- Julia Yansura es directora del Programa sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la organización no gubernamental Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition.
- En esta entrevista con Mongabay Latam explica cómo los grupos de crimen organizado en la Amazonía utilizan el oro para lavar sus ingresos ilícitos y cómo la minería ilegal está desplazando a la coca.
- Además, ahonda sobre el rol de Estados Unidos en el blanqueo de los fondos provenientes de esta actividad ilícita, directamente relacionada con la violencia hacia poblaciones indígenas y la contaminación de la naturaleza.
Julia Yansura se lamenta por el rol que asegura cumple su país, Estados Unidos, en el lavado de fondos provenientes de los delitos ambientales que se cometen en Latinoamérica. Como directora del Programa sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la organización no gubernamental Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition se enfoca en identificar y buscar cerrar los agujeros legales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción que permiten que los ingresos provenientes de delitos ambientales se laven o legalicen en el sistema financiero de su país.
Antes de unirse a FACT Coalition, Yansura, trabajó en proyectos en Colombia, Belice, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Guatemala y El Salvador para combatir delitos ambientales como la minería y la tala ilegal, y se enfocó en las distintas formas que utiliza el crimen organizado para lavar su dinero sucio, como la compra de propiedades inmobiliarias, las criptomonedas y el comercio internacional.
“Lamentablemente hemos visto un aumento de la minería ilegal en todos los países de la Amazonía”, asegura en diálogo con Mongabay Latam. Yansura destaca que la minería de oro es actualmente el principal problema ambiental de la región que se conecta con el tema que ella mejor domina: las finanzas ilícitas y el rol de los Estados Unidos en ese círculo de ilegalidad y violencia.
“Hay un incremento muy, muy fuerte de la minería ilegal de oro y estamos viendo que ha llegado a territorios nuevos, sobre todo territorios ecológicamente muy sensibles y también ha llegado muy fuertemente a territorios que pertenecen a grupos indígenas”, explica en esta entrevista.
-De acuerdo a los casos que conoce, ¿cómo se conectan los crímenes ambientales con las finanzas ilícitas y el lavado de activos?
-Hay muchos vínculos. Primero vemos que los delitos contra el ambiente generan miles de millones de dólares. De hecho, los delitos contra el ambiente constituyen la tercera economía ilícita más grande del mundo, generando un estimado de 281 mil millones de dólares todos los años. Es dinero ilícito que se genera a través de esos delitos contra el ambiente. Pero no es solo eso. También debemos entender quiénes se están beneficiando de ese dinero. Vemos que en muchos casos los involucrados son grupos de crimen organizado, grupos de narcotráfico, incluso en algunos contextos, grupos terroristas. Entonces, viene a ser una cuestión también de financiación de terrorismo en muchos de nuestros países. Y creo que para completar tal vez el panorama, debemos entender que los delitos contra el ambiente son muchas veces facilitados por la corrupción. Entonces ahí tenemos un tercer vínculo financiero. Sabemos que en casos de minería ilegal o tala ilegal, muchas veces hay corrupción en cuanto a permisos y licencias otorgadas y eso es facilitado por pagos de corrupción, por los sobornos. Ya tenemos tres tipos de vínculos entre delitos contra el ambiente y el dinero sucio. El dinero que es generado luego es lavado.
-Habló de vínculos entre los delitos ambientales y el terrorismo. ¿Sucede también en Latinoamérica? ¿Qué tipo de grupos son? ¿Dónde operan?
-Hay un excelente estudio a nivel internacional realizado por Interpol junto con Global Transnational Organized Crime en el que estudian delitos contra el ambiente y su relación con conflictos. Lo que ellos encuentran es que a nivel internacional, los delitos contra el ambiente constituyen la primera fuente de financiación de conflictos y de grupos armados no estatales, incluyendo grupos terroristas. Hay dos problemáticas que vemos muy claramente en el hemisferio occidental, en los países sudamericanos, sobre todo: lo vemos en contextos como Colombia, Ecuador, incluso en Estados Unidos, donde nosotros hemos designado a ciertos grupos como terroristas y sobre esos grupos sabemos que gran parte de sus ingresos vienen de delitos contra el ambiente. Me atrevería a decir que tal vez el ejemplo más claro es la minería ilegal de oro, que genera miles de millones de dólares para esos grupos.
-¿Cómo funciona el vínculo entre la minería ilegal y el narcotráfico en esta región?
-Los grupos del narcotráfico han diversificado sus modelos de negocio y han entrado cada vez más en minería ilegal de oro como fuente de ingresos. Estos grupos hacen un cálculo de riesgo y beneficio y para ellos la minería hoy es más rentable y menos riesgoso que el narcotráfico. Ha llegado a ser su principal fuente de ingresos. En países como Colombia y Perú, la minería ilegal de oro genera más dinero para grupos del narcotráfico que el mismo narcotráfico. Y eso te dice mucho, porque de hecho Colombia y Perú son de los países principales en producción de coca en el mundo. Entonces realmente te dice algo sobre la escala de la minería ilegal de oro. Más allá de ganar dinero con minería ilegal, estos grupos empiezan a usar oro como una estrategia de lavado.
–¿Por qué lavan dinero con la minería ilegal de oro?
-Porque los grupos de narcotráfico siempre van a tener un problema logístico. Las ganancias del narcotráfico están en un país y quieren moverlas a otro país, generalmente al país de origen o país de producción de esos cultivos. ¿Cómo pueden transportar el dinero o el valor? Tienen diferentes estrategias, pero actualmente el oro es una de las estrategias preferidas de estos grupos. Eso tiene mucho que ver con los cambios en los últimos diez o 15 años. Hemos puesto mucho más controles sobre movimientos de efectivo y está bien. Muchos países han logrado controlar hasta cierto punto el uso de efectivo para actividades ilícitas. Pero estos grupos van a buscar nuevos canales, van a buscar nuevos mecanismos y para ellos el oro es perfecto, es alto valor, es fácil de transportar, es totalmente legal en apariencia. Y, además, los países tienen pocos o nulos controles para el transporte internacional del oro.
-¿Básicamente el oro está sustituyendo al efectivo? ¿Cuánto ha influido el aumento internacional del precio del oro en esta dinámica?
-Claro, está sustituyendo al efectivo. El incremento del precio ha influido. Los grupos de crimen organizado ahora están ganando mucho más dinero. Esto realmente nos debe preocupar. Yo entiendo que en tiempos de inestabilidad económica y política, el oro es atractivo para muchas personas, es atractivo para inversores e incluso países en sus bancos centrales quieren comprar oro. Pero hay un lado oscuro a todo esto. Si ellos compran el oro y no hacen la tarea ardua de asegurarse que este oro sea de origen legal, pueden estar contribuyendo a graves problemas de seguridad e incluso vemos como un ciclo vicioso. Tu compras oro porque estás en un momento de inestabilidad, pero con la compra del oro, si viene de fuente ilegal, tú contribuyes a más inestabilidad en nuestros países, en nuestro hemisferio. Entonces, es como un ciclo de violencia.
-En Latinoamérica, la Amazonía es zona de extracción del oro. ¿Qué otras subregiones cumplen otros roles en este esquema ilegal?
-Hay países “de producción”, países que tienen minas ilegales de oro. Luego hay países de tránsito del producto del oro, como Chile, Ecuador, Panamá, entre otros. Ahora, esto no significa que estos países no tengan minería, pero también significa que tienen roles de tránsito de oro ilegal que vienen de otros países. Luego tenemos países que son centros financieros vinculados a la venta de ese oro. Muchas veces el dinero sucio es lavado en otros países, como Estados Unidos. Me da mucha pena decirlo, pero nuestros estudios lo han mostrado. Otros lugares de lavado son centros financieros. Pueden ser lugares como Londres, por ejemplo, Miami es un lugar importante, e Islas Vírgenes Británicas, entre otros. Estos tienden a ser lugares con alto nivel de secreto financiero, altos niveles de opacidad financiera o corporativa. Y eso permite que ese dinero sucio “desaparezca” en empresas anónimas, en cuentas bancarias y que los grupos involucrados puedan usar y disfrutar esas ganancias ilícitas transformadas aparentemente en “lícitas”.
-La compra de propiedades inmobiliarias puede ser una forma de transformar ese dinero ilícito y darle una apariencia de licitud, utilizándolo en una transacción legal. Estamos viendo booms inmobiliarios en zonas de costas y zonas naturales que están afectando a áreas o ecosistemas que deberían estar protegidos. ¿Ha observado también que el flujos ilícitos en este tipo de inversiones inmobiliarias, hoteles, grandes torres pueden estar relacionadas con la minería ilegal?
-Lo que le diría es que yo también estoy muy preocupada por la conexión entre flujos ilícitos y el sector inmobiliario. Me preocupa que los flujos ilícitos de delitos contra el ambiente sean lavados dentro del sector inmobiliario en ciertos países, incluyendo los Estados Unidos, y esto lo hemos evidenciado con diferentes estudios. Es un problema grande y se debe un poco a que en Estados Unidos no hemos tenido controles antilavado sobre el sector inmobiliario por muchos años y esto recién empieza a cambiar. Recién hemos puesto controles sobre transacciones inmobiliarias residenciales, pero no tenemos todavía sobre transacciones inmobiliarias comerciales. Entonces la preocupación es cómo estos flujos rápidamente pueden “desaparecer” en transacciones inmobiliarias que tienden a ser transacciones de alto valor, lo cual las hace atractivas para el lavado.
-¿Los controles en Estados Unidos se están centrando sólo en las compras inmobiliarias de personas y no de grupos económicos?
-Claro, recién tenemos controles sobre personas que compran casas, por ejemplo, pero no para transacciones comerciales, como por ejemplo, empresas que compran centros comerciales. Cuando tenemos sectores con mucho dinero, alta opacidad y poco control, ahí empezamos a ver problemas con lavado.
-¿Ha observado la presencia de minería ilegal en otras zonas de Latinoamérica fuera de la Amazonía?
-Sí, definitivamente es un problema en todas las regiones, solo que tiene diferentes dinámicas. Creo que en la Amazonía podemos hablar de oro, principalmente. En países de Centroamérica vemos problemas con oro pero también con jade. Vemos algunos problemas en México con la minería. Entonces digamos que todos los países están viviendo estos retos. Solo que es un poco más extremo lo que estamos viviendo ahora con el oro debido al incremento fuerte en el precio en mercados internacionales.
-Hemos investigado casos de bandas de crimen organizado que se están disputando el manejo del territorio en las fronteras entre Brasil, Colombia y Perú, en la Amazonía. ¿Qué considera que está en juego en estos territorios cuando estas bandas de crimen organizado se disputan el control?
-Pueden estar disputándose el control sobre rutas de narcotráfico, puede ser control sobre zonas de minería ilegal. Hay diferentes razones. Para los grupos de crimen organizado controlar zonas de frontera siempre va a ser muy estratégico. Les permite mover mercancía ilícita, dinero ilícito y también les permite huir rápidamente de las fuerzas del orden.
-¿Cómo considera que los países deben atacar al crimen organizado en esta situación?
-Lo que vemos normalmente con minería ilegal de oro es que los países están tratando de controlar ese problema en las minas. Lo que vemos tradicionalmente es que mandan policías o militares a una zona remota en el bosque. Ellos hacen una operación policial o militar y van a arrestar a unos hombres que encuentran ahí. Van a destruir la maquinaria y van a declarar el éxito. Pero desde nuestra perspectiva, eso no es un éxito. Porque sin atacar las finanzas detrás de estos delitos, los grupos de crimen organizado fácilmente van a reaparecer al día siguiente en otra zona cercana y van a empezar de nuevo con la minería ilegal. Nosotros siempre recomendamos que los países sigan la ruta del dinero y ataquen las finanzas detrás de la actividad ilegal. Estamos hablando de economías ilícitas, de miles de millones de dólares. Si tú logras incautar el dinero de esos grupos, no van a poder reaparecer al día siguiente porque se van a quedar sin plata. Ese es el objetivo de atacar las finanzas. Eso requiere cooperación entre los países, porque muchas veces el dinero fluye de un país o una jurisdicción a otra. Nosotros hemos observado en nuestros estudios como el dinero que proviene de delitos contra el ambiente en la Amazonía muchas veces fluye a los Estados Unidos. Eso es debido a ciertos factores como la historia que tenemos entre países del hemisferio occidental, fuertes vínculos económicos y financieros con Estados Unidos. Pero también es debido a que Estados Unidos ha tenido políticas laxas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto permite que el dinero sucio entre en Estados Unidos sin que nos demos cuenta. Es muy necesario que los países que son destino de ese dinero sucio tomen medidas para fortalecer sus sistemas antilavado.
-Ha trabajado en El Salvador. ¿Está cumpliendo algún rol en particular en esta problemática?
-El Salvador es un caso muy interesante. Siempre los países con economías dolarizadas van a tener vulnerabilidades para el lavado porque los grupos del narcotráfico van a querer lavar dinero y meter dinero en dólares. Eso es un objetivo muy bien evidenciado. Entonces, países como El Salvador, Ecuador, entre otros, van a tener retos con el lavado porque tienen dólares. Ahora en este esquema no lo vemos tan protagonista en temas de minería ilegal de oro en la Amazonía, principalmente porque hay rutas más directas a dólares a través de lugares como Miami. Pero sí El Salvador tiene relevancia a nivel regional en la lucha contra el lavado de activos por ser economía dolarizada. También por ser un país que tiene cripto y es muy alto en apertura a cripto.
-¿Qué pasa con países como Belice en estos esquemas?
-Belice es un ejemplo muy interesante, principalmente por sus fronteras con otros países de la región. Vemos vulnerabilidades en la frontera con Guatemala y con México. Sabemos de movimientos de mercancías ilícitas. Sabemos que hay delitos ambientales en esas zonas. Algo que a mí siempre me ha preocupado mucho es el impacto de la ganadería ilegal en la frontera de Belice con Guatemala. Creo que ahí tenemos que mirar temas de daño ambiental, pero también posibles temas de lavado de activos y narcotráfico.
-¿Qué medidas han tomado las autoridades tanto en América Latina como en Estados Unidos que sí están ayudando a combatir este circuito de dinero ilícito de la minería ilegal de oro?
-Hemos visto otro avance interesante y en muchos casos de delitos contra el ambiente y el recurso natural de fuente ilícita es lavado a través de empresas fantasma o empresas de fachada. Lo vemos con oro ilegal, tala ilegal. Muchas veces estos productos entran en el mercado legal y son exportados e importados. El dinero es lavado a través de empresas fantasma o empresas de fachada. El avance es que muchos países están implementando nuevos registros sobre los dueños de las empresas. Esto es una mejor práctica del mundo antilavado y contra la financiación de terrorismo. Y tiene un nombre técnico. El término técnico es Registros de Beneficiarios Finales. El beneficiario final es la persona en carne y hueso que controla y realmente se beneficia de una empresa. Y esto lo vemos como avance porque permite un poco más control sobre la exportación e importación de productos naturales, también sobre movimientos financieros vinculados con su venta. Hemos visto países como Colombia implementar registros de beneficiarios finales. Hemos visto avances en países como Perú y Ecuador. Creo que no han completado su registro, pero están en buen camino. En Estados Unidos aprobamos una ley sobre la creación de un registro. Esto es importante porque Estados Unidos es el país número uno en el mundo en empresas registradas. Estamos hablando de unos 30 millones o 40 millones de empresas. Entonces saber quiénes están detrás nos ayuda mucho. Lamentablemente, en las últimas semanas la administración de Donald Trump ha debilitado esta ley y ha dicho que solo va a aplicarla a 11 000 de esas empresas, de un universo de como 30 millones. Eso es muy lamentable.
-Yendo a Donald Trump y teniendo en cuenta el rol central de su país en el lavado de activos de América Latina, ¿el escenario de control del dinero sucio se debilita con el nuevo presidente de Estados Unidos?
-Lo que hemos observado en los últimos meses en los Estados Unidos son cambios sistémicos que debilitan medidas antilavado contra financiación de terrorismo y contra corrupción. Esto significa que el dinero sucio puede fluir y nosotros tenemos menos controles y menos herramientas para combatirla. Esto, yo creo, es un problema para los Estados Unidos. Nos hace más vulnerables a diferentes problemas, pero también creo que es un problema para nuestros vecinos en el hemisferio occidental, países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que tienen vínculos importantes con Estados Unidos. Lo que sucede en un país termina afectando a otros países también. Sobre el ambiente y sobre la minería ilegal de oro no estoy segura que va a suceder. Sí es cierto que algunas personas en la administración Trump comprenden los problemas con la minería ilegal de oro. Aquí me refiero específicamente a Marco Rubio, el secretario de Estado, que por años ha tenido un enfoque y un interés en el problema de minería ilegal de oro en el hemisferio occidental. Ahora, si él va a tener el espacio en su agenda para mirar ese problema, no sé, pero es posible que haya interés en ese tema en la nueva administración Trump.
-¿Qué rol juega la minería “legal” en América Latina y en la Amazonía?
-Muchas veces el oro de origen ilegal está siendo exportado a través de empresas aparentemente legales y formales. Y ahí volvemos al tema de las empresas fantasma o empresas fachada. Estas empresas existen en papel. Aparentemente tienen todo en orden, pero si tu miras bien el origen del oro, ves que viene de fuentes ilegales. En algunos contextos esas empresas se llaman “comercializadoras”. Por ejemplo, están vendiendo oro a mercados internacionales. Esto no significa que todas las empresas formales en el mundo minero sean empresas malas o empresas ilegales. También hay empresas formales que tienen minas formales que podrían estar haciendo todo bien. Entonces tenemos que observar el origen del producto y lo que hace al oro legal o ilegal es su origen, no es si la empresa es formal o no formal. Muchas veces empresas formales están haciendo las cosas mal porque están comprando oro ilegal y lo están vendiendo a mercados internacionales.
-¿Cómo se están relacionando los grupos de crimen organizado que manejan el narcotráfico y la minería con la política?
-Depende mucho del país. En muchos países tenemos problemas con financiación de política. Creo que es un reto, pero creo que por lo menos en el discurso público, los políticos van a reconocer que la minería ilegal es un problema y van a decir que están en contra. Ahora sí, ¿esto realmente refleja lo que sucede en la realidad?
-En esa relación nace la corrupción… ¿Qué está sucediendo con las sospechas de corrupción en cuanto a los funcionarios que tienen que fiscalizar y también con la falta de presupuesto de quienes tienen que combatir esto en la región?
-Cuando hay recursos naturales, aparentemente legales, esto abre la puerta a la corrupción, porque un funcionario del Gobierno tiene el poder de “legalizar” un producto. Las drogas nunca van a ser legales. Entonces las ventanas para la corrupción son menores porque la cocaína es siempre ilegal en casi todos los contextos. Pero si tienes algo como madera, que puede ser legal o puede ser ilegal, dependiendo de unos papeles y unos trámites, se abre una enorme ventana para la corrupción porque un oficial, tal vez el gobierno local o nacional tiene demasiado poder para decidir si la madera es legal o ilegal. En casi todos los casos que hemos analizado, la corrupción facilita los delitos contra el ambiente y es corrupción en diferentes niveles de gobierno. Puede ser del municipio, del departamento, incluso del gobierno nacional.
-Ha trabajado sobre la inclusión financiera en la región. ¿Cómo se relaciona la inclusión financiera con lo ambiental y lo ilícito?
-Diría que tenemos más control desde la perspectiva antilavado si las personas están dentro del sistema financiero. Si tenemos miles de personas fuera del sistema financiero esto significa que están viviendo toda su vida pagando por todo en efectivo. El efectivo es una de las cosas más difíciles de supervisar y controlar. Y ha sido muy vulnerable al abuso. Entonces, si podemos incluir más personas, si podemos ampliar quienes están dentro del sistema financiero formal tenemos mucho más posibilidades de combatir lo que es ilícito. Lo vemos mucho con la minería. En países como Colombia, por ejemplo, muchos mineros de pequeña escala han sido excluidos del sistema financiero. Esto significa que manejan su negocio en efectivo y esto no es ideal desde la perspectiva antilavado. Siempre queremos tener flujos electrónicos porque son más fáciles de rastrear o supervisar. Entonces sería importante ver cómo podemos incluir a estas personas en el sistema financiero formal a través de cuentas bancarias, cuentas en cooperativas de ahorro y crédito. Creo que esto beneficiaría mucho a esos pequeños empresarios, pero también tiene un beneficio para la lucha contra el lavado de activos.
Imagen destacada: Julia Yansura, directora del Programa sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en la organización no gubernamental Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition. Foto: cortesía FACT Coalition
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