- El 22 de abril la Corte Superior de Justicia de Apurímac declaró absueltas a once personas de las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau que fueron acusadas en 2015.
- Se les imputaba ser los coautores mediatos por la comisión de delitos contra el patrimonio, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la empresa minera Las Bambas.
- La Justicia decidió absolverlos, ante la inexistencia de pruebas concretas.
La indignación asoma en el rostro de la profesora Lizbeth Abarca cuando habla de los diez años que ha durado un proceso penal en el que ahora ha resultado absuelta. Contiene las lágrimas mientras cuenta cómo ha sido esta década desde que, en 2015, la acusaron por una serie de delitos que no cometió.
“Me tenían con el corazón partido, cada vez que veía un control [policial] pensaba: ¿estaré con requisitoria y me cogerán? Ese era mi pensamiento”, dice Abarca un día después de que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac absolviera de todos los delitos de los que se acusaba a ella y a otras 10 personas que habían sido procesadas tras las protestas ocurridas en septiembre de 2015. Entonces, cientos de personas de los centros poblados y las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau reclamaron a la minera MMG Las Bambas por presuntos daños ambientales y a la salud. Los impactos eran atribuidos a los cambios que se habían dado en el proyecto para trasladar los minerales.
Para Abarca “estos diez años han sido un calvario”. “No conciliaba ni el sueño. He sido afectada en el trabajo, emocionalmente, psicológicamente y más aún, sentía que la gente me miraba, que sabía que estaba en juicio”. Así cuenta lo que para ella ha significado una década bajo un proceso judicial que además ha tenido repercusiones laborales puesto que no tener antecedentes penales ni policiales era un requisito para su trabajo.
Las protestas de 2015 surgieron luego de que la mina de cobre Las Bambas —de la empresa global Minerals and Metals Group (MMG)— modificara la forma en que trasladaba los minerales desde la mina hasta el puerto de Matarani para ser exportados. Inicialmente se haría por un mineroducto, pero luego se decidió hacerlo con camiones, que pasaban por más de 150 comunidades causando vibraciones constantes y dejando una estela de polvo en su trayecto. Durante las protestas también murieron cuatro personas tras la intervención de la policía.
En el proceso fueron once personas las acusadas por la minera Las Bambas y por el Estado peruano a quienes se les imputaba ser coautores mediatos de delitos contra el patrimonio, contra la seguridad pública y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la empresa minera Las Bambas SA, según la sentencia del 22 de abril de 2025.
En ese mismo documento se explica que la acusación fiscal no estaba bien fundamentada y, por tanto, “sobre esta grave falencia no puede dictarse una sentencia condenatoria válida, al no existir hechos probados sobre proposiciones fácticas relativas a la autoría mediata”. En consecuencia, dice la sentencia, debe absolverse a todos los acusados.
Diez años de angustia
“Creo que realmente se hizo justicia”, sentencia Abarca, “el dolor que he vivido, nadie lo sabe, pero por fin se hizo justicia. Ahora voy a empezar a caminar», confiesa la docente, quien vive junto a su madre de 87 años en el distrito de Tambobamba, en la provincia de Cotabambas.
Ronald Bello, otra de las personas absueltas el pasado 22 de abril, también habla de lo que ha significado vivir estos diez años bajo una acusación. “Ha sido un maltrato psicológico bastante fuerte, básicamente para mi familia, para mis padres, para mis hijos, para mi esposa, mis hermanos y todo mi entorno”, comenta y dice que cada vez que tenía que asistir a las audiencias, su familia pensaba que lo iban a encarcelar.
Bello, quien era presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba durante las protestas de 2015, señala que estos diez años han sido el costo de haber querido simplemente preguntar a la empresa y a los ministerios por qué fue posible la autorización de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Inicialmente estaba aprobado trasladar el mineral en mineroductos y después lo cambiaron para trasladarlos en vehículos encapsulados, los cuales han generado y siguen generando un impacto ambiental bastante fuerte. Eso no ha cambiado”, precisa.
El abogado David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), quien ha llevado el caso de los acusados, explica que la acusación fue cuestionada por el tribunal. “Nunca describió las conductas necesarias para establecer autoría mediata en cada uno de ellos, ni por cada delito”.
Velazco también explica que se debía describir exactamente qué conducta había asumido cada acusado para definir si había cometido el delito. “No basta con decir que ellos eran dirigentes y por lo tanto son los responsables de los daños”. Y en el caso de las pruebas, agrega el abogado, “no había ni un solo elemento de prueba, ni siquiera indirecta o referencial, que pudiera vincular a los dirigentes con los hechos delictivos que les imputaran”, explica sobre las razones que llevaron al tribunal a dictaminar la absolución de todos los cargos.
La absolución se otorgó en una sala de apelaciones, pues en agosto de 2024, el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas había condenado a todos ellos por los delitos antes mencionados, a cumplir condenas de entre ocho y nueve años de prisión y el pago de 150 000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, y de 88 600 dólares americanos a favor de la Empresa Minera Las Bambas S.A.
Mongabay Latam solicitó a la minera Las Bambas a través de MMG en Perú su posición sobre el proceso judicial, sin embargo, al cierre de esta edición no respondieron ni a través del correo electrónico ni las llamadas telefónicas a la empresa. También se solicitó la opinión del Ministerio Público, pero no recibimos una respuesta.
Un precedente para otros casos
“Este juicio termina siendo un precedente porque no se puede criminalizar a cualquiera sin pruebas”, señala Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, organización que ha acompañado a la población de las provincias de Apurímac desde 2004, cuando se instala el proyecto minero Xstrata, de capitales suizos, que posteriormente fue vendido a Glencore y finalmente a MMG. “Creo que las empresas van a pensarlo dos veces”.
Cuadros considera que lo que buscaban “las empresas era asustar a la gente para que no siguiera protestando”. “Han querido utilizar el mecanismo judicial para amedrentar a las personas, para que la gente no se movilice”, comenta.
Las empresas tienen que pensar si esa es la mejor estrategia, agrega Cuadros, o si es mejor establecer relaciones de confianza con las comunidades. “Creo que es más que un precedente. Se sienta jurisprudencia en el sentido de que tienes que demostrar la autoría mediata con pruebas fehacientes. Ese es el precedente de procedimiento judicial. Pero el otro precedente es el de las relaciones comunitarias”.
Para Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), “la criminalización es la forma de agresión más frecuente contra los defensores del medio ambiente”.
En muchos casos las propias empresas mineras impulsan estas denuncias, pero distorsionando las figuras legales, explica Pérez, porque se responsabiliza a los dirigentes sociales por los disturbios o por las alteraciones del orden público que ocurren durante las protestas sin ninguna prueba de que ellos han estado siquiera en esos lugares y simplemente por su condición de dirigentes.
“Esto viola directamente los estándares internacionales”, aclara Pérez, y menciona que actualmente hay cuatro dirigentes de conflictos socioambientales que están con sentencia firme, es decir, que en sus casos ya no es posible ninguna apelación. Dos de ellos, están condenados por protestas contra el proyecto Tía María, con penas de ocho y 12 años; uno por el proyecto minero Conga, con diez años de prisión; y otro, por un conflicto minero en Puno, llamado el Aymarazo, a quien se sentenció con seis años de cárcel.
“Hasta ahora la mayor parte de los casos que nosotros documentábamos en el país acababan archivándose justamente por falta de pruebas”, señala Pérez, “pero una dinámica que hemos encontrado en los últimos años es que empezamos a ver condenas de prisión, incluso en los casos donde los defensores [finalmente] acaban siendo absueltos”, agrega Pérez.
Para Pérez, el daño causado después de tantos años de proceso judicial “es enorme” porque “no es que te absuelven como si no hubiera pasado nada”. “Los impactos son terribles tanto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de las propias organizaciones, porque lo que se hace es infundir miedo y la gente no quiere asumir cargos por temor a las represalias”, afirma.
Y en el caso de las mujeres, comenta Pérez, “hay impactos que son diferentes, por ejemplo, nosotros registramos el caso de una defensora de una comunidad del sur de Lima que la detuvieron, la procesaron y sufrió un aborto durante la detención”, cuenta. También menciona otro caso en Espinar, Cusco, en el que si la defensora continuaba el proceso iba a quedar absuelta, pero “como tenía un bebé de pocos meses, se declaró culpable y aceptó un trato con la fiscalía para no separarse de su hijo”.
En el caso de Las Bambas hay otros tres procesos penales aún abiertos con más de 20 personas involucradas, comenta el abogado Velazco, y precisa que en 2020 fueron absueltos 19 de los acusados de uno de los procesos. Sin embargo, durante la apelación de la fiscalía, en 2021, la Sala de Apelaciones de Apurímac decidió que el caso retorne a la etapa de control de acusación, es decir, antes de que se inicie el juicio.
El argumento fue que no se cumplió con el principio de imputación, explica Velazco, es decir que no se encontraron las pruebas necesarias. «¿A cargo de quién está la obligación de cumplir con el principio de imputación necesaria? A cargo de la fiscalía y a cargo del juzgado. En este caso, la ineptitud, la ineficiencia, la falta de capacidad para cumplir con el requisito de imputación por parte de la fiscalía y del Poder Judicial, no se puede trasladar a los acusados”, cuestiona Velazco.
“Ha sido un calvario literalmente, porque el juicio volvió a foja cero en 2021 y tuvieron que empezar nuevamente”, comenta Julia Cuadros, de CooperAcción, sobre los diez años del juicio que acaba de resolverse. Sin embargo, agrega que la situación ambiental en las comunidades afectadas de Apurímac no ha cambiado. “La carretera hasta ahora no está asfaltada y pasan más de 300 camiones diarios. Los impactos ambientales son mortales, los impactos a la salud de las personas, a la flora, a la fauna, al agua”, explica Cuadros sobre los problemas que ocasionan los camiones que cada día transitan por la carretera sin asfaltar.
Imagen principal: Maximiliano Huachaca, Lizbeth Abarca y Ronald Bello fueron absueltos por la Justicia tras la apelación. Foto: Yvette Sierra
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