- Un informe de la ONG Justice for Colombia, con sede en Londres, registró los asesinatos de activistas en el país entre 2011 y 2015.
- Según el informe, asesinaron un promedio de dos activistas por semana durante el periodo de cinco años.
- Estas cifras son el mínimo calculado, que resaltan áreas del país donde se precisa mayor control para poder obtener cifras más realistas. Es probable que la cantidad de asesinatos sea mucho mayor, según un representante de Justice for Colombia.
- Mientras que muchos asesinatos quedan sin resolver debido a la corrupción o a la incapacidad del Estado para realizar una investigación eficaz, los organismos de control de derechos humanos sostienen que la mayoría de dichos asesinatos son organizados por grupos paramilitares.
En el departamento de Casanare, una zona rica en petróleo ubicada en el este de Colombia, Daniel Abril Fuentes era conocido como un líder campesino, defensor de los derechos humanos y crítico incansable de los intereses petrolíferos que él consideraba como una amenaza a su comunidad y al medio ambiente. Ocho meses después de que le dispararan a la salida de una pastelería en el municipio de Trinidad, el nombre de Abril aparece junto al de otras 500 personas en un informe que documenta los asesinatos de activistas políticos en Colombia.
El informe publicado en abril por la ONG Justice for Colombia (JFC), con sede en Londres, enumera 534 activistas políticos que fueron asesinados en el país entre 2011 y 2015. De ese total, 83 eran activistas por los derechos de los indígenas, y 10 eran activistas del medio ambiente. Esto equivale a más del 17 %. En promedio, dos activistas fueron asesinados por semana durante el periodo de cinco años.
“Son cifras escalofriantes, y ver los nombres escritos lo hace aún más real. Pero este pantallazo general de activistas políticos asesinados [en Colombia] con frecuencia no es, lamentablemente, una sorpresa para nosotros, ya que es lo que oímos cada semana”, afirmó Hasan Dodwell, responsable de campaña de JFC, a Mongabay.
El país está a punto de terminar con cinco décadas de conflicto interno entre el Estado y las guerrillas izquierdistas, y la violencia entre ambos lados ha ido disminuyendo desde que las conversaciones de paz comenzaron en 2012. Sin embargo, a diferencia de esta tendencia y de la disminución de la tasa de homicidios en el país, las estadísticas muestran que los asesinatos de activistas están aumentando y que, en su mayoría, son llevados a cabo por grupos paramilitares de derecha, según informaron a Mongabay distintos representantes de organizaciones locales, inclusive el organismo de defensa de los derechos humanos Programa Somos Defensores.
El informe de JFC recopila datos publicados por cinco organizaciones colombianas, entre ellas, Programa Somos Defensores. Según Dodwell, representa solo un panorama de la realidad donde las amenazas y los ataques son realizados con impunidad. Sostiene que la cifra real de activistas asesinados puede ser mucho mayor.
Tal como muestra el informe, los activistas colombianos suelen ser un objetivo por su trabajo contra la expansión de proyectos de explotación de recursos naturales, según Dodwell. Un análisis de este año de la ONG irlandesa Front Line Defenders corrobora dicha afirmación al descubrir que el 41 % de los asesinatos de activistas en Latinoamérica está relacionado con la defensa del medio ambiente, de la tierra o de los derechos de los indígenas.
Una violencia más concentrada
El informe de JFC documenta asesinatos en 26 de los 32 departamentos de Colombia. De estos, Antioquia (en el noroeste) tuvo la mayor cantidad de activistas asesinados, seguido por Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el oeste, y luego Córdoba en el noroeste.
Carlos Guevara, coordinador de comunicaciones para Programa Somos Defensores, comentó a Mongabay que, si bien estas habían sido zonas claves en el conflicto interno, la cantidad alta de ataques a activistas está más relacionada con intereses económicos. Estos incluyen los cultivos ilícitos y la minería ilegal de oro, una industria a la que el Gobierno considera un rival del tráfico de drogas en términos de las ganancias y de la amenaza que supone.
Dodwell de JFC concuerda y agrega que el conflicto interno que lleva décadas ha normalizado la violencia en esas zonas y ahora se lo utiliza como una fachada para silenciar activistas.
“En general, se utiliza el conflicto como excusa o plataforma para los asesinos de activistas políticos. Por ejemplo, los campesinos activistas son un objetivo frecuente, ya que suelen defender sus derechos sobre la tierra. Y esto es lo que nos preocupa: el proceso de paz puede dar fin al conflicto armado, pero se necesita hacer mucho, mucho más para dar fin a la violencia política”, explica.
Guevara describió cómo el cambio de rumbo de la violencia en todo el país está creando una situación cada vez más peligrosa para los activistas.
“Las violaciones de los derechos civiles que derivan directamente del conflicto armado han disminuido de manera drástica —sostiene Guevara—. Pero ahora vemos que la violencia se está convirtiendo en un fenómeno más localizado y concentrado. Ahora está dirigida con mayor eficacia a los líderes comunitarios”.
Al igual que Daniel Abril en Casanare, se dice que Adelina Gómez Gaviria fue baleada por su postura contra la minería ilegal en el departamento occidental de Cauca. A los 36 años, Gaviria era conocida como una líder comunitaria carismática al frente de un grupo por los derechos de la tierra, quien había organizado un Foro de Minería y Medioambiente al que habían concurrido más de 1200 campesinos e indígenas locales. Después de haber recibido amenazas telefónicas en las que le advertían que dejara su trabajo como activista, Gaviria fue asesinada de un disparo y su hijo de trece años fue herido en 2013.
De acuerdo con Guevara, los departamentos de Valle del Cauca y de Cauca han sufrido una fuerte intensificación de la violencia, ya que los activistas del lugar luchan por los derechos humanos.
“La mayor parte de estas cifras provienen de esas regiones —tanto en ataques como en muertes de activistas—, ya que se han convertido en laboratorios para la paz. La sociedad civil está hablando cada vez más sobre la paz en aquellas zonas donde enfrentan verdaderos enemigos”, sostiene.
Influencia continua de grupos paramilitares
Mientras que muchos asesinatos quedan sin resolver debido a la corrupción o a la incapacidad del Estado para realizar una investigación eficaz, Guevara afirma que la mayoría de dichos asesinatos son organizados por grupos paramilitares.
Si bien dichos grupos depusieron las armas por un acuerdo con el Gobierno en 2006, muchos grupos locales de derechos resaltan que su actividad continúa. Sin embargo, el Gobierno no reconoce su existencia oficialmente. En su lugar, los ha renombrado “BaCrim” (por “bandas criminales”) para no socavar el proceso de desmovilización de 2006.
“Los grupos paramilitares, grupos neoparamilitares, BaCrim, o como quieran llamarlos, son la mayor amenaza para los activistas. En nuestro informe [reciente] señalamos que son responsables por el 63 % de los ataques tan solo de este año. El año pasado también tuvieron un porcentaje alto; casi siempre tienen el porcentaje más alto”, comenta Guevara.
No obstante, la renuencia del Estado a reconocer la existencia de estos grupos hace más difícil poder concentrar la atención sobre ellos y proteger a los activistas, según agregó.
“Estos son sectores de extrema derecha del país que se esconden detrás de la fachada de BaCrim, y lo han estado haciendo por años, como los Águilas Negras —explica haciendo referencia a un grupo paramilitar activo en el tráfico de drogas—. Pero, para el Estado, los Águilas Negras no existen. Entonces, no puedo explicar cómo, durante los últimos cinco años, han amenazado a más de 800 activistas”.
El informe trimestral que mencionó Guevara analizó 113 agresiones denunciadas contra defensores de derechos humanos en Colombia entre enero y marzo de este año. Registra un total de 19 activistas asesinados durante dicho periodo, dos de los cuales eran activistas por el medio ambiente. El informe destaca que, si bien la cantidad de agresiones disminuyó respecto del mismo periodo el año anterior, la cantidad de activistas asesinados fue la misma.
Discrepancias inevitables
Inadvertidamente, el informe de JFC resaltó otro problema importante en Colombia: la negligencia y abandono por parte del Estado. Se puede decir que esto es más visible en el departamento caribeño de La Guajira, una región conocida por tener instituciones corruptas y por ser un refugio para actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando de combustible y la extorsión.
A pesar de esta realidad, el informe de JFC identificó la muerte de un solo activista en La Guajira desde 2011, una cifra que tanto los organismos locales de derecho como JFC admiten que es “irreal”.
“La Guajira es uno de esos departamentos sumidos en la oscuridad… La estructura social y las organizaciones son muy débiles porque las formas de violencia que predominan aseguran que gobierne el silencio. Estamos absolutamente seguros de que la cifra es completamente irreal”, afirma Guevara.
El problema, según señala Guevara, es que ninguna organización puede mantener una presencia constante en la región debido a las continuas amenazas. El “nivel inmenso de miedo” que siente la población significa que solo pueden confirmarse unas pocas denuncias de ataques o de asesinatos.
Dodwell de JFC afirmó que las cifras de asesinatos incluidas en el informe eran el mínimo calculado, que resaltan áreas del país donde se precisa mayor control para poder obtener cifras más realistas.
Pasos positivos
A pesar de las cifras altas de asesinatos, el Estado colombiano ha hecho esfuerzos crecientes en los últimos años para asegurar el bienestar de los activistas en todo el país. La Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de proteger a individuos amenazados, mientras que el organismo de derechos humanos del Estado —la Defensoría del Pueblo— se ocupa de señalar las violaciones a los derechos humanos. Además, mecanismos como el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) han sido importantes en el análisis contextual y la prevención de muchos ataques.
Aunque el SAT se ha convertido en uno de los mejores recursos para los activistas de todo el país, la negligencia política y los procesos burocráticos implican que los informes de alertas tempranas que emite suelan pasar inadvertidos o se retrasen, según sostiene Guevara de Somos Defensores.
Javier Orlando Tamayo, director de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, perteneciente a la Defensoría del Pueblo, concuerda con que debe hacerse más para proteger a los activistas. Pero afirmó que el Gobierno se está encargando del problema.
“En el caso de Marcha Patriótica, el Gobierno ha hecho un esfuerzo. Visitó la zona, realizó entrevistas, llevó a cabo investigaciones, y dio órdenes e instrucciones para superar estos problemas”, explicó en referencia a investigaciones actuales sobre los asesinatos de miembros del partido político de izquierda Marcha Patriótica. El partido denuncia que, desde 2012, han asesinado a 113 de sus miembros.
Tamayo indicó que no podía hacer comentarios sobre el informe de JFC, ya que las cifras “no son oficiales”. Sin embargo, señaló que la Defensoría del Pueblo está trabajando junto con otros organismos gubernamentales para verificar todos los asesinatos denunciados y para asegurarse de que se tomen todas las medidas preventivas y judiciales necesarias.
Cuando se lo consultó sobre La Guajira, Tamayo expresó que la región había experimentado un esfuerzo insuficiente por parte de “todos”. Pero, según comentó, no es un caso aislado y mencionó que otros departamentos de la zona rica en recursos naturales en la Amazonía al sur y en la cuenca del río Orinoco al este también sufren una “desprotección absoluta”.
“Nos falta una presencia permanente e interinstitucional en esas regiones”, afirma Tamayo.
Citas
- JFC (2016). Silenced: The murder of political activists in Colombia. London:Justice For Colombia.
- Front Line Defenders (2016). Annual Report 2016: Stop the killing of human rights defenders. County Dublin:Front Line Defenders.
- Programa Somos Defensores (2016). Agresiones contra Defensores(as) de Derechos Humanos en Colombia Enero – Marzo 2016. Bogota:Programa Somos Defensores.
