- Después de más de 30 años de negociación climática, por primera vez se acordó la necesidad de un mecanismo para la transición justa en industrias como la energética, la agrícola o la ganadera.
- Organizaciones y especialistas ven al mecanismo de transición justa como la mayor victoria de la COP30, sin embargo advierten sobre los retos que se enfrentará en 2026 para su implementación.
- El mecanismo es un texto progresivo en derechos humanos, pero evita nombrar los conflictos clave: combustibles fósiles y minerales de transición.
- Especialistas advierten que el financiamiento, la adaptación y transferencia de tecnología de países del norte global a países en desarrollo será esencial para avanzar con el mecanismo.
La creación de un mecanismo de transición justa ha sido considerada por especialistas como la mayor victoria de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30) realizada en Belém, Brasil, durante noviembre. Se trata de un instrumento que busca descarbonizar la economía, pero que todas las personas reciban los beneficios de la transición de industrias a modelos más limpios, especialmente en la energética.
Leer más | ¿Cómo ha influido el Acuerdo de París en la temperatura del mundo? | ENTREVISTA
Tuvieron que darse años de diálogos entre los países para acordar este mecanismo. El proceso que seguirá en 2026 será más complejo porque los Estados deberán decidir cómo se va a implementar, quiénes lo van a financiar y bajo qué condiciones.
Especialistas consultados por Mongabay Latam detallan los retos para sacar adelante el acuerdo, pues nació sin una gobernanza clara y sin un financiamiento establecido, cuya discusión podría generar tensiones entre los países.
Además, el mecanismo surgió en medio de dos disonancias importantes: la presión de naciones petroleras que obligó a borrar toda referencia explícita a combustibles fósiles, así como a los minerales de transición, aquellos que tienen gran capacidad de almacenar y distribuir energía. Sin embargo, explican los especialistas, el acuerdo cuenta con instrumentos para traducirse en políticas que avancen a esquemas menos contaminantes, pero cuiden al mismo tiempo a comunidades que dependen, por ejemplo, del carbón y del petróleo, así como a pueblos indígenas y campesinos expuestos a los impactos de la industria minera.
Estos son los matices de una victoria histórica que busca llegar a los más vulnerables frente a la crisis climática.
Leer más | La COP30 dejó un gran sinsabor y no logró avanzar en la transición de los combustibles fósiles
Avanzar pese a las contradicciones
Aunque los países aprobaron en el llamado Paquete Belém acuerdos que no incluyen menciones al abandono de los combustibles fósiles o a los impactos de los minerales críticos, especialistas ven en el mecanismo una victoria para impulsar la justicia climática al haber un reconocimiento explícito a los derechos humanos, laborales, de las mujeres, personas migrantes, jóvenes y pueblos indígenas.
Para Laura Montaño, abogada y coordinadora de la Red por la Justicia de los Recursos para América Latina y el Caribe, este acuerdo es como una versión de la película Don’t Look Up, una sátira donde astrónomos advierten a la sociedad de un cometa mortal que está por estrellarse en la Tierra, pero se encuentran con indiferencia política y una negación de la catástrofe. La especialista considera grave que los países evadan los conflictos más sensibles por ignorar la realidad de que los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento del planeta.
Sin embargo, al mismo tiempo destaca herramientas legales y diplomáticas que dejan la puerta abierta para incluir la relación entre clima, recursos naturales y derechos humanos
“Es un tema de creatividad. El hecho de que a mí no me digan explícitamente una cosa, no significa que yo no pueda generar ciertos vínculos”, destaca Montaño y pone de ejemplo la omisión a los minerales críticos.
Si bien no hay un reconocimiento en el texto a estos minerales de transición —como el cobalto, el cobre, el grafito, el litio o el níquel—, sí se puede hablar de diversificación económica para atender a las comunidades en los procesos de cierre de minas de carbón o de bloques petroleros.
“Hablar de transición justa es quitar este purismo climático a la agenda y ver que viene con muchas otras cosas de por medio. Si entro a hablar de pueblos indígenas, tengo que hablar del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre consulta previa en los proyectos de infraestructura, mineros o petroleros”, explica a Mongabay Latam.
Jorge Martínez, coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México, sostiene que el acuerdo también fue un logro, en gran parte, de la sociedad civil, que por años ha impulsado una visión de derechos humanos para atender la crisis climática.
“Lo consideramos un logro importante porque fue lo que la sociedad civil más empujó y se vio reflejado al final. Realmente se puede influir en las decisiones de los documentos”, sostiene.
Agrega que aunque hay una debilidad en no mencionar a los combustibles fósiles y a los minerales de transición, sí hay elementos que permitirán defender derechos humanos en la transición de las industrias y evitar que esta conversión genere zonas de sacrificio.
“Se habla del consentimiento libre e informado de las comunidades [indígenas] que van a ser afectadas. Hay por lo menos una salvaguarda potencial para evitar daños e impactos socioambientales de la transición”, dice a Mongabay Latam.
En el mismo sentido, Camila Mercure, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca el trabajo de la sociedad civil para impulsar el Belém Action Mechanism (BAM) como la iniciativa para pasar de los diálogos a la acción e implementación de políticas. El objetivo, explica, es identificar caminos para la cooperación internacional, transferir tecnología entre países y guiarlos en la implementación de la acción climática.
“Lo que propone es que haya una entidad de coordinación que esté bajo la UNFCCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] que pueda guiar, pero que también haya otros componentes en la generación de conocimiento y de acción, desde apoyos técnicos y financieros”, explica.
Financiamiento, el tema incómodo en la mesa global
El dinero siempre ha sido un tema que ha trabado las negociaciones climáticas a nivel global, incluso para el nacimiento de este mecanismo que se había ideado desde hace tres años en la COP27, realizada en Egipto, donde esta iniciativa no pasaba de ser solo diálogo entre los países, sin ningún tipo de obligación.
Ahora, con la creación del mecanismo, los países deberán financiar esta iniciativa, pero quién pagará y cuánto es algo que no se ha definido.
Mercure destaca que este será un gran reto para las naciones en 2026, pues considera que el financiamiento no debe ser en forma de deuda para los países en desarrollo, que les genere mayores presiones, algo que nunca es bien visto por los países del norte global, quienes han sido los responsables de aportar el dinero para medidas de adaptación al cambio climático.
“Acá va a surgir el primero de los conflictos, cuando llegue el momento de hablar de cómo se financia este mecanismo va a haber una primera disputa entre los países porque los países del norte global no quieren abrir nuevas ventanas”, dice la experta a Mongabay Latam.
La especialista también destaca que en comparación con el financiamiento que los países desarrollados están destinando a frentes como la militarización o la defensa, el gasto del mecanismo es “ínfimo”.
Martínez destaca la adaptación y mitigación como ejes donde el financiamiento es crucial, por lo que señala la transferencia de tecnología que permita a los países desarrollar sus capacidades locales con apoyo internacional.
Además, explica que más allá de los acuerdos que adoptaron los países en la COP, hay opiniones consultivas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan las responsabilidades de Estados y empresas en los impactos de la crisis climática, así como sus obligaciones para reparar los daños.
“Cada Estado debe velar para que esa transición sea justa, que llegue a las comunidades, con el principio de prosperidad compartida”, advierte. “No es nada más no crear daños, sino cómo se van a distribuir de manera más equitativa los beneficios”, sostiene el especialista.
Añade que el dinero que aporten los países desarrollados tiene que ser visto como una inversión en una crisis y no como un gasto o una donación, uno de los principios clave para la transición.
“Debe haber un principio de que quienes son culpables por los daños sean responsables por la cuenta, que es una inversión. Son las empresas, los ricos, quienes más han contaminado y quienes deben pagar para tener el financiamiento y llevar esto a las personas y a las comunidades”, señala Martínez.
Leer más | El litio en México, de la ilusión a la incertidumbre
En tanto, Montaño advierte que ante la salida de Estados Unidos de los acuerdos y la poca iniciativa de los países de la Unión Europea en el financiamiento climático, China puede ser el país que lidere inversiones en este mecanismo mediante la transferencia de tecnología.
“¿Cuál es una ventana de oportunidad? El sector banca multilateral y el sector privado en términos de transición. China puede tener un rol protagónico porque tienen la tecnología para la transición justa”, explica.
Sin embargo, Montaño también comenta que existen barreras en el acceso a la tecnología, un tema que hasta ahora no ha sido abordado en el mecanismo de transición y que sería clave para incorporar proyectos comunitarios.
“Esa es nuestra pelea como sociedad civil, hablar de una transición que ponga las comunidades en el centro, que busque una democratización de la energía y los derechos laborales”, sostiene.
Montaño y Mercure agregan que estos principios de justicia deben aplicarse no solo en la transición energética sino en industrias como la agricultura, la ganadería o las relacionadas al cambio de uso de suelo.
Leer más | Minerales de la transición energética: entre los conflictos sociales y las expectativas mundiales
Las fechas clave para el seguimiento a la transición justa
La política climática global no se terminó en Brasil, sino que tiene que avanzar en etapas para llegar a finales de 2026, en Antalya, Turquía, donde deberán plasmarse avances del mecanismo.
El siguiente paso será el próximo 15 de marzo, cuando los países, pero también otros actores puedan aportar iniciativas de cómo debería ser este mecanismo. Posteriormente, en junio de 2026 se realizará la Conferencia de Bonn, Alemania, sobre el Cambio Climático, una reunión intersesional que sirve como preámbulo para la cumbre climática que se realizará entre noviembre y diciembre del próximo año.
“Nos dará un termómetro de cuáles son los principales puntos calientes o controversias entre los países de disonancia en términos del mecanismo. Ahí vamos a poder ver cuáles son esas dificultades y esos desafíos para llegar a Turquía con una decisión robusta y sólida del mecanismo”, dice Mercure a Mongabay Latam.
Montaño agrega el reto de que durante 2026 el mecanismo se implemente lo más fuerte posible y sea vinculante para los países, al considerar que el eje de transición justa se ha estancado durante años en las negociaciones climáticas.
“La transición justa es algo que se viene mencionando hace 20 años y lo máximo que se ha hecho es que China sea casi eléctrica, pero no está resolviendo problemas de fondo de países que igual se van a ver una situación muy complicada en poco tiempo”, explica la especialista sobre las sociedades dependientes de combustibles fósiles, principalmente en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador o México.
Las especialistas advierten que si se quiere avanzar en transición energética dentro de un año, los países deberán definir la gobernanza del mecanismo, cuáles serían sus funciones, sus elementos y cómo se coordinarán las partes involucradas para su implementación.
Por ahora queda en el aire si los principios logrados en Belém se traducirán en obligaciones mínimas y en financiamiento real para el próximo año. Sin estos componentes, la transición justa quedará solo en texto.
Imagen principal: el acuerdo reconoce explícitamente derechos humanos, derechos laborales, de género, de juventud y el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas, señalados por la sociedad civil como avances sin precedentes. Foto: cortesía UN Climate Change
Créditos
