Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia contemplan la reparación de los daños ambientales en su normativa actual. Sin embargo, según los expertos consultados, “falta decisión política” para hacer cumplir las leyes.En Bolivia avanzan los planes de expansión de la actividad de hidrocarburos y en Ecuador se debate aún, en cortes internacionales, un caso emblemático de contaminación.En Perú ningún pasivo ambiental ha sido completamente remediado hasta el momento, mientras en Colombia se acaba de aprobar una ley para catalogar los daños ocasionados por la actividad petrolera. “Ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, dijo el presidente Guillermo Lasso en mayo de 2022 durante su Informe a la Nación. Las declaraciones del mandatario fueron tomadas como una afrenta por las comunidades indígenas y locales, sobre todo de la Amazonía, que llevan décadas esperando la remediación de los daños ambientales generados por las operaciones petroleras. Según información oficial, Ecuador acumula en total 4675 pasivos ambientales y “fuentes de contaminación” de esta industria en todo el territorio nacional. Bolivia y Perú no están al margen de la carrera por expandir la explotación de hidrocarburos en la región, mientras sigue pendiente la limpieza de los daños causados. El gobierno de Luis Arce anunció recientemente sus planes de exploración y explotación de hidrocarburos para este 2023 y el 2024. Son 18 los proyectos en marcha con los que Bolivia espera revertir la crisis de gas y los subsidios al diésel que agobian al país desde hace algunos años. Mientras tanto, Perú ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley que busca modificar la legislación sobre áreas naturales protegidas para abrir estos espacios al mercado de los hidrocarburos. El presidente Gustavo Petro, que enfrenta una grave crisis política en estos días, anunció durante el Foro Económico Mundial celebrado en enero de este año en Davos, Suiza, que urge “descarbonizar” la economía para enfrentar la crisis climática que afecta al planeta. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia incluye un espacio dedicado a potenciar la extracción de minerales estratégicos para allanar el camino hacia una transición energética. Sin embargo aún no hay acciones concretas en marcha y la remediación de 106 Impactos No Resueltos sigue en proceso o en estado pendiente. Pasivo ambiental, rellenado con tierra oscura para cubrir el olor del derrame que sucedió hace algunos años atrás, en la base de Shiviyacu, ubicado en la selva peruana. Foto: Patrick Wesember. La investigación realizada pudo establecer que de los 8278 pasivos ambientales y otros impactos petroleros identificados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aún quedan por remediarse la mayoría, un total de 6371. Este escenario va en contra de las leyes que contemplan la protección ambiental e incluso la reparación de los daños causados por las empresas o el Estado en los cuatro países. Y en algunos casos, como ha sucedido en Bolivia y ahora podría pasar en Perú, el panorama es aún más crítico, pues los planes de explotación incluyen las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. ¿Qué decisiones políticas afectan la atención de más de ocho mil desechos petroleros? ¿Cuáles son las tareas pendientes que tienen las autoridades? Ecuador: una historia de contaminación “Sinceramente, no me parece adecuado denominar pasivo ambiental a algo que está activo y que sigue causando daño”, dice Pablo Fajardo, el abogado ecuatoriano que lleva casi 20 años enfrentándose a la gigante petrolera estadounidense Texaco-Chevron en el caso de contaminación por petróleo más emblemático de Latinoamérica. Fajardo se refiere así a los daños ambientales que ha dejado esta empresa petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, donde —según información del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica enviada a esta alianza periodística— 1107 pasivos, entre ellos piscinas llenas de petróleo, fosas y derrames de hidrocarburo, permanecen sin remediación. “Eso refleja la pobre política de Estado y su capacidad de control porque si una empresa petrolera causa un derrame tiene la obligación de repararlo inmediatamente. Si no lo hace, el Estado debe actuar para proteger los derechos de la población, pero acá, resulta que tenemos un estado cómplice de los derrames y no es capaz de exigir esa reparación a quien lo causó”, repite visiblemente molesto Fajardo. Para el abogado, lo que hace falta en Ecuador es voluntad política. “Existe legislación, existe el marco constitucional. Está el Código Orgánico del Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental, hasta en la misma Constitución de la República del Ecuador se determina la obligación que tienen de restaurar inmediatamente los daños ambientales. No hay voluntad política, y el gobierno o los gobiernos por intentar, según ellos, incrementar las inversiones extranjeras de las transnacionales, lo que hacen es no exigirles un adecuado control ambiental”, precisa. La exasambleísta Mariuxi Sánchez, representante de la provincia de Orellana del partido Unión por la Esperanza, reafirma que “hace falta voluntad política” para cumplir con la reparación de los pasivos ambientales. En San Carlos, en la provincia de Orellana, señala Sánchez, todavía hay personas que tienen sus viviendas sobre pasivos ambientales y que no lo sabían porque se trata de piscinas que fueron cubiertas, eso es lo que asegura dejó Texaco-Chevron. “Imagínese consumir agua contaminada con el crudo, por eso, se sospecha que los altos índices de cáncer que existen en la provincia de Orellana se deben a esta fuente de contaminación”, dice la exasambleísta. Cruzando la la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera. Foto: Armando Lara. Sánchez recuerda que en el 2012 estuvo en una de las zonas contaminadas por la operación de Texaco-Chevron y pudo ver una piscina de casi un kilómetro de largo. “Cuando estaban haciendo la inspección se dieron cuenta de la magnitud que tenía esta piscina, fue terrible. Y era muy doloroso escuchar a las personas de las comunidades cuando me contaban sobre los problemas de salud que tenían. Conocí a una señora que me dijo que su hermana, su cuñado y su sobrina fallecieron con cáncer, pero además, la única sobrina que había sobrevivido hasta ese momento también tenía cáncer”, narra la representante del partido Unión por la Esperanza. Los pueblos indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde operó la transnacional Texaco-Chevron, mantienen una disputa legal con las empresa en cortes internacionales, pese a que la compañía norteamericana perdió un juicio en Ecuador en el que se le impuso una sanción de casi 9000 millones de dólares que hasta ahora no ha pagado. “Hemos tenido un ministro de Hidrocarburos, Fernando Santos Alvite, que fue abogado de Chevron, y que durante este último gobierno pretendía negar la existencia de los pasivos ambientales dejados por esta empresa”, dice Mariuxi Sánchez, refiriéndose a los funcionarios que estuvieron vinculados a la actividad petrolera en el sector privado. Bolivia: leyes que no se cumplen La falta de decisión política también fue resaltada en Bolivia. La senadora Cecilia Requena, del partido Comunidad Ciudadana, asegura que “no existe la capacidad ni siquiera de aplicar la normativa vigente, ni la Constitución boliviana [Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia] que es aparentemente en el texto muy avanzada, así como normas, diría yo, declarativas como la Ley de los Derechos de la Madre Tierra”. Esta ley, aprobada en el año 2010 durante el gobierno del expresidente Evo Morales, contempla los derechos a la diversidad de la vida, el agua, el aire limpio, el equilibrio y la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente, además del derecho a vivir libre de la contaminación. Sin embargo, en la práctica, esta norma, como muchas otras, solo se queda en el papel. Requena, integrante de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de Bolivia, señala que el extractivismo, particularmente de hidrocarburos, ha generado una renta al país que ha permitido al Movimiento Al Socialismo (MAS) —en el gobierno por más de 15 años— mantenerse en el poder. “Los veo como adictos al extractivismo e incapaces de entender a Bolivia en un contexto del siglo XXI. Celebran la industrialización, pero estamos hablando de recursos naturales no renovables. Hay una incapacidad de ver que Bolivia podría tener otras economías sostenibles, como la economía del bosque que podría incluir servicios ambientales. Y ahora está la locura de entrar a la Amazonía, que es lo único que nos ayudaría en la resiliencia climática”. En el Senado, comenta Requena, intenta hacerle frente a la expansión de las actividades de hidrocarburos, pero su bancada no logra mayores resultados pues el MAS, movimiento que llevó a la presidencia a Luis Arce, tiene la mayoría. “Estamos concentrados en la fiscalización y en la denuncia, pero también en la generación de una narrativa con una visión distinta de lo que podría ser Bolivia. Tampoco nos hemos rendido por completo en el ámbito de la normativa, pero lo estamos haciendo de manera, digamos, estratégica”. Hay un tema adicional que menciona la senadora del partido Comunidad Ciudadana que es la falta de información y transparencia del gobierno sobre la actividad petrolera. Esta situación se ha podido constatar durante la construcción de la base de datos para esta investigación, puesto que tras varios pedidos de información realizados a las instituciones del gobierno boliviano los datos recibidos solo dan cuenta de 101 pasivos y pozos abandonados dentro de áreas naturales protegidas, pero no se informa sobre otras zonas de explotación petrolera. “La falta de acceso a la información es sistemática y, a estas alturas, yo le puedo decir que es deliberada en muchos casos. Es una forma de cubrirse de una fiscalización ya sea de la sociedad civil, de los medios o del Parlamento”, dice la senadora. “Bolivia es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de acceso a la información. Comunidad Ciudadana ha presentado dos proyectos de ley de acceso a la información en estos dos años y medio de legislatura, pero no se aprueban. Es una falta de voluntad clarísima”, agrega.
