- Desde hace más de 15 años los pescadores artesanales de la región Tumbes se ven acosados por un mal que parece sacado de un libro de aventuras: son atacados por piratas.
- Pero esto no es ficción ni literatura: más de 20 pescadores han sido asesinados en los últimos 21 años durante ataques de piratas.
- Hasta la fecha, no hay condenas judiciales por estos crímenes.
- A pesar de que en 2018 la Policía desarticuló una banda de piratería, la situación no ha mejorado significativamente y los pescadores deben pagar extorsiones para poder trabajar.
Es primavera y en Cancas, una comunidad costera en el norte de Perú, la mar es sosegada; solo se agita en los inicios del verano y los últimos días de agosto. Por la tardes, cuando el cielo es púrpura, la marea baja y deja tras de sí una playa fangosa habitada por pequeños crustáceos que huyen al paso de los turistas. El agua, que a esas horas es de un azul profundo, está habitada por peces, lobos de mar, tortugas, caballitos de mar, cangrejos y es la ruta migratoria de las ballenas jorobadas que se dirigen a las costas colombianas. Esta es una de las regiones más biodiversas del Mar de Grau, un espacio recientemente protegido por su importancia ecológica. No hay mayores depredadores y aparentemente no habitan peligros en ella. Durante siglos ha sido así, pero hace veinte años la zozobra extendió su manto aguas afuera. “Hay piratas”, dice un joven pescador del pueblo, mientras observa cómo se desarman las olas al chocar contra las peñas.
Habitada por más de 500 pescadores artesanales, Cancas es uno de los últimos reductos de la pesca ancestral en el país. Es la capital del Distrito Canoas de Punta Sal, en la región Tumbes, y está ubicada a tan solo tres horas del límite con Ecuador. Esta cercanía es un dato clave para explicar la presencia de los piratas que, desde 2005, aterrorizan a la población y a la de otros pueblos pesqueros del litoral tumbesino.
Las bandas de piratas, conformadas por ciudadanos ecuatorianos y peruanos, abordan a las embarcaciones artesanales mientras los pescadores trabajan mar adentro. Para llegar hasta ellos, usan lanchas equipadas con motores fuera de borda y poseen armas de largo alcance. Cuando inicia el abordaje disparan a quemarropa, maniatan a los tripulantes y luego roban los aparejos de pesca, los instrumentos de navegación y el motor. Después huyen con el botín al otro lado de la frontera o, en algunas ocasiones, desembarcan en la caleta peruana de Puerto Pizarro.
Mongabay Latam realizó distintos pedidos de información a la Marina de Guerra y a la Policía Nacional para determinar el avance de este delito en la región de Tumbes, pero ambas instituciones, aunque confirman que no hay detenidos, manejan información distinta y fragmentada. Su subregistro de denuncias contiene cifras muy distantes: Entre 2020 y 2024, la Marina registra 61 denuncias, mientras que la Policía sólo cuenta seis denuncias por delitos en altamar. Para los pescadores, las cifras se quedan cortas.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tumbes —al que accedió Mongabay Latam— hasta 2021 se registraron en Puerto Pizarro 15 pescadores asesinados por piratas. En Cancas, la cifra es de siete pescadores asesinados. A nivel regional no hay una cifra oficial exacta. Sin embargo, tras sistematizar los reportes de la prensa local, Mongabay Latam pudo identificar al menos 20 asesinatos a pescadores de la región de Tumbes desde 2003.
“[Los piratas] se llevan las herramientas, los celulares, la embarcación queda completamente vacía. Y a la gente la dejan botada a su suerte en el mar. A los que se niegan o regresan a mirar…pum”, dice, imitando el sonido de un disparo, un pescador a quien por motivos de seguridad llamaremos “Álvaro”. “Nosotros hemos contabilizado ya siete muertos en Cancas, por eso tenemos miedo. Las muertes han quedado en nada, las autoridades nos dicen ‘¿qué podemos hacer con los piratas? ¿Adónde vas a ir a reclamar?’, el papel lo guardan y ahí se queda. De todos los asesinatos por piratería que han sucedido, ninguno ha sido resuelto”, asegura Álvaro, quien desde hace un tiempo solo se dedica al turismo para evitar ser asaltado.
A lo largo de los años, los tumbesinos han bloqueado la carretera Panamericana Norte en distintos tramos de la región para exigir justicia, pero hasta el momento no han encontrado ningún atisbo de ella.
“Sentimos el temor, está enquistado”, dice otro pescador a quien hemos apodado Ulises para salvaguardar su integridad.
Banderas negras e impunidad
Los pescadores canqueños, cuando hablan sobre piratas y asaltos en alta mar, susurran, se inquietan y siempre miran hacia cualquier punto, como si se sintieran observados; nunca fijan la vista en su interlocutor. La mayoría no quiere dar su nombre ni ser grabado. En muchas ocasiones a mitad de la entrevista se arrepienten de hablar y se marchan. Las represalias contra los que dan información es algo que quieren evitar. Los piratas han establecido un imperio invisible de miedo y terror.
“Hace catorce años los vi, llegaron de pronto, abordaron el bote… dispararon, mataron a mi hermano y a mi compañero. A mí me hirieron y así piloteé hasta la costa, desangrándome, durante seis horas. No les habíamos hecho nada, ni siquiera opusimos resistencia. Iban en dos lanchas rápidas, eran ecuatorianos”.
El hablar del pescador es rápido y atropellado. Está en eterna alerta, percibiendo el peligro aunque la mañana está soleada, tranquila, y la brisa da vueltas en los patios de las pequeñas casas levantadas a pocos metros del mar. A pesar de que no hay nadie cerca no quiere ser grabado, tampoco que se sepa su nombre. Al rato de hablar se siente incómodo, quiere que nos marchemos y pide que por favor pensemos en su familia.
Él ya no sale del pueblo, dice que a pesar de los años sigue teniendo miedo. “Si se enteran que periodistas han venido a verlo le puede ir mal”, indica Ulises. Antes de marcharnos, la esposa pregunta si queremos ver las heridas del pescador. Una larga cicatriz recorre su estómago. Luego de catorce años no se ha capturado a ninguno de los piratas involucrados en el asalto ni existe proceso judicial en marcha. No ha vuelto al mar desde entonces. Similar situación se repite en los más de 10 testimonios recogidos por Mongabay Latam.
“Nos preocupa este tema. Cómo quisiéramos que los derechos humanos internacionales se acerquen acá y sentirnos protegidos. Estas organizaciones buscan la manera de callar a quienes dan información”, cuenta otro pescador.
Para las Naciones Unidas, la piratería marítima afecta al comercio, la seguridad, la navegación y el bienestar de las personas del mar. Para los hombres y mujeres de los pueblos pesqueros de las tres provincias de la región Tumbes es un azote que les ha arrebatado la tranquilidad, la vida de sus familiares y que golpea su economía.
“En el norte sufrimos ya desde hace varios años. En Cancas hemos sufrido la muerte de hermanos pescadores. El año pasado fueron asaltadas alrededor de 20 embarcaciones. [Por ese motivo] enviamos un oficio a la Presidenta de la República”, explica Javier Pazo, alcalde de Canoas de Punta Sal. Lo que recibieron, cuenta Pazo, fue una comisión de generales que argumentaron que tenían un plan de vigilancia.
Para Pazo, esta es una evidente apatía estatal. Aún así, desde la Municipalidad distrital de Canoas de Punta Sal han enviado distintas comunicaciones hacia autoridades de alto nivel: a la presidenta Dina Boluarte, al ex ministro de defensa Jorge Chávez Cresta, a Capitanía de Puerto y al Congreso de la República; pero luego de un año de intentos no se avizoran resultados y los balances brindados no son satisfactorios.
“A nosotros nos dieron una cita en el Ministerio de Defensa, pero no estuvo el [ex] ministro [Chávez Cresta], nos atendió su asesor. Ellos nos muestran resultados que no reflejan [acciones]”, cuenta el alcalde.
El capitán Emilio Huaco es el encargado de la Capitanía de Puerto de Zorritos, la cual realiza las acciones de control y fiscalización de las actividades marítimas en Tumbes. Por un pedido de información pública realizado a la Fiscalía de Prevención al Delito de Tumbes, ésta respondió que de acuerdo a información entregada por el capitán Huaco, entre 2022 y 2024 se han realizado 515 operativos para contrarrestar los asaltos en altamar. El saldo de estos numerosos patrullajes no deja contentos a los pescadores ni a las autoridades locales porque no hay ningún detenido. Tampoco se han registrado interdicciones a embarcaciones piratas. Además, el informe de la Capitanía de Puerto detalla que en los últimos tres años no han sucedido muertes por asaltos en altamar. Sin embargo, en 2023, se registró el asesinato del pescador Fidel Rodríguez Peña. Antes que él, en 2021, Pedro Santos Calle y Dante Tume Morales también murieron en manos de los piratas.
Para vigilar el mar de Tumbes la Marina de Guerra cuenta con una patrullera marítima, dos patrulleras de interdicción y cuatro patrulleras de costa. Los pescadores manifiestan que son insuficientes para hacer frente a la piratería.
El director de Pesquerías de Oceana Perú, Juan Carlos Sueiro, explica que el Estado no tiene una estrategia sistematizada para combatir la piratería marítima. Sueiro añade que la filtración de información puede ser un punto de quiebre para que los operativos no obtengan resultados positivos. Para el especialista es muy grave que los casos de asesinatos y asaltos no lleguen a la prensa nacional siendo esta una problemática que no se repite en ningún otro lugar del Perú. Esta peculiaridad se debe a que es zona de frontera. En Ecuador, la piratería marítima es un delito de larga data. Solo en la Fiscalía Provincial de Santa Elena —provincia ecuatoriana ubicada a cinco horas del distrito peruano de Aguas Verdes— hasta 2022 se registraron 526 denuncias por piratería. En Perú, las denuncias son mínimas o no están oficializadas.
En los documentos compartidos por la Fiscalía de Prevención del Delito de Tumbes y en las seis denuncias interpuestas en la Policía, los pescadores sobrevivientes al ataque de piratas indican que las bandas son ecuatorianas y poseen armas de largo alcance. Usualmente su actuar es cruel, rápido y no tiene motivos aparentes. Para la Fiscalía, robar la pesca es el principal objetivo de los piratas, aunque los pescadores no opinan lo mismo. Cuando una embarcación artesanal es intervenida le roban los motores, sondas, instrumentos de geolocalización y aparejos de pesca. Luego de desmantelar la embarcación, echan por la borda a sus tripulantes sin importar a cuantas millas mar adentro se encuentren.
El botín es descargado en tierras ecuatorianas (que pueden alcanzar en solo dos horas) o en Puerto Pizarro, donde, con la protección del manglar, desembarcan sin problemas. En el mercado negro de Ecuador, las piezas de navegación son preciadas y de alto valor. De hecho, los motores tienen gran demanda, aseguran los pescadores. En otras ocasiones, exigen una determinada cantidad de dinero para devolver el bote secuestrado. La Marina de Guerra indicó a este medio que tiene identificadas a las bandas de piratas y ya ha recopilado datos para actuar contra ellas.
La acción más visible del Estado contra la piratería marítima se dio en 2018 cuando se desarticuló la banda “Los Piratas de Puerto Pizarro”, liderada por el ciudadano ecuatoriano Willian Alberto Banchón Suárez. Según el Ministerio Público, junto a Banchón fueron detenidas 43 personas, entre ellos su lugarteniente, Andrés Miñán Martínez, dos miembros de la Marina y un suboficial de la Policía Nacional, a quien, según el expediente, se le acusa de filtrar información sobre los operativos. Seis años después, la mayoría de los detenidos está en libertad; incluso Andrés Miñan, aunque en 2023 fue capturado nuevamente por el delito de tráfico ilícito de drogas. Ese mismo año, la Oficina de Control de la Magistratura pidió la destitución de Edwin Anselmo Cohaila Nina, ex juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, por no aplicar inmediatamente la prisión preventiva contra los integrantes de la banda.
A pesar de que las investigaciones continúan, los pescadores ven con recelo que el proceso, tan mediático en su momento, no haya obtenido los resultados esperados. Además, ha reforzado su desconfianza hacia las fuerzas policiales y de la Marina. “Nosotros no confiábamos en la capitanía. Cuando se destapó lo de la piratería se vio que había miembros de la policía que salían con los piratas, en complicidad, así como algunos miembros de la Capitanía. Eso ha sido un impacto muy grande para nosotros”, comenta un pescador cuyo nombre mantendremos en reserva.
Actualmente lo que vuelve más grave la situación en el norte de Perú es que la piratería ha comenzado a presionar aún más a los pescadores. Desde hace dos años les cobran cupos (extorsiones) para que puedan ejercer su oficio sin ser asaltados, lo que da señas de la existencia de organizaciones criminales bien estructuradas y provistas de suficiente información sobre las rutinas de pesca. Esto ha impuesto una calma ficticia: con pagos, no hay asaltos ni muertes.
Pago o muerte
La situación ha escalado tanto en Tumbes que los piratas tienen redes de informantes en los puertos. En muchos casos los pescadores saben quiénes son, pero tienen miedo a las represalias y no los denuncian. “Has hecho bien en buscarnos a nosotros, de esto no se habla con cualquiera”, señala Ulises para iniciar la entrevista a la que ha accedido a tener en un restaurante local donde no hay ningún cliente. El pescador pide a la mesera que suban el volumen de la música. Aunque apenas es audible su voz, explica el funcionamiento del cobro de cupos y la tarea de los “bahía”, aquellos que desde tierra informan a los piratas sobre todo lo que sucede en los puertos.
La información entregada por Ulises fue cotejada con el relato de otros cuatro pescadores.
Carlos, pescador artesanal y promotor turístico, cuenta que los piratas saben el número de matrículas de los botes, quiénes son los patrones (capitanes) y los dueños, los nombres de los tripulantes, qué especies pescan y en qué muelle atracan. Ulises indica que a los pescadores que pagan cupo los piratas les dan un distintivo —una bandera— para poder identificarlos en alta mar. Para cobrar la cuota, los esbirros de los piratas llegan hasta las casas de los pescadores, aunque también se realizan transferencias bancarias. El monto que los pescadores pagan, dice, es variable.
“Si yo pago cupo me dan mi carné, me llaman para pagar mensualmente, inclusive ya algunos les han dicho: ‘No puedes comunicar a nadie de esto porque ya sabemos de tu familia, conocemos tu casa’. Ahora en una moto llegan a cobrar a las casas estos grupos de delincuentes. Si sale a la luz todo esto es posible que digan, de tal casa salió, y entonces la represalias quizás no sean en tierra, pero pueden ser en el mar con la embarcación, con la gente”, cuenta otro pescador que prefiere el anonimato.
David —un dirigente pesquero de Máncora, pescador artesanal desde los 12 años que prefiere no ser identificado con su verdadero nombre y durante toda la entrevista habla en tercera persona— cuenta que los pescadores deben pagar 260 soles (unos 70 dólares) para poder navegar sin temores. En Puerto Pizarro, la cifra puede llegar a los 100 dólares.
“Para pescar en el banco de Máncora se debe pagar una cuota. Por eso nosotros no vamos para allá. Todo aquel que va y no paga es asaltado. La Marina no hace nada. Esta situación de los cupos empezó en Puerto Pizarro y ahora se ha extendido a más caletas”, dice. Además, los pescadores que se oponen o denuncian públicamente las extorsiones son amenazados y sus embarcaciones son marcadas. En el mar, esa marca permite a los piratas identificar los botes “enemigos” y asaltarlos.
“Ya están pagando cupo para salir a trabajar al mar”, confirma Javier Pazo, el alcalde de Canoas de Punta Sal, quien señala que algunos pescadores han llegado hasta su despacho para denunciar la situación. “Hace dos meses asaltaron cinco embarcaciones de Cancas. Los pescadores vinieron y les consulté si pagaban cupo. Dijeron que sí, pero que la persona encargada de los cobros no había llevado el dinero al [jefe] de la banda”.
Pazo vuelve a mostrar los documentos donde ha pedido apoyo a la presidenta Dina Boluarte y a la Marina de Guerra. “Sinceramente nunca encontramos respuesta por parte del Gobierno”, dice.
Una de las alternativas que encontraron los pescadores para evitar asaltos fue zarpar en grupos hacia los bancos pesqueros en compañía de los guardacostas. De acuerdo a la versión del alcalde, eso tampoco funcionó. “Parece que simplemente se han echado al dolor, pagan su cupo y siguen trabajando”.
Según David, los pescadores han aceptado pagar cupos porque su vida corre peligro y no quieren perder sus herramientas de trabajo. En un sector vulnerable como el pesquero, perder motores o aparejos puede significar un golpe económico irrecuperable, sin contar el dolor emocional. David hace cinco años perdió a dos amigos a manos de los piratas.
“A José Carrera Querevalu lo asaltaron y asesinaron en altamar. Tenía más de 45 años pescando y lo mataron. Llegaron en un yate disparando. Él se puso de pie y la bala le atravesó el corazón. Uno de los piratas dijo ‘ya mataron al hombre’, y se fugaron. Sus motores fuera de borda corren más que la patrullera. Cuando ocurrió ese asalto también quedó herido otro tripulante, después ya no quiso volver a pescar, se dedicó a ser carpintero”. La voz de David, al inicio cargada de enojo, cambia y se quiebra. “Hicimos marchas en el pueblo, bloqueamos la Panamericana, pero nunca se cogió [capturó] a nadie. Ahora la viuda de “Joselito” es trabajadora del hogar”, dice David.
A su otro compañero lo asesinaron hace 10 años. Su nombre era Jesus Ruíz. Se había comprado un bote y murió frente a sus hijos. Fue un disparo en la cabeza. “Ellos eran estimados en el pueblo, gente de trabajo, buenos amigos, y los piratas acabaron con sus vidas”.
Para el Estado, si no hay denuncias no hay delito
Las víctimas de los asaltos en altamar se cuentan por cientos, pero todo es extraoficial.
La Fiscalía de Prevención al Delito no ha realizado ninguna actividad preventiva en 2024 debido a los bajos índices de incidencia delictiva en el mar, aseguró el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tumbes, Carlos Álvarez Rodríguez, al ser consultado sobre las tareas que la Fiscalía ha llevado a cabo para contrarrestar la piratería marítima.
“Durante el presente año, y hasta la fecha, no se han registrado denuncias en el sistema SIDPOL por delitos contra el patrimonio en agravio de pescadores artesanales y/o embarcaciones en altamar”, es la respuesta completa de la Fiscalía. A esa conclusión llegaron luego de revisar la información de las comisarías del litoral tumbesino.
Para los pescadores esto es algo inaudito porque en 2024, aseguran, han sido asaltadas decenas de embarcaciones en altamar. Además, se contradice con la información brindada por la Marina y la Policía Nacional a Mongabay Latam sobre el registro de denuncias.
Carlos Sueiro, especialista de Oceana, explica que la ausencia de denuncias describe una característica del delito, más no su inexistencia. De acuerdo con los testimonios de los pescadores, la mayoría de víctimas no se animan a denunciar porque tienen miedo. Sueiro indica que el trabajo a hacerse debe estar enfocado desde la Inteligencia Policial, con investigación de larga profundidad y estrategias que permitan desarticular organizaciones criminales.
“Vas, presentas tus reclamos y denuncias a Capitanía. ‘Ya venga mañana, ya venga la otra semana, ya los estamos ubicando’, te dicen… pero no ubican nada. Dicen que harán operativos inopinados, nadie sabe si lo harán o no. Igual no puedes reclamar porque te marcan”, señala Álvaro.
Por su parte, el alcalde de Canoas de Punta Sal, Javier Pazo, luego de diversas reuniones en Lima para exponer la problemática, concluye que el Estado mantiene su postura de solicitar evidencias, de lo contrario no habrá mayores acciones.
“Han dicho que si no hay denuncias, para ellos [el delito] no está consolidado. Propusimos que se active un mecanismo donde se proteja al denunciante, porque de lo contrario no lo harán. Ellos [los pescadores] han dicho que no van a denunciar”, explica el alcalde de Canoas de Punta Sal, Javier Pazo.
De acuerdo al portal de Transparencia Económica, en lo que va del año se han girado más de 1700 millones de soles (456 millones de dólares) a la Marina. De esta cantidad se han transferido 33 millones de soles (8 millones de dólares) a Control y Vigilancia del Ámbito Acuático, pero no se especifica a qué jurisdicciones marítimas se ha enviado ese dinero.
En septiembre de 2024, las autoridades canqueñas se reunieron con el capitán de corbeta Emilio Huaco, encargado de la Capitanía de Zorritos, para pedir balances de la situación y conocer las estrategias de prevención. Pero, según Pazo, el capitán argumentó que deben denunciar para poder salir a patrullar.
Mongabay Latam contactó a la Marina de Guerra por teléfono y por correo electrónico en repetidas ocasiones para obtener información sobre sus acciones contra la piratería. El equipo periodístico incluso visitó la sede de la Capitanía de Zorritos. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje la Marina no respondió las preguntas.
Este medio también se contactó a la embajada de Ecuador en Perú para saber si tienen conocimiento de la participación de personas de nacionalidad ecuatoriana en las bandas de piratas y las acciones que se están desarrollando para atender el problema. Hasta la publicación de este reportaje la embajada no envió respuestas.
En el siglo XVII los piratas se servían de la niebla, las islas misteriosas y la bruma marina para ejercer sus tropelías. Hoy, para los pescadores parece ser la desidia y una estrategia estatal poco efectiva lo que les permite actuar impunemente.
*Imagen Principal: Los pescadores deben pagar 260 soles (unos 70 dólares) para poder navegar sin temores. En Puerto Pizarro, la cifra puede llegar a los 100 dólares. Foto: Leandro Amaya C.
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