Juanita Goebertus tiene las ideas bien claras. Su trabajo en Latinoamérica le permite tener un panorama regional de cómo gobiernos y grupos de crimen organizado están arremetiendo contra los derechos humanos tanto en caso de poblaciones enteras, como en el Catatumbo, en Colombia, como en casos particulares de defensores ambientales, líderes indígenas, mujeres dirigentes, periodistas y representantes de la sociedad civil en su conjunto.

Abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en derecho en la Universidad de Harvard, Goebertus es directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, una de las principales vigilantes de los derechos humanos a nivel global.

En 2023, fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo, de acuerdo al último informe disponible de la organización Global Witness, que también trabaja esta temática. Esos homicidios se concentraron principalmente en cuatro países: más del 70 % ocurrió en Brasil, Colombia, Honduras y México. El total de asesinatos de defensores ambientales cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a registrarlos en 2012 asciende a 2106. De esos asesinatos, el 85% fueron cometidos en Latinoamérica, convirtiéndo la región en la más peligrosa para ejercer el activismo ambiental en el mundo.

En diálogo con Mongabay Latam, Goebertus brinda un análisis panorámico de la región, un diagnóstico de las estrategias y amenazas que rodean a los defensores ambientales e indígenas, los contextos políticos y de seguridad, y la esperanza puesta en una sociedad civil organizada que enmarca sus luchas en medio de la violencia.

-¿Cuál es el contexto regional en materia de derechos humanos en el que se encuentran actualmente los defensores ambientales e indígenas?

-Venimos de un proceso en el que continúa deteriorándose el Estado de derecho y, muy desafortunadamente, la garantía de los derechos humanos en general en América Latina. Si uno mira 2024, fue un año marcado por el fraude electoral en Venezuela y la posterior represión postelectoral que dejó a más de 2000 personas detenidas arbitrariamente y 23 personas asesinadas. Fue un año marcado por los cientos de presos políticos en Nicaragua, en Cuba, incluso con la reincorporación de herramientas de represión que parecían haber sido exterminadas en la región, como la práctica de extirpar a las personas de su nacionalidad. Eso lo vimos de manera muy clara en Nicaragua, con más de 400 personas no solo exiliadas del país luego de haber sido presos políticos, sino además a quienes se les ha usurpado su nacionalidad. Fue un año también marcado por estados de excepción prolongados, el más claro, el de El Salvador, que ya va para tres años, pero también el de Ecuador, el de Honduras, en donde de alguna manera la respuesta al crimen organizado, que es sin duda uno de los problemas más graves en la región, es usada como una manera para suspender garantías de Estado de derecho, suspender el debido proceso, detener arbitrariamente. En el caso de El Salvador, ha terminado con más de 83 000 personas detenidas, más de 300 que han muerto en cárceles y un incremento muy significativo en los casos de denuncias por torturas, por malos tratos.

-Ha sido un año particularmente hostil, entonces…

-Así es. En los años recientes, uno podría ver un proceso de restricciones de la independencia judicial. El ejemplo más claro del año pasado fue la reforma constitucional en México, que terminaría destituyendo a más de 1600 jueces entre 2025 y 2027. Ahora también este intento de [Javier] Milei en Argentina de nombrar jueces por decreto, desconociendo el poder que debe tener el Congreso decidir al respecto. Y diría que en ese marco todos los ataques a la sociedad civil, incluyendo, por supuesto, a líderes ambientales y a líderes indígenas, pues se enmarcan dentro de un proceso en donde cada vez más las garantías que están allí para proteger a la sociedad civil son debilitadas. De nuevo, 2024 estuvo marcado por leyes anti ONG aprobadas en Venezuela y en Paraguay; un proceso de aprobación todavía en curso en Perú, que permite cerrar organizaciones, quitarle su personería, sancionar a sus representantes legales y que ha sido la herramienta que fue usada y que sigue siendo usada en Nicaragua, que ha permitido ya el cierre de más de 5600 organizaciones. Yo creo que cualquier análisis de los riesgos bajo los cuales están los defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina debe partir de que estamos, además, en un contexto de profundo debilitamiento del Estado de derecho en la región.

-¿Cree que son necesarias nuevas leyes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, como los derechos ambientales e indígenas, en la región? ¿O este escenario tiene que ver con la necesidad de mejores protocolos y voluntades políticas de aplicar las leyes que ya existen?

-Creo que instrumentos existen. En temas ambientales el más claro es el Acuerdo de Escazú. Avanzar en su ratificación e implementación en la región sería fundamental, no sólo para asegurar la participación de líderes en la discusión de cualquier tipo de proyecto que pueda tener un impacto ambiental, sino también para poder garantizar que se avanza en transparencia, justamente para que esa sea una participación significativa. También, para poder avanzar en su protección. Ahí hay protocolos que, bien implementados, no requerirían de nuevas normas. Una discusión distinta es en algo en lo que venimos trabajando mucho desde Human Rights Watch porque justamente, al ser la región con más altos indicadores de homicidio en comparación con todos los otros continentes, y aún más grave, la región con los indicadores más altos de impunidad por homicidios en comparación con todos los otros continentes, el reto que tenemos, principalmente de cara al crimen organizado, es poder poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Y eso pasa principalmente por reformas a nuestros sistemas de Justicia para poder mejorar las capacidades de investigación técnica judicial. Para dejar de insistir en que la respuesta a los retos de seguridad es la militarización, para concentrarse en darle a las víctimas acceso a la Justicia y poder realmente develar cuáles son las estructuras que están detrás de este tipo de crímenes. Particularmente, por ejemplo, en homicidios de líderes ambientales o indígenas que han estado en muchos de los casos asociados a redes de crimen organizado para evitar sus denuncias de expansión de distintos proyectos extractivos o de proyectos agroindustriales en distintas zonas del continente. Avanzar en ese tipo de reformas a los sistemas de seguridad y de Justicia en la región sería fundamental para proteger a los líderes y para garantizar que se haga justicia.

-¿Cómo ve la organización de defensores de derechos humanos en la región? ¿Es fuerte a pesar del contexto? ¿Requieren de una mayor organización, tal vez algo con una mirada más transnacional?

-Hay diferencias, sin duda, pero yo diría que la capacidad organizativa y resiliente de la sociedad civil latinoamericana es quizás el único punto de optimismo al que regreso una y otra vez en medio de un panorama tan desalentador. A pesar de la represión directa en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, a pesar de la estigmatización directa desde la presidencia de [Nayib] Bukele contra organizaciones de la sociedad civil, contra el periodismo independiente. A pesar de que sean tildados de antipatria o defensores de pandillas o del crimen organizado en Ecuador, la sociedad civil latinoamericana sigue resistiendo, sigue organizada, busca distintos escenarios de articulación y agota instancias nacionales, busca instancias internacionales e incluso a un costo personal inmenso. No solo porque justamente son víctimas de ataques directos, de homicidios, de amenazas, de criminalización, del uso de procesos judiciales para amedrentar y para tratar de buscar que las organizaciones y los líderes de sociedad civil no puedan llevar a cabo sus denuncias. Yo no tengo sino reconocimiento y admiración por las organizaciones de sociedad civil locales en América Latina y sobre todo esperanza en que, como en el pasado, fueron capaces justamente de ser quienes resistieron ante dictaduras y lograron empujar transiciones a la democracia, en esta nueva ola de debilitamiento del Estado de derecho, no tengo ninguna duda de que es también la organización de base, la sociedad civil, la que puede resistir este nuevo embate y buscar nuevos procesos de fortalecimiento de la democracia en la región.

La paz y la violencia en Colombia

Goebertus ha sido funcionaria pública y tuvo un rol en las negociaciones de paz en Colombia que comenzaron en 2016 para lograr el alto al fuego de las guerrillas. Fue, además, coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia durante cuatro años y miembro de la delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones en Cuba, entre otros cargos. Fue electa representante del Congreso de Colombia para el periodo 2018-2022 por la ciudad de Bogotá, donde también cumplió un rol en la búsqueda de la paz en su país.

-¿En qué estado ha quedado el proceso de paz en Colombia?

-La situación humanitaria en Colombia nos preocupa muchísimo, sobre todo con los datos del año pasado, el crecimiento no solo del reclutamiento de menores, que es quizás el más preocupante, sino también, el crecimiento de los procesos de confinamiento, que es la forma en la cual los grupos armados dejan a comunidades aisladas. También nos preocupa la forma en la cual se sostiene en números muy altos la tasa de secuestro y la tasa de de masacres, de homicidio, que si bien se redujo mínimamente en 2024, sigue estando en una de las tasas más altas desde 2018, cuando volvió a incrementarse. En general, nos preocupa mucho que la política de paz total, al negociar distintos ceses al fuego con varios procesos en paralelo y sin suficientes procesos de verificación del cumplimiento de estos ceses, haya generado omisiones en el deber de protección que tiene el Estado colombiano frente a las comunidades y las haya dejado abandonadas a la operación de distintos grupos armados. Los grupos armados han aprovechado estos meses para fortalecerse y para expandir su control territorial. En general, cada país, por supuesto, es libre de trazar su política de construcción de paz y de negociación. Pero ello no puede ser usado para desconocer sus obligaciones de protección y para dejar a las comunidades abandonadas ante la operación de grupos de crimen organizado, que es lo que desafortunadamente viene sucediendo a lo largo del último año o de los últimos dos años en Colombia.

-Hay entonces una retirada del Estado de estos territorios…

-Sí, durante el último año se redujeron el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública, y ese es sin duda un paso positivo. Pero lo que encontramos es un crecimiento en los casos de omisión, es decir, en la ausencia de la fuerza pública para proteger a la población frente al accionar de los grupos armados y del crimen organizado.

-Afirma que los grupos de crimen organizado son la principal amenaza para los defensores de los territorios…

-Sí, sin duda.

-¿Cuáles crees que fueron los aprendizajes de este proceso de paz?

-Son procesos muy distintos. La negociación que condujo al Acuerdo de Paz de 2016 fue un proceso con una metodología muy estricta, cuyo objetivo era ponerle fin al conflicto armado, que se concentró en la negociación de un grupo, que era la principal parte en el conflicto que quedaba en Colombia en ese entonces: las FARC. Tuvo una metodología muy rigurosa de negociar sin hacer cese al fuego, de tal forma que realmente toda la capacidad se concentrara en ponerle fin al conflicto armado y que ninguna de las dos partes usara la negociación para fortalecerse. De manera muy desafortunada, la política de paz total tomó la decisión de apartarse de esa metodología. Y lo que se ha hecho a lo largo de estos dos años y medio es negociar ceses al fuego parciales en donde no ha habido ningún avance en la construcción de un acuerdo que ponga fin a ninguna de esas confrontaciones. Por el contrario, se inicia la implementación de algunos de sus acuerdos parciales, lo que ha dejado a la población supremamente desprotegida. Ha aumentado la pérdida de legitimidad del Estado en lugares como Catatumbo, donde recientemente se dio el desplazamiento masivo más grande que ha habido en Colombia desde los años 90. En gran medida, lo que encontramos en el trabajo de campo que hemos hecho es una retaliación por parte del ELN en contra, no solo de miembros del Frente 33, sino de población de sociedad civil catalogada por el ELN como supuestamente afín al Frente 33, que había sido dejada en total desprotección por parte del Estado, en parte por el inicio en la implementación de acuerdos conjuntos, mientras, el Frente 33 se mantenía todavía en armas. Eso es una grave desprotección del Estado colombiano frente a las comunidades y que, sin duda, creo yo, está atada a los problemas metodológicos que ha tenido la política de paz total, que tomó la decisión de apartarse de lo que habían sido las lecciones aprendidas del Acuerdo 2016.

-¿Cuál fue el principal éxito del acuerdo de 2016 y por qué vinieron los errores después?

-El Acuerdo 2016 fue exitoso en lograr que más de 13 000 excombatientes de las FARC dejaran las armas y en trazar una ruta que recoge las lecciones aprendidas en Colombia a lo largo de décadas de negociación sobre cómo transformar los territorios para garantizar que estos conflictos no se repitieran de manera muy desafortunada. Una vez que se firma el acuerdo de paz en el gobierno de Santos, sigue un corto periodo en donde no se avanza de manera significativa en la implementación. Es elegido Iván Duque como presidente con las banderas de oposición al Acuerdo de Paz y durante ese cuatrienio avanza muy poco la implementación del acuerdo, dejando a sus territorios vulnerables frente a lo que se vio en ese cuatrienio que fue el crecimiento de los grupos armados. Petro es elegido con las banderas de implementar el Acuerdo de Paz, pero muy rápidamente la incapacidad administrativa y las contradicciones, incluso en su propio discurso al empezar a decir que el Acuerdo de Paz no había sido suficientemente comprensivo, buscar estas nuevas visiones frente a nuevos acuerdos y dejando de priorizar la implementación de ese acuerdo de 2016. Pues han generado que a pesar de su apoyo discursivo al Acuerdo de Paz, en la práctica el avance ha sido muy pobre. Esa promesa de no repetición está en deuda, esos compromisos de transformación de esos territorios no se han cumplido.

En busca del modelo

-¿Existe en la región un país, un modelo exitoso de protección de los derechos humanos frente a la criminalidad organizada que golpea a defensores ambientales e indígenas?

-Difícil. Hay, por supuesto, países que se enfrentan a menos retos de criminalidad organizada y en donde vemos menos de este tipo de hechos, Costa Rica, Uruguay, Chile e incluso Panamá, en donde más que buenas prácticas, lo que hay es menos permeación del crimen organizado. Del otro lado, un país como Colombia, que sigue punteando como el país de mayor homicidios de líderes de derechos humanos en América Latina. Colombia tiene probablemente el programa de protección individual más sofisticado de la región porque tiene una unidad de protección dedicada a proveer desde esquemas de escoltas, camionetas, botones de pánico, chalecos antibalas que se desprende de un análisis de riesgo que no siempre funciona de manera perfecta, pero que, insisto, es probablemente la institucionalidad más avanzada de la región. Eso está lejos de ser lo que tenemos en México o en Honduras, donde hay altísimos índices de homicidios de defensores, incluso de periodistas. Esto tampoco ha hecho que Colombia tenga menos números de ataques contra defensores o contra periodistas. Creo que cualquier esquema de protección individual debe partir de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos que le apueste principalmente al fortalecimiento de la administración de Justicia para poder dejar de concentrarse en visiones de seguridad que tratan simplemente de militarización, encarcelando a todo el mundo, eliminando garantías de debido proceso. Si no fortalecemos la capacidad de cortarle al crimen organizado sus redes de lavado de activos, sus redes de corrupción, sus redes de reclutamiento, sus redes de tráfico de armas, pues el crimen organizado muta y simplemente vamos a seguir encarcelando jóvenes y jóvenes y jóvenes y generaciones frustradas que probablemente no tenían en muchos casos otra oportunidad y que son fungibles para el crimen organizado porque los reemplaza por el siguiente joven marginal. En una situación de inmensa pobreza y de falta de oportunidades, cualquier esquema de protección individual tiene que partir de un esquema más amplio, de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos.

-¿Ve alguna diferencia entre los gobiernos que se autodenominan de derecha y los que se autodenominan de izquierda frente a las políticas de derechos humanos? ¿O realmente ya no hay diferencias entre derechas e izquierdas en cuanto a este tipo de políticas en la práctica?

-Por supuesto que hay elementos distintos de visión de política pública. Lo que creo es que en la región, para ayudar a explicar lo que está sucediendo, izquierda y derecha son categorías menos útiles porque ante todo lo que estamos viendo, más que el crecimiento de un ala ideológica u otra, lo que estamos viviendo es el crecimiento del autoritarismo en la región. Independientemente de las ideologías, en algunos gobiernos vemos patrones muy similares: ataques a los jueces, ataques a los sistemas electorales, estigmatización de periodistas, restricciones a las organizaciones de sociedad civil, criminalización de opositores. En algunos de los casos más extremos, reformas o interpretaciones constitucionales para mantenerse en el poder, reducción de la división entre Iglesia y Estado, militarización, restricción del debido proceso, populismo punitivo como una manera de luchar supuestamente contra el crimen organizado. Difusión de desinformación, uso de la xenofobia contra migrantes como una manera de movilización pública, rechazo a la tecnocracia por considerarla un discurso elitista, Lo vemos en Maduro, lo vemos en Ortega, lo vemos sin duda en Cuba, pero lo estamos viendo también de manera muy clara en Bukele, lo vimos en Bolsonaro, lo estamos viendo en algunos sentidos con [Daniel] Noboa, en algunos elementos con Milei en Argentina. Más que la izquierda y la derecha, hay algunos países que se resisten independientemente de las ideologías, a tener esa caída tan fuerte en el autoritarismo. Avanzan con este tipo de características hacia el debilitamiento del Estado de Derecho.

-Estamos acostumbrados a escuchar a líderes de nuestros países hablar de imposiciones o intromisiones de los organismos internacionales en materia de políticas públicas o de derechos humanos. Y lo han dicho dirigentes de izquierda, lo han dicho dirigentes de derecha. ¿A qué crees que se debe esta visión de que hay una imposición sobre políticas de derechos humanos?

-Creo que es un discurso oportunista, que lo que busca es bajar los estándares. Tratan de disfrazar de antiimperialismo y de defensa de una integración latinoamericana, una supuesta denuncia de injerencia, desconociendo que fueron los propios países latinoamericanos los que sin ninguna injerencia extranjera tomaron la decisión soberana de firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, de crear el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos], con la Corte [Interamericana de Derechos Humanos], que es probablemente, junto con el Europeo, el sistema de derechos humanos regional más fuerte, con decisiones vinculantes. Sin embargo, ahora, de manera oportunista, cuando les molesta el control que hace el periodista, cuando les molesta el control que hace el juez, cuando les molesta que el sistema electoral dé resultados que no son los que les hubieran gustado, tildan el discurso de los derechos humanos de injerencia extranjera. Los derechos humanos deberían ser el piso mínimo que nos una, para que, independientemente de quien suba al poder, sean un elemento que no se toca. No debería ser admisible que ningún gobierno pretenda disfrazar de injerencia.

Imagen destacada: Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, una de las principales vigilantes de los derechos humanos a nivel global. Foto: gentileza Juanita Goebertus

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Emiliadelfino Editor/a

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