- Los pequeños agricultores familiares llevan años reclamando y esperando legalizar sus tierras. En paralelo, este procedimiento fraudulento de tierras es muy común en jurisdicciones donde los cargos electos locales se confabulan con sus electores para acelerar el acaparamiento de tierras.
- Para Killeen, dichas concesiones o compras de tierras de tal magnitud no pueden ejecutarse sin influencia política. Técnicamente, pueden ser legales, pero siguen siendo corruptas.
- De hecho, el autor explica que alrededor de 1.000 políticos y 140.000 funcionarios en Brasil recibieron tierras públicas indebidamente, mientras que más de 37.000 parcelas se concedieron a personas muertas al momento de la solicitud.
La distribución de tierras fiscales ha sido, en diferentes momentos, una política oficial de los gobiernos en prácticamente todas las jurisdicciones amazónicas. Según la época y la región, se ha priorizado a veces las pequeñas propiedades frente a las grandes propiedades, o viceversa. Sin embargo, todo el sistema que ha sustentado este proceso se ha caracterizado por la ineficiencia, el clientelismo político, los privilegios de clase y la corrupción.
En toda la región, cientos de miles de pequeños agricultores familiares llevan años esperando obtener documentos que validen los derechos sobre sus tierras. Aquellos que han tenido la suerte de recibir títulos certificados por lo general han pagado un soborno para que sus documentos avancen a través de una cadena burocrática interminable de requisitos, formularios, impuestos, cargos, validaciones, inspecciones, y otros trámites. Contar con un título certificado tiene un impacto significativo en el valor de los bienes inmuebles, por lo que muchas personas están dispuestas a pagar «dinero rápido», especialmente si les falta algún documento o este no cumple con alguna norma específica. Aunque el reclamo puede ser legítimo, sin un “incentivo”, el expediente puede quedar paralizado durante semanas, meses o incluso años. Estas transacciones cotidianas rara vez son reportadas en la prensa y mucho menos denunciadas ante las autoridades judiciales.
Los acaparadores de tierras, por su parte, cometen abusos más flagrantes del sistema de tenencia, fabricando títulos de propiedad mediante esquemas fraudulentos bien conocidos. Estos actores, dedicados al fraude profesional, venden las tierras recién adquiridas a terceros que son plenamente conscientes de que están comprando un bien ilícito. En esta dinámica, el acaparador de tierras, el funcionario y el comprador participan de una suerte de “gran estafa”, ya que el dinero involucrado es considerable¸ pues no sólo incluye el soborno, sino también el precio de venta y el valor real de la tierra. El impacto de estas prácticas es aún más grave cuando las parcelas son reclamadas por comunidades indígenas o tradicionales.
Este tipo de fraude de tierras es especialmente común en jurisdicciones donde los funcionarios electos locales colaboran con sus votantes para facilitar la apropiación indebida de tierras. Esto ocurre, por ejemplo, en la Chiquitanía (Santa Cruz, Bolivia) y en la provincia de Ucayali (Loreto, Perú), donde menonitas e interculturales protagonizan disputas por tierras fiscales. Situaciones similares se presentan a lo largo de las carreteras BR-230 y la BR-319, en el sureste de la Amazonía. El apoyo de las autoridades locales suele ser descarado, como en el caso del prefecto de Novo Progresso (Pará), quien colaboró con colonos migrantes para organizar un “día de fuego”. Durante esta jornada, los colonos quemaron áreas forestales en terrenos pertenecientes al Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Nossa Terra, patrocinado por el INCRA.
Invariablemente, los compradores afirman haber adquirido las propiedades de «buena fe» y, con frecuencia, logran prevalecer en los tribunales debido a que sus documentos han sido validados por alguna agencia estatal. Este tipo de maniobra legal, que sustenta cientos de miles de transacciones de tierras en toda la Amazonía, puede convertirse en un problema durante años o incluso décadas después de que la tierra haya sido ocupada originalmente. Para la mayoría de los propietarios, este riesgo suele percibirse como mínimo y, por tanto, fácil de ignorar, ya que es una práctica muy común. Sin embargo, en ocasiones estas situaciones se convierten en una pesadilla de relaciones públicas para grandes empresas comerciales. Un ejemplo reciente lo vivió Agropalma el mayor productor de aceite de palma de Brasil.
El Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) es la entidad gubernamental encargada de certificar la situación legal de las propiedades rurales en Brasil. Sin embargo, esta tarea sigue sin completarse, a pesar de múltiples intentos par modernizar sus procedimientos administrativos. El INCRA ha estado involucrado en diversos escándalos de corrupción, como el organizado por Jader Barbalho entre 1987 y 1988. En 2014, fiscales federales llevaron a cabo la Operación Terra Prometida, que resultó en la detención de ochenta personas en Mato Grosso, acusadas de conspirar para apropiarse ilegalmente de aproximadamente 100.000 hectáreas de tierras fiscales. El plan consistía en distribuir parcelas de 100 hectáreas de tierras dentro del Proyecto de Asentamiento (PA) Itanhangá, una propiedad colectiva del INCRA destinada a trabajadores rurales sin tierra. No obstante, las parcelas fueron asignadas a agricultores de clase media que no cumplían los requisitos legales, ya que poseían tierras o tenían ingresos superiores a los límites definidos por la ley. Entre los beneficiarios se encontraban dos hermanos del entonces ministro de agricultura y un destacado político afiliado al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Ese escándalo motivó al Tribunal de Contas da União (TCU) a realizar una auditoría más amplia de las operaciones del INCRA. Los resultados revelaron que posiblemente un tercio de todas las concesiones históricas de tierras realizadas a través de sus programas de asentamiento eran fraudulentas. Las irregularidades se evidenciaron al comparar los números de identificación nacional de las personas que habían recibido tierras con otros datos. La auditoría descubrió que más de 1.000 políticos y 140.000 funcionarios públicos habían recibido tierras fiscales de manera indebida, mientras que más de 37.000 parcelas fueron adjudicadas a personas fallecidas en el momento de su solicitud. El costo de oportunidad acumulado para el país se estimó en aproximadamente 35 mil millones de Reales. No sorprende que el fraude de tierras sea más frecuente en la región de la Amazonía Legal.
La corrupción que afecta a los programas dirigidos a pequeños productores debe analizarse en el contexto del tráfico de influencias que contaminó las concesiones de tierras en las décadas de los 70 y 80. Durante ese período, el régimen militar otorgó enormes extensiones de tierra a magnates empresariales y aliados políticos. Aunque estas transacciones se consideraban legales, muchas de estas tierras fueron adquiridas a través de corporaciones de desarrollo o agencias estatales de tierras que operaban antes y en paralelo al INCRA. Concesiones o compras de tierras de esa magnitud no se realizan sin un respaldo político importante. Si bien técnicamente pueden ajustarse a la legalidad, su esencia sigue estando impregnada de corrupción.
Imagen destacada: Donde la selva tropical se encuentra con el mar en Brasil. Crédito: Rhett A. Butler.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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