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2020: el año del COVID-19 y los delitos ambientales

Incendios en Bolivia 2020 en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Foto: Fundación Noel Kempff Mercado

  • Durante la pandemia, se dispararon los delitos ambientales en la Amazonía y otros importantes ecosistemas de Latinoamérica.
  • La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y hasta el asesinato selectivo de defensores ambientales fueron temas constantes en el 2020.

El COVID-19 impuso grandes retos para el medio ambiente durante el 2020. En un principio se llegó a pensar que las cuarentenas y demás medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria traerían un alivio para los bosques y, en general, para la biodiversidad latinoamericana.

Sin embargo, rápidamente creció la preocupación por el aumento de las actividades extractivas como la tala de madera, la minería y la explotación petrolera. El gran problema no era solo la industria legal sino también los delincuentes que aprovecharon que los gobiernos invertían mucho de su tiempo, personal y dinero en atender la emergencia de salud, dejando atrás otros sectores como el ambiental.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80 % más que en el mismo periodo de 2019, lo que llevó a que se perdieran más de seis millones de hectáreas de bosque, mientras el país no tenía una estrategia clara para atender esta emergencia. En los primeros tres meses, Colombia perdió 75 031 hectáreas de su Amazonía, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas) y  Ecuador vio cómo en 2020 los madereros ilegales invadieron territorios indígenas para extraer cientos de árboles.

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No paró la deforestación

Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

La tala indiscriminada de bosque para el aprovechamiento ilegal de la madera, el acaparamiento de tierras, el cultivo de grandes monocultivos o la ganadería extensiva no estuvieron de cuarentena.

Para agosto de 2020 las fiscalías ambientales de tres regiones peruanas investigaban a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanqueaban madera ilegal. Al día salían aproximadamente 40 camiones de madera y la pandemia impidió que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) verificara la legalidad de estos cargamentos en los últimos meses.

Parques Nacionales Naturales de Colombia esperaba contener la tala en la Amazonía aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre de 2019 en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de varios parques, estos acuerdos quedaron detenidos y la saliente directora de la entidad, Julia Miranda, manifestó en diciembre su preocupación por el aumento de la deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete.

En Bolivia, “detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El experto manifestó su preocupación pues en 2020 cree que tanto empresarios de la agroindustria como gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras, estuvieron detrás de este fenómeno. Mientras tanto, en Ecuador, por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

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La minería ilegal no descansa

Los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.

Comunidades indígenas y afrodescendientes en Ecuador denunciaron la presencia de minería ilegal en su territorio durante la emergencia por el COVID-19, al tiempo que la minería legal no descansaba y las poblaciones temían que la rotación de personal aumentara sus posibilidades de contagio. Estas denuncias fueron constantes en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.

En septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, Perú, estimó que la minería ilegal dejó una deforestación de casi 30 hectáreas. Cerca de los puntos de excavación, las autoridades hallaron una amplia construcción de palos y plásticos que funcionaba como bar y donde, se presume, se ejercía la prostitución clandestina.

De hecho, Ecuador y Perú fueron dos de los países donde más se denunciaron delitos relacionados con extracción ilícita de minerales. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos reabrieron socavones y operaron en ríos que llegan a comunidades indígenas en la Cordillera del Cóndor, en un área que debió ser parte de un parque nacional.

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Se dispararon los asesinatos de defensores ambientales

Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Ilustración: Kipu Visual.

Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales. Así lo registró la organización internacional Global Witness al reportar 64 asesinatos, durante el 2019, en el reporte que publicó a mediados de 2020. Esa cifra casi que triplicó el número de homicidios reportados para 2018.

Durante la pandemia, los homicidios se dispararon y el peligro fue mayor no solo para los líderes ambientales sino para los indígenas y defensores de derechos humanos. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 11 de diciembre de 2020, 293 líderes habían sido asesinados.

Perú también vio cómo se disparó la violencia en contra de los líderes ambientales. Aunque sus cifras distan enormemente de las colombianas, cinco asesinatos se registraron en 2020 y varias amenazas de muerte se siguen reportando hasta hoy. A inicios de diciembre, un grupo de líderes indígenas de Ucayali llegó a Lima para pedir protección a las autoridades peruanas frente al hostigamiento constante que sufren en sus territorios.

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Territorios indígenas y áreas protegidas bajo asedio

Guido Jaimes, guardaparque del Parque Nacional Carrasco en Bolivia. Foto: Guido Jaimes.

Desde que en marzo de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID 19 en casi todos los países de Latinoamérica, las autoridades decretaron el cese de las actividades turísticas y científicas en las áreas protegidas. Varios pueblos indígenas también cerraron sus territorios para contener el virus. Pero no todo se detuvo.

Muchos guardaparques permanecieron en sus puestos para salvaguardar la integridad de estos grandes espacios dedicados a la conservación. Para cumplir su misión tuvieron que cambiar sus rutinas, adaptarse a recortes presupuestales, reducción de personal en el campo y, en algunos casos, despidos, como ocurrió en Ecuador.

Mientras tanto la ilegalidad dejaba en claro que no había cuarentena capaz de detenerla. Los guardaparques y los indígenas han tenido que lidiar con la caza prohibida de especies silvestres o la tala ilegal de madera, acciones que nunca cesaron pese a los decretos de inmovilización que acompañaron a la emergencia sanitaria.

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*Imagen principal: Incendios en Bolivia. Foto: Noel Kempff Mercado 11.

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