- A pesar de las constantes amenazas sobre su vida, Jani Rita Silva insiste en ser defensora sin salir del departamento de Putumayo, en la frontera colombiana con Ecuador. Perfil de una de las líderes ambientales más reconocidas de Colombia.
¿Cómo contar la historia de una mujer cuya historia ha sido contada decenas de veces?
Jani Silva es una de las defensoras del territorio y de derechos humanos más importantes de Colombia. Ya no solamente del Putumayo, su departamento, ese que se niega a abandonar a pesar de las constantes amenazas que recibe. Se ha convertido en un referente, una inspiración para otras lideresas ambientales de Chocó, Arauca o La Guajira. Incluso, para las que luchan en países vecinos. En eso coinciden ambientalistas, académicos e investigadores, líderes de opinión, otros activistas y defensores.
¿Qué de nuevo se puede decir sobre ella, la mujer que ayudó a crear una de las primeras zonas de reserva campesina de Colombia? ¿De aquella que se enfrenta por igual a guerrilleros, paramilitares y multinacionales petroleras, sin más armas que la palabra y una preocupación genuina por su territorio? ¿La que les ha dado oportunidades de trabajo a decenas de jóvenes del Putumayo y les ha inoculado la importancia del estudio? ¿Esa que defiende a los campesinos y a la Amazonía desde hace más de 40 años y ha sido invitada a exponer cómo lo ha logrado en distintos escenarios del mundo? ¿La que estuvo nominada al Premio Nobel de Paz en 2023 y pensó que era un chiste cuando le dieron la noticia por teléfono porque prefiere mantener los pies bien pegados a la tierra?
De Jani Silva se han hecho varios reportajes, entrevistas y perfiles periodísticos en texto, audio y video. Su nombre aparece frecuentemente en informes de entidades oficiales y análisis académicos y su vida ha inspirado, incluso, obras de teatro y performance.
¿Por qué hacer una historia más sobre ella? Porque sus luchas siguen vivas.
Una luz que se enciende
Jani Rita Silva nació en Leticia, capital del departamento del Amazonas, el 19 de mayo de 1963. Su madre, una brasileña que la tuvo cuando apenas era una niña de 14 años, trató casi siempre de ganarse la vida como empleada doméstica y compartió muy poco con ella. Jani dice que no tuvo una infancia feliz. Y nunca conoció a su padre.
Su primer acto político, dice, su primera muestra de que lo suyo era ser líder, se gestó durante la clase de ética y valores que recibía en el colegio Santa Teresa de Puerto Asís (Putumayo), en el que estudiaba en la jornada de la noche porque en el día tenía que ganarse unos pesos cuidando niños o lavando platos en un restaurante. Jani tenía 16 años. A finales de los años 70, Putumayo, en el extremo sur de Colombia, pegado a la frontera con Ecuador, estaba lejos de ser declarado oficialmente como departamento y la planta que le daba luz al pueblo sólo funcionaba de 7 a 9 de la noche.
“Es inhumano lo que ustedes tienen que vivir”, recuerda Jani que le decía el profesor ante las precarias condiciones en que aprendían. Cuando la planta estaba encendida, se les dificultaba leer y escribir porque los bombillos de la escuela eran de baja intensidad. Cuando se apagaba, cada estudiante debía llevar su propia vela, si podían, y acomodarla en una tapa, en un pedazo de lata, lo que fuera, para hacer las tareas. Tampoco tenían biblioteca ni libros. El único que daba vueltas por ahí era la Biblia.
—¿Cómo hacemos para que nos den lo que necesitamos?—, les preguntaron Jani y otros compañeros al profesor.
—A veces la única manera en que se obtienen las cosas es alzando la voz, tirando piedra—, les contestó, con la sinceridad que tenía a la mano, el maestro.
Los adolescentes comenzaron entonces una protesta que incluyó no ir más a clase, bloquear con llantas y palos la única calle del pueblo, que era la que conducía al aeropuerto, y luego viajar a la ciudad de Mocoa (hoy capital del departamento) para tomar la oficina del intendente y no dejarlo salir hasta que se comprometiera a ayudarlos.
“Yo creo que uno nunca piensa en liderar. Eso se da. Aunque uno puede que venga con una espinita adentro”, me dice Silva una mañana de 2024 en el patio de su casa en Puerto Asís. En la parte de adelante de la construcción funciona la sede principal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA).
Al final, consiguieron una planta eléctrica propia, una biblioteca, unos cuantos libros escolares, unos bombillos de mejor calidad y un mapamundi.
“Recuerdo muy bien que me vine cargándolo. Yo al principio no sabía lo que era pero sí me causó admiración que a esa bola yo podía darle vueltas para ver los países”, relata sonriente. Ese pequeño acto de rebeldía estudiantil encendió en ella la luz de sus luchas, y fue, literal y simbólicamente, su primer acercamiento al mundo.
¿Los líderes nacen o se hacen?
Jani Silva abandonó el colegio (terminó el bachillerato muchos años más tarde), decidió viajar a la finca en la que su mamá vivía con su padrastro y se casó muy joven, a los 17 años, con un campesino que es el padre de sus dos hijos mayores.
“Cuando llegué a la vereda (zona rural de un municipio) yo no podía ser de la Junta de Acción Comunal pero sí podía ayudar y como la secretaria no sabía escribir bien y yo dizque tenía letra bonita, me dijeron que me hiciera cargo de eso. Ahí empecé a dar ideas y, luego, a organizar actividades. Si había que recoger plata yo me inventaba un festival, por ejemplo. Uno no dice un día ‘yo voy a ser líder’, uno tiene ideas y las da, eso es poco a poco”, explica antes de pedir disculpas porque debe comenzar a pelar las papas del almuerzo y la cocina “está un poco desorganizada”.
Las jornadas de Jani Silva —trigueña, de contextura gruesa, un par de arrugas en la frente, boca grande y nariz ancha, pelo largo y castaño, recogido siempre en una cola de caballo— suelen comenzar a las 4 de la madrugada y se dividen entre su casa de Puerto Asís, donde coordina todo lo relacionado con ADISPA, y su finca en la vereda Bajo Cuembí, a una hora en lancha del casco urbano. En ambas partes ella se multiplica y pareciera tener el súper poder de hacer lo que hacen cinco personas al tiempo: barre, cocina, cuida de sus nietas, diseña programas de reforestación, les da de comer a los animales de la familia (perros, gatos, gallinas, loros y un largo etcétera), organiza archivos y bodegas, consigue instrumentos para los talleres con los niños y agendas y bolígrafos para los de empoderamiento femenino, administra una tienda de víveres, hace una llamada para gestionar cajones más grandes para las abejas meliponas, lee un documento que le servirá para hacer una denuncia por corrupción en unos días, vende productos por catálogo o empanadas y perfumes cuando el dinero escasea, coge el machete y siembra. “A veces no duermo y no es porque no me quede tiempo, sino porque ya tengo muchos problemas con el sueño”, cuenta con resignación.
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La inspectora que resolvía todos los problemas
Silva admite, con la voz clara y transparente, que fue en la década de los 80 cuando empezó a recoger hojas de coca y, luego, a sembrarlas. Las alternativas no abundaban.
Lo explica mejor el periodista Santiago Wills en este reportaje protagonizado justamente por la líder: “Prácticamente todo el mundo lo hacía. Y no tenía sentido no hacerlo. Las barcazas ya solo se utilizaban para transportar hoja o base de coca hacia el pueblo. Los costos del transporte para sacar cosechas cuyo volumen era mayor eran (y siguen siendo) prohibitivos. La gente paró de sembrar arroz, plátano y maíz, pues lo más sencillo era comprar los productos importados. Centenares de personas de todo el país llegaron a Puerto Asís siguiendo el apogeo de la coca”.
Entre esos centenares de personas también estaban guerrilleros de las FARC y paramilitares, que se enfrentaron a muerte por quedarse con el dominio del territorio y, de paso, con las rentas de la coca.
Cuando la nombraron inspectora de policía de la vereda Bajo Cuembí, en 1991, Silva ya había abandonado los cultivos porque se había cuestionado por los efectos de depender de ellos y por las verdaderas necesidades de los campesinos. Sin embargo, entonces y ahora, detesta juzgar a los que no encuentran más opción y vuelven una y otra vez a ellos, en uno de los cuatro departamentos con mayor número de hectáreas sembradas de hoja de coca, según el monitoreo de 2023 realizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas.
Jani Silva llegó al cargo de inspectora un poco cómo llegó al de secretaria de la Junta de Acción Comunal: porque era de las pocas que sabía leer y escribir en la vereda.
El reportaje “La condena” sintetiza así la década que pasó como inspectora en uno de los municipios más violentos de Colombia durante los peores años de la guerra: “Su trabajo consistía en visitar el sur del departamento de Putumayo llevando un libro de casamientos, un libro de nacimientos y uno de defunción en años en los que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Puerto Asís subió hasta 299.17, más de dos veces y media la de la ciudad más violenta del mundo en 2020…”
“Para empezar, le entregaron una máquina de escribir Remington y le dijeron que debía consignar todo en actas. Jani no la sabía usar y no tenía tiempo para aprender, así que diseñó a mano un sistema propio usando esferos de varios colores. Tampoco sabía levantar actas, así que pasó el primer año revisando el archivo y copiando el formato de las actas antiguas para memorizarlo. No le dijeron que muchas de las personas del Bajo Cuembí —sobre todo mujeres— no tenían ningún tipo de registro, pero cuando se dio cuenta comenzó a conseguirles cédulas a cada una. De ese modo, la gente de la región empezó a conocerla. Acudían a ella para resolver problemas de linderos, querellas entre esposos y disputas entre vecinos. Su estrategia era buscar una reconciliación antes de llamar a presidentes de juntas o, en el peor de los casos, a la guerrilla, la última instancia de resolución de conflictos en el territorio”.
El Estado, sin embargo, solía demorarse en pagarle su sueldo. Hubo una vez, asegura Silva, en que duró siete meses sin recibirlo. “¿Yo qué hacía con los tres hijos que tenía entonces? Pues hacía de todo porque no podía dejarlos morir de hambre. Preparaba y vendía congelados (unas bebidas azucaradas de distintos sabores que se envuelven y congelan en bolsas de plástico y son muy comunes en las zonas donde se registran las temperaturas más altas en Colombia) y me iba de vereda en vereda ofreciendo el catálogo de Yanbal. Eso lo hacía al tiempo que iba con mi máquina de escribir. La gente no sabía escribir o leer, y yo no es que fuera una experta, pero entre lo poquito que sabía, sabía más que ellos y mi deber era ayudarlos”, reconstruye.
Mientras fue inspectora, Jani Silva se salvó de ser asesinada por paramilitares y guerrilleros en al menos dos ocasiones. En una de ellas, hombres armados llegaron a buscarla a la vereda Bajo Cuembí diez minutos después de que logró huir, tras recibir un mensaje de un conocido que le advertía que iban tras ella. Solo alcanzó a meter en un bolso sucio dos calzones, un sostén, dos pantalones, tres camisetas y 60 mil pesos (casi 30 dólares de entonces).
“Ese día yo sentía un frío horrible en todo el cuerpo y siempre me daba la impresión de que alguien estaba encima. A veces no siento tanto miedo por mí sino por mi familia, por los que están al lado mío”, asegura.
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El silencio obligado de la Perla Amazónica
La figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) fue creada oficialmente en 1994, tras una serie de movilizaciones de campesinos que, en medio de los años más crudos de la violencia armada en Colombia, luchaban por hacer realidad la promesa de una reforma agraria que pusiera fin a la desigualdad de la distribución de la tierra en uno de los países más desiguales del mundo. Según la Corte Constitucional, son “un mecanismo jurídico especialmente diseñado para facilitar el mejor aprovechamiento de tierras recientemente colonizadas (…) en las cuales se busca propiciar un reparto más justo y equitativo de la propiedad rural (…) y lograr la más eficiente organización de las comunidades campesinas habitantes de la zona, para el aprovechamiento de los servicios y asesoría ofrecidos por el Estado”.
En las ZRC son los mismos campesinos quienes debaten y construyen sus propios planes de desarrollo, quienes deciden qué se cultiva y dónde se cultiva, y cómo se cuida la tierra. La idea es controlar así “la inadecuada expansión de la frontera agrícola, el desarrollo y consolidación de la economía campesina en la región, y la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente”.
La Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica fue la quinta en constituirse en Colombia, en el año 2000, y reúne, en 22.000 hectáreas, a más de 600 familias del Bajo Putumayo. Jani Silva fue una de sus impulsoras, aunque no la única. “Por favor, que eso quede claro. Yo esto no lo hubiera podido hacer sola”, repite una y otra vez a lo largo de la tarde que pasamos juntas. “Hay compañeras y compañeros que no son tan visibles porque no hablan tanto en público, pero que hacen un trabajo muy valioso en la región. Si no es en equipo, hacer este trabajo es muy difícil”.
Muy pronto, los líderes de esta ZRC decidieron conformar una organización que gestionara los recursos necesarios para hacer realidad el plan de desarrollo construido por los campesinos. Se llama Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) y Jani Silva es su actual representante legal y principal promotora.
Sin embargo, entre 2002 y 2010, coincidiendo con los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia, las ZRC entraron en una etapa obligada de inactividad. Cuando no eran las guerrillas de las FARC o el ELN las que creían que esas zonas solo existían para legitimar la presencia de un Estado históricamente ausente en buena parte del territorio rural de Colombia, eran los paramilitares, el mismo Ejército o uno que otro gobernante que afirmaban, sin ninguna prueba, que eran “caldos de cultivo para subversivos”.
Aparecieron las amenazas y muchos líderes se vieron forzados a guardar silencio. “A mí me hicieron renunciar a lo que tenía, a todo. No podíamos hablar, porque nos perseguían tanto la guerrilla como la ley. Aquí los paramilitares y abajo la guerrilla, porque no entendía. Decían que la figura de las Zonas de Reserva Campesina era uribista. Y Uribe, por otro lado, decía que eran repúblicas independientes para las guerrillas. Era una brutalidad total, y nosotros ahí, en el medio, sin saber qué hacer”, relata Silva.
Durante ocho años, la vida quedó prácticamente detenida para los habitantes del Bajo Putumayo. Varios líderes fueron asesinados, como los dos miembros de una veeduría creada por Silva y otros campesinos que vigilaban el uso del dinero recaudado por el cobro de los impuestos de la venta de gasolina. Ellos sabían que detrás había una mafia que se robaba buena parte de los recursos que debían invertirse en Puerto Asís. Tras los asesinatos, Silva tuvo que huir de su casa y comenzar a esconderse en distintas veredas del departamento. “En ese tiempo, todo aquel que se atreviera a hacer una denuncia, lo mataban”, dice hoy, más seria que triste.
Hoy, existen en Colombia más de 20 Zonas de Reserva Campesina, de las cuales 11 han sido creadas en los últimos dos años.
Enfrentarse a gigantes que no son molinos de viento
La presión de los grupos armados ilegales o de las estructuras criminales que han nacido desde que se firmó el proceso de paz con las FARC, en 2016, no es la única con la que han tenido que lidiar en la Perla Amazónica. A ello se suman los intereses de multinacionales petroleras que han llegado al Putumayo para explorar y explotar hidrocarburos, incluso en Zonas de Reserva Campesina y resguardos indígenas.
Una de ellas es Amerisur Exploración Colombia Limitada, filial colombiana de Amerisur Resources, una empresa cuya casa matriz está en el Reino Unido. En 2009, Amerisur recibió la licencia por parte del Estado para comenzar a explotar 55 pozos ubicados en la Perla Amazónica. Y, en 2020, fue vendida por 311 millones de dólares a GeoPark Limited, una petrolera chilena con presencia en buena parte de América Latina.
“Desde el mismo año en que llegó la petrolera, Jani y otros líderes de la región reportaron malas prácticas por parte de la empresa. Junto a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (…) denunciaron derrames de petróleo, vertimientos de desechos al río Putumayo, construcciones ilegales, intimidaciones y tretas para obligar a las personas a firmar documentos en los que supuestamente apoyan su labor”, se lee en este reportaje publicado en 2021.
La defensora fue uno de los más de 80 campesinos e indígenas que, en diciembre de 2019, demandaron por afectaciones ambientales a Amerisur en el Reino Unido. La decisión se tomó cuatro años después de que hombres armados del Frente 48 de las FARC obligaron a los conductores de cinco carrotanques, que transportaban petróleo de propiedad de la petrolera, a derramar los casi 30.000 galones de crudo en una vereda de Puerto Asís, contaminando así distintos ríos y quebradas del municipio. La petrolera siempre argumentó que no tenía porqué responder por daños ocasionados por terceros. Pero, según varios testimonios de pobladores recogidos tras el derrame, Amerisur no hizo lo suficiente para evitarlo ni para paliar sus consecuencias sobre la salud de los habitantes de la región y sobre el ambiente.
“Si la empresa no quisiera explorar petróleo en nuestro territorio los terceros no tendrían cómo hacer daño. Claro que la responsabilidad también es de ellos. ¿Cómo es posible que en sus planes de manejo ambiental no se prevea que estamos en una zona de conflicto, donde hay varios actores armados?”, se pregunta retóricamente Silva.
Al principio de la demanda, una quijotada contra gigantes que no eran precisamente molinos de viento, una corte británica les dio la razón a los campesinos y congeló los activos de Amerisur en Colombia. Pero en octubre de 2023 el proceso se archivó tras un acuerdo de conciliación que, de acuerdo con la multinacional, incluyó “el pago de una suma de dinero” y se selló “sin admisión de responsabilidad por parte de la empresa”. Actualmente, la compañía sigue con sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Putumayo. Y siempre ha negado tener cualquier tipo de nexo con cualquiera de los grupos armados ilegales que controlan territorios amazónicos en Colombia.
En los últimos cinco años, Jani Silva ha recibido más de diez amenazas en su contra. Solo en 2020, según lo documentó Amnistía Internacional, sufrió “seis incidentes de seguridad”, incluidos disparos y movimientos de personas y de motos muy cerca de su casa en Puerto Asís y el recibimiento de panfletos firmados por los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC creada tras la firma del acuerdo de paz hace ocho años, en los que aparecen su nombre y el de otros líderes de ADISPA.
En 2021, cuando el país seguía sumido en la pandemia de Covid-19, fue declarada objetivo militar y tuvo que encerrarse 15 días en su casa, antes de verse obligada a abandonar el municipio durante un mes porque las amenazas no disminuían. “Me decían que unos tipos andaban diciendo que ya en tres ocasiones me habían mandado ‘los pollos’ para darme, pero yo no les había dado ‘tiro’ y les iba a tocar meterme un bombita —resume coloquialmente Silva—. Yo lo primero que pensé fue en mis nietas, que por esos días se mantenían aquí en la casa con su mamá, mi hija. Casi me vuelvo loca”.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reseñó que el 10 septiembre de 2024, a las 10:10 de la mañana, la líder “recibió una llamada telefónica en la cual un hombre, en tono amenazante, le dijo: “La vamos a volar con todo y camioneta”. Ese mismo día, a las 3:40 de la tarde y durante 10 minutos, “tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje fueron vistos merodeando en dos ocasiones la casa donde se encuentra la oficina de ADISPA” en Puerto Asís, que todo el mundo sabe que también es la casa de Silva.
Sin embargo, la defensora está cansada de hablar de las amenazas. Es consciente del peligro, claro, y se cuida y hace todo lo que está a su alcance para cuidar a su familia, pero quiere ir más allá, enfocarse en otras cosas.
—El mayor problema ambiental del Putumayo hoy es la contaminación hídrica, por las petroleras y por la minería. De eso podríamos hablar durante horas sin que se acabara el tema—, dirá un par de veces durante la entrevista.
—¿Algunos la definen a usted como una defensora de derechos humanos y otros como una defensora del territorio? Si se tuviera que definir, ¿cómo lo haría?
—Los derechos humanos son solo uno, son un conjunto. Son los derechos culturales pero también económicos, políticos y de otros tipos. No debería haber una discriminación que aparte a un defensor de derechos ambientales de un defensor de los derechos de la mujer, por ejemplo.
—Usted es una defensora, a secas.
—Sí, porque es una palabra global. El día que me toque proteger a las mujeres, voy. El día que me toque defender el ambiente, hay que defenderlo. Si hay que defender a una familia del Ejército o de un grupo armado ilegal, hay que defenderla. Yo creo que es imposible categorizar los derechos.
Cuando las amenazas arrecian, Silva puede irse por unas semanas y hasta por unos meses, pero abandonar del todo su territorio, nunca.
—En las situaciones más graves me han ofrecido irme a otro país, a otro departamento, pero no me amaño, no me acostumbro. A mí me gusta mucho la finca, mi tierrita—, dice.
Luego, me cuenta que se considera una creyente, aunque no de las que se arrodillan en la iglesia.
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Soltar o no soltar, esa es la cuestión
Ser líder y ser mujer en un entorno machista lo hace todo más difícil para Jani Silva. “Por un lado, el trabajo de la mujer no se valora igual que el del hombre. Por otro lado, un hombre es líder y ya. A una le toca, en cambio, estar pendiente de la casa, de los hijos, de los animales”, afirma mientras prepara el sudado de pollo con arroz que les dará a sus nietas, su pareja, los dos jóvenes que trabajan en ADISPA que hoy la acompañan en la oficina y a la periodista que quiere conocer su historia.
—Una vez compré diez sillas rosadas porque eran las más económicas y me di cuenta de que los hombres no se sentaban. Entonces, de puro pique [rabia], después compré 100 sillas rosadas. Ahora ya no tienen cómo discriminar el color por razones de género—, relata entre risas.
Por eso, uno de los proyectos principales de ADISPA es el de los talleres de empoderamiento femenino. Aunque no es el único. La asociación también tiene un vivero comunitario, con el que más de 150 familias contribuyen a luchar contra la deforestación; produce y comercializa miel de abejas nativas meliponas; está buscando aliados que le ayuden a vender fuera del Putumayo su nuevo producto, la cúrcuma; y ejecuta proyectos productivos de soberanía alimentaria con gallinas criollas ponedoras y cultivos de arroz y yuca, entre otros. Además, ofrece talleres de artesanías para los campesinos de todas las edades y de música para niños, y realiza dos encuentros anuales con jóvenes para que se convenzan de que los proyectos de vida pueden ir más allá de pertenecer a un grupo armado, dedicarse a la minería o a los cultivos ilícitos. Y tienen un fondo rotativo de ganado, que forma a las familias en sistemas de ganadería sostenible y luego les entrega una vaca y un toro. Después de cinco años, la familia beneficiada debe devolver las dos reses originales y se puede quedar con lo que haya conseguido gracias a su trabajo.
Uno de los proyectos más recientes de ADISPA es el de la extracción de aceites esenciales a partir de plantas tradicionales amazónicas. El día que nos conocimos Silva me contó, emocionada, que estaba estudiando el funcionamiento de los alambiques que necesitan para producirlos.
Esa parte bonita de su trabajo, y la certeza de que los campesinos y campesinas del Bajo Putumayo no pueden vivir sus vidas con “dignidad”, porque aún se les vulneran muchos derechos, impiden que Jani Silva lo deje todo y renuncie. Porque ganas no le faltan. Está muy cansada, emocional y físicamente. Y sus cuatro hijos le han dicho decenas de veces que ya no más, que no se exponga, que es hora de que vengan otros líderes a seguir con sus luchas.
—Yo ya quiero soltar, quiero ir soltando todo. Ya estoy empezando a delegar, poquito a poco—, me dice antes de que Rubén, uno de los asistentes de ADISPA, interrumpa la conversación porque todavía no han preparado la reunión del fondo rotativo de ganado del día siguiente.
Silva le dio posada a este zootecnista de 31 años, que trabaja formalmente con la asociación desde 2008, mientras sacaba su carrera adelante.
Él es uno de los jóvenes en los que la defensora pone las esperanzas del relevo. Los otros son dos de sus cuatro hijos: Edwin, que por los días en que la entrevisté, representaba a su madre en una cumbre campesina previa a la COP16, muy cerca de Bogotá, y Anggie Dayana, estudiante de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional de Colombia.
—¿Qué has aprendido de Jani en todos estos años?—, aprovecho para preguntarle a Rubén mientras ella contesta una llamada.
—Muchas cosas, bastantes. Todo lo que tiene que ver con la entrega, por ejemplo, que hay que ser entregado al proceso. Yo no he llegado al nivel de Jani, ni creo que llegue. Pero el tema de la entrega incondicional a la gente es algo que todos hemos aprendido. Y también la capacidad de defender, de decir que “no” si toca—, responde por él y por otros jóvenes.
Silva dice que experimenta una satisfacción enorme cuando muchachos como Rubén “toman la vocería y hablan con propiedad, y aplican lo que aprenden y lo comparten”.
Cuando se siente sola y necesita contención emocional, la defensora llora sin que nadie la vea, arregla el jardín de su casa en Puerto Asís o se pone a ver series o películas para pensar en otra cosa.
—¿Tú sabes que lo que hace tu abuela es muy importante para la gente?—, le pregunto a una de las nietas de Silva, adolescente.
—Sí, mucho. Ella hace un trabajo muy complicado, pero muy necesario. Antes por aquí todo era difícil, pero gracias a ella ya todo es más fácil. Los campesinos y las mujeres ahora tienen apoyo gracias a ella.
A la niña le fascina que su abuela prepare frijoles, espaguetis o arroz con leche, y que se ponga a contarle historias de cuando era joven, mientras cocina. Lo que no le gusta es cuando se pone brava porque le dice mentiras. Ese es, afirma, el defecto que más enfurece a su abuela.
Cuando le dijeron que estaba nominada al Nobel de Paz 2o23, que finalmente obtuvo la defensora iraní de los derechos de las mujeres Narges Mohammadi, Jani Silva, exigente consigo misma, se preguntó con insistencia si merecía o no ese reconocimiento.
—Yo siento que hay tantas cosas por hacer que cualquier cosita que se logre es poco frente a todo lo que falta. A veces uno siente que no ha hecho lo suficiente. Yo creo que hay que meterle más, esto necesita cambios más profundos—, afirma.
Pero el cansancio y las ganas de soltar también pasan, aunque no lo diga de manera explícita, por el hecho de que el crecimiento de ADISPA también ha generado envidias en muchos campesinos y en otras organizaciones.
—Tengo sentimientos encontrados. A veces es más fácil que la gente de afuera respalde nuestro trabajo, a que lo haga la gente de adentro. En las veredas siempre habrá alguien que le diga que yo dizque tengo mucha plata porque ando en una camioneta blindada, que hace parte del esquema de protección que me da el Gobierno. Pero nadie sabe de verdad lo que vive el otro. A veces ando en esa camioneta y no tengo ni para comprar una panela—, admite con vergüenza.
De todos los oficios que ha ejercido para sobrevivir, Jani Silva prefiere reconocerse solamente como campesina: “Una campesina neta con vocación de ayudar, de no aceptar ciertos atropellos o desigualdades”.
Laila Abu Shihab Vergara es Periodista y cofundadora de VORÁGINE. Este texto es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y VORÁGINE.
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*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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