- Una de las herramientas para evitar que los servidores públicos no rindan cuentan por sus acciones son los protocolos especiales para el procesamiento de funcionarios electos. Por un lado, estos los protegen de procesos triviales o con motivaciones políticas.
- No obstante, este estatus especial ha permitido la existencia de un sistema judicial de dos niveles: uno que protege a los políticos de las consecuencias de sus actos ilícitos, pues sus juicios suelen retrasarse hasta que las acusaciones son desestimadas por tecnicismos, por prescripción o porque han sido absueltos por magistrados influenciados políticamente.
- En esta sección, Killeen explica cómo esta especie de impunidad constitucional ha funcionado en Brasil, Bolivia y Venezuela. En el primero a propósito del sonado Caso Lavajato que, a pesar de todo, logró procesar a decenas de políticos y otros tantos quedaron sin legitimidad electoral.
La Federación Brasileña y las Repúblicas Andinas cuentan con disposiciones constitucionales que establecen protocolos especiales para el procesamiento de funcionarios electos. Supuestamente, estos protocolos fueron concebidos para garantizar que los servidores públicos rindan cuentas por sus faltas, a la vez que los protegen de procesos triviales o con motivaciones políticas. Sin embargo, este estatus especial ha creado un sistema judicial de dos niveles que protege a los políticos de las consecuencias de sus actos ilícitos, ya que sus juicios suelen retrasarse hasta que las acusaciones son desestimadas por tecnicismos, por prescripción o porque han sido absueltos por magistrados influenciados políticamente.
El caso más notorio es el de Brasil. El foro privilegiado estipula que solo el Tribunal Supremo Federal (TSF) tiene la autoridad para presidir un juicio penal contra el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso y otros funcionarios de alto nivel designados, mientras que gobernadores, jueces y otros funcionarios electos disfrutan de formas similares, aunque menos visibles, de protección legal. Estas disposiciones constitucionales se aplican a más de 22,000 autoridades, una cifra asombrosa que separa su posible procesamiento del sistema de justicia penal que se aplica a todos los demás.
Aunque este tratamiento especial puede llevar el juicio ante un tribunal con un juez más experimentado o uno seleccionado mediante una revisión ética más estricta, también retira el caso de la jurisdicción de los tribunales de primera instancia. Estos tribunales están diseñados, y dotados de personal, para investigar y enjuiciar delitos. En cambio, se ven sobrecargados por los tribunales de apelación, cuya principal tarea es resolver cuestiones de jurisprudencia, integrándolos así en un sistema judicial expuesto al proceso político.
Los funcionarios electos tienen más probabilidades de ser juzgados por un jurista imparcial en un tribunal inferior, donde los nombramientos están controlados por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Por el contrario, los jueces que prestan servicios en tribunales superiores (TSF, STJ) o de apelación (TRF) son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Con muy pocas excepciones, los jueces de apelación son abogados altamente cualificados con décadas de experiencia; sin embargo, muchos han alcanzado su prestigiosa posición tras haber trabajado en la élite política en algún momento de su carrera.
Las políticas diseñadas para combatir la corrupción política se convirtieron en una prioridad de campaña tras el retorno a la democracia, especialmente después de los sonados escándalos de la década de 1990. No obstante, una encuesta realizada en 2016 mostró que el TSF no asumió plenamente su responsabilidad constitucional como tribunal penal para los poderosos. Entre 2011 y 2015, el alto tribunal consideró 404 acciones penales. De estas, el 68% fueron desestimadas por tecnicismos, como la falta de pruebas o la prescripción, o remitidas a una jurisdicción inferior cuando el funcionario acusado dejó el cargo. Solo el 5% terminó con consecuencias negativas para el acusado, generalmente mediante algún tipo de acuerdo con la fiscalía. Solo dos personas fueron condenadas por un delito.
La injusticia inherente al foro privilegiado quedó al descubierto con el escándalo Lava Jato. En este caso, los empresarios fueron juzgados por un tribunal de distrito especializado en delitos financieros (13.ª Vara Federal de Curitiba), mientras que los senadores, diputados y ministros fueron juzgados por el TSF. El trato diferenciado se evidenció en las tácticas agresivas empleadas por el juez a cargo del caso, Sergio Moro, quien encarceló a los acusados como medio de coerción y, en el proceso, extrajo testimonios que incriminaban a funcionarios electos y ministros. En contraste, el juez presidente del TSF, Edson Fachin, permitió que los políticos acusados se defendieran en libertad bajo palabra.
A pesar del trato desigual, decenas de políticos prominentes fueron procesados; aproximadamente el 30 % perdieron en las siguientes elecciones, y varias figuras destacadas fueron condenadas y encarceladas. Aún así, la mayoría adoptó estrategias de defensa basadas en la dilación y la negación. Finalmente, los fiscales de Curitiba se centraron en Inácio Lula da Silva, quien ya no contaba con la protección del foro privilegiado. En una decisión muy controvertida, Sergio Moro lo declaró culpable de soborno y lavado de dinero, y lo condenó a nueve años de prisión.
La ira y el disgusto de la élite política condujeron, en parte, a la elección de Jair Bolsonaro, quien nombró a Sergio Moro como ministro de Justicia en 2019. Sin embargo, ese mismo año, periodistas de investigación revelaron que Moro y el equipo de fiscales habían coordinado indebidamente sus estrategias y tácticas, lo que, según dictaminó un tribunal de apelaciones, vulneraba el derecho de Lula a un proceso imparcial. La defensa de Lula apeló su condena, la cual fue revocada en 2021 por el Tribunal Supremo Federal.
Esa sentencia creó un precedente que motivó a un grupo de abogados defensores a socavar la labor investigativa de los fiscales, quienes habían recopilado decenas de miles de páginas de pruebas basadas en confesiones, registros financieros y grabaciones clandestinas. Estos argumentos fueron aceptados por los tribunales de apelación, que anularon o desestimaron múltiples casos que implicaban a senadores, diputados y ministros del gabinete. El Tribunal Supremo Federal (TSF) confirmó esas desestimaciones en septiembre de 2023.
El cambio en el resultado judicial no implica que los acusados sean inocentes; más bien, indica que el proceso estuvo viciado por negligencia judicial. El fallo final del TSF, redactado por un juez designado por Lula para ese tribunal, pone en riesgo legal a los fiscales y jueces de Curitiba, con la excepción de Sergio Moro, quien ahora goza de foro privilegiado como senador recientemente electo por el estado de Paraná.
Se espera que el escándalo Lava Jato sea considerado un episodio transformador que eliminó el uso del fraude contractual como práctica habitual en el sector corporativo. Lamentablemente, es mucho menos probable que logre erradicar la corrupción endémica que plaga el sistema político brasileño, el cual ha perpetuado, una vez más, la impunidad de la élite política.
La militarización del sistema de justicia
Lo que comenzó como una campaña legítima para erradicar la corrupción terminó frustrado por las acusaciones de que Sergio Moro utilizó el proceso judicial para promover su carrera política.
Las condenas derivadas de las investigaciones de Lava Jato, así como sus posteriores revocaciones, demuestran que un sistema judicial corrupto es inherentemente susceptible a la manipulación de actores políticos que utilizan la ley para obtener y conservar el poder.
Venezuela ofrece el ejemplo más flagrante de la calamidad que puede ocurrir cuando el sistema judicial se convierte en un instrumento para pervertir el sistema político. Hugo Chávez y sus sucesores gestionaron de forma desastrosa la economía de lo que fue la nación más próspera de Sudamérica, provocando el éxodo de aproximadamente siete millones de ciudadanos.
A pesar de su evidente incompetencia y depravación moral, lograron triunfar políticamente al eliminar toda oposición mediante una guerra legal (lawfare). Lo consiguieron porque el sistema judicial ya había sido profundamente corrompido por décadas de soborno y extorsión. Es poco probable que un juez que ha vendido su honor por una recompensa monetaria se resista a la presión de una maquinaria política despiadada que amenaza su sustento.
Aunque ningún otro país ha caído tan profundamente como Venezuela, Bolivia se ha acercado peligrosamente. Evo Morales consolidó el poder entre 2009 y 2019, en parte utilizando el sistema judicial para intimidar a la oposición política. Morales y su círculo de operadores políticos subyugaron con facilidad a autoridades judiciales corruptas y, tras obtener una mayoría legislativa, llenaron los tribunales con leales al partido gobernante.
Ese legado sigue marcando la política boliviana, a pesar de un fracaso electoral y un intento fallido de golpe de Estado que marginó a Morales. Irónicamente, sus errores empoderaron a una camarilla rival dentro de su propio partido, la cual ha adoptado tácticas autoritarias perfeccionadas en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Otros ejemplos del uso del sistema judicial para atacar a la oposición política incluyen al presidente Pedro Castillo en Perú (2023), y a Surinam en 2020, cuando el gobierno criminalizó decisiones políticas tomadas de buena fe por la administración anterior durante la pandemia de COVID-19.
La corrupción judicial afecta a todas las jurisdicciones de la Amazonía Panamericana, y es poco probable que prosperen políticas de orden público destinadas a combatir la deforestación ilegal, el robo de madera, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal, mientras no se lleve a cabo una reforma genuina de los sistemas judiciales nacionales.
Imagen destacada: La modificación a la ley de crimen organizado es criticada por los fiscales. En la imagen, nueve pistas de aterriza clandestinas detectadas por una investigación de Mongabay Latam y que afecta los territorios de dos comunidades indígenas de la selva central de Perú. Imagen satelital: Earth Genome / Mongabay Latam.
«Una tormenta perfecta en la Amazonía» es un libro de Timothy Killeen que contiene los puntos de vista y análisis del autor. La segunda edición estuvo a cargo de la editorial británica The White Horse en el año 2021, bajo los términos de una licencia Creative Commons -licencia CC BY 4.0).
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