- En los parques Tinigua y Macarena la deforestación no se detiene. Aunque según cifras oficiales del Ideam disminuyó en 2018 y 2019, durante este año se esperaría un retroceso.
- En el 2020 han aumentado las amenazas a guardaparques. Un funcionario en el Parque Nacional Natural El Cocuy fue asesinado en febrero y Parques Nacionales tuvo que retirar del territorio a los guardaparques de 10 áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Macarena y Picachos.
En medio de la violencia que azota cada día más a Colombia, los parques Sierra de la Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos han tenido que presenciar cómo la deforestación se apodera de ellos. Grandes extensiones de tierra han sido taladas para la ganadería, otras para cultivos de coca y algunas más para el sustento diario de campesinos.
La cuarentena tuvo, desde mediados de marzo y hasta finales de agosto, a gran parte de los colombianos confinados en sus casas, sin embargo, las denuncias por cuenta de la pérdida acelerada de bosque se seguían presentando. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado en medios de comunicación que solo entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2020 se talaron cerca de 75 mil hectáreas de selva amazónica. Por la pandemia, la FCDS no ha podido realizar nuevos informes que den cuenta de este fenómeno en los últimos meses.
El Ministerio de Ambiente respondió de manera escrita un cuestionario de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto. Dijeron que, aunque a inicios de este año hubo un aumento en la deforestación que coincidió con la primera temporada seca, la pérdida de bosque ha disminuido en los últimos meses. “Luego de las intervenciones por parte de la Fuerza Pública se evidenció un significativo descenso en dichas detecciones tempranas, especialmente, a partir de la segunda semana de marzo”, asegura el Ministerio.
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Continúa la pérdida de bosque
Las fuentes consultadas en territorio, y que prefirieron mantener su nombre en reserva por la creciente violencia que se vive en la región, afirman que la emergencia sanitaria no ha detenido las prácticas ilegales al interior de los parques. “Las restricciones son para que vengan a las cabeceras municipales. Pero adentro [la gente] igual tiene que buscar la comida y muchos tumban bosque”, asegura un líder ambiental de la zona.
Bladimir Sánchez, periodista del medio de comunicación local Voces del Guayabero, confirma que las restricciones están para salir de las veredas —zonas rurales de los municipios—: “Las Juntas de Acción Comunal tienen control de las personas durante las cuarentenas por medio de multas, solo una persona puede salir en la vereda a comprar alimentos y toda persona que llega debe cumplir catorce días en la casa”. Otra persona en territorio confirmó que estas restricciones se han mantenido posterior a la finalización de la cuarentena general en Colombia.
Las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran que en 2018 hubo una reducción del 10 % en la deforestación del país y para 2019 se logró el 19 %. La entidad asegura que el año pasado se evitó la tala de 38 264 hectáreas y en Parques Nacionales Naturales la deforestación pasó de representar el 12 % del total nacional en 2018 al 7 % en 2019. Sin embargo, para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), hay que tener cuidado al hablar de estas cifras. “No se necesita quemar todo el parque para que ya tengamos un problema estructural”, afirma Botero.
Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Tinigua, uno de los más deforestados en Colombia. De las 214 362 hectáreas de parque declaradas en 1989, hoy solo se conservan cerca de 150 000. El principal motor de deforestación de este lugar es la ganadería extensiva (Ver reportaje Parque Tinigua: asesinatos y panfletos en medio de ganadería y deforestación). Por esto, en marzo de este año se realizaron operativos militares para decomisar ganado que se encontraba al interior del área protegida, lo que llevó a que los campesinos protestaran contra las acciones del gobierno.
Los sobrevuelos sobre el parque muestran que Tinigua se encuentra con parches talados en gran parte de su área. Botero afirma que si no se detiene la deforestación, en cinco años podríamos llegar a lo que algunos investigadores llaman ‘tipping point’.
El ‘tipping point’, o ‘punto de no retorno’, es un término utilizado por los investigadores Carlos Nobre y Thomas Lovejoy para describir el momento en que la Amazonía cambiará totalmente por la afectación de su ecosistema. Afirman que si la deforestación en el bioma llega a estar entre el 20 % y el 25 % habrá un problema estructural y la vegetación empezará a morir en zonas que estaban conservadas, dado el desequilibrio causado en las otras áreas. “Es como el cuerpo humano, si usted no se cuida y se quema con el sol, le salen llagas, que si no les pone atención se le pueden convertir en cáncer de piel y después le empieza a afectar otros órganos. Así funcionan estos ecosistemas”, afirma Botero.
Una persona que trabaja en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), pero que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad, manifestó que la parte norte de Tinigua es la mejor conservada y los esfuerzos de la entidad se han concentrado en esta zona para mantener la conexión que existe con otros dos parques: Picachos y Macarena.
Según varias de las personas consultadas, la poca deforestación de esa parte del parque se debe a que es un corredor militar de grupos armados ilegales. Aun así, Rodrigo Botero teme que esto cambie en cualquier momento. Para él, una desconexión de estos ecosistemas tendría repercusiones en la Amazonía, ya que este parque hace parte de una zona importante que permite llevar el agua desde la cordillera hasta las llanuras selváticas.
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Una violencia que se incrementa
Como lo mencionaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia a finales del año pasado, las amenazas contra funcionarios de PNN iban en aumento en esta zona y otras regiones del país. Una situación que no ha mejorado en lo que va de 2020. Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, Boyacá, el pasado 4 de febrero. Este hecho llevó a que la entidad decidiera, a finales de ese mes, retirar del territorio a los funcionarios de diez áreas protegidas y que la directora de la entidad, Julia Miranda, confirmara que ya había más de 20 funcionarios amenazados.
La persona que trabaja en PNN, y que prefirió mantener su nombre bajo reserva, confirmó que desde hace seis meses los guardaparques de Picachos, Tinigua y Macarena no han podido ingresar nuevamente.
Y no solo esto, estas tres áreas protegidas llevan casi tres años con restricciones para ingresar a los territorios. Un líder ambiental de la zona confirmó que la situación que se vive al interior de los parques se ha vuelto más complicada: “según tengo entendido las disidencias les prohibieron el ingreso a todas las entidades ambientales, los tienen amenazados”, asegura.
Entre los tres parques de esta zona de transición Andes – Amazonía – Orinoquía, Picachos es el mejor conservado. Aunque sus cifras de deforestación no son tan elevadas como en Tinigua y Macarena, las amenazas contra sus funcionarios son constantes y es el único de los tres parques en que uno de sus trabajadores ha sido amenazado con nombre propio.
Por todos los ataques y amenazas que han recibido a lo largo de casi 30 años, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) tiene planeado presentarse este año ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. La información obtenida a finales del año pasado por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia fue solicitada y entregada en julio de este año a estas dos entidades y será usada en sus investigaciones.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactarse con PNN pero dijeron que en este momento no estaban contestando entrevistas. También se envió un cuestionario pero hasta el momento no ha sido respondido.
¿Qué está poniendo en riesgo a estos parques?
El Gobierno Nacional ha denunciado a los cultivos ilícitos de coca como uno de los principales motores de deforestación en el parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó que este parque es uno de los más afectados por estos cultivos, tal como reportaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto a finales del año pasado (Ver reportaje Sierra de La Macarena: una muerte y decenas de amenazas).
Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reportó una reducción del 9 % de hectáreas de coca en el país durante 2019. En ese año los parques nacionales solo tuvieron el 4 % del área sembrada en Colombia, lo que representó una reducción del 13,5 % con respecto al 2018. El Ministerio de Ambiente afirma que el parque Macarena tuvo una reducción aproximada del 40 %, al pasar de 1840 hectáreas en 2018 a 1140 en 2019. Sin embargo, con todo y esa disminución, las cifras siguen siendo alarmantes.
Por su parte, según el mismo ministerio, el parque Tinigua pasó de 155 hectáreas de coca en 2018 a solo 9 el año pasado y Picachos tuvo su segundo año consecutivo sin reportes de coca en su interior. No obstante, hay que tener en cuenta que en estas dos áreas protegidas el principal problema no es la coca, sino la ganadería y el acaparamiento de tierras.
A pesar de que las esperanzas estaban puestas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), durante este 2020 los operativos militares han aumentado la erradicación forzada y han generado desconfianza en ese proceso.
Las comunidades aseguran que los operativos suelen hacerse fuera de la zona de parques, pues ahí se concentran los cultivos, pero esto hace que poco a poco la deforestación se desplace al interior de ellos. “Después de que les erradican los cultivos lo que los campesinos hacen es entrar al parque a sembrar pues [las autoridades] se van a demorar varios años en encontrar los cultivos para erradicarlos”, afirma Bladimir Sánchez, periodista de Voces del Guayabero. Además, el comunicador desmiente que los grupos armados ilegales estén pagando hasta 5 millones de pesos (cerca de 1389 dólares) por deforestar, como lo afirmó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en julio de este año. “A las personas que trabajan talando le pagan por hectárea derribada entre 150 mil y 300 mil pesos (entre 42 y 84 dólares). Donde pagaran toda esa plata [los 5 millones de pesos] no habría un solo árbol en pie”, asegura Sánchez.
El Ministerio de Ambiente asegura que en Tinigua, Picachos y Macarena se está trabajando en la búsqueda de acuerdos a través de mesas de diálogo permanentes con las comunidades asentadas al interior de los parques, muchas de las cuales viven allí desde antes que se crearan como áreas protegidas o porque han sido desplazados por la guerra interna del país. Este ha sido un gran problema para las autoridades ambientales pues los campesinos necesitan alternativas productivas y no abandonan la zona por temor a que el Estado los deje a la deriva.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (CONALDEF) —integrado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, además de la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército y la Policía—, trabaja en la zona con tres objetivos: el primero es el emprendimiento social y económico que busca generar condiciones de tenencia de la tierra y ordenamiento productivo fuera de las áreas protegidas; el segundo es desarticular y afectar las estructuras y economías ilícitas y, por último, hacer un monitoreo permanente de las superficies de bosque y deforestación.
Para Rodrigo Botero, de la FCDS, las acciones que realizan las entidades estatales son importantes, aunque falta trabajar para reducir la deforestación a cero, algo necesario para frenar la llegada al ‘punto de no retorno’.
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) esperaba contener la tala aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre del año pasado en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de PNN del área protegida, estos acuerdos quedaron detenidos.
En julio de este año volvió la esperanza cuando Cormacarena —autoridad ambiental regional— y el Ministerio de Ambiente crearon, junto a organizaciones campesinas, la Mesa Forestal del Meta que ya tiene un primer acuerdo para frenar la deforestación, especialmente en Tinigua.
Aun así, otra situación que podría complicar la situación ambiental de la zona es la apertura de vías. De hecho, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la construcción de la Marginal de la Selva, la deforestación se disparó en los municipios por donde pasaba el proyecto, por lo que su construcción fue descartada en 2018 y muchos celebraron la decisión. Sin embargo, en los próximos años se tiene planeado construir la Conexión Pacífico-Orinoquía que unirá al puerto de Buenaventura con el departamento de Vichada, pero pasará muy cerca de los parques Tinigua, Picachos y Macarena.
Para Rodrigo Botero el problema en sí mismo no es la construcción de la vía, sino que que se haga sin cumplir con todas las normas técnicas y ambientales. Según dice, bien hecha es una obra que puede lograr la conexión entre los departamentos de Meta y Huila, lo que permitiría cerrar las trochas ilegales que atraviesan el parque Picachos, pero, si no se hace de manera adecuada, puede estallar la deforestación no solo en Picachos sino en los otros dos parques debido a la especulación de tierra alrededor de las áreas protegidas.
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