- En el cierre de este capítulo, Killeen se concentra en las diferencias entre los créditos financieros para pequeños agricultores en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.
- El más cercano al exitoso modelo brasileño es Colombia donde las tasas de interés son muy bajas y existe una gran variedad de productos crediticios que se ajustan a sus necesidades diferenciadas.
- En Perú, Ecuador y Bolivia el panorama es diferente ya que los intereses son más altos y al tratarse de economías familiares, el riesgo de endeudamiento es mayor.
El potencial del sistema financiero para cambiar las prácticas agrícolas en la Amazonía andina es limitado, ya que esas áreas están pobladas en gran parte por pequeños agricultores que son notoriamente reacios al riesgo de gestionar sus finanzas y sistemas de cultivo. Son cautelosos puesto que las consecuencias de una mala cosecha son catastróficas para sus familias; en consecuencia, es menos probable que adopten sistemas de producción novedosos que requieran una inversión de capital que tendría que financiarse con deuda. Casi todos comprenden el valor del crédito y su potencial para transformar sus vidas; sin embargo, las opciones disponibles para ellos no son amigables ni justas.
Los distintos gobiernos de los países andinos han puesto en marcha múltiples iniciativas a lo largo varias décadas para intentar crear mecanismos e instituciones que proporcionen crédito financiero a las comunidades rurales, pero no han logrado cambiar los cálculos que impiden la inversión en los pequeños agricultores.
Una manifestación del reto es la elevada proporción de familias que no están bancarizadas, término que los economistas usan para describir a las personas que, por elección o circunstancia, no utilizan servicios financieros. Otra es el papel de las instituciones de microfinanciamiento que conceden crédito a personas que no reúnen los requisitos para obtener préstamos de los bancos convencionales. En su lugar, piden prestado dinero basándose en la “buena fe” y la integridad de su reputación.
La presencia de estas instituciones ha beneficiado materialmente las vidas de decenas de miles de personas (muchas de ellas mujeres) al permitirles participar en la economía de mercado informal que caracteriza el comercio en estos países. Además, ofrecen cuentas de ahorro y proporcionan a las familias una identidad digital para interactuar con agencias gubernamentales y empresas de servicios públicos. Desafortunadamente, estas instituciones prestan dinero a tipos de interés que están fuera del alcance de los pequeños agricultores.
El modelo de negocio de las microfinanzas nació en los barrios marginales de las grandes ciudades, y ahora estas instituciones están presentes en la mayoría de las ciudades intermedias atendiendo las necesidades de las comunidades rurales circundantes. Los tipos de interés, que oscilan entre el 20% y el 80%, reflejan el riesgo de impago asociado a su clientela y los elevados costos de transacción asociados a la administración de decenas de miles de pequeños préstamos.
La mayoría de las entidades de microfinanzas operan con capital obtenido de bancos y fondos de inversión convencionales, y pagan a esas instituciones un interés comercial estándar (entre 5% y 8%). Las microfinanzas, que se comercializan como un servicio público en favor de los pobres, también son un modelo de negocio muy lucrativo.
Supuestamente, un agricultor podría ser un deudor de bajo riesgo en comparación con un individuo dedicado al comercio especulativo. Pero el sector financiero considera a las pequeñas granjas familiares como acreedores de alto riesgo debido al clima y las plagas. En Perú, los tipos de interés ajustados a la inflación para los pequeños agricultores están entre el 20% y el 30%, valor que está fuera del alcance de todos los sistemas de producción agrícola, y mucho más de los pequeños agricultores que viven al borde de la pobreza.
En cambio, los grandes y medianos productores tienen acceso a formas convencionales de crédito porque pueden cumplir con las condiciones requeridas por las agencias crediticias, en particular la titularidad legal de sus tierras y un historial documentado de producción y ventas. No obstante, incluso estas cifras son decepcionantes puesto que, en 2019, agencias gubernamentales informaron que se prestaron 33 millones de dólares a 4.199 beneficiarios en un país con un estimado de 2,2 millones de agricultores.
Perú ha intentado varios modelos para canalizar fondos a través de cooperativas de ahorro y préstamo (COOPACS), cajas de ahorro rurales de propiedad privada (Cajas Rurales), asociaciones mixtas de capital privado y gobiernos locales (Cajas Municipales) y un banco de desarrollo estatal especializado (Agrobank). Ninguno ha conseguido proporcionar créditos asequibles a los pequeños agricultores. El intento más reciente fue el fondo especial (FAE-Agro) capitalizado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el cual parece condenado al fracaso ya que exige a los beneficiarios que demuestren la titularidad legal de sus propiedades, condición que disfruta apenas el 15% de los pequeños agricultores del Perú.
La sociedad civil ha tenido éxito trabajando con asociaciones de productores que simultáneamente brindan apoyo técnico en agricultura, manejo de plagas y administración de negocios a productores individuales y sus organizaciones. Las iniciativas exitosas se caracterizan por un compromiso a largo plazo por parte de organizaciones de la sociedad civil y compradores especializados dispuestos a invertir en programas que garanticen el suministro de café y cacao certificado como libre de deforestación, orgánico, indígena y/o positivo en términos de género.
A pesar de que el sector agrícola de Bolivia parece similar al brasileño, existen bastantes diferencias. Tienen un número limitado de productores a gran escala, bastantes terratenientes tanto de clase media como alta, además de un grupo grande y dinámico de pequeños agricultores. Pese a ello, Bolivia carece de un programa de crédito rural patrocinado por el Estado que obligue a la industria financiera a canalizar el dinero hacia sus productores. Los grandes y medianos agricultores acceden al capital a través de las empresas comercializadoras de productos básicos, así como de un mercado de crédito informal que se describe mejor como un sistema normalizado de usureros. Los ganaderos dependen del capital familiar, los ahorros personales o el flujo de caja generado por empresas urbanas (servicios médicos, bienes raíces, comercio).
Los pequeños agricultores de Bolivia también participan activamente en el mercado nacional de alimentos, y muchos de ellos se han convertido en exitosos agricultores de soya. Muchos descienden de inmigrantes indígenas andinos con una fuerte tradición cultural de ahorro e inversión, rasgos compartidos por una gran comunidad menonita. Estos grupos también disponen de un mercado crediticio informal que utilizan para financiarse a corto plazo. Las instituciones de microfinanzas están presentes y, como en Perú, han abierto oficinas en ciudades intermedias. Las políticas gubernamentales de redistribución de ingresos en efectivo a los ancianos y niños en edad escolar han motivado a decenas, sino cientos de miles de familias rurales a abrir cuentas de ahorro. Pero los elevados tipos de interés impiden obtener préstamos para invertir en tecnología agrícola.
El sector de microfinanzas en Ecuador está dominado por asociaciones de ahorro y préstamo que atienden tanto a poblaciones urbanas como rurales. Los tipos de interés oscilan entre el 25% y el 28%. El sistema bancario tradicional considera el crédito agrícola un tipo de empresa productiva, todas las cuales tienen tipos de interés anuales entre el 8% y el 12%. El Gobierno ecuatoriano espera apoyar a su sector agrícola a través de un banco público recientemente constituido –BanEcuador– que ofrece préstamos específicamente diseñados y comercializados para productores de café, cacao y palma aceitera.
Los productores pueden pedir prestado hasta US$ 150 mil tanto para créditos a corto plazo como para mejorar la capacidad productiva en sus plantaciones. En este último caso, se ofrecen plazos de hasta 15 años, con un período de gracia de entre 3 y 5 años. Los préstamos superiores a 20 mil dólares requieren una garantía hipotecaria.
Los programas de BanEcuador han entendido las necesidades de sus potenciales clientes, pues han incluido cronogramas de pago basados en el flujo de caja de las estrategias de producción individual (mensual, trimestral o anual). Los tipos de interés anuales oscilan entre el 9,75% y el 16,5%, en línea con los préstamos comerciales de los bancos privados y son significativamente más bajas que las disponibles en las instituciones de microfinanzas.
De todos modos, no es probable que los niveles de estos índices catalicen una ola de inversiones necesarias en la producción agrícola. En 2019, BanEcuador prestó 3 millones de dólares a 700 productores, una cantidad relativamente pequeña que se entienden en solo unas 500 hectáreas de nuevas plantaciones de palma aceitera.
Colombia tiene un programa similar al SNCR de Brasil, que es administrado por el Fondo Para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). Esta opera como una agencia pública de préstamo de segundo piso para instituciones privadas y como garante de una variedad de productos financieros, incluidos créditos a corto y largo plazo, además de seguros de cosechas. El sistema FINAGRO establece términos y tipos de interés estándar para una cartera diversificada de productos crediticios diseñados específicamente para las necesidades de los productores agrícolas, ganaderos y de plantaciones forestales.
Los programas abarcan todo el espectro de propietarios de tierras e incluyen iniciativas especiales para asociaciones de productores. Los tipos de interés oscilan entre 3% y 10% por encima de una tasa base fijada por el Banco Central, que fluctúa entre 3% y 5% desde el año 2010. FINAGRO también ofrece descuentos a cualquier institución intermediaria para que el préstamo sea más accesible para el cliente minorista. A cambio de una comisión, FINAGRO garantizará el préstamo al productor, que es esencialmente una forma de seguro de cosecha. También ofrece seguros de cultivos convencionales para proteger al productor y a la agencia crediticia contra los riesgos climáticos y las plagas.
A escala nacional, FINAGRO facilitó crédito financiero por valor de aproximadamente US$ 7.100 millones en el 2020 frente a US$ 2.900 millones en el 2011, con un impresionante aumento del 20% anual durante ese período. Aunque el programa colombiano está bien diseñado y considera tanto la realidad del mercado como las necesidades especiales de los productores, solo opera en zonas donde el Estado ha impuesto el imperio de la ley.
Desafortunadamente, las áreas amazónicas se caracterizan por la ausencia del Estado, ya sea porque son remotos o porque están bajo el control de delincuentes armados. En los departamentos amazónicos, FINAGRO facilitó solo US$ 80 millones en el 2020, cifra que se ha mantenido prácticamente estable desde 2010. Se calcula que la mitad se ejecutó en Caquetá y, presumiblemente, se prestó al sector ganadero, que también es el mayor receptor individual. del crédito agrícola dentro del sistema FINAGRO.
Aprovechar el financiamiento para cambiar el comportamiento
El financiamiento rural tiene un enorme potencial para reformar los sistemas convencionales de producción agrícola. En consecuencia, es un componente habitual de las políticas propuestas para combatir la deforestación, donde se lo ve como la “zanahoria” que acompaña al “garrote” que busca obligar a los propietarios de tierras reformar las prácticas de uso de la tierra.
La experiencia del Acuerdo por el Ganado y la Moratoria de la Soya muestran el potencial cuando se utilizan intermediarios comerciales como puntos de presión para eliminar la deforestación ilegal. Estas iniciativas, que se centran en excluir a los transgresores de las cadenas de suministro, podrían ampliarse condicionando el acceso a los miles de millones de dólares en créditos a corto plazo que conceden anualmente los comercializadores internacionales de materias primas y las empresas empacadoras de carne. Como impulsor de la sostenibilidad, el crédito podría ser aún más eficaz si esas mismas empresas ofrecieran préstamos a largo plazo con tipos de interés favorables que motiven a sus proveedores a restaurar bosques degradados ilegalmente recientemente.
Cambios similares en el Sistema Nacional de Crédito Rural (SNRC) también podrían catalizar cambios generalizados, particularmente en el sector ganadero brasileño, donde décadas de pastoreo excesivo han degradado millones de hectáreas de pastos. La restauración de pastos comienza y termina con la conservación del suelo, que se basa en prácticas de manejo para aumentar la materia orgánica del suelo y, en el proceso, crear un sumidero de carbono a largo plazo. Este es esencialmente el objetivo del programa brasileño Agricultura de Baixo Carbono (ABC), un subcomponente del SNCR con tipos de interés atractivos y un largo período de amortización. Las tecnologías apuntaladas incluyen la reducción de la labranza, renovación de pastos, manejo integrado de cultivos y ganado, y la restauración del hábitat ribereño. El programa ABC ha tenido un éxito modesto, donde en 2020, se prestó aproximadamente 2.000 millones de Reales, unos 400 millones de dólares, es decir menos del 1% del total canalizado a través del SNCR en 2020. El potencial, dado el historial de Brasil en utilizar el SNCR para subvencionar a sus productores agrícolas, es enorme y eminentemente práctico.
Los bonos verdes y otros tipos similares de financiación ESG son el componente de más rápido crecimiento del sector financiero de Brasil. Los mercados internacionales de capital buscan frenéticamente proyectos viables para satisfacer la enorme demanda mundial de inversiones ESG.
El potencial de Brasil para satisfacer esta demanda mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por la deforestación puede ser aprovechado por una capacidad igualmente masiva de secuestrar carbono a través de tecnologías económicamente ventajosas para hacer que la agricultura convencional sea más sostenible. Este tipo de inversión verde de riesgo limitado será un imán para los inversores mundiales. El atractivo del país se ve reforzado por el compromiso cultural con una economía de mercado, su apertura al capital internacional y los abundantes recursos naturales que son la base de su economía rural.
El rendimiento de los bonos verdes en Brasil está siendo seguido de cerca por los analistas políticos, debido a su potencial para impulsar acciones contra el cambio climático “a escala”. Aún así, estos instrumentos, y otros similares, corren el riesgo de ser etiquetados como “lavado verde” si logran mejorar el desempeño de las empresas participantes, pero no resuelven la crisis de deforestación. Ese resultado dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado brasileño, y sus socios del sector privado, para incorporar a los pequeños agricultores en una economía rural revitalizada y reformada. Brasil ha creado los mecanismos institucionales para lograr ese objetivo (INCRA, EMBRAPA, PRONAF, SNCR), pero su historial de trato equitativo con sus propios ciudadanos no es particularmente alentador.
En el área andina de la Amazonia, la posibilidad para vincular el financiamiento, incluido el crédito a corto y largo plazo, con políticas eficaces para transformar su sector agrícola es aún más difícil. Ningún país ha logrado ofrecer créditos asequibles a sus poblaciones amazónicas, ni desarrollar un sistema de extensión capaz de garantizar que esos recursos se inviertan en empresas productivas, competitivas a nivel mundial y ambientalmente sostenibles. Si existe alguna ventaja, en comparación con Brasil, es la preponderancia de los sistemas de pequeños agricultores que crea una condición previa que favorece la equidad social. Esa ventaja, no obstante, es un arma de doble filo, ya que puede garantizar que un sistema reformado sea socialmente sostenible, pero también dificulta enormemente su aplicación.
Para salvar la selva amazónica, hay que acabar con la deforestación y punto. Pero, los mercados mundiales y nacionales seguirán exigiendo más productos básicos de consumo a los agricultores y ganaderos del sur de la Amazonia y piedemonte andino. Y éstos responderán aumentando la producción. Podrían intensificar sus sistemas invirtiendo en tecnología, o podrían comprar más tierras para ampliar la producción. Y si se le dejara a su suerte, seguirían ambas opciones puesto que esa es la vía lógica para maximizar el rendimiento de sus inversiones.
Los agricultores y ganaderos no actúan en el vacío. Los productores, grandes y pequeños, asignan sus recursos en respuesta a las fuerzas normativas y de mercado que rigen la economía agrícola. Entre las más importantes se encuentran las limitaciones y los incentivos de los mercados inmobiliarios rurales. Cuando la frontera forestal deje de ser una fuente de tierras baratas, el sector agrícola se verá obligado a invertir en las tierras en producción, y sólo allí. Para salvar la Amazonía es esencial que esto ocurra cuanto antes.
Imagen destacada: Los corredores de exportación tienen una importancia estratégica para los cultivos de granos del centro de Mato Grosso. Muchas vías pasaron de estar en mal estado a convertirse en modernas carreteras, mientras las áreas adyacentes todavía sufren acaparamiento de tierras y deforestación ilegal, incluso dentro de zonas protegidas recién creadas. Crédito: Colección PAC en flickr.com.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
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