- El pueblo tolupán, una de las etnias más antiguas de Honduras, está conformado por 31 tribus distribuidas en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, al sur y centro del país.
- Durante los últimos 25 años, al menos 120 indígenas tolupanes han sido asesinados por defender el bosque y su territorio ancestral de empresas con intereses extractivos.
- Entre las víctimas se encuentran el padre y el hermano de Ramón Matute, un reconocido líder que ha mantenido el legado de la protección del territorio.
- Representantes del Gobierno aseguraron a Mongabay Latam y Radio Progreso que, tras denuncias de las comunidades indígenas, se han suspendido proyectos madereros presentes en territorios tolupanes.
Con voz angustiada al otro lado del teléfono, Ramón Santiago Matute Ávila, líder de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa 𑁋ubicada en el departamento de Yoro, al norte de Honduras𑁋, le hace una exigencia al Estado: que garantice su vida y la de su familia, pues están bajo amenaza de muerte. Desde febrero último no han podido salir de su casa ni de su comunidad, enfrentando incluso dificultades para conseguir alimentos. Matute teme que, al dar un solo paso afuera, quienes han puesto precio a su cabeza logren su objetivo.
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La situación es una muestra de la realidad que enfrentan las 31 tribus tolupanas (este pueblo indígena acuña el término tribu para su sistema de organización social y cultural) y, en particular, quienes encabezan los esfuerzos para detener la tala ilegal de bosques, la minería no autorizada y los asesinatos de defensores. Según denuncian las comunidades, en la zona se encuentra una estructura criminal conocida localmente como la “mafia tolupana”, que estaría siendo impulsada por empresarios del sector maderero y minero, y que ha surgido en el marco de una creciente disputa por el control del territorio y los recursos naturales.
El territorio que habitan las comunidades tolupanas es un extenso bosque verde predominado por diferentes especies de pinos nativos. Se extiende por montañas ricas en minerales, surcadas por ríos y quebradas que fertilizan las tierras ancestrales. Sin embargo, desde la década de 1980, terratenientes y personas ajenas a las comunidades comenzaron a llegar, portando supuestos títulos de propiedad. Desde entonces, no han parado los problemas.
Aunque Mongabay Latam y Radio Progreso intentaron llegar a la comunidad de San Francisco de Locomapa, un retén instalado por la “mafia tolupana” impidió el paso. “Están esperando a que en algún autobús o vehículo vaya yo. Bueno, ya sabe… para matarme”, denuncia el líder indígena Ramón Matute, quien reconoce que su mayor temor no es que su vida termine en un asesinato, sino la impunidad y la incertidumbre que esto dejaría para su familia y su tribu. Le preocupa que el saqueo del territorio, que hasta ahora han logrado frenar, se materialice.
No es la primera vez que este líder tolupán enfrenta una situación así. Ha sido desplazado forzosamente en al menos tres ocasiones desde 2011 y sus cultivos han sido destruidos. También ha sido perseguido y criminalizado por el Estado, bajo el argumento de que obstruye los proyectos que se desarrollan en su territorio ancestral. Él, en cambio, afirma que ha sido realmente por su labor como defensor ambiental.
En febrero de 2019 ocurrió un hecho que cambió su vida. Su padre, José Salomón, y su hermano, Juan Samael, fueron asesinados por la misma causa por la que actualmente lo persiguen a él: proteger su territorio. Los crímenes se consumaron a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013, a raíz de las constantes amenazas que recibían. Hasta la fecha, estos asesinatos continúan en la impunidad.
El legado de defender el bosque
Ramón Santiago Matute tiene 53 años y es un referente nacional e internacional de la lucha indígena en Honduras. Es originario de El Palmar, una comunidad de la tribu San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro. Hijo de los líderes indígenas María Cristina Ávila y José Salomón Matute, creció entre la siembra de maíz y café, y desde niño abrazó la causa por la defensa del territorio y la identidad de su pueblo.
Uno de sus primeros recuerdos es la discriminación que sufrió por ser indígena. Esa experiencia lo impulsó a luchar con más fuerza. A pesar de los obstáculos económicos, logró cursar el bachillerato y entrar a la universidad pública a finales de los años 90. Quiso ser abogado, pero solo pudo asistir a 20 clases. El trabajo que tenía en una empresa privada para apoyar a su familia le impidió continuar.
En 2011 regresó a su comunidad para dedicarse a la agricultura. Al volver, notó cambios alarmantes: el río Locomapa se estaba secando, aumentaba la deforestación y la violencia crecía. El Estado había otorgado unos permisos para extraer madera a empresas que llegaban con gente ajena al territorio. Los proyectos, además, tenían la venia de algunas autoridades indígenas, pero no de todas las comunidades.
Según explica Matute, para permitir esos proyectos, el Consejo Directivo de la Tribu —una autoridad tradicional encargada de gestionar los recursos naturales en cada territorio indígena— se alió con empresarios madereros y con la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY), que representa legalmente a las tribus, pero tiene afinidad con el Partido Nacional de Honduras. Este partido ha sido catalogado como una organización criminal por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y tiene a uno de sus máximos líderes, el expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Como respuesta, el padre de Ramón Matute, junto a otros miembros de la comunidad, decidió formar en 2011 una estructura paralela de autoridad que llamaron el ‘Consejo Preventivo de Tribu’ y así retomar el control en el territorio.
Se buscó la versión de Noé Rodríguez, de la FETRIXY, para consultarle sobre las denuncias realizadas por el Consejo Directivo, actualmente liderado por Ramón Matute, pero no quiso dar entrevista argumentando que no podía referirse al tema.
Para Matute, ver salir de su comunidad un camión cargado de madera de pino es una experiencia profundamente dolorosa. Ya ha perdido la cuenta de cuántos árboles han sido talados desde que asumió su labor como defensor del bosque, pero aún siente “como si la vida misma se le escapara”, dice.
Además, según informes y auditorías del Instituto de Conservación Forestal, los madereros han cortado más de lo que les permite el plan de manejo forestal, una herramienta obligatoria desde 1992 para cualquier actividad de aprovechamiento de los bosques. “Para eso ha servido la FETRIXY: para avalar el corte ilegal de madera”, denunció el líder tolupán con indignación.
Hacer estas denuncias, tanto de forma pública como ante las instancias correspondientes, ha significado poner en riesgo su vida y la de su familia. Su madre ya no duerme tranquila y, como confesó el defensor, en repetidas ocasiones le ha suplicado que abandone la lucha. No quiere que le pase lo mismo que a su padre y a su hermano.
Una historia de amenazas
Según la organización internacional Global Witness, los tolupanes —la etnia más antigua de Honduras, con una posible existencia desde hace más de 5000 años— son también “el grupo indígena más marginado” del país. Viven en condiciones de pobreza extrema, en zonas rurales remotas y con acceso limitado a servicios básicos. Además, enfrentan amenazas constantes.
De las 31 tribus, 25 están asentadas en el departamento de Yoro y seis en el de Francisco Morazán. Todas denuncian los mismos conflictos: la explotación de sus bienes naturales por parte de empresas y grupos que estarían vinculados al crimen organizado, así como a una extrema pobreza reflejada en la falta de acceso a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, seguridad y alimentación.
Son carencias de larga data. En 1864, el sacerdote español Manuel de Jesús Subirana se conmovió al presenciar cómo los tolupanes eran capturados y obligados a cargar costales de zarzaparrilla (una planta utilizada para la elaboración de refrescos en Estados Unidos y Europa) desde Yoro hasta Puerto Castilla, en el departamento de Colón, y decidió interceder en su favor.
Acudió ante el entonces presidente de la República, José María Medina, para solicitar que se les otorgaran tierras donde pudieran establecerse y cultivar, además de implementar programas de salud y educación para su beneficio. Como resultado, en 1880 se les autorizó el uso de tierras, un derecho que fue posteriormente certificado por el Instituto Nacional Agrario (INA) en 1972.
Sin embargo, desde entonces —y especialmente tras el golpe de Estado de 2009— la persecución y el despojo de los bienes naturales del pueblo tolupán se han intensificado, sobre todo con la aprobación de planes anuales de manejo forestal (requisitos para cualquier actividad de aprovechamiento de los bosques) por parte del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en sus territorios.
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Las comunidades indígenas denuncian que estos planes se han entregado a poderosas empresas madereras y grandes terratenientes sin realizar un proceso de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta omisión, aseguran, ha provocado daños ambientales irreversibles, afectando gravemente la vida y los derechos de las personas que habitan estos territorios.
Según Ramón Matute, uno de los casos más emblemáticos es el del general retirado del Ejército hondureño, Óscar Filander Armijo Uclés, quien utilizó camiones militares y soldados para llevar a cabo jornadas médicas y actividades recreativas, pero también para ir cercando tierras y despojando a familias indígenas, motivo por el que fue llamado a juicio por la Justicia.
Asesinatos de líderes indígenas
De acuerdo con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización a la que pertenece Matute y que aglutina a otras comunidades en defensa de los bienes naturales, más de 120 indígenas tolupanes han sido asesinados en este contexto de violencia y despojo en los últimos 25 años.
En agosto de 2013 fueron asesinados María Enriqueta Matute, Armando Fúnez y Ricardo Soto, mientras protestaban para impedir la salida de camiones cargados de madera de su comunidad. En 2015, también fueron acribillados Luis de los Reyes Marcia, Eracimo Vieda, Santos Matute y Fermín Romero, todos comprometidos con la defensa del bosque y del territorio.
La violencia continuó en 2019, cuando asesinaron al padre y al hermano de Ramón Matute y también a Milgen Idán Soto Ávila. Solo por este último crimen están siendo procesadas cinco personas, capturadas en febrero de este año y que permanecen en prisión. En un comunicado, el Ministerio Público reconoció que Milgen Idán Soto era un defensor ambiental y que los presuntos responsables lo habrían asesinado por su oposición a la extracción de madera de la zona.
Luis Edgardo Solís, actual director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), aseguró a Mongabay Latam y Radio Progreso que todos los planes de manejo forestal que fueron otorgados a personas denunciadas por las comunidades indígenas se encuentran actualmente suspendidos y que se están investigando las posibles irregularidades en su concesión. El funcionario también afirmó que el actual gobierno está comprometido con la recuperación del bosque y con garantizar la seguridad de quienes lo protegen, por lo que no se seguirán otorgando más planes de manejo sin el consentimiento de toda la tribu.
Sin embargo, dice Ramón Matute, en la zona continúa el corte de madera y la violencia se ha intensificado. Aunque la suspensión de los planes de manejo forestal representa un logro para los indígenas organizados, hay un sector de la tribu cercano a las empresas que ha reaccionado con molestia, convirtiéndose en un brazo violento contra los otros indígenas, dice Matute.
Pese a que la CIDH ha emitido medidas cautelares, inicialmente en 2013 y ampliadas en 2023 para proteger la vida y la integridad de los defensores tolupanes, estas han sido insuficientes para garantizar su seguridad.
Empresas y violencia
Para el historiador e ingeniero forestal Juan Mejía, el pueblo tolupán enfrenta un “genocidio por goteo”. Citando al antropólogo y sacerdote jesuita Ricardo Falla, explica que se trata de comunidades “condenadas a morir de hambre” por parte de los gobiernos. “No se necesita un fusil ni bombas para hacer desaparecer a poblaciones enteras”, insiste.
Según él, hay familias tolupanas que con suerte obtienen 1 500 lempiras (60 dólares) al mes para comprar alimentos. Sin embargo, el costo de vida de una familia promedio en Honduras ronda los 500 dólares. Esta situación se vive con mayor intensidad en las tribus de San Francisco Locomapa, La Candelaria, Mina Honda, Las Vegas de Tepemechín y La Pintada, debido a la disputa por los bienes naturales.
Otro de los defensores que enfrenta graves amenazas es José María Pineda, conocido como Chema. Él es líder de la tribu San Francisco en Locomapa y, junto a sus hijas y a Ramón Matute, ha sido criminalizado en al menos tres ocasiones. Ha sufrido desplazamientos forzados, amenazas constantes, hostigamientos y agresiones físicas, solo por defender su tierra y la vida de su gente.
Chema señaló que, junto a Ramón, tiene que buscar caminos alternos para poder asistir a las reuniones de su organización, esquivando retenes policiales y evitando a quienes defienden a los empresarios en su territorio.
«Si viera cómo vivimos aquí y las amenazas que nos han hecho, solo por defender lo que nos pertenece como indígenas para dejárselo a nuestros hijos», dijo. Con voz fuerte, pero cargada de preocupación, advierte: «En cualquier momento nos matarán y los casos seguirán en la impunidad».
Aunque también forma parte de los defensores que cuentan con medidas de protección dictadas por la CIDH, Chema está convencido de que esa garantía aún no la tiene. Reconoce que su vida y la de Ramón están seriamente amenazadas, pero prefiere seguir adelante si ese sacrificio permite que sus hijos puedan algún día vivir en paz y rodeados de la riqueza natural de su territorio.
Organizaciones sociales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denuncian que en los últimos cuatro años se han intensificado las agresiones contra la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa, a raíz de la instalación de la empresa minera LACHANSA en la comunidad de Lagunita, durante 2022.
Líderes como Ramón Matute y sus compañeros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han sido víctimas de campañas de desprestigio, intimidaciones y amenazas de muerte. Además, se han denunciado agresiones sexuales dirigidas particularmente a mujeres y niñas. Algunas familias incluso han sido desplazadas forzosamente por temor a represalias.
De hecho, la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural ha presentado un requerimiento fiscal contra el presidente administrativo y propietario de LACHANSA, Álvaro Londoño, por el supuesto delito de explotación ilegal de recursos naturales, especialmente de material metálico y no metálico extraído de rocas naturales sin la debida autorización de las autoridades competentes.
Asimismo, su hijo, Santiago Londoño, vicepresidente de la empresa minera, ha sido requerido por la Fiscalía por presuntamente hacer hostigamientos de carácter sexual a niñas y mujeres indígenas en el territorio de la mina. “En una reunión con otros empresarios, este señor se mofó de tener a su disposición a la Policía Nacional, asegurando que él pagaba su alimentación y les daba dinero mensualmente”, denunció el historiador Juan Mejía.
Aunque Mongabay Latam intentó comunicarse con Álvaro y Santiago Londoño para conocer su versión sobre estas acusaciones, al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
En abril de 2025 el Poder Judicial fijó una fecha para la audiencia inicial contra Álvaro Londoño por el delito de extracción ilegal de recursos naturales, en perjuicio del Estado de Honduras y de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa, pero esta fue suspendida luego de que los abogados defensores de Londoño renunciaran a representarlo. El proceso, denuncian las comunidades indígenas, avanza a paso lento.
El precio de defender su territorio
En medio del peligro, Ramón Matute ha encontrado fuerzas en la memoria de sus antepasados para mantenerse firme. Sin embargo, asegura que ha sido profundamente doloroso recoger los cuerpos de compañeros asesinados, especialmente de sus familiares. Para él tampoco es fácil dejar a su compañera e hijos por temporadas, obligado a resguardarse para protegerlos mientras espera que las cosas se calmen. “O al menos esa es la esperanza”, dice.
Antes de finalizar la llamada telefónica, Matute hace una pausa para destacar que, a pesar del dolor, el abandono y el despojo que ha vivido su comunidad, también han conseguido pequeñas pero significativas victorias. Una de ellas es la instalación de una clínica médica que lleva el nombre de su padre. Esta obra forma parte del cumplimiento de una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2022.
En ese fallo, la Corte ordenó a la Corporación Municipal de Yoro “respetar, proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y a la participación de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa y, particularmente, garantizar el derecho a la alimentación y a la salud de manera igualitaria”. Una resolución que los indígenas consideran “histórica”.
Otra conquista ha sido que, en una asamblea en marzo de 2023, la población tolupana eligió a nuevas autoridades indígenas recuperando el Consejo Directivo, ahora encabezado por Ramón Matute y otros indígenas del Movimiento Amplio. También se acordó la instalación de la radio comunitaria Dignidad Tolupana, que conecta a las 19 comunidades del municipio de San Francisco, históricamente aisladas por caminos difíciles y por el abandono estatal.
Ramón Matute reconoce que en este momento tiene miedo de convertirse en una estadística más de víctima de asesinato, pero, a pesar de las amenazas y las carencias, insiste en que su lucha es por el bien común. “Nos rodea una gran riqueza natural, pero pocos se benefician. Yo lucho para que sea del pueblo indígena”.
Imagen principal: la tribu tolupán San Francisco de Locomapa es una de las 25 tribus asentadas en las montañas del departamento de Yoro, Honduras. Foto: cortesía Martín García sj
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