- Killeen cierra este capítulo sobre industrias extractivas explicando las futuras disputas en el sector de los distintos países de la Panamazonía.
- Mientras en algunos de ellos, la lucha contra la minería ilegal se trasladará hacia el uso de nuevas tecnologías y la regularización de los garimpeiros, en otros los conflictos serán con las comunidades indígenas impactadas en las áreas naturales protegidas.
- De forma similar, la explotación del petróleo y del gas continuarán, pero ya no solo en tierra firme sino debajo de los ríos amazónicos o en el fondo del mar.
En los últimos cinco años, las actividades de los mineros ilegales en la región panamazónica se han convertido en un tema de creciente preocupación. Primero, porque su cantidad se ha incrementado vertiginosamente, pero también porque, como grupo, han violado flagrantemente los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre ellos destacan los Yanomami, los Murunduku y Kayapó (Brasil); los Ese Eja y los Harakmbut (Perú); y los Lekos (Bolivia). Los esfuerzos por domesticar la minería ilegal son una prioridad declarada para los gobiernos y la sociedad civil.
En el corto plazo, la mayoría de los mineros ilegales pueden ser expulsados por la fuerza de los territorios indígenas formalmente reconocidos. Estos esfuerzos tendrán éxito porque los medios de comunicación globales han determinado que se trata de una cuestión de Derechos Humanos que los gobiernos no pueden ignorar. Sin embargo, es mucho menos probable que los mineros sean procesados penalmente y, en algunas jurisdicciones, se les permitirá recuperar sus equipos. Incluso, a pesar de que algunas regiones podrán expulsarlos de sus áreas protegidas de alto nivel, muchos seguirán teniendo acceso a áreas protegidas de usos múltiples. Las tierras fiscales y los cursos de agua públicos no asignados seguirán expuestos a sus prácticas nocivas, así como a operaciones mineras no reguladas en propiedades privadas.
Los defensores del medio ambiente quieren erradicar la minería informal de todas las regiones del Amazonas, quienes sostienen que (en realidad) son operadores ilegales que evaden impuestos, ignoran las leyes laborales y contaminan el medio ambiente. Aunque esto es cierto, muchos operan en zonas donde la minería es, teóricamente, legal. Esto debido a que algunos obtienen concesiones y licencias de funcionamiento válidas; pero, en la práctica, ninguno cumple plenamente con todas las normas pertinentes. Como es lógico, los mineros ilegales no se consideran delincuentes: se perciben social y económicamente desfavorecidos, pero además han estado tradicionalmente desvinculados de toda carga regulatoria destinada a la minería empresarial. A ello hay que sumar que, en muchas jurisdicciones, son demasiado numerosos para anularlos mediante la acción policial, ya que ellos provocaría disturbios civiles y generar una reacción política que debilite los esfuerzos para proteger la biodiversidad, los recursos hídricos y los derechos indígenas.
Los grupos de la sociedad civil que trabajan con mineros ilegales han propuesto una estrategia alternativa: que, en el corto plazo, sean incorporados a un marco formal en el que reciban incentivos para mejorar sus prácticas. Esto podría comenzar con un programa para registrarlos en una base de datos digital nacional y, simultáneamente, reconocer legalmente la posesión de facto de sus concesiones mineras. A cambio, las autoridades podrían recaudar impuestos que beneficien materialmente al gobierno local donde realmente residen los mineros. Este procedimiento permitiría a las autoridades identificar a los mineros a gran escala para su registro inmediato como mineros empresariales, obligándolos a pagar regalías e impuestos sobre la renta, así como a cumplir con las regulaciones laborales y medioambientales.
Dicha propuesta de formalización debe ser acompañada de una migración de tecnologías de extracción (basadas en mercurio) a otras tecnologías químicas y físicas. Los mineros ilegales usan mercurio porque es fácil de usar y rentable; pero la gran mayoría desconoce sus impactos tóxicos a largo plazo. Aunque está sujeto a regulaciones, el uso de mercurio en las operaciones mineras no es estrictamente ilegal y se encuentra ampliamente disponible para los mineros a través del mercado negro. El reto, como siempre, es organizar políticas e incentivos que motiven a los mineros adoptar prácticas diferentes. El cambio puede ocurrir rápidamente si las soluciones propuestas son más lucrativas que el sistema actual.
Por lo pronto, el cambio en la tecnología ya está en marcha, a medida que la minería mediana se encuentra instalando sistemas extractivos a base de cianuro similares a los utilizados por la gran minería empresarial. La mayor ventaja de esta tecnología es su capacidad para extraer volúmenes significativos de oro a partir de minerales de baja ley, lo que también significa que los operadores pueden recuperar oro de los relaves creados por mineros previos que dependían de tecnología rudimentaria aluvial. El enorme volumen de relaves aluviales que caracteriza las áreas de minería ilegal es, o pronto será, el lugar de una probable renovada fiebre del oro.
El cianuro es un veneno ampliamente conocido y conlleva su propio conjunto de responsabilidades medioambientales y retos sociales. Es letal para los peces y otras formas de vida silvestre acuática en bajas concentraciones. Por esta razón, las empresas mineras de oro invierten importantes recursos financieros en sistemas de reciclaje, geomembranas, estanques de aislamiento y embalses de captación. Si no logran aislar sus operaciones de las áreas circundantes, particularmente de las aguas subterráneas de sus cuencas, se enfrentarán a la ira de sus vecinos, agencias reguladoras y financistas.
Porque el uso de cianuro para extraer oro de residuos contaminados con mercurio tiene sus propias repercusiones medioambientales y sociales. La rotación mecánica de los relaves movilizará el mercurio atrapado, mientras que el cianuro liberará otros metales pesados del mineral pulverizado amplificando aún más la toxicidad de los relaves residuales.
Además, la reacción química que se produce entre el cianuro y el mercurio crea variantes de metilmercurio que aceleran el fenómeno de la bioamplificación, que ya constituye un importante riesgo para la salud de las poblaciones amazónicas. Los riesgos asociados al cianuro y el mercurio motivaron que la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata calificara el uso no regulado de cianuro para reprocesar relaves de minas aluviales como la peor práctica. De todos modos, las tecnologías basadas en cianuro proliferarán a medida que el sector minero ilegal se convierta en minería formal a mediana escala.
Irónicamente, esta transición tecnológica ofrece la oportunidad de remediar la herencia tóxica de la anterior fiebre del oro, pero únicamente si se puede reunir a una nueva generación de empresas mineras capaces y con voluntad de adoptar un modelo de negocios que fusione la reparación de relaves con la recuperación de oro. El documento de Minamata que describe los riesgos de la tecnología del cianuro también describe cómo se pueden minimizar esos riesgos mediante la eliminación del mercurio de los relaves antes de la aplicación de soluciones de cianuro. Las opciones incluyen una variedad de técnicas físicas y químicas que deberían ser económica y tecnológicamente viables.
Lo ideal sería que los mineros ilegales dejen de invadir las áreas protegidas a cambio de un acceso sin restricciones a las áreas que ya han sido degradadas. En teoría, podrían convertirse en un sector empresarial responsable que genere buenos empleos y contribuya a una economía amazónica estable y diversificada. Aún así, hay que ser realistas y admitir que este escenario en el que todos ganan probablemente no se materialice, porque las partes interesadas actuales tienen arraigadas tanto limitaciones económicas como el comportamiento y la falta de voluntad para adoptar alternativas en un entorno político altamente polarizado.
Petróleo y gas: ¿activos abandonados o recursos estratégicos?
Los mercados de la energía en 2022 se caracterizaron por un déficit en el suministro de petróleo y gas natural debido a la guerra de Rusia en Ucrania. Antes de dicho conflicto, había un excedente de ambos combustibles fósiles debido a una combinación de factores en Estados Unidos. Por un lado, estaba la innovación tecnológica con la fracturación hidráulica (fracking) y la perforación horizontal, mientras que por otro hubo un exceso de capacidad de producción en los países que dominan los mercados energéticos mundiales. Aunque los mercados de materias primas son sustancialmente cíclicos, el superávit anterior a la guerra respaldó la hipótesis de que la transición hacia la energía renovable suprimiría la inversión en combustibles fósiles. La previsión de que la era del petróleo estaba llegando a su fin era particularmente fuerte entre los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, que se oponían a la explotación de hidrocarburos en la Panamazonia basándose en criterios filosóficos y morales. La posibilidad de detener el desarrollo futuro de la industria del petróleo ya no se consideraba irreal.
Este escenario optimista se ha visto cuestionado por la guerra en Ucrania y el posterior ciclo inflacionario impulsado por el precio de las materias primas. Aunque la transición energética ahora se considera inevitable, la demanda de combustibles fósiles, en particular de gas natural, seguirá siendo fuerte durante las próximas décadas. En consecuencia, los mercados globales seguirán influyendo en la industria de los hidrocarburos en la Panamazonia, especialmente aquellos países que dependen de los ingresos derivados del petróleo y el gas (Bolivia, Colombia, Ecuador y Guyana) o que tienen activos de infraestructura heredados que hacen que las inversiones sean financieramente atractivas (Brasil, Ecuador y Perú).
Los yacimientos de petróleo y gas existentes seguirán funcionando a mediano plazo. Esto significa que nuevos pozos de producción y gasoductos de alimentación se establecerán en áreas adyacentes a los campos de producción existentes. No habrán nuevas expansiones greenfield, y los intentos de perforar dentro de áreas protegidas encontrarán una vigorosa resistencia por parte de la sociedad civil, mientras que las organizaciones indígenas se opondrán a cualquier tipo de actividad dentro de sus territorios legalmente constituidos interponiendo demandas legales para detener las operaciones en áreas adyacentes, y argumentando que disfrutan de derechos de uso consuetudinario sobre estas tierras y/o que los impactos se extenderán a sus territorios.
Es muy probable que la resistencia a las inversiones en curso y de expansión afecte la inversión en el norte de Perú, donde las averías de los oleoductos y los conflictos sociales amenazan la viabilidad económica de la industria en el corto plazo. La decisión de varias empresas medianas de abandonar sus concesiones es un indicio de que consideran el riesgo al fracaso superior a la posibilidad de un retorno aceptable de su inversión. Si la envejecida infraestructura sigue sufriendo contratiempos, o si los grupos indígenas consiguen impedir las operaciones, entonces las reservas de hidrocarburos de la región se convertirán en un «activo varado», término que los inversores utilizan para describir algo de valor que no se puede monetizar.
Menos probable es la desaparición de la industria petrolera en Ecuador, donde la administración de Guillermo Lasso ha repetido un compromiso electoral de duplicar la producción nacional. Su gobierno parece aceptar restricciones judiciales que prohíben operaciones en áreas protegidas, al tiempo que reconoce la obligación de consultar a las comunidades indígenas. Esta aparente contradicción podría resolverse parcialmente mediante soluciones tecnológicas. Sin embargo, la viabilidad de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana a mediano plazo dependerá del acceso a las concesiones no asignadas en Pastaza y Morona-Santiago. Es poco probable que esto ocurra sin un conflicto social considerable. Los campos de gas del sur de Perú y los yacimientos petrolíferos del Putumayo en Colombia se enfrentan a problemas de desarrollo similares.
Por el contrario, existen extensas áreas accesibles para el desarrollo de hidrocarburos en Brasil, lo que ha evitado sistemáticamente crear limitaciones territoriales en las zonas con mayor potencial de hidrocarburos. La cuenca de Solimões tiene importantes reservas de gas de esquisto que podrían explotarse utilizando la infraestructura existente en Urucú, cuya vida útil puede prolongarse utilizando la tecnología de perforación horizontal y de fracturación hidráulica o fracking. La reciente venta de la concesión de Juruá a una empresa con experiencia en sistemas de transporte de GNL podría ser una señal de la voluntad para comercializar las reservas de gas de la cuenca de Solimões en mercados extranjeros.
La explotación de los recursos de gas ubicados debajo del río Amazonas, entre Manaos y el delta, requiere extensas perforaciones exploratorias. Si bien no hay evidencia de que esto se esté considerando, existen pocas áreas protegidas y territorios indígenas que podrían impedir el desarrollo en áreas adyacentes al cauce principal. El desarrollo en alta mar (offshore) en Guyana y Surinam es una conclusión inevitable. Menos segura es la expansión de perforaciones a lo largo de la plataforma continental frente a la Guayana Francesa y Amapá, donde las decisiones son tomadas por los gobiernos centrales con un aporte mínimo de las comunidades indígenas.
Las opiniones de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos predominan en los foros internacionales y, en cierta medida, dentro de las élites urbanas de los países de la Panamazonía. Pero también hay sectores influyentes que creen que a su país le conviene monetizar sus recursos minerales. Esta opinión es mayoritaria entre los proveedores de servicios que se benefician del sector extractivo, además de los funcionarios de las agencias encargadas de regular sus actividades.
El desarrollo minero cuenta con un amplio apoyo del sector financiero y de los ministerios de economía que se centran en criterios macroeconómicos y que están pendientes de la salud económica del país. Actores clave del sector privado, como las cámaras de comercio, están profundamente comprometidos con la economía convencional. Muchas de estas partes interesadas también aceptan la realidad del cambio climático, pero argumentan que de no explotar los recursos minerales de sus países se perdería la última oportunidad de monetizar un recurso natural que debería utilizarse para invertir en un desarrollo económico que beneficie al país.
Imagen principal: Existen dragas instaladas en varios ríos de Bolivia. Estas máquinas buscan oro las 24 horas del día. Crédito:Iván Paredes.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons – Licencia CC BY 4.0).
Créditos
