- Pedro Biscay forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Honduras, que investigó la trama financiera, contable y comercial de una red de empresas supuestamente vinculadas al asesinato de la defensora ambiental.
- El abogado penalista, especializado en investigaciones y regulaciones financieras, dialogó con Mongabay Latam sobre la presunta responsabilidad de la banca internacional en torno a la muerte de Cáceres.
- Más de 12 millones de dólares —casi el 70 % del crédito que se obtuvo de bancos internacionales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca— habrían sido desviados para financiar un clima de violencia contra la comunidad lenca, sostiene el informe.
- Los expertos aseguran que las autoridades judiciales de Honduras cuentan con elementos para investigar a los accionistas mayoritarios de la empresa presuntamente vinculada al asesinato de la defensora.
A casi 10 años del asesinato de Berta Cáceres, defensora indígena del pueblo lenca en Honduras, su caso sigue revelando información, presuntas nuevas responsabilidades y actores. Penetrar estas capas fue el trabajo que por cerca de un año realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el financiamiento del crimen, los delitos posiblemente conectados y un plan de reparaciones a una comunidad violentada por la imposición de un megaproyecto hidroeléctrico.
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En su informe final, los expertos concluyeron que el asesinato de Cáceres involucró el interés económico de empresas, omisiones de autoridades, así como de bancos internacionales que respaldaron el proyecto Agua Zarca, impulsado pese a la resistencia de la población y la violencia que escaló en la comunidad de Río Blanco.
Los principales financiadores de la hidroeléctrica —el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)— mantuvieron el proyecto activo, fortalecieron a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) frente a las comunidades indígenas y con el flujo del dinero patrocinaron indirectamente un clima violento, de acuerdo con los expertos independientes.
Además, documenta el informe, hubo omisiones de las entidades financieras en la debida diligencia, supervisión y reacción que habrían facilitado el desvío de recursos hacia actividades ilícitas. El 67 % del dinero de los créditos internacionales —cerca de 12.4 millones de dólares— fueron supuestamente utilizados para financiar vigilancia, operaciones de inteligencia clandestina, incursiones armadas, así como la planeación y asesinato de Berta Cáceres.
Mongabay Latam conversó con el argentino Pedro Martín Biscay, abogado penalista con especialización en investigaciones y regulaciones financieras, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminología Económica (CIPCE) e integrante del GIEI de Honduras para entender el papel que habrían jugado estas entidades financieras, sus responsabilidades y posibles medidas de reparación en un crimen que sigue impactando a Honduras.
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—Si bien el informe no sostiene que los bancos financiaron directamente el asesinato de Cáceres, sí dice que el dinero sostuvo un entorno que permitió esto, ¿cómo conectaron los desvíos con los presuntos pagos de actos ilícitos?
—Se hizo una investigación que tiene diferentes capas o niveles que se interconectan entre sí. Por un lado hay algo obvio que tiene que ver con un esfuerzo enorme que hizo el grupo en cuanto a generar y conseguir información de transacciones financieras que tenían mucha data, eran muy antiguas porque habían pasado casi 10 años desde el homicidio de Berta.
Se hizo un trabajo muy fuerte de enforcement con la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Información Financiera (UIF) del país para tratar de generar un ámbito institucional propicio para que los bancos brindaran esta información. Los bancos, al principio, decían que no tenían información porque como el caso era mayor a cinco años y la habían eliminado. Nosotros explicamos que eso no era así, que la información estaba, que había que buscarla, que habían récords o files que estaban almacenados y finalmente después de mucho insistir y de tener muchas respuestas negativas logramos que nos dieran información de esa época.
Esa información la analizamos de manera sistematizada, tomamos todas las cuentas bancarias y las empezamos a mirar una por una y empezamos a mirar cómo se relacionaban las cuentas, cuál era la dinámica de ingresos y salida de dinero por cada cuenta y cómo las cuentas se conectaban entre sí.
Como metodología hicimos un análisis de tres niveles: lo financiero, lo contable y lo comercial. Fuimos buscando inconsistencias y esas inconsistencias nos fueron llevando a diferentes hallazgos.
Un nivel de hallazgos tiene que ver con grandes desvíos que hay de un préstamo por 44 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron 19 millones, 12 de ellos se desviaron hacia pagos irregulares o ilícitos. Hicimos una clasificación que está presentada en un capítulo del informe que va detallando los principales pagos que eran irregulares, que no tenían ninguna lógica comercial con el proyecto. Hay pagos a periodistas, policías, militares, funcionarios públicos, abogados e informantes.
Es decir, hay toda una red de pagos que fuimos clasificando en estos grandes grupos, que conformaron, a nuestro criterio, una red de protección de los intereses de la empresa DESA y de los accionistas de la empresa, que son una familia muy importante de Centroamérica, la familia Atala Zablah.
[Nota del editor: la familia Atala Zablah siempre ha negado su responsabilidad por el crimen de Berta Cáceres. Desde el inicio del mandato del GIEI Mongabay Latam intentó hablar con representantes de la familia para obtener su versión de los hechos pero no había podido dar con ellos al cierre de esta nota.]
—¿Qué hechos clave del asesinato pudieron reconstruir en la investigación independiente?
—Cruzamos información de declaraciones que había en la investigación de parte de los sicarios. Encontramos cheques que habían sido emitidos para ser cobrados en beneficio de personas de muy bajo nivel adquisitivo, trabajadores de la empresa de poco perfil, que solían cobrar cheques a nombre de terceros. Ese fue el proceso que se logró reconstruir sobre una parte de los pagos. Pero también se logró cruzar toda la información financiera con la información de escuchas telefónicas. Lo que hicimos fue integrar el análisis financiero con el análisis criminal de antenas y de llamadas telefónicas, para ver si existían correlaciones que mostraran alguna correspondencia entre pagos y movimientos que estaban ilustrados por comportamientos telefónicos.
Encontramos así cinco incursiones previas a La Esperanza [comunidad donde vivía Cáceres], donde habían hecho inteligencia los sicarios y al menos en una oportunidad habían intentado matarla. Encontramos algunos cheques que estaban vinculados con un eventual financiamiento de ese intento.
—¿Cuáles fueron las omisiones más críticas de los bancos y qué estándares internacionales debieron haber activado?
—Para desviar los fondos, 12 millones de dólares, que son casi el 70 % del monto ejecutado, se utilizó un esquema defraudatorio muy específico, que consistió en interponer sociedades que presentaban su factura ante los bancos administradores del crédito, pero no realizaban ningún trabajo y permitían simplemente triangular el dinero hacia otras cuentas.
Esa falta de correspondencia o esa inconsistencia entre la factura y el número de cuenta permitió el desvío de fondos, y eso es significativo porque viola un principio básico en materia de prevención de fraudes y prevención de lavado: el principio de “conozca a su cliente”. No se hizo esa verificación, a pesar de que se llegaron a pagar 12 millones de dólares a través de este mecanismo, con lo cual se afectó un principio básico en materia de lavado.
La omisión de cumplimiento por parte de los bancos internacionales podía haberse evitado si los bancos hubiesen actuado con una debida diligencia, y a su vez si hubiesen actuado con una debida diligencia, probablemente el dinero que se utilizó para financiar condiciones de violencia, y finalmente, el asesinato de Berta Cáceres, no hubiera podido circular. Tal vez, el crimen no hubiera tenido lugar.
Los bancos han facilitado las condiciones estructurales de violencia sobre los territorios lencas con el estímulo financiero, por la falta de cumplimiento y de control en materia de debida diligencia. Esto es muy grave porque pone en juego un aspecto central que la Banca de Desarrollo tiene que discutir, que es el principio de debida diligencia en materia ambiental y en materia de derechos humanos. Los bancos tienen que tener respeto por las políticas de derechos humanos y tienen que asumir la responsabilidad de que cuando utilizan dinero para financiar proyectos, ese dinero puede constituir un arma para generar violencia en territorios que son sagrados para comunidades vulnerables, como es el caso de las comunidades indígenas.
—Naciones Unidas presentó recientemente un informe en el que advierte que las empresas y entidades financieras tienen cada vez mayor responsabilidad en la violencia contra personas defensoras del territorio. ¿Diría que el caso de Berta Cáceres inició este patrón en las formas de agresión?
—En América Latina es un caso muy emblemático, a nivel global hay muchísimos casos, en África sobre todo, donde también tenés una matriz de extracción de recursos naturales muy salvaje, con fenómenos de violencia sistémica y de afectación a derechos fundamentales de comunidades.
En industrias como la del oro, la de minería, en todo lo que tiene que ver con el corazón del extractivismo hay un cruce muy notorio con la afectación a derechos fundamentales y el rol de los bancos que financian, el rol del sistema financiero aplicado a esto.
Este es uno de los grandes temas pendientes que tienen América Latina y otras regiones del planeta porque hay un desafío con esta reorganización geopolítica del mundo, donde de manera tan descarnada ves presidentes que están hablando de cómo van a negociar bienes comunes tan básicos y centrales como el agua, minerales y demás.
Ahí el rol de la Banca de Desarrollo es clave y la regulación financiera internacional ha fallado históricamente a lo largo de los últimos 20 años, que es cuando se consolida este proceso extractivista de manera más notoria, y las consecuencias han sido muy severas. Tal vez la creación de agendas, de principios y de guías vinculadas, por ejemplo, a la protección de defensores ambientales no sea suficiente porque estratégicamente son modelos que están tratando de resistir frente al embate de una fuerza mucho mayor, que es el poder de la finanza.
—¿Queda una investigación pendiente para determinar la supuesta responsabilidad puntual de accionistas mayoritarios de la empresa DESA?
—Nosotros no establecemos la responsabilidad de ningún actor que haya tenido algún tipo de intervención en este caso. Pero sí puedo decir que la investigación oficial recortó de manera muy dramática los niveles de responsabilidad para no investigar a las estructuras de mayor poder económico, como es el caso del accionista mayoritario del proyecto.
David Castillo [coautor del asesinato de Cáceres, sentenciado], que era el presidente pero a su vez el accionista minoritario a través de la empresa PEMSA, quedó condenado, pero no es consistente que se condene al accionista minoritario y no se investigue al accionista mayoritario, incluso para descartar la responsabilidad. Así que sí existen elementos hoy con este informe para profundizar una investigación sobre los integrantes de la Junta Directiva, pero ya es una tarea que la Justicia tiene que llevar adelante.
Nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo generando las condiciones básicas para poder esclarecer estos elementos, para construir una verdad histórica que no reemplaza a la verdad judicial, pero la verdad judicial es una obligación que los fiscales tienen que llevar adelante y que el sistema de Justicia del país tiene que profundizar.
—¿Qué medidas deberían realizarse de parte de entidades financieras bancarias para la reparación en el caso de Berta Cáceres y la no repetición?
—Hay recomendaciones que se han hecho respecto de la necesidad de realizar aportes financieros a la conformación de un fondo de reparaciones sobre los daños en el caso, con un compromiso especial que se solicita a las instituciones financieras internacionales.
También se establecen algunas reglas para fortalecer el due diligence en materia ambiental y derechos humanos. Esto es muy importante para la comunidad financiera internacional. Pero también hemos profundizado algunas otras áreas, por ejemplo la necesidad de reformar institucionalmente y de manera íntegra el Ministerio Público para que pueda investigar fenómenos criminales complejos, como son los casos de extracción de recursos naturales por medios ilícitos, la afectación a comunidades indígenas, los vínculos con el crimen organizado, el lavado de dinero y esto solo se puede hacer si profundizan la investigación de mercados criminales y la investigación financiera de casos.
Un aspecto también central del caso es la desactivación a través de mecanismos de nulidad y de disolución de las estructuras jurídicas vinculadas al proyecto y la nulificación de los contratos que todavía están vigentes. Es un tema pendiente que el Estado tiene que llevar adelante porque además está comprobado, con el enjuiciamiento del asesinato de Berta Cáceres, que estas empresas fueron un instrumento para la comisión de delitos.
—¿Qué sensación le queda con el cierre de este mandato y de esta investigación?
—La sensación que nos queda es que el daño provocado a través del homicidio de Berta Cáceres y de todo el proyecto de Agua Zarca es un daño de dimensiones múltiples con impactos muy directos a nivel familiar. Es muy significativo haber conversado con la familia y ver cómo les ha cambiado la vida, cómo les marca al día de hoy la muerte de Berta Cáceres.
Por más esfuerzos que uno haga, todavía la justicia está lejos de configurarse en una realidad concreta para la familia y para los territorios lencas. Hay una sensación de satisfacción por haber ayudado a esclarecer la verdad histórica, pero también hay una sensación de que todavía falta mucho por recorrer para que se logre justicia en este caso y para que los hechos se terminen de esclarecer definitivamente.
[Nota del editor: Mongabay Latam buscó a los bancos internacionales mencionados por el informe para conocer su postura al respecto. El Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) publico un posicionamiento respecto al informe del GIEI donde reconoce que se pudo mejorar el proceso de consulta a diferentes actores, especialmente a las comunidades indígenas impactadas.
“El FMO debería haber supervisado este aspecto del proyecto con más atención y debería haber realizado un análisis más detallado de la situación política relacionada con el proyecto. El FMO considera que este informe es equilibrado y está bien documentado. Provee información valiosa para que el FMO la utilice en sus esfuerzos de mejora continua, en particular en los proyectos de alto riesgo que involucran a pueblos indígenas o de impacto significativo para los actores locales”, sostuvo en un documento que puede consultarse completo aquí
Después de la publicación de esta entrevista, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) también envió su posicionamiento en el cual niega “cualquier afirmación o insinuación que busque atribuirle responsabilidad financiera” por el crimen contra Cáceres.
“En coherencia con sus principios de responsabilidad institucional, apertura y transparencia, el Banco adoptó decisiones que incluyeron la suspensión de desembolsos y, posteriormente, la desvinculación definitiva del proyecto, en el marco de una revisión de su relación con la operación”, respondió en un documento].
Imagen principal: el 12 de enero de 2026 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó los resultados de su investigación sobre el caso Berta Cáceres. Foto: cortesía COPINH
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