- Una encuesta sostiene que las mujeres indígenas de la Amazonía aún no son tomadas en cuenta en las decisiones políticas de sus comunidades.
- Como en otros países, en la Amazonía boliviana existen organizaciones de mujeres indígenas que exigen más participación política y espacios de poder.
- Además, sus roles en actividades económicas y proyectos productivos son escasos y centrados mayormente en tareas familiares y sin autonomía económica.
- El estudio afirma que las mujeres indígenas sufren distintos tipos de violencia y formas de discriminación en sus comunidades.
Las mujeres indígenas en la Amazonía boliviana siguen relegadas en la toma de decisiones y en cargos de alta jerarquía en sus comunidades. Están apartadas pese a que tienen participación activa en actividades políticas y también a pesar de que son parte de organizaciones femeninas. Además, las mujeres amazónicas bolivianas siguen padeciendo violencia en sus localidades, ya sea física, política o incluso sexual. Las dirigentes piden más espacios de poder para afianzar su empoderamiento.
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El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), a través del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), realizó en 2024 una encuesta que recogió información con la participación de las mujeres comuneras de cinco territorios indígenas y sus organizaciones. El objetivo de este relevamiento fue medir la calidad del ejercicio de los derechos en cinco ejes específicos: soberanía y libre determinación; territorialidad y gestión; consulta y consentimiento previo libre e informado; derechos sociales; y derechos civiles, políticos y culturales.
La encuesta se realizó en 19 comunidades de la Amazonía norte y sur de Bolivia. En la parte norte se desarrolló en los territorios indígenas cavineño, pacahuara y tacana cavineño. Mientras que en la zona sur se aplicó en los territorios mojeño ignaciano y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Según el ODPIB, las promotoras de derechos humanos fueron las encargadas de aplicar las encuestas, usando el sistema ArcGIS Survey123 en sus teléfonos celulares. Las mujeres indígenas de cada territorio fueron capacitadas para esta tarea.

Margoth Céspedes, responsable de la oficina del Cejis en Trinidad, en el departamento de Beni, explicó a Mongabay Latam que los resultados de esta encuesta reflejan tanto avances como deudas pendientes: limitaciones en salud, educación y servicios básicos; desigualdades en la participación política de las mujeres; y amenazas constantes a la gestión integral de los territorios. Frente a ello, dijo, se plantean estrategias de incidencia, control territorial y articulación con las instituciones públicas, desde la perspectiva de la autodeterminación y la democracia comunitaria.
“Las mujeres indígenas de la Amazonía empezaron a organizarse, a tener sus agendas, pero con conflictos con sus mismos pueblos porque había muchos que interpretaban que las organizaciones de mujeres querían partir la lucha indígena y no entendían su esencia. Y eso hasta ahora se sigue debatiendo: ¿quién tiene el liderazgo en los territorios?”, afirmó Céspedes.
La experta añadió que en el proceso de organización, las mujeres indígenas son más ordenadas y democráticas, y por eso en algunos territorios hubo resistencia interna. “¿Por qué la mujer no ocupa espacios de decisión? Algunos pueblos han progresado más que otros. En el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) hay más espacios para las mujeres, pero en otros no, como en el pueblo tsimane”, dijo.
Representante política
Cecilia Moyoviri es senadora indígena saliente (acaba su mandato el 8 de noviembre) y es una de las pocas mujeres indígenas que llegaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. La legisladora detalló a Mongabay Latam que si bien la participación de las mujeres en actividades comunitarias es plena y están organizadas en casi todas las comunidades, su presencia en espacios de toma de decisiones y cargos de alta jerarquía sigue siendo limitada.
“Las decisiones estratégicas y los cargos, como presidentes comunales o autoridades territoriales, son mayoritariamente ocupados por varones”, resaltó. Moyoviri, que representa al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), añadió que esta situación evidencia una brecha persistente entre la participación nominal de las mujeres y su representación real en la estructura de poder.
“Ser mujer e indígena no es fácil en absoluto, pero es mi mayor orgullo. Como mujer, quiero que más mujeres tengan voz porque nuestra presencia es esencial. Nuestras experiencias son esenciales y deben tomarse en cuenta para cambiar el rumbo de nuestro país. Debemos terminar con esa idea de invisibilizar nuestros aportes”, destacó Moyoviri, quien es la primera representante indígena mujer del Beni en el Legislativo nacional.

En la encuesta del Cejis se expone que de 15 comunidades indígenas, 14 tienen organizaciones de mujeres. Sin embargo, ese factor no cortó la brecha entre el liderazgo masculino y femenino. “El 100 % dice que las mujeres participan en asambleas y, a la vez, preparan la olla común [comida]”, dice el estudio.
Según el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM), la situación se agudiza en los departamentos amazónicos, como en Beni, que están afectados por un mayor aislamiento y carencia de servicios. Esta institución insta a fortalecer la capacidad de incidencia de la mujer en las políticas públicas, particularmente las relacionadas con la seguridad alimentaria, a través de la capacitación en derechos, su protagonismo en el desarrollo productivo y la organización y el fortalecimiento de las asociaciones de mujeres.
“Existen mujeres indígenas en diversos niveles del Estado. Entonces lo que se busca es dialogar, buscar estrategias de acciones para visibilizar las problemáticas que nos afectan. A veces nosotras mismas tenemos desconocimiento de normativas, por ejemplo”, destacó a Mongabay Latam Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB).
La lideresa indígena explicó que se deben escuchar las preocupaciones de las mujeres indígenas y luego se deben superar las dificultades en el ejercicio de roles políticos, como autoridades o dirigentes. “Entonces, hay espacios interesantes para asumir compromisos que tengan que ver con la toma de decisiones e incidir”, dijo Mendoza.
Clarita Rossell fue una de las encuestadoras en 2024 que trabajó con las dirigentes de la comunidad Santa Ana de Moseruna, en la Amazonía sur de Bolivia. Así como ella, 25 mujeres promotoras en derechos indígenas participaron en esa encuesta. “Pudimos recolectar qué tanto saben las autoridades de nuestra comunidad sobre los derechos que tenemos como comunidad, cómo es el vivir de cada comunidad, a qué se dedican, sobre medicina tradicional, gobernanza, si los derechos son respetados por el Gobierno o no”, detalló Rossel.

Las mujeres encuestadoras tuvieron la tarea de entrevistar al corregidor, a la presidenta de la organización de mujeres y a una tercera persona que fue un representante.
Gabriela Justiniano es parte de la comunidad Mercedes del Apere, en Beni, y es la secretaria de organización de la Subcentral de Mujeres del Territorio Indígena Multiétnico (TIM). “Esta encuesta es para ver qué tanto conocen de su misma comunidad, del territorio y cómo se están ejerciendo los derechos en esa comunidad”, explicó la dirigente.
En 2021, una encuesta similar recogió percepciones de las mujeres indígenas del norte de la Amazonía boliviana sobre la situación de sus derechos y esta información fue la base para la posterior construcción de la agenda para la gestión estratégica de la Organización de Mujeres Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB).
Ardua tarea
Tomasa Dávalos, que es parte de la OMINAB, admitió que todavía se debe fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y fortalecer sus capacidades en áreas como el ejercicio de derechos, la producción ecológica y la conservación ambiental. “A veces la realidad puede ser dura: todavía hay un patrón de violencia estructural, donde las mujeres no solo son víctimas de agresión directa, sino también de exclusión sistemática en el acceso a beneficios, reconocimiento y espacios de participación”, lamentó.
Aunque las mujeres votan en elecciones de todos los niveles, su acceso a cargos de representación y liderazgo es escaso, especialmente a nivel local. Además, su participación en actividades económicas y proyectos productivos es escasa y centrada mayormente en tareas familiares y sin autonomía económica, según el Cejis.
En este estudio se muestra que las mujeres indígenas enfrentan una triple exclusión: política, civil y económica. La falta de representación en cargos de poder limita su capacidad de incidir en decisiones que afectan su vida. En el ámbito económico, la ausencia de proyectos específicos para ellas, sumado al escaso acceso a recursos y formación, impide su empoderamiento. Esto contradice los principios de equidad y participación efectiva expresados en la Constitución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y normas internacionales.
En otros aspectos, la encuesta del Cejis también reporta diversos tipos de violencia hacia mujeres indígenas, desde agresiones físicas y sexuales -poco denunciadas- hasta discriminación interseccional por género, etnicidad, edad y condición económica. En el estudio también se identifican prácticas nocivas que vulneran sus derechos, especialmente cuando participan en programas o proyectos comunitarios.

“Las barreras sociales, familiares e institucionales profundizan su vulnerabilidad. La carga del trabajo doméstico, la falta de apoyo conyugal y las críticas comunitarias son mecanismos que perpetúan esta situación y desincentivan su autonomía”, dice parte del informe.
>Este estudio muestra que más del 50 % de las mujeres consultadas sufrió discriminación por género, etnicidad y edad. Además, se revela que hay un acceso limitado a la salud para las mujeres indígenas. Por ejemplo, dos de las 15 comunidades visitadas muestran que hubo muertes de madres durante el parto.
“El acceso a la salud integral para mujeres indígenas es restringido tanto por razones geográficas como por la ausencia de políticas interculturales efectivas. Las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva no están adecuadamente cubiertas, lo que repercute en el derecho a una vida digna y autónoma para las mujeres”, resalta la encuesta.
Imagen principal: Betty Villca, con compañeras de la Organización de Mujeres Indígenas Uchupiamonas por los Niños y Mujeres (OMIUNM). Foto: cortesía Contiocap