- Comunidades indígenas y afrodescendientes denuncian la presencia de minería ilegal en su territorio.
- La minería legal se sigue practicando y las poblaciones temen que la rotación de personal aumente sus posibilidades de contagio del virus.
Toda la atención del gobierno de Ecuador está puesta en la emergencia sanitaria que comenzó el 16 de marzo de 2020 por el aumento de contagios del COVID-19. La gran mayoría de recursos y miradas están destinados hacia allá. Sin embargo, hay lugares y poblaciones que se escapan de esta atención, como aquellas donde se realiza minería, con o sin licencia ambiental, ya sea en su fase de exploración o explotación.
En el estado de excepción nacional, la actividad minera ilegal no ha cesado: en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, según denuncian sus pobladores, se sigue practicando. El pueblo indígena Shuar Arutam, en la provincia de Morona Santiago, exige la expulsión de las mineras de sus territorios por temor al contagio del virus, mientras que en la provincia de Napo una empresa sigue trabajando normalmente, según denuncian las organizaciones indígenas.
La minería legal tambíen continúa en esta época de cuarentena. Mientras la gran mayoría de las industrias del país están paralizadas, la megaminería sigue operando con la venia del gobierno: el Decreto Ejecutivo 1017 emitido el 16 de marzo de 2020, dice que las actividades relacionadas a los sectores estratégicos pueden seguir durante la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio originado por el COVID-19, que en Ecuador ya ha causado más de 300 muertes y más de 400 fallecimientos por confirmar. Este decreto fue ratificado un día después por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables y No Renovables.
Sobre esto, Belén Páez, directora de la fundación ambientalista Pachamama, piensa que la emergencia sanitaria le da oportunidad a sectores como el minero para avanzar más rápido con concesiones y otorgamientos de licencias ambientales “que ponen en riesgo el capital natural del país”.
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Al norte persiste sin control la minería legal e ilegal
El 4 de abril de 2020, varias organizaciones ecológicas —nacionales como la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y el Comité Ecuménico de Derechos Humanos (Cedhu), e internacionales como Amazon Frontlines y Land is Life— denunciaron en un comunicado que durante la emergencia sanitaria las actividades mineras a pequeña escala —extracción de oro realizada por mineros o pequeñas empresas—, se han intensificado en cinco comunidades afrodescendientes del cantón San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.
La denuncia dice que los resultados de actividades de monitoreo comunitario realizadas el 19 de febrero y el 25 de marzo de 2020 determinaron que sigue existiendo explotación minera legal e ilegal de oro en esa zona. El comunicado indica que el río Bogotá, el río Tululbí, el río Santiago y el Estero María están contaminados con metales pesados como aluminio, hierro y arsénico. Además, que hasta los ríos llegan aguas residuales y aguas turbias provenientes de la minería.
Natalia Bonilla, de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica, dice que están preocupados por las actividades mineras en ese sector, sobre todo porque hay una medida cautelar desde 2011 que prohíbe toda actividad de minería legal e ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de Esmeraldas. Además de la contaminación de los ríos, “estos frentes mineros representan un posible contagio de COVID-19”, dice Bonilla.
La medida cautelar emitida por el Juzgado Multicompetente del cantón San Lorenzo en 2011 y ratificada en 2018, ha sido incumplida en todos estos años, según evidencia la Defensoría del Pueblo a través de seis informes hechos durante estos años, donde se indica que las instituciones públicas obligadas a cumplirla no lo han hecho. En abril de 2019, la Defensoría del Pueblo, la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas, la Pastoral Social de Esmeraldas y representantes civiles de otras organizaciones ambientalistas pidieron a la Corte Constitucional que se cumpla esta medida. Exigieron que se ratifique la suspensión definitiva de actividades mineras, licencias ambientales o registros que permitan esas actividades y que se dote de agua potable a las comunidades. También pidieron que se realicen controles militares en la zona y que el Estado reconozca el abandono a las comunidades de los dos cantones.
Sin embargo, eso no ha pasado. La explotación de minerales no solo continúa durante la cuarentena sino que ahora hay menos control porque la atención está en la emergencia sanitaria. Bonilla dice que el lunes 6 de abril de 2020 recibió el último reporte de las comunidades y este demostraba que la contaminación minera persistía.
En la denuncia pública de inicios de este mes, las organizaciones de defensa de derechos humanos y ambientalistas manifiestan que la contaminación por la minería afecta a los ríos que son la fuente de agua de las comunidades porque no tienen acceso a agua potable o embotellada. Además, dice, en la emergencia sanitaria los tanqueros no llegan a entregar agua limpia. “Si no hay agua potable y el agua de los ríos está contaminada, ¿cómo quieren que las personas cumplan la medida de protección que es lavarse las manos?”, dice Bonilla. Hasta ahora, ninguna autoridad local o nacional ha respondido a la denuncia pública sobre la afectación de la minería en la provincia de Esmeraldas, dice la activista ambiental.
Klever Santana, líder de la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas (Redcone), dice que la actividad minera se ha intensificado desde el comienzo de la emergencia sanitaria. “Tenemos ausencia de las autoridades, en especial del Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero”.
Santana dice que entre los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro se calcula que más de 80 mil personas estarían afectadas por la contaminación de los ríos y el suelo. “Afectaciones en la salud, en especial daños en la piel de los niños, pobladores Afro, comunidades indígenas Chachis, Épera y Awá”, dice. En la medida cautelar a favor de los pobladores de la zona se reconoce la contaminación de los ríos, pero no hay evidencia aún que las afectaciones en la salud de las personas se deba a la minería. La Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (Uonne) también se quejó en una carta publicada el 6 de abril de 2020, argumentando que la contaminación de los ríos por causa de la minería ha afectado a la pesca, una de sus formas de subsistencia.
Hasta el cierre de edición de este reportaje, la dirección de comunicación del Ministerio del Ambiente no respondió sobre la contaminación de los ríos en Esmeraldas.
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Decomisos en tres provincias
Del 17 al 27 de marzo de 2020 —cuando ya regía el estado de excepción en el Ecuador— la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) decomisó material mineralizado, asociado a la extracción ilegal de oro. Así lo dicen en un comunicado donde también mencionan la detención de seis personas en cinco operativos realizados en las provincias de Imbabura, Pichincha y Loja; al norte, centro y sur del Ecuador. La Arcom, en su comunicación oficial, dice que realiza controles y monitoreo de actividades mineras ilegales en todo el país.
Elisa Levy, vocera del Observatorio Minero, Ambiental y Social del Norte del Ecuador, explica que dentro de la competencia de la Arcom está hacer controles mineros. Estos, según la misma Arcom, consisten en “impulsar el uso y aprovechamiento responsable de los recursos mineros en todo el territorio nacional”. Pero Levy dice que en el caso de la minería ilegal en el norte del Ecuador, continuamente se reportan denuncias de las comunidades afectadas pero la Arcom solo acude después de una presión mediática, “nunca están pendientes de este tipo de situaciones”, afirma.
Levy está preocupada pues cree que si antes —cuando no había preocupación por la pandemia— las autoridades no hacían un control minero estricto, “peor ahora en la emergencia”. Ninguno de los operativos que hizo la Arcom, en esos diez días de marzo, ocurrieron en la provincia de Esmeraldas, donde ha habido varias denuncias.
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Los indígenas afectados
La minería no solo afecta a los pueblos afrodescendientes sino también a los indígenas del país. El Pueblo Shuar Arutam —que vive en el sur de la Amazonía— en un comunicado publicado el 3 de abril de 2020, exigió a las empresas mineras que abandonen su territorio. El pedido lo hicieron por el peligro de posibles contagios de COVID-19 por la entrada y salida de trabajadores mineros en la provincia de Morona Santiago, donde se asientan.
En el mismo comunicado, el Pueblo Shuar Arutam informó que falleció la madre de uno de los miembros de una comisión que viajó a Canadá, el 5 de marzo, a una convención minera. En el comunicado piden a las autoridades descartar que la muerte haya sido producida por el COVID-19 porque temen la propagación del virus. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre ese pedido, dice Josefina Tunki, presidenta de este Pueblo asentado en la provincia de Morona Santiago, al sur del Ecuador.
Las peticiones no son solo de los Shuar Arutam. Cuatro organizaciones indígenas del cantón Tiwintza, también en la provincia de Morona Santiago, firmaron el 9 de abril de 2020 un documento en el que piden que las autoridades nacionales y locales tomen medidas de precaución para que el virus no llegue a sus comunidades. El 6 de abril el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) —el grupo gubernamental encargado de manejar la pandemia en el Ecuador— confirmó el primer paciente con COVID-19 en ese cantón.
Los indígenas de Napo también se sienten afectados por la extracción minera que no ha parado. En esta provincia amazónica, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador (Confeniae) denunció en las redes sociales que el 27 de marzo la empresa Terraearth Resources S.A estaba realizando trabajos mineros. Terraearth Resources S.A tiene cuatro concesiones en Napo que son parte del Proyecto Aluvial Tena —Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho— y que aún no tienen licencia ambiental.
Una funcionaria de Terraearth Resources S.A dijo, el 9 de abril de 2020, que la empresa está haciendo mantenimiento de la maquinaria y recuperación del suelo, “ya han suspendido el trabajo administrativo y todos están en cuarentena”. Pero una fuente que pidió no ser citada en este reportaje, dijo: “entiendo que el sector del río Chumbiyacu donde trabaja la empresa Terraearth Resources S.A y otras personas y empresas, y el río Yutsupino, están muy activos al momento, igual que las riberas del río Jatunyacu, dentro y fuera de las concesiones de Terraearth Resources SA”.
Por las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno, los defensores de la naturaleza y expertos de la zona dicen que no han podido verificar personalmente la situación. La Arcom, entidad encargada de controlar las actividades mineras no reporta ninguna novedad en su página web ni ha respondido a las solicitudes de control en la zona. Mongabay Latam se comunicó con la entidad pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se ha recibido respuesta.
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Más de mil personas en la minería a gran escala
Al extremo sur del país, donde funcionan dos megaproyectos mineros —Mirador y Fruta del Norte— la minería no ha parado, a pesar de que las empresas y el gobierno intentan tomar medidas preventivas.
El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, dice que en la emergencia sanitaria ambas empresas han suspendido la producción pues trabajan con poco personal. En el proyecto Mirador hay cerca de 800 personas y en el proyecto Fruta del Norte alrededor de 450 personas realizando actividades de mantenimiento de piezas, equipos, plantas de proceso, bandas transportadoras y haciendo el stock del material que ya estaba procesado.
La Alcaldía del cantón El Pangui, ubicado en la provincia Zamora Chinchipe, resolvió prohibir la entrada y salida de los trabajadores del proyecto Mirador para evitar posibles contagios de COVID-19 en la población. A pesar de esto, el viceministro Benalcázar dice que “el COE es el que define cómo se van a manejar las cosas, dentro de eso, los sectores estratégicos buscan continuar sus actividades sin comprometer la seguridad y la integridad”.
La empresa EcuaCorriente S.A —concesionaria del proyecto Mirador— tomó algunas precauciones, según dice en sus redes sociales, como la prohibición de reuniones, prohibición de visitas, adecuación de espacios para la cuarentena, revisión médica a la entrada y salida de los trabajadores y la suspensión temporal del transporte del concentrado de cobre desde el proyecto hacia los puertos marítimos.
Luis Urdiales, presidente de la Junta Parroquial de Tundayme —el poblado en el que está el proyecto minero—, dice que en la empresa solo hay empleados que realizan el mantenimiento del campamento. “Tampoco hay atención al público”, comenta.
Esteban Ortiz, experto en salud pública, explica que si las empresas mineras cumplen estrictamente las normas del gobierno no habría ningún contagio. “Sin embargo, es un foco enorme si es que la gente sale y vuelve a la mina y trae asintomáticamente el virus”, dice Ortiz.
*Imagen principal: Organizaciones indígenas denuncian que la minería en la provincia del Napo continúa en la emergencia sanitaria. Foto: Confeniae.
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