- José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile y despierta alertas e incertidumbre en la sociedad civil y expertos dedicados a la protección del medioambiente.
- La falsa contradicción entre desarrollo económico y cuidado de la naturaleza será un eje central en la agenda chilena este año.
- Las organizaciones ambientalistas piden cuidar los marcos legales e institucionales alcanzados hasta el momento.
- El Ejecutivo deberá poner en marcha el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) e instalar el Servicio Nacional Forestal (Sernafor).
A partir de marzo de 2026, Chile iniciará un nuevo ciclo político bajo la presidencia de José Antonio Kast. El líder del Partido Republicano asumirá el control de La Moneda por los próximos cuatro años en un clima de incertidumbre para el sector ambiental. La preocupación no es infundada. Aunque José Antonio Kast ha asegurado que “el crecimiento no es en contra del medio ambiente” y que “hay que respetarlo para poder crecer”, también ha calificado reiteradamente las normativas ecológicas como un asunto «ideológico» que frena el progreso.
El programa de gobierno que presentó Kast durante la campaña plantea un enfoque liberal en materia ambiental bajo el lema “menos permisos, más inversión”, aludiendo a una supuesta “permisología” en el Estado chileno. Ese es el término que el sector empresarial comenzó a utilizar hace unos años para referirse a lo que considera una “excesiva burocracia” en la tramitación de permisos ambientales que perjudicaría la inversión.
Algunos expertos temen que durante el próximo gobierno se radicalice una tendencia que desde hace un tiempo comenzó a permear el discurso político y que se instaló con mayor fuerza en 2025: la idea de que el cuidado del medio ambiente entorpece el crecimiento económico.
Lograr revertir ese discurso o al menos evitar que se siga polarizando es uno de los principales desafíos ambientales de Chile para el próximo año. Además, expertos en conservación de las principales organizaciones ambientales que tienen incidencia política en el país aseguran que 2026 no será un año para avanzar, sino para defender los logros alcanzados hasta ahora en beneficio de la naturaleza.
Sin embargo, son varios los flancos que están abiertos para terminar de implementar la institucionalidad ambiental que fue ideada como proyecto de Estado y en la que han trabajo diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Se trata principalmente del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que necesita avanzar en la redacción de sus reglamentos, pero también del Servicio Nacional Forestal, creado recién el año pasado. La reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente, el organismo encargado de fiscalizar y sancionar los casos de incumplimiento ambiental, también avanza en el Congreso.
En todos los casos, se espera que los procesos continúen su curso y que no se distorsionen o debiliten en el camino.
1. Defender lo conquistado
En septiembre de 2025 el gobierno de Gabriel Boric promulgó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que permitirá reducir los tiempos de tramitación de autorizaciones entre un 30 % y un 70 %. Aunque el Ejecutivo asegura que se hará “sin disminuir los estándares ambientales”, expertos en conservación y medioambiente no opinan lo mismo y han apodado la nueva norma como una “Ley Motosierra” que debilita la institucionalidad ambiental.
En ese sentido, ambientalistas consideran que el gobierno de José Antonio Kast inicia en un momento desventajoso para la protección de la naturaleza, lo que incrementa los temores de un retroceso institucional.
Algunas declaraciones controversiales que el presidente electo ha realizado tensan aún más el ambiente. “Chao guías ambientales, chao las ideologías. Si esas guías ambientales las inventa el burócrata de la zona, y si le gusta una cosa tira la guía para proteger a las arañitas. Si le gustan los pajaritos tira la guía para proteger a los pajaritos», dijo Kast durante un encuentro empresarial. Dichas guías, sin embargo, contienen criterios técnicos para que los titulares de los proyectos puedan evaluar adecuadamente el impacto de los mismos y así presentar medidas adecuadas de mitigación y compensación.
Ante este panorama, para Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, el principal desafío de 2026 será “tratar de revertir el retroceso en la regulación ambiental”. Además, asegura que no habrá espacio para avanzar en nuevas medidas sino que la energía estará concentrada en defender lo logrado hasta ahora. Lorena Arce, coordinadora del Programa de Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo del Observatorio Ciudadano, coincide. “El trabajo va a estar más bien centrado en la defensa que en la promoción”.
Sin embargo, el futuro gobierno tendrá que moderar sus expectativas y su discurso porque, pese a su aplastante triunfo, el Congreso Nacional quedó bastante equilibrado y será necesario negociar acuerdos y ceder. En ese sentido, Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, pone paños fríos a la situación: “El Gobierno que va a asumir también tiene los mismos problemas que han tenido prácticamente todos los gobiernos democráticos, que es no tener amplias mayorías para ejecutar cambios”. Por lo mismo, dice, “quizás van a haber anuncios bien pirotécnicos, pero hay que ver cómo esto se va a asentar finalmente”.
En última instancia, para Poo el avance o no de medidas más drásticas que perjudiquen la naturaleza dependerá de la solidez de las instituciones y del papel que juegue la derecha moderada. “Hasta ahora las instituciones en Chile funcionan. Yo esperaría que eso siga ocurriendo y que también a las otras fuerzas políticas de derecha que son más moderadas tampoco se le suelte la cadena. Hay gente muy de derecha que tiene una visión sobre lo que es el medioambiente y el cambio climático y espero que esas fuerzas también puedan primar y empapar el discurso del Gobierno que viene”.
2. Poner en marcha el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas
La ley que creó en 2023 el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), establecía un plazo de dos años para dictar los reglamentos que darían vida a su estructura, pero el calendario marcó septiembre de 2025 sin que la tarea se completara en su totalidad.
Terminar de redactar los reglamentos es un desafío clave para poder implementar este organismo que tardó más de una década en ver la luz.
Que la mayoría de los reglamentos no estén aún publicados mantiene en alerta a las organizaciones ambientales. “Mientras estos reglamentos no salgan de Contraloría y no sean publicados como decretos, sí pueden ser retirados por un próximo gobierno”, advierte Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram.
Lo que preocupa, además, es que a finales de 2025 el SBAP fue nuevamente motivo de controversia, lo que ha generado, según Sara Larraín, “una posición antibiodiversidad” de los diferentes [gremios] empresariales y los sectores políticos, principalmente de derecha.
La reciente polémica gira en torno a la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de establecer 99 Sitios Prioritarios de Conservación bajo la nueva Ley SBAP. Según explica el Ministerio, estos 99 sitios fueron elegidos por su alto valor ecológico de un listado mucho mayor de 350 sitios prioritarios que se venían identificando y estudiando desde hace décadas. La meta del Gobierno es dotar a estas áreas de un estatus legal que asegure su protección y gestión a largo plazo. Sin embargo, esta selección ha sido criticada.
Por un lado, el sector empresarial alega que el proceso genera una gran incertidumbre jurídica. Su principal crítica es que el Ministerio no esperó a tener el reglamento de la ley que debía establecer los criterios claros para definir qué es un Sitio Prioritario, por lo que acusan una acción prematura y sin la participación adecuada. Temen que la designación de estos 99 sitios restrinja o incluso detenga sus proyectos de inversión y las operaciones productivas ya existentes en estas zonas, impactando negativamente en la economía y el empleo del país. Argumentan que se priorizó la conservación sin un análisis suficiente del impacto socioeconómico.
Por otro lado, las organizaciones ambientalistas también critican la selección, pero por otras razones. Si bien valoran que se le dé reconocimiento legal a estos sitios, su principal queja es que al quedarse solo con 99 de los 350 históricamente reconocidos, se está dejando sin protección a más del 70 % de las áreas prioritarias del país.
Para Sara Larraín, el problema fue que el Gobierno “empezó por la cola en vez de empezar por los pies”. En su opinión, ese desorden administrativo terminó por «contaminar» el debate de fondo, empujando a los sectores empresariales y políticos, de derecha principalmente, hacia una postura de rechazo frontal a la Ley SBAP. “El Gobierno lo único que ha hecho [para resolver la controversia] es ampliar el plazo de las observaciones, pero de un proceso mal hecho; no tiene mucho sentido”, dice Larraín. En efecto, ya van más de 1800 observaciones que, según la experta, no solucionarán el problema “porque las condiciones metodológicas de cómo se hizo esta priorización no han sido transparentadas y nadie entiende lo que hicieron”.
En este ambiente de tensión, lograr reglamentos que garanticen la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas será un reto importante, pero no el único.
Pamela Poo subraya que el gran desafío es asentar la institucionalidad con recursos reales y, en ese sentido, Flavia Liberona advierte un problema. Aunque el presupuesto asignado al SBAP en 2026 es mayor que el de 2025, de acuerdo con la norma, en su tercer año de implementación, el SBAP debería contar con un presupuesto de 33 000 millones de pesos (unos 35 millones de dólares), pero la Ley de Presupuesto 2026 solo le asigna 17 000 millones (aproximadamente 18 millones de dólares).
3. Instalar el Servicio Nacional Forestal (Sernafor)
Tras años de debate y la urgente necesidad de modernizar la gestión de los ecosistemas terrestres, Chile finalmente dio luz verde en 2025 a la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), una nueva entidad que reemplazará a la actual Corporación Nacional Forestal (Conaf) y elevará su estatus a servicio público descentralizado.
El Servicio tendrá por objeto la protección, el fomento y la recuperación de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país, así como el desarrollo de nuevos bosques.
También tendrá la responsabilidad de prevenir y mitigar los incendios forestales. De hecho, deberá elaborar un Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Incendios Forestales, que será obligatorio para todos los organismos o empresas que “deban dictar planes para la reducción del riesgo de desastres”, señala la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Por último, tendrá un importante papel en el fomento de la industria de la madera. En ese sentido, el Servicio deberá formular y ejecutar acciones que promuevan “la sustentabilidad del sector forestal, con énfasis en disminuir la degradación de los suelos, la desertificación y la sequía, así como a potenciar la mitigación y adaptación al cambio climático”, indica el Diario Oficial.
Implementar de manera efectiva el Sernafor, con todas las funciones que tiene, será una labor que podría tomar algunos años. Sin embargo, Mauro González, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e Investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2), identifica tres importantes desafíos iniciales.
En primer lugar, habrá que diseñar la estructura organizacional del Sernafor en función de los distintos objetivos y responsabilidades que tendrá. Parte de ese diseño pasa por una conversación, un acuerdo, para que los profesionales [que se desempeñan hasta ahora en CONAF] puedan aterrizar en este nuevo Servicio de una manera favorable, señala el experto.
Además, habrá que “revisar y actualizar la mayor parte de los instrumentos que tenía CONAF, especialmente los relacionados al fomento del bosque nativo —porque sabemos que no ha funcionado del todo bien— y también en materia de regulación, para ponernos al día y cumplir con los estándares internacionales respecto al manejo de recursos forestales”.
Por último, en opinión de González, el tercer desafío inmediato para echar a andar la implementación del Servicio será la coordinación interinstitucional, especialmente con el SBAP, para que no se traslapen las funciones.
Las expectativas sobre el nuevo Servicio son altas. Sin embargo, será necesario que los recursos sean suficientes para que no haya áreas que queden sin atender.
Específicamente, será importante que la atención a emergencias por incendios forestales tenga los recursos necesarios para operar oportuna y efectivamente. “Que cada año tengamos un aumento del presupuesto para el combate de incendios, con inciertos efectos en disminuir la ocurrencia y daño provocado, es como un saco roto”, dice González.
Los científicos llevan años explicando que, uno de los puntos clave en el manejo integral de los incendios, especialmente en el actual escenario de cambio climático, es la necesidad de diversificar el paisaje. Y es que las grandes extensiones de plantaciones forestales de pino y eucaliptus, que en varias regiones del centro-sur de Chile homogeneizan el territorio, hacen que los incendios avancen más rápido, con mayor intensidad y sea más difícil controlarlos.
“En la medida en que restauramos el bosque nativo, eliminamos especies exóticas, protegemos y restauramos corredores biológicos que proveen de fauna, flora y que protegen el agua, y se diversifica el uso del suelo, dándole cabida a distintas actividades socioeconómicas, estamos a su vez limitando la propagación e intensidad de los incendios, y facilitando su control. La generación de un mosaico de usos en el paisaje”, señala el experto, actúa como cortafuego y hace que los territorios sean más resilientes. Esta estrategia de diversificación es algo que otros países ya han ido implementando, haciendo un paisaje rural más dinámico y resiliente, asegura González.
“La inversión en restauración y promover otras actividades socioeconómicas en el sector rural significa invertir en prevenir y mitigar incendios”, resume el científico.
En un país donde la crisis climática golpea fuertemente con sequías intensas e incendios cada vez más destructivos, se espera que el Sernafor avance en aplicar estas recomendaciones que ya van años sobre la mesa.
4. Revertir el discurso que amenaza la naturaleza
Para Lorena Poo, de la organización EcoSur, la tensión actual entre conservación y desarrollo económico habla de “un desconocimiento total de lo que es el tema medioambiental”. Además, sostener que la protección de la naturaleza es un freno para el progreso “es un cliché”, dice, “porque el propio capitalismo se sustenta sobre la naturaleza”. Si terminas con ella, explica, el sistema económico no se sostiene porque los recursos se agotan”.
Para la experta, el país padece de un estancamiento en la innovación que ignora las urgencias de la crisis climática. El abanico de oportunidades que existe —que incluye la creación de nuevas carreras universitarias y empleos verdes— se estrella contra la insistencia de mantener un modelo extractivista, asegura.
Por eso, la mirada de los conservacionistas en 2026 estará probablemente volcada hacia la incidencia local. “La apuesta generalmente es con el poder Ejecutivo, pero me da la impresión de que los poderes Ejecutivos siempre entran en una especie de negación, da lo mismo el color político”. Sin embargo, “en el mundo regional y comunal creo que hay oportunidades bastante interesantes para poder mostrar que es posible llevar adelante distintas medidas sin tener que descuidar lo económico o descuidar el territorio”, dice Poo.
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Además, Lorena Arce agrega que aunque las acciones de empoderamiento en los territorios suelen ser pequeñas y poco mediáticas, juntas forman un tejido social robusto.
Para la experta del Observatorio Ciudadano, el actual escenario político podría traer consigo una «externalidad positiva» inesperada: la unidad. Tras el proceso de desarticulación que siguió al escenario constituyente, el avance de una agenda regresiva podría actuar como un catalizador para los movimientos sociales. “Ante los ataques, las organizaciones tienden a aliarse”, reflexiona Arce.
Aunque el panorama para 2026 se vislumbra como una etapa de defensa más que de avance legislativo, la esperanza de los especialistas reside en lo local.
Imagen principal: Mirador Los Cóndores. Foto: Parque Nacional Conguillío
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