La minería siempre ha sido asociada a conflictos en Colombia, el cual es uno de los países más diversos en términos de vida silvestre, plantas, y culturas. Foto de Rhett A. Butler.
La semana pasada Colombia ha comenzado a conceder nuevas concesiones mineras en 17,6 millones de hectáreas y ha provocado dudas sobre los potenciales impactos ambientales de un nuevo boom en la minería en todo el país.
Colombia contiene vastos depósitos de minerales que durante mucho tiempo han estado en la mira de inversores, pero los conflictos de la sociedad civil han limitado la extracción a las áreas seguras hasta mediados de los 2000. Recientemente con la disminución de la violencia, los proyectos de minería en el país han resurgido, incluyendo un aumento en las minas sin permisos y las no reguladas- ayer, dijo la Agencia Nacional de Minería que un censo 2010-2011 encontró que 73 por ciento de las operaciones mineras carecen de títulos adecuados.
Pero con el flujo de mineros, han aumentado las denuncias de daños ambientales. A principios de este mes los ambientalistas han realizado demostraciones demandando salvaguardas más rígidas en el nuevo código de minería que entrará al Congreso el año que viene. Mientras tanto, por años, grupos indígenas han reportado conflictos con grandes compañías mineras y con mineros de pequeña escala.
El gobierno colombiano ha aseverado que a pesar de la apertura de grandes áreas para la minería, incluyendo regiones reconocidas por los altos niveles de biodiversidad, las nuevas regulaciones ambientales limitarán algunos de los peores daños que han sido observados en años recientes al formalizar la minería de pequeña escala. Dice que el nuevo código minero prohibirá la minería en áreas protegidas y ecosistemas sensibles.
Minería de oro en Perú, al igual que en Colombia, está experimentando un boom minero. Foto de Rhett A. Butler.
Los ambientalistas no están tan seguros. Según Catherine Gamba-Trimiño, una consultora ambiental independiente, los títulos mineros y las licencias ambientales ya otorgadas en áreas protegidas no ser revocarán, mientras que las áreas protegidas de bajo nivel, como las reservas naturales de la sociedad civil y los parques municipales no estarán fuera de los límites.
“Los esfuerzos gubernamentales para planificar y organizar el desarrollo y las actividades extractivas son aplaudidos,” le dijo Gamba-Trimiño a mongabay.com. “Sin embargo, el pedirle a la sociedad colombiana que pague el precio por las licencias ambientales ya otorgadas en ecosistemas estratégicos, como los páramos, en vez de tal vez indemnizar a las compañías y revocar las licencias, no es justo.”
Gamba-Trimiño agregó que las comunidades indígenas- que controlan grandes áreas de Colombia, incluyendo áreas que están siendo estudiadas para la minería- también perderán bajo las nuevas reglas.
“Las compañías están obligadas a consultar sólo con los Indígenas y los Afro-Colombianos antes de empezar las operaciones en sus tierras, pero el Ministro de Energía y Minería ha sido claro en decir que ‘ellos no tienen poder de veto’.”
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