- Un estudio elaborado por la organización GRAIN da cuenta de los problemas que ha causado el cultivo de la palma africana en países como Colombia, Guatemala, y Honduras.
- La investigación también advierte sobre el proyecto del gobierno boliviano de impulsar el cultivo de palma aceitera en ese país.
- Expertos en varios países de Latinoamérica manifiestan sus dudas y temores frente a la creciente expansión de este monocultivo.
La producción de aceite de palma en Latinoamérica está rodeada de controversia. En los últimos 30 años, según el informe “La palma de aceite en América Latina. Expansión con violencia, criminalización, acaparamiento de tierras y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas”, elaborado por GRAIN —organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales para lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente—, este cultivo aumentó de 14.72 millones de toneladas en el año 1994 a 80.58 millones de toneladas en 2021 en la región.
Por otro lado, la escasez de tierras en Malasia e Indonesia, países que concentran más del 80 % de la producción de aceite de palma en el mundo, está llevando a la industria palmicultora a buscar nuevos territorios para expandir el cultivo.
En ese contexto, América Latina y África occideental se han convertido en las regiones más codiciadas por la industria del monocultivo, y países como Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil y Ecuador en los principales productores de palma en la región.
Este crecimiento no está exento de problemas. Los que más preocupan, según el estudio de GRAIN, son la “generación de pobreza extrema y un aumento de la violencia”. Se menciona, por ejemplo, que “las áreas donde las empresas buscan expandir sus cultivos son territorios donde las comunidades han desarrollado sus vidas en base a la agricultura y otras actividades de subsistencia. Deforestación masiva, acaparamiento ilegítimo de los territorios, contaminación, destrucción de las fuentes de agua y pérdida de tierras para desarrollar la agricultura de subsistencia, son algunos de los impactos”, precisa el documento.
“La palma es un monocultivo que representa muchos problemas, porque es uno de los que más rápido se expande. Las grandes plantaciones de palma están cerca de grandes ríos en la zona amazónica o en el Chocó biogeográfico como Esmeraldas, en Ecuador o Tumaco, en Colombia. La preocupación es cómo se manejan los cultivos con grandes cantidades de pesticidas que van directamente a las fuentes de agua y empiezan a generar problemas”, señala Xavier León, investigador de GRAIN y autor principal del estudio.
Mongabay Latam conversó con varios expertos en diferentes países de Latinoamérica en los que se ha instalado la palma aceitera para ofrecer una mirada amplia de lo que está pasando en el continente con el incremento de este cultivo.
Colombia: acaparamiento de tierras para la palma
“La palma de aceite en Colombia es una historia de extrema violencia hacia el campesinado cuyas tierras fueron invadidas por este monocultivo, provocando el desplazamiento de sus tierras de miles de campesinos y campesinas”, señala el informe de GRAIN.
Según este estudio, el principal productor de palma en América Latina es Colombia, con una extensión de alrededor de 500 000 hectáreas de plantaciones, cuya expansión ha coincidido con áreas de presencia paramilitar. El informe también señala que los monocultivos de palma aceitera en el país están concentrados en manos de grandes terratenientes, que en muchos casos han expandido sus plantaciones desplazando a comunidades campesinas de sus tierras.
Sobre el acceso a las tierras, Carlos Devia, profesor de la facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, señala que detrás del cultivo de palma hay mecanismos de validación de tenencia de tierra. “Con recursos y créditos se puede establecer un cultivo y ocupar tierras, pero en algunos casos, estos mecanismos se vuelven un poco perversos, debido a que, con dinero de diversas fuentes, incluyendo del Estado, terminan apropiándose de territorios”.
Devia explica que en Colombia los grandes tenedores de tierras han sido el resultado de procesos de apropiación asociados a grupos al margen de la ley que desplazaron campesinos. “En Colombia la tenencia de la tierra evidencia cifras muy grandes de inequidad. Un porcentaje altísimo de tierras productivas está en manos de un grupo pequeño de personas, mientras que el resto está en el otro extremo de la curva, es decir, son muchas personas con pequeños espacios de tierra”.
El catedrático de la Universidad Javeriana también explica que la palma aceitera no se cultiva en zonas de ladera, sino en zonas planas donde se puede utilizar maquinaria de gran tamaño, lo cual genera también condiciones de inequidad con respecto al acceso a recursos para la producción.
El informe de GRAIN reafirma lo señalado por Devia pues expone el caso del municipio de Tumaco, donde los terratenientes se apropiaron de tierras campesinas mediante intimidación, artimañas legales y corrupción de las autoridades locales. El estudio también indica los impactos provocados por empresas palmicultoras en comunidades indígenas, como es el caso del pueblo Sikuani, que tras ser víctima de violencia por el conflicto armado interno, fue desplazado de su territorio por una empresa palmicultora, que “obligó a los Sikuani a cambiar su estilo de vida y quedarse sin tierras para cultivar sus alimentos”, se menciona en el documento.
“Es un cultivo que se puede establecer en cualquier lugar, porque no tiene limitación territorial. Si dispones de dinero, se pueden comprar grandes extensiones de tierras para cultivar palma”, agrega Devia.
Centroamérica: el avance de la palma afecta los cultivos de subsistencia
Guatemala es uno de los principales productores de aceite de palma en América Central, con 130 000 hectáreas de este cultivo, lo que representa el 4 % del total de su superficie agrícola. No es el único. En Honduras y también en Nicaragua se cultiva la palma aceitera.
Estos cultivos no están lejos de los conflictos que se han dado en otras partes del continente. Según la investigación de GRAIN, en la región del Petén, en Guatemala, se han reportado conflictos por el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas de sus tierras.
En Honduras, la expansión de la palma también se está dando sobre territorios indígenas, principalmente en las comunidades Garífunas y del Bajo Aguan, indica el estudio. “Los pobladores de estas comunidades han sufrido, violencia, acoso y amenazas por parte de grupos paramilitares vinculados a políticos que están detrás de este agronegocio”, se menciona en el documento.
En Nicaragua se calcula que existen alrededor de 32 000 hectáreas de palma y el reporte señala que en este país muchas de las empresas palmicultoras lograron expandir sus plantaciones de forma ilegal, por medio de arrendamiento de tierras a pequeños agricultores, del desplazamiento de comunidades indígenas o instalándose en tierras de conservación estatal.
Angélica Alfaro, investigadora de temas ambientales en Honduras, explica cómo en estos países se promueve el cultivo de palma desde el Estado. “Existen convenios de los estados con la empresa privada y la banca para fomentar la producción de palma, lo que significa el incremento de áreas de cosecha, incluso en zonas que pueden ser consideradas con alta biodiversidad”.
Honduras estableció un marco institucional fomentado desde el Estado —agrega Alfaro— con una política para el sector agroalimentario, mediante el cual se fomenta el cultivo de palma. Esa misma ruta la está siguiendo Guatemala.
Alfaro recuerda que alrededor de la palma, Honduras tiene una estructura organizativa más consolidada que el resto de países de Centroamérica, pues se trata de cooperativas agrícolas o empresas cooperativas que provienen de la Reforma Agraria de la década de los setenta. En Guatemala, en cambio, la presencia del cultivo empieza en la década de los ochenta.
“La dinámica que ha jugado la empresa privada en Centroamérica ha sido fomentar la producción de palma involucrando a pequeños productores, lo que ha generado que muchos de ellos —productores independientes o pequeñas cooperativas— terminen desplazando sus otras actividades”, señala Alfaro.
De acuerdo con la investigadora, el mecanismo para el avance de los cultivos de palma aceitera consiste en que los pequeños productores se involucren con esta actividad. “Esto le sirve a la industria palmicultora como un conglomerado, porque no solo está la producción de palma, sino también las empresas que producen el aceite y otros derivados”.
En el caso de Nicaragua, comenta Alfaro, aunque el país no llega a una producción al nivel de Guatemala y Honduras, porque su incursión en la industria de la palma es reciente, actualmente sí aparece como “un país que fomenta el crecimiento de este sector”.
El avance de los cultivos de palma aceitera en las comunidades indígenas y campesinas complica la producción de sus cultivos locales de subsistencia. Para la experta, esto genera un problema de inseguridad alimentaria, así como impactos en términos laborales, porque la gente deja de producir a nivel local y se ve obligada a desplazarse para buscar otras oportunidades de trabajo. “Creo que el sector tiene que ser vigilado constantemente porque es una actividad que realmente puede perjudicar enormemente a las comunidades, que son las mayores víctimas en términos de violencia de sus derechos humanos”.
Bolivia: palma para la producción de biocombustible
En Bolivia, el gobierno se ha propuesto impulsar el cultivo de palma aceitera, jatrofa y macororó que se destinará a la producción de biocombustibles, y para ello ha creado el programa de fomento a la producción de especies oleíferas, que contará con fondos de 58 millones de dólares hasta 2026, indica el estudio de GRAIN.
Además, la propuesta del gobierno boliviano es destinar 60 mil hectáreas en suelos ya degradados, como las zonas ganaderas, para estos cultivos. Otros expertos citados por GRAIN indican que el plan es cultivar solo palma aceitera en un territorio de 70 mil hectáreas.
Miguel Ángel Crespo, director de la organización Probioma, cuestiona esta decisión pues señala que el gobierno de Bolivia ha implementado viveros de palma aceitera en el norte de La Paz y en un sector del departamento de Beni, que son amazónicos. “Las más de 60 mil hectáreas de cultivos de palma significarán la desertificación de esos suelos, la contaminación del agua por el uso de agroquímicos y el desplazamiento de poblaciones indígenas de la zona, además de la pérdida de una gran biodiversidad”.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) también se ha manifestado en contra de esta decisión gubernamental.
“No es un proyecto viable, ni económica, ni ambiental, ni social, ni ecológicamente”, agrega Crespo, quien argumenta que el biodiesel no va a sustituir las importaciones de diesel que actualmente hace Bolivia. “No va a solucionar el problema de fondo, más bien lo va agravar porque solamente se producirá un aditivo para el diésel. Se trata de un cultivo exótico que va afectar los suelos, las aguas, los bosques”.
Imagen principal: Paisaje palmero en el departamento de Meta – Colombia. Foto: Álvaro Mejía Jaramillo.
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