- Juana Perea fue asesinada de un tiro en la cabeza el 28 de octubre. Su cuerpo fue encontrado frente a la estación de Policía en las playas del municipio de Nuquí, departamento de Chocó.
- El congresista indígena Feliciano Valencia sufrió un atentado en la mañana del 29 de octubre en Toribío, norte del departamento del Cauca. Ese mismo día, la líder indígena Irama Movil fue atacada en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
Las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales e indígenas en Colombia siguen en aumento. En menos de una semana ya son tres los eventos que dan cuenta de por qué Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo para quienes defienden derechos humanos y ambientales.
El miércoles 28 de octubre, entre las 9 y las 10 de la noche, Juana María Perea fue asesinada en el sector de Termales del municipio de Nuquí, en el departamento de Chocó, Pacífico colombiano. Fue encontrada muerta en la playa con un tiro en la cabeza.
Un día después, a las 9:30 de la mañana, el congresista indígena Feliciano Valencia fue víctima de un atentado cuando se movilizaba entre las zonas rurales de Palo y Tacueyó en el municipio de Toribío, departamento del Cauca. El ataque contra Valencia se dio precisamente un día antes de la conmemoración de la masacre de Tacueyó, ocurrida hace un año y donde fueron asesinados los líderes indígenas Cristina Bautista, Asdrúbal Cayapú, James Soto, José Soto y Heliodoro Finscue. Horas más tarde, el mismo jueves 28 de octubre, hombres armados dispararon contra el carro en el que viajaba la lideresa indígena wayuú Irama Movil, en la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, en el Caribe colombiano.
Organizaciones de derechos humanos no tardaron en manifestar nuevamente su preocupación por la ola de violencia que vive el país, donde han aumentado las masacres y los ataques contra líderes sociales. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2020, se ha asesinado a 246 defensores de derechos humanos y se han presentado 68 masacres en Colombia.
Una muerte inesperada
Hacia el mediodía del viernes 30 de octubre y en medio de la consternación, solo cuatro personas acompañaban el cuerpo de Juana María Perea en la iglesia del municipio de Nuquí, departamento de Chocó. La comunidad tuvo que comprar el ataúd y su esposo y demás familiares aún no habían podido llegar hasta las selvas del Pacífico colombiano; a pesar de que el crimen ocurrió en la noche del miércoles 28 de octubre.
Su asesinato tomó a todos por sorpresa. Nadie recuerda que Juana Perea tuviera alguna amenaza en su contra. “Era una persona que ayudaba mucho en la comunidad, aquí estamos varias personas del interior del país que decidimos apoyar a las comunidades que tienen unas posadas ecoturísticas”, cuenta una habitante de la zona que conocía de cerca a Juana Perea y que prefiere no revelar su nombre.
La mujer era colombo-española, instructora de buceo y había llegado a Nuquí hace tres años luego de vivir un tiempo en Panamá. Compró un terreno en Nuquí, durante un tiempo durmió en una carpa hasta que su marido llegó a la selva chocoana y juntos construyeron una casa.
Habitantes de Nuquí cuentan que, durante la pandemia, Juana Perea lideró dos grandes procesos. Las mujeres de la región son las cocineras de las posadas y la pandemia frenó el turismo y por eso esta instructora de buceo creó el proyecto “El Costurero de Tribugá”, para fabricar tapabocas (mascarillas) y luego venderlas en otras partes del país. El segundo proyecto de Perea, que empezó en abril de 2020, fue crear un grupo de chat para reunir a hoteleros, instructores, lancheros y todo aquel que prestaba un servicio turístico en la región, pues Nuquí todavía no tiene una organización que los represente. “Con esto se logró que todos pudiéramos acceder a los protocolos de bioseguridad y nos certificáramos rápidamente. Ella fue la líder de ese proceso, nosotros le dábamos la plata y ella nos traía todos los implementos que necesitábamos”, cuenta una mujer que por seguridad prefiere también omitir su nombre.
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Nuquí pedía mayor presencia policial
Juana Perea, así como muchos de los operadores turísticos de la región y líderes comunitarios, se oponía al polémico proyecto de construcción de un puerto en el golfo de Tribugá. Sin embargo, habitantes de Nuquí le dijeron a Mongabay Latam que les parece apresurado afirmar que su muerte esté relacionada con la oposición al proyecto.
“Si fuera por la oposición al Puerto de Tribugá, nos tienen que matar a todos. Además, ella no era la que lideraba los chats de oposición al proyecto, simplemente participaba, como todos nosotros, de las campañas masivas que se hacían. Si fuera por eso, irían por una cabeza más grande y visible”, dice la mujer que conocía de cerca a Juana Perea.
En el Chocó no solo claman por justicia para esta emprendedora y defensora del medio ambiente. Temen que las comunidades queden más vulnerables si se genera una estigmatización de la zona y que esto a su vez repercuta en el turismo, una actividad de la que dependen cientos de personas.
El asesinato de Juana Perea puso en evidencia el abandono histórico del departamento del Chocó. En Nuquí solo hay seis policías y el alcalde Yefer Arley Gamboa lleva meses —desde enero de 2020— solicitando un mayor apoyo en seguridad. De hecho, el 21 de octubre, una semana antes del asesinato de esta líder comunitaria, Gamboa publicó una carta abierta dirigida al comandante de la Policía de Chocó en la que reiteraba su solicitud de un aumento en el pie de fuerza del municipio y la asignación permanente de policía judicial.
“También es de su conocimiento que los múltiples crímenes (homicidios, intentos de homicidios, violaciones, expendio de drogas, etc) no tienen quien los investigue y absolutamente todos quedan impunes. Nos manifiesta usted en su respuesta que los miembros de policía judicial de Bahía Solano [otro municipio de Chocó] tienen a su cargo las investigaciones de Nuquí, pero para nuestro asombro, durante el año NUNCA han visitado nuestro municipio”, dice literalmente Gamboa en su carta.
Por su parte, el comandante de la Policía de Chocó, Marco Antonio González, dijo en entrevista con W Radio que el martes 27 de octubre estuvo en Nuquí para reforzar la presencia de uniformados en el municipio. Aseguró que en este momento ya hay 17 miembros de la Policía y confirmó que entre viernes y sábado llegarían 50 más.
Sin embargo, la comunidad siente la falta de autoridad en Nuquí. “Ellos [la Policía] solo recogieron el cuerpo, le hicieron el levantamiento y ya. La tenían en una casa abandonada y el sacerdote del pueblo tuvo que traerla a la iglesia para velarla. Yo lo que siento es que estoy cuidando el cuerpo de ella”, le dijo otro poblador de la zona a Mongabay Latam.
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Atentados en el Cauca y en La Guajira
Tres impactos de bala recibió la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se transportaba el congresista indígena Feliciano Valencia en la mañana del jueves 29 de octubre.
Valencia se encontraba en zona rural del municipio de Toribío, en el norte del departamento del Cauca, cuando hombres armados los interceptaron y dispararon contra el vehículo después de que el esquema de seguridad de Valencia se negara a detenerse.
“Es realmente triste que justo en el primer aniversario de la muerte de los compañeros Cristina Bautista, Asdrúbal Cayapú, James Soto, José Soto y Heliodoro Finscue, en el casco urbano de Tacueyó, quieran silenciarnos con fusiles. Hago un llamado vehemente al Gobierno Nacional para que salvaguarde la vida de los mingueros, mingueras, defensores de la vida y la paz”, asegura Valencia, quien resultó ileso.
Por ahora no se sabe quiénes son los responsables del atentado pero la ministra del Interior, Alicia Arango, rechazó lo ocurrido contra el senador. “Daremos total celeridad para esclarecer este acto violento”, dijo. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instó a las autoridades a “evaluar con urgencia la seguridad del congresista e investigar de manera pronta y eficaz lo sucedido. Para la Defensoría es fundamental la protección de pueblos indígenas y sus líderes”.
Las organizaciones indígenas también manifestaron rechazo por lo ocurrido y se manifestaron públicamente. La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) —organismo integrado por representantes de los pueblos indígenas y gobierno nacional— recordó que en lo que va de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia de la ONIC, ha reportado el asesinato de 91 líderes indígenas. “Está claro que la integridad de las autoridades y dirigencia indígena en el país se encuentra en un inminente riesgo de MUERTE […] Estamos cansados de enterrar día a día a nuestros hermanos y hermanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos actores de paz y exigimos parar el genocidio en contra de nuestra gente”, manifestaron en un comunicado.
Pero los hechos violentos no pararon ahí. En horas de la noche del 29 de octubre, el carro en el que se transportaba la indígena wayuú Irama Movil también fue atacado con disparos. El atentado sucedió en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
La mujer no resultó herida pero esta no sería la primera vez que intentan asesinarla. El año pasado también atentaron contra su vida en Riohacha y ha recibido múltiples amenazas en los últimos meses.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo, reconoció que la entidad se encarga del esquema de seguridad de Movil y que van a reforzar sus medidas de protección. Sin embargo, los líderes indígenas en el país siguen preocupados por la fuerte ola de violencia en su contra. Luis Kankui, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que Movil acompañaba una gira que él estaba realizando en el departamento de La Guajira y que “hace tres semanas nos amenazaron a mí y a mi equipo de trabajo en Sucre [departamento colombiano]. La amenaza es real”.
El caso de Irama Movil muestra que la seguridad sigue siendo un tema pendiente. El defensor Carlos Camargo también rechazó el atentado contra la líder indígena wayuú pero recordó que en el mes de septiembre “pusimos en conocimiento de la UNP su situación de riesgo y solicitamos reforzar sus medidas de protección”.
Hace pocos días más de 7000 indígenas viajaron desde el departamento del Cauca hasta Bogotá para protestar por las masacres y el asesinato de líderes en Colombia, pero el presidente Iván Duque no se reunió con ellos. Incluso, a inicios de octubre de este año, la organización internacional Front Line Defenders premió a la Guardia Indígena del Cauca por su labor en defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio y alertó sobre el inminente riesgo que enfrentan los indígenas en el país.
La preocupación por la vida de los líderes sociales, ambientales e indígenas en Colombia crece cada día y por eso más de 150 organizaciones le insisten al Congreso colombiano que ratifique el Acuerdo de Escazú.
*Imagen principal: Sus amigos en Nuquí aseguran que Juana Perea estaba enamorada de la selva del Chocó y de sus playas. Foto: Facebook Juana Perea.
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