- En esta sección, Killeen repasa algunos casos emblemáticos de Brasil en los que ciertos núcleos familiares hacen uso del clientelismo político para su relevancia económica y social.
- Así, para el autor ciertas conexiones familiares han dado acceso preferencial a la función pública, generando un impacto negativo en las instituciones del Estado.
- En la mayoría de los casos, dichos clanes apoyan el desarrollo convencional y pocas veces decantan en la protección del medio ambiente.
La familia es uno de los pilares fundamentales de la cultura latinoamericana. En la familia prototípica, los miembros suelen vivir muy cerca unos de otros y dependen de una red nuclear multigeneracional para obtener apoyo emocional y económico. La familia extensa también desempeña un papel crucial, funcionando con frecuencia como la red principal para acceder a oportunidades sociales, educativas y profesionales. En la mayoría de los casos, el respaldo familiar es un recurso invaluable.
Las tradiciones familiares son esenciales para la preservación de los oficios artesanales y técnicos, donde los hijos aprenden un oficio de sus padres. De igual manera, esta influencia se refleja en los gremios profesionales, en los que las generaciones más jóvenes suelen seguir la vocación de las anteriores. La herencia, como derecho fundamental de propiedad, es un aspecto que raramente se cuestiona, especialmente en contextos como la gestión de granjas multigeneracionales o la tradición de transferir pequeñas y medianas empresas de padres a hijos. Sin embargo, la dependencia de la familia como fuente de empleo tiene sus límites, especialmente en el ámbito de las grandes empresas.
Las corporaciones familiares más exitosas suelen contratar profesionales externos para gestionar sus operaciones. A pesar de ello, los defensores de este modelo argumentan que las empresas familiares tienden a realizar una planificación estratégica más sólida, ya que están orientadas por objetivos a largo plazo, visiones compartidas y valores comunes. Entre estos valores destaca el compromiso de invertir en las comunidades en las que operan, lo que fortalece su conexión con el entorno y asegura su sostenibilidad a futuro.
Ahora bien, ninguna de esas explicaciones es válida cuando las conexiones familiares brindan un acceso preferencial a la función pública, lo que genera los mismos efectos negativos que el clientelismo político. Algunos argumentan que este fenómeno no ocurre en el caso de los funcionarios electos debido a la intervención de los votantes, pero esa justificación sólo resulta válida cuando las elecciones son “libres y justas”. Incluso en esas circunstancias, persiste una ventaja electoral derivada al reconocimiento del nombre y de la política tribal. Las dinastías políticas no son exclusivas de América Latina, y ejercer el poder político es, sin duda, una habilidad genuina que los hijos ambiciosos pueden desarrollar. No es raro que las nuevas generaciones sean incluso más competentes para gobernar que sus predecesores.
No obstante, la corrupción endémica que afecta las instituciones gubernamentales convierte al nepotismo político en un peligro especialmente grave. La mayoría de los clanes políticos operan en jurisdicciones locales y regionales donde las familias influyentes controlan importantes entidades económicas, medios de comunicación y partidos políticos. Naturalmente, estas familias buscan dominar el proceso electoral y ocupar cargos administrativos para su propio beneficio, tanto personal como familiar.
En Brasil, el ejemplo más destacado de nepotismo político es el clan liderado por Jader Fontenelle Barbalho. Su carrera política comenzó en la década del 70, cuando participó en las legislaturas estatales y nacionales como miembro de un partido de “oposición” tolerado por el régimen militar. Su retórica populista y habilidades tácticas lo llevaron a ser elegido gobernador en 1983. Posteriormente, en 1988, fue nombrado Ministro de Desarrollo Agrario, lo que le otorgó control sobre el INCRA durante el auge de la fiebre por tierras en la Amazonía. Este cargo representaba un verdadero centro poder, y se alega que lo utilizó para financiar su campaña para un segundo mandato como gobernador en 1991, además de conseguir una cartera de propiedades excepcionalmente grande. Finalmente, fue acusado de inflar los costos de docenas de haciendas entre 1988 y 1990 como parte de un programa de expropiación de tierras para su redistribución entre los campesinos sin tierra. Las supuestas actividades ilegales salieron a la luz en 2003, cuando Barbalho ya ocupaba nuevamente un cargo público electo, lo que llevó que el caso fuera transferido a un foro privilegiado presidido por el Supremo Tribunal Federal. Allí, el caso languideció hasta que, en 2015, la prescripción de los delitos provocó su desestimación.
Jader Barbalho también fue implicado como el cerebro detrás del esquema de malversación de fondos de la SUDAM (1997-2000), que consistió en el desvío de decenas de millones de dólares provenientes de préstamos subsidiados destinados a apoyar a empresas productivas (ver detalles más abajo). Para entonces, ya era un senador influyente, y su papel en el esquema fue tan evidente que, en el año 2000, se vio obligado a renunciar a su puesto como presidente del Senado. Posteriormente, dimitió de su escaño en el Senado para evitar un proceso de destitución (cassação de mandato) que lo habría inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. Sin embargo, regresó al Senado en 2011, donde asumió un papel destacado como líder de la bancada rRuralista y aliado estratégico de la presidenta Dilma Rousseff, hasta que votó a favor de su destitución en 2016.
Como miembro influyente del PMDB (ahora MDB), se sospecha que desempeñó un papel clave en la organización del escándalo de corrupción Lava Jato. En 2016, el fiscal general presentó la primera acusación formal en su contra, alegando que aceptó 30 millones de Reales en sobornos para facilitar la construcción del complejo hidroeléctrico de Belo Monte. Posteriormente, una acusación más amplia lo vinculó, junto a otros siete miembros de alto rango de su partido, con la recepción de 867 millones de Reales en sobornos, comisiones ilegales y donaciones ilícitas a campañas electorales. Como es habitual, el proceso en el Tribunal Federal Supremo (TFS) avanzó con lentitud, y durante ese tiempo Barbalho trabajó para apoyar la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, llegando a formar parte del equipo de transición tras las elecciones. Finalmente, en marzo de 2023, el Tribunal Federal Supremo desestimó los cargos en su contra y en contra de sus presuntos socios.
Varios otros miembros de la familia Barbalho han ocupado cargos electivos o han recibido nombramientos en instituciones locales, regionales y nacionales. Entre la generación más joven, el vástago más destacado es Helder Barbalho, quien fue alcalde del segundo municipio más grande de Pará antes de postularse para gobernador en 2014. Aunque perdió esa elección, fue acusado de solicitar una contribución ilegal para su campaña a una subsidiaria del conglomerado Odebrecht. Como figura influyente del PMDB, Helder fue designado para varios cargos ministeriales durante las administraciones de Rousseff y Temer, y se postuló nuevamente para gobernador de Pará en 2018, logrando la victoria.
La gestión de Helder Barbalho ha sido destacada para presentarlo como defensor de un enfoque científico en las políticas públicas. Ha respaldado abiertamente las vacunas contra la COVID-19 y promovido iniciativas contra el cambio climático, al mismo tiempo que apoya firmemente formas legales de minería y agricultura. Como gobernador conocido por su enfoque medioambiental, se comprometió a reducir las emisiones de carbono en un 45% para 2035 y ha sido un firme defensor de la agenda social del presidente Lula, al tiempo que respalda propuestas de exploración petrolera en la región conocida como Margen Ecuatorial. En 2022, Helder Barbalho fue reelegido con más del 70% de los votos.
Otro destacado clan político está liderado por el ex senador de Roraima, Romero Jucá. Su carrera política comenzó en su estado natal de Pernambuco, pero en los años 80 se trasladó a Brasilia, donde fue designado para dirigir el Projeto Rondon, un servicio voluntario enfocado en la colonización de la Amazonía. Posteriormente, asumió la presidencia de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), momento en el cual centró sus esfuerzos en Roraima, que más tarde se convertiría en su futuro hogar y feudo político. Durante su gestión dirigiendo la FUNAI, Jucá enfrentó múltiples investigaciones sobre denuncias de soborno, malversación de fondos y tráfico ilegal de madera ilegal. No obstante, su acción más controvertida fue la traición a su obligación de proteger a los pueblos indígenas de los impactos de la expansión fronteriza.
En 1987, Juca alteró arbitrariamente los límites del recién creado Territorio Indígena Yanomami, reduciendo su extensión en un 75% y fragmentándolo en diecinueve unidades desconectadas. En las áreas excluidas, facilitó la entrada de unos 40.000 mineros irregulares (garimpeiros), mientras expulsaba a misioneros y ONG que brindaban atención médica a comunidades indígenas recién contactadas. Estas decisiones tuvieron consecuencias devastadoras: aproximadamente el 25% de la población Yanomami murió como resultado directo de sus acciones. La Comissão Nacional da Verdade clasificó estas medidas como una violación de los derechos humanos, y los activistas sociales las consideran un crimen contra la humanidad y, muy posiblemente, un acto de genocidio.
A pesar de las polémicas, Jucá fue recompensado en 1988 al ser nombrado Gobernador del territorio federal de Roraima durante su transición a la plena estadidad. Aunque perdió las elecciones por la gobernación en 1990, su primera esposa, Teresa Surita, fue elegida alcaldesa de Boa Vista en 1992. Juntos construyeron una maquinaria política con una capacidad camaleónica para apoyar a los partidos políticos del momento. En 1995, Jucá fue elegido senador. En paralelo emprendió un negocio avícola que colapsó poco después de iniciar sus operaciones. Más tarde, durante los escándalos de SUDAM a finales de los años 90, una auditoría reveló que utilizó propiedades fantasmas como garantía para obtener un préstamo del Banco de Amazonas. Sin embargo, como ocurrió en muchos casos penales que involucraban a senadores, el Supremo Tribunal Federal desestimó las acusaciones en 2008 por motivos procesales.
Romero Jucá financió parte de sus actividades políticas a través de la Fundação de Promoção Social e Cultural do Estado de Roraima, una organización sin fines de lucro supuestamente dedicada a ayudar a los pueblos indígenas. Coincidentemente, el programa federal que patrocinaba esta fundación fue creado mediante una legislación patrocinada por el propio senador Jucá. Sin embargo, el director de la fundación, un colaborador cercano al senador Jucá, desvió fondos destinados a la atención médica de las comunidades indígenas hacia entidades asociadas a la maquinaria política de Jucá. Aunque esto derivó en acciones legales, los responsables evitaron el procesamiento debido a una tecnicidad jurídica, que las pruebas claves se obtuvieron sin una orden registro judicial.
A lo largo de tres mandatos como senador, Jucá utilizó su influencia para ocupar cargos en el gabinete de Lula da Silva (Previdência Social no Brasil) y Michel Temer (Ministério do Planejamento). Durante su carrera legislativa, promovió repetidamente leyes para permitir la minería en tierras indígenas. En 2012, una empresa controlada por su hija, Marina, solicitó un permiso para extraer oro en territorios indígenas de Roraima, lo que desató nuevas polémicas. Su hijo, Rodrigo, fue elegido para la asamblea estatal en 2010 y lanzó una campaña fallida en 2014, parcialmente financiada con contribuciones de la empresa Odebrecht.
Aunque Romero Jucá y Teresa Surita se divorciaron en la década de los 90, ambos han mantenido una estrecha alianza política. Surita ha sido elegida alcaldesa de Boa Vista en cinco ocasiones y ha ocupado puestos en el Congreso y en el Ministerio de Urbanismo. Su gestión ha sido ampliamente elogiada por sus esfuerzos en el fortalecimiento de la gobernanza municipal y en la promoción de derechos de las mujeres. No obstante, también ha enfrentado acusaciones de manipulación de precios en contratos de recolección de basura y obras públicas durante su mandato como alcaldesa.
Ambos, tanto Jucá como Surita, han formado nuevas familias y tienen hijos con otras parejas. Sus descendientes mantienen relaciones lo suficientemente cercanas como para haber organizado juntos un negocio que defraudó al Estado. Vendieron un terreno a un precio sobrevaluado de 32 millones de Reales para un proyecto de viviendas dentro del programa Minha Casa Minha Vida en las afueras de Boa Vista. La construcción de las unidades habitacionales estuvo a cargo de Odebrecht, que había financiado la campaña de reelección del senador Jucá. Éste último, junto a su colega Jader Barbalho, fue una figura central en el esquema de corrupción conocido como Lava Jato. Aunque Romero Jucá perdió su candidatura a la reelección en 2019, continúa como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MDB y presidente de su filial en Roraima.
Los clanes Barbalho y Jucá son los más notorios de la Amazonía brasileña, pero no son los únicos. En todos los estados de la Amazonía Legal operan maquinarias políticas familiares parecidas que, salvo raras excepciones, apoyan paradigmas de desarrollo convencionales. En el ámbito internacional, situaciones similares se observan en otros países amazónicos y la región andina. En Bolivia, la familia Fernández domina la política en Santa Cruz; en Perú, Keiko Fujimori lidera el bloque más grande en el Congreso. En Colombia, varios presidentes recientes, como Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, descienden, directa o indirectamente, de antiguos jefes de Estado. En Ecuador, el actual presidente es hijo de un político destacado y ex candidato presidencial.
Imagen destacada: Vista desde la cima del Saco do Mamangua, en Brasil. Crédito: Rhett A. Butler.
“Una tormenta perfecta en la Amazonía” es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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