en el municipio de Piamonte, Cauca, es un fiel reflejo de lo anterior. En la noche del viernes 3 de abril, en plena cuarentena, Gasca fue asesinado en su casa cuando hombres fuertemente armados llegaron disparando contra toda su familia. El hombre y dos de sus hijos murieron, mientras que su esposa y su hijo menor lograron huir.
Las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades temen que si el aislamiento preventivo obligatorio se extiende, se podrían incrementar las agresiones contra los líderes. “El COVID-19 es una sombra muy buena para la violencia. La gente tiene la mirada puesta solo en el virus”, concluye Muñoz.
*Imagen principal: Los casos de desnutrición en ambos resguardos están disparados, así como las muertes de niños y mujeres embarazadas. Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana Sostenible.
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