El brillo de una solitaria lámpara incandescente ilumina un cuarto pequeño con el suelo de tierra y sin muebles. Alumbra a doce campesinos –campesinos autónomos que patrullan sus zonas, de El Porvenir, una comunidad a las afueras de Celedín– que han venido al hogar de su líder, Eduar Rodas Rojas.
Sentados en un círculo, los “ronderos”, como se conoce a los campesinos de Cajamarca, se pasan hojas de lima y coca que mastican continuamente, esto produce bolas que rellenan sus mejillas –una costumbre tradicional de la población indígena peruana conocida como “chacchar”–. Mientras mastican, los hombres debaten y toman decisiones por consenso, así cumplen su cometido como representantes legales oficiales de su comunidad.
La principal prioridad en la agenda de esta noche: ¿Cómo parar la construcción del proyecto hidroeléctrico Chadín 2? Uno de los 20 grandes embalses más emblemático y problemático que su nación ha planeado para el brazo principal del río Marañón, uno de los afluentes principales del Amazonas. Chadín 2 y los otros embalses inundarán franjas inmensas de tierra de producción agrícola y destruirá el sustento, los hogares y los pueblos pequeños de la gente que vive a lo largo y cerca del río.
Chadín 2 es, desde el punto de vista de estos ronderos, tan malo como Yanachocha, la mina de oro más grande del mundo, que, después de 20 años en funcionamiento no ha mejorado las vidas de los campesinos de la región ni fomentado el desarrollo en Cajamarca, uno de los estados más pobres de Perú. Los ronderos no quieren plantas hidroeléctricas que, dicen, solo beneficiará a las empresas mineras multinacionales y que serán usadas para proporcionar energía a los nuevos proyectos de la industria extractiva, como Conga, la inmensa mina de oro.
“Ni Conga, ni Chadín. ¡Lucharemos hasta el final!” gritan los hombres, que repiten su mantra contra el embalse y la mina propuesta, que en 2012 convirtió la plaza central de Celedín en un campo de batalla mortal, que enfrentó a los indígenas contra la policía.
Saulo Marín Vásquez, 25 años, el “rondero” más joven en el grupo dirigido por Rodas: “Tienen miedo porque saben que nos vamos a organizar. Nos quieren quitar nuestra autoridad… No nos rendiremos. Vienen y envenenan el agua para quitarnos nuestro futuro”. Fotografía: Verónica Goyzueta.
Los ronderos sirven y protegen
Los patrulleros campesinos vigilan la región de Cajamarca. Surgieron durante la década de 1970 y fueron replicados en las zonas rurales por todo Perú en la década de 1980 para defenderse contra los actos violentos del grupo terrorista Sendero Luminoso y compensar por la falta de presencia oficial y fuerzas policiales.
La constitución y el derecho peruano 27908, aprobado en 2003, reconoce las patrullas de campesinos como legítimos funcionarios judiciales para sus comunidades –con la responsabilidad de defender la tierra y el medio ambiente-. Respaldados por esta ley, los ronderos se han convertido en una piedra en el zapato del gobierno peruano y las grandes corporaciones elegidas para llevar a cabo sus grandes proyectos de embalses y minería.
Los “ronderos” también están reconocidos por acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege las tradiciones indígenas y las identidades de los primeros pobladores.
Empoderados federal e internacionalmente, los ronderos tienen derecho a detener a personas para ser interrogadas con referencia a crimines cometidos en sus tierras. Esto incluye a empleados de Odebrecht, la empresa brasileña que está construyendo los nuevos embalses hidroeléctricos, las carreteras, las líneas de transmisión y otras infraestructuras de energía hidráulica en Cajamarca.
Persecución y “criminalización”
En 2012, se presentó al gobierno peruano una lista de 46 personas a las que se recomendaba protección contra la persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR, por sus siglas en inglés) de la Organización de Estados Americanos (OAS, por sus siglas en inglés). El segundo nombre en esa lista es Eduar Rodas Rodas.
En este, y varios otros documentos, presentados durante los últimos cuatro años, la IACHR ha recordado, enfáticamente, a los funcionarios peruanos que las “rondas” de Cajamarca, Celedín y Hualgayoc-Bambamarca están protegidas por la legislación internacional que regula a los pueblos indígenas.
Perú ha optado, en gran medida, por ignorar estas sanciones. Rodas ha sido arrestado en varias ocasiones y tiene 100 quejas y 12 demandas en su contra. “Esta gente empezó a hostigarnos”, dijo, refiriéndose a las empresas que construyen los embalses y las minas. El presidente peruano, Ollanta Humala, prometió durante su última campaña electoral que protegería los recursos hídricos, apunta Rodas, pero la administración no ha prestado ninguna atención a las recomendaciones de la IACHR ni ha hecho nada para frenar el progreso de la construcción de embalses.
Perú ha optado, en gran medida, por ignorar estas sanciones. Rodas ha sido arrestado en varias ocasiones y tiene 100 quejas y 12 demandas en su contra. “Esta gente empezó a hostigarnos”, dijo, refiriéndose a las empresas que construyen los embalses y las minas. El presidente peruano, Ollanta Humala, prometió durante su última campaña electoral que protegería los recursos hídricos, apunta Rodas, pero la administración no ha prestado ninguna atención a las recomendaciones de la IACHR ni ha hecho nada para frenar el progreso de la construcción de embalses.
![Santos Saavedra, president of the Rondas de Cajamarca. “We have leaders who are being pressured and persecuted. The [government] is criminalizing the protests.” Photo credit: Verónica Goyzueta.](https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/25/2015/07/03180010/0717_bh_41.jpg)
La mayoría de las acusaciones contra Rodas y otros “ronderos” son por robo y secuestro, por confiscar los “regalos” –que algunos llaman sobornos– que Odebrecht intenta entregrar a miembros de comunidad local, y por detener a empleados de empresa de construcción de embalses y minas para interrogarlos.
En diciembre de 2014, en el distrito de Miguel Iglesias, Rodas y su grupo detuvieron a empleados de Odebrecht que habían llevado regalos de Navidad a residentes locales. Algunos vecinos dicen que los regalos corporativos están siendo ofrecidos para comprar apoyos hacia los proyectos controvertidos de embalses y minas, y volver a la gente contra las rondas.
“Con el uso de regalos como arroz, hornos, tejas, juguetes y panetones de Navidad, [Odebrecht] se ha infiltrado en las ‘rondas.’ Incluso ofrecen salarios y seguro”, dijo Rodas. “Odebrecht está haciendo lo mismo que Yanacocha [la empresa minera] hizo en el pasado. Están organizando ‘rondas’ paralelas con la policía. Están difamando las ‘rondas’ e intentando echar por tierra su reputación. Sin embargo, la ley nos ayuda. Somos la autoridad en nuestro territorio”, dijo.
Como Rodas lo cuenta, los Ronderos interrogaron a los representantes corporativos, confiscaron los regalos e hicieron firmar a los forasteros documentos donde dicen que nunca más volverán a la región. Las peticiones de reuniones con oficiales de Odebrecht en Cajamarca, Lima y São Paulo para hablar sobre estos incidentes y las acciones de la empresa no obtuvieron respuesta.
Santos Saavedra, presidente de las Rondas de Cajamarca, acusa a Odebrecht de hostigar a los granjeros. Le preocupa que este acoso esté intensificando los conflictos sociales, medio ambientales y culturales que ya rodean a los proyectos mineros. “Tenemos líderes que están siendo presionados y perseguidos. El [gobierno] está criminalizando las manifestaciones”, dijo Saavedra en una entrevista en la sede de los “ronderos” en la ciudad de Chota, 112 kilómetros al norte de Celedín.
“Tenemos a muchos ‘ronderos’ que han sido asesinados por sicarios de la minería. Tenemos líderes que están en la cárcel”, dijo Saavedra, que añadió que el gobierno también es responsable por la criminalización de las manifestaciones contra las minas en Cajamarca, sobre todo en Conga, que dejó 11 muertos y 282 heridos de 2004 a 2013.
“Tienen miedo porque saben que nos vamos a organizar. Quieren quitarnos nuestra autoridad con las fuerzas armadas, con la fiscalía y con el sistema jurídico nacional. No nos rendiremos. Vienen y envenenan el agua para quitarnos nuestro futuro”, dijo Saulo Marín Vásquez, de 25 años, el “rondero” más joven en el grupo liderado por Rodas.
Cajamarca: Una tierra, dos culturas, dos sistemas jurídicos
La existencia y legitimidad de las Rondas ha creado complicaciones para el sistema judicial peruano y las empresas que han intentado establecer una posición dominante en Cajamarca.
El gobierno y las corporaciones están forzadas a vivir bajo dos sistemas jurídicos contradictorios: uno basado en el Derecho Romano y la jurisprudencia moderna, el otro basado en el Derecho Inca, con sus tres conceptos fundamentales: Ama Sua, Ama Llulla and Ama Quella –que traducido del Quechua significa “No Robes, No Mientas y No Seas Ocioso”–.
Las medidas legales de protección establecidas en la constitución y la legislación peruanas no han evitado que los “ronderos” sean perseguidos y criminalizados. Zulma Villa, una abogada con el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), y asesora jurídica de las Rondas y representante legal de las organizaciones indígenas ante la IACHR, dijo que cada líder rondero en Cajamarca tiene entre 20 y 50 acusaciones penales contra él, en su mayoría relacionados con el trabajo de patrullaje que realizan en sus comunidades.
Según Villa, Perú ha hecho importantes avances con el reconocimiento y el establecimiento de normas para el pluralismo jurídico, pero se queda atrás en la firme puesta en práctica de esas normas multiculturales con funcionarios, incluida la policía, jueces, fiscales y abogados.
El sociólogo norteamericano, John Gitlitz, un experto en derecho intercultural y el autor del libro de 2013, Administrando justicia al margen del Estado. Las rondas campesinas de Cajamarca, dice que la justicia campesina en Cajamarca choca con el gobierno peruano en tres niveles: choca filosóficamente ya que la población indígena lucha por los derechos humanos; políticamente ya que un grupo tradicionalmente desprotegido intenta ganar el respeto y el poder político; y jurídicamente ya que dos sistemas jurídicos muy distintos chocan e intentan acomodar sus diferencias.
“Lamentablemente, el problema de la minería se ha politizado tanto que, durante mucho tiempo, nadie ha hablado honestamente y no hay diálogo”, dijo Gitlitz, que espera que las llamas del conflicto no acaben en violencia extrema, como con el genocidio de los EE.UU contra los nativos americanos en el siglo XIX.
Jorge Armando Guevara Gil, un antropólogo y profesor de derecho en la Universidad Católica de Perú (PUCP), cree que los “ronderos” están siendo perseguidos por ejercitar sus derechos a ejercer la autoridad jurisdiccional. En su opinión, que identifica a los campesinos como agentes del desarrollo local, el conflicto surge porque el estado peruano está intentando imponer un modelo de desarrollo que no tiene el apoyo de las comunidades locales. “Queda por ver si el modelo propuesto por el gobierno es verdaderamente inclusivo y democrático”, dijo.
Zulma Villa afirma que los proyectos de embalses y minería en tierra indígena no respetan los conceptos jurídicos de autorización y autodeterminación por parte de los campesinos y acusa al gobierno y a las corporaciones de usar el sistema jurídico para perseguir a los ronderos. Según la abogada, el nuevo código jurídico peruano protege a las rondas cuando recomienda diálogo cultural y coordinación entre los dos sistemas judiciales existentes.
Ella explica que, según este principio, si un “rondero” detiene a un ingeniero que está cometiendo un crimen en su jurisdicción, los ronderos son los encargados de llevar a cabo la investigación. Asimismo, si se comete un crimen en cualquier otro sitio, el procesamiento depende únicamente del sistema judicial peruano. Pero cuando hay una zona donde coexisten ambos sistemas, el judicial y el campesino, la ley recomienda la coordinación entre los dos grupos responsables del cumplimiento de la ley, en vez de que un grupo se subordine al otro.
Tanto el derecho peruano como el internacional apoya a las rondas siempre que ellos respeten los derechos humanos básicos, sin embargo ha habido incertidumbres jurídicas derivadas de los conflictos interculturales. “La justicia normal tiene que ser entendida como incluyente de los derechos fundamentales desde la perspectiva intercultural”, dijo Villa. “A nuestro entender, puede haber choques [entre el gobierno peruano y la cultura de los Andes] en términos de entender ciertas prácticas. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento jurídico antropológico”.
Según ella, los campesinos están especialmente desilusionados con el sistema judicial nacional, que no les consultó cuando impulsó los grandes proyectos hidroeléctricos y de minería y luego les persiguió y procesó por exigir que se les escuchase y por resistirse a los proyectos. El Ministerio del Interior de Perú no contestó a las peticiones de entrevistas relacionadas con estos asuntos.
El profesor Guevara Gil confía en que, incluso cuando, a veces, los enfrentamientos entre las rondas y el gobierno han llegado al límite, no hay ninguna razón para instigar aún más violencia, o una guerra civil.
Villa es más pesimista y recuerda que Perú vive con el legado de las 69.000 víctimas que murieron en el conflicto armado con el Sendero Luminoso, la insurgencia de la guerrilla maoísta de las décadas de 1980 y 1990 que continuó en el nuevo siglo. “El gobierno viene a por nosotros, lo que lleva a enfrentar peruanos contra peruanos, confrontar campesinos, policías y jóvenes”, dijo la abogada. “Y sabemos lo que eso significa en términos de coste de la vida”.
Mientras tanto, las rondas están en guardia. Los patrulleros hacen sus largas travesías a través de las montañas y a lo largo de los ríos andinos, mastican hojas de coca para que les dé fuera de camino a acalorados debates en lejanas comunidades agrícolas donde el futuro de Cajamarca está en la balanza.
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