- Mientras se producía la reunión en Nueva Alianza, comunidad localizada en la confluencia de los ríos Marañón y Urituyacu en la región Loreto, al noreste de Perú, una protesta por las operaciones de petróleo se estaba gestando aguas abajo en San José de Saramuro, localidad donde comienza el oleoducto dañado.
- Los recientes acontecimientos fueron originados por el creciente descontento de las comunidades indígenas que viven en una región que ha sufrido décadas de extracción de petróleo mal regulada, dejando cientos de sitios contaminados y poblaciones preocupadas por su salud, ya que dependen de los ríos para obtener comida y agua.
- El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha registrado en el país 190 derrames de gasoductos operados por empresas privadas y por Petroperú desde 1997.
El 31 de agosto se llevaron a cabo negociaciones entre funcionarios del gobierno nacional y líderes y pobladores de Nueva Alianza, una comunidad indígena en la Amazonía peruana, con el objetivo de poner fin al estancamiento originado por los desacuerdos sobre la limpieza de unos 4000 barriles de petróleo derramados de dos tuberías 10 días antes. Las conversaciones dejaron muchas preguntas sin respuesta y pobladores locales insatisfechos.
Mientras se producía la reunión en Nueva Alianza, comunidad localizada en la confluencia de los ríos Marañón y Urituyacu en la región de Loreto, al noreste de Perú, una protesta por las operaciones de petróleo se estaba gestando aguas abajo en San José de Saramuro, localidad donde comienza el oleoducto dañado.
DERRAMES DE PETRÓLEO
Antes de los derrames en Nueva Alianza, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) había registrado en el país 190 derrames de gasoductos operados por empresas privadas y por Petroperú desde 1997. La mayoría -97 de ellos- fue de gasoductos operados por la empresa argentina Pluspetrol Norte en sus campos de petróleo en Loreto o entre esos campos y las instalaciones de Petroperú. Según Osinergmin, Petroperú ocupa el segundo lugar con 37 derrames, 20 de ellos en los últimos cinco años. De los 190 derrames, 67 se debieron a actos de vandalismo y 62 a corrosión. Seis siguen siendo investigados, y los demás fueron atribuidos a problemas mecánicos, causas naturales o otras problemas.
A fines de enero de este año, la rotura de una tubería cerca de Chiriaco, en la región Amazonas, fue seguida a principios de febrero por una fuga en la comunidad de Wampís Mayuriaga, aguas arriba del río Morona, en la región Loreto. En junio, hubo un derrame en Barranca, Loreto, y el 10 de agosto otro en el distrito de Nieva en Amazonas.
Es así como una serie de derrames a lo largo de un oleoducto operado por la petrolera estatal Petroperú ha llamado la atención recientemente. Este oleoducto transporta petróleo a lo largo de 854 kilómetros, desde los campos petrolíferos de la Amazonía, a través de los Andes, hasta llegar a la costa del Pacífico. Las dos roturas producidas en Nueva Alianza fueron el quinto y sexto derrame desde enero.
La tubería de Petroperú comienza en la Estación de Bombeo No. 1 en el pueblo de San José de Saramuro y sigue por el río Marañón, uno de los principales afluentes del Amazonas. Al menos tres derrames desde 2014 se han producido en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un área protegida de humedales y bosques inundados estacionalmente que también contiene pozos de petróleo.
El 21 de agosto, un poblador de Nueva Alianza informó sobre el más reciente derrame después de haber visto petróleo saliendo de una tubería cerca del pueblo. Al día siguiente los trabajadores llegaron para tapar los agujeros pero ya las dos fugas, separadas a 1.3 kilómetros de distancia, habían vertido 4000 barriles de petróleo al canal. En los siguientes días, los inspectores de Osinergmin y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) llegaron para inspeccionar los daños.
Petroperú ha atribuido públicamente los derrames de Nueva Alianza y Nieva a vandalismo causado por los propios miembros de la comunidad de Nueva Alianza con la supuesta intención de crear puestos de trabajo para la limpieza de los canales. Osinergmin no ha emitido fallo alguno. Los pobladores de Nueva Alianza se indignaron por las acusaciones.
PROTESTA
Los recientes acontecimientos fueron originados por el creciente descontento de las comunidades indígenas que viven en una región que ha sufrido décadas de extracción de petróleo mal regulada, dejando cientos de sitios contaminados y poblaciones preocupadas por su salud ya que dependen de los ríos para obtener comida y agua.
La protesta estalló el 1 de setiembre con manifestantes bloqueando el río Marañón, un canal clave que conecta la ciudad amazónica de Iquitos con las carreteras de la costa. Las demandas de los manifestantes incluyen el reemplazo de la tubería deteriorada, remediación de 40 años de valor de la contaminación por hidrocarburos en la Amazonía, una indemnización por daños y perjuicios, y una nueva ley de monitoreo ambiental.
Para la población local el daño ambiental está estrechamente ligado a los ingresos. Las zonas del río donde antes pescaban ahora están fuera de los límites de pesca. Por ello, los pobladores tendrán que viajar por más tiempo en busca de pescado y por lo tanto deberán invertir más dinero para la gasolina de los botes. Esto ya ha pasado antes. La red de ríos y lagos que se conectan al canal de tuberías en Cuninico era una rica zona de pesca; sin embargo, después del derrame de junio del 2014, media docena de comunidades que dependían de la pesca perdieron su principal fuente de proteínas e ingresos. La asistencia solo duró hasta que la limpieza inicial terminó en diciembre del 2014. Ahora, dos años después, a la comunidad cercana de Cuninico le sigue preocupando que no compren sus pescados por temor a que estén contaminados.
De acuerdo con los líderes de Cuninico y las comunidades vecinas de Santa Rosa, Urarinas, San Antonio y San Francisco, la pesca todavía no se ha recuperado. Los líderes de algunas de esas comunidades, que también asistieron a la sesión con funcionarios del gobierno nacional en Nueva Alianza, también solicitaron asistencia, sin embargo su solicitud no tuvo respuesta.
Pablo Silva, presidente de Santa Rosa, que limita con Cuninico y Nueva Alianza, dijo que su comunidad está ahora atrapada entre dos derrames de petróleo, y por eso no tienen dónde pescar en las cercanías. Los peces muertos aparecieron en el canal de Santa Rosa y Cuninico cerca del momento del derrame en Nueva Alianza. Los habitantes pensaron inicialmente que la mortandad de peces era debida a la contaminación del aceite, pero la dirección de la corriente de flujo de agua en el canal ─desde Santa Rosa hacia Nueva Alianza─ lo hizo improbable. El flujo de agua cambia de dirección dependiendo de las fuertes lluvias y la variación estacional.
Peces muertos también aparecieron en el canal y en lagos vecinos varias semanas antes de que la mancha de petróleo apareciera a lo largo del oleoducto en Cuninico en 2014, lo que posiblemente indica una fuga lenta de la corrosión antes de que la tubería se rompiera. Los pobladores locales están preocupados de que ocurra de nuevo, sobre todo después de que residentes de Cuninico, que estaban inspeccionando los límites de la comunidad con los trabajadores del gobierno regional, notaran un brillo en la superficie de la tubería con olor aceitoso el pasado 2 de setiembre. Los gerentes de Petroperú dicen que la tubería ha estado inactiva desde febrero, ya que OEFA ordenó a la empresa que reemplazara secciones seriamente deterioradas de la tubería y reparara los daños menos graves.
Después del derrame de junio en Barranca, el entonces ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, manifestó que los registros de Petroperú mostraron que la compañía había estado bombeando solo unos días antes. Luis Zapata, director de comunicaciones corporativas de Petroperú, dijo que era solamente una prueba y negó que Petroperú haya bombeado petróleo crudo desde febrero. Según Zapata, la empresa tiene previsto firmar acuerdos con las comunidades para patrullar la tubería en sus territorios, pero no está claro cuál sería su responsabilidad legal si se produce vandalismo.
Gilter Yuharima Tapuyima, presidente de la comunidad de Nueva Alianza, y otros líderes de comunidades insistieron en que debería ir un directivo de Petroperú a la comunidad y así discutir los planes de limpieza antes de que el trabajo comience. La amenaza es que aunque no haya llovido en Nueva Alianza durante casi dos semanas, un aguacero pueda inundar el lugar del derrame y enviar el petróleo por dos corrientes, incluyendo una que desemboca en el río Urituyacu, principal fuente de agua de la comunidad para beber, cocinar, lavar y bañarse.
Como consecuencia de los derrames, los pobladores se preguntan si los peces a lo largo del Marañón son aptos para comer. Los peces capturados en febrero cerca de los lugares de los derrames de Chiriaco y Mayuriaga contenían niveles de plomo y cadmio que superaron los máximos permisibles, según un estudio realizado por Sanipes, una agencia de supervisión gubernamental. Ese estudio, llevado a cabo en enero de 2016, encontró niveles de cadmio y mercurio que superan los umbrales de seguridad en la sangre y la orina de los habitantes de San Pedro y Cuninico. También halló que los niveles de plomo en la sangre de niños estaban dentro de los límites de seguridad de Perú, pero que excedían el máximo permitido en los Estados Unidos, país que tiene normas más estrictas.
Un estudio más amplio sobre la salud de los pobladores en las zonas petroleras de la Amazonía peruana ya está en marcha, y los resultados se esperan para principios del próximo año.
LA REUNIÓN
El estancamiento continuó hasta el 31 de agosto, cuando un negociador de la oficina del primer ministro, representantes de los ministerios de Cultura y de Salud, y gerentes de Petroperú se reunieron con miembros de la comunidad.
Durante la reunión, los pobladores mostraron su preocupación por el efecto de derrame en el suministro de sus alimentos, ya que el canal era un lugar popular para la pesca. También objetaron la política de contratación de dos empresas internacionales de Petroperú para coordinar la limpieza -Lamor e INMAC, una empresa de construcción e ingeniería con oficinas en Argentina, Bolivia y Perú. Los pobladores piden que Petroperú contrate a empresas locales, muchas de las cuales han surgido recientemente debido a la falta de mano de obra para los trabajos de limpieza después de los derrames.
Los propietarios de empresas locales que habían estado esperando afuera de la casa comunal donde se llevó acabo la reunión se fueron del pueblo al día siguiente, ya que habían quedado fuera de la carrera para los contratos de limpieza.
De las casi 200 personas que asistieron a la reunión, la mayor parte protestó acerca del anuncio que hizo un representante de Petroperú que indicaba que la empresa pagaría a los trabajadores de limpieza el equivalente de $15 por día. Es necesario mencionar que para limpiar el derrame de hace dos años, los trabajadores recibieron alrededor de $20 por día, y hasta $45 al día para limpiezas a principios de este año. La tasa más baja ofrecida en Nueva Alianza parecía estar relacionada con el alegato de Petroperú que decía que la tubería fue cortada deliberadamente por los mismos pobladores. Es así que en una región del país donde el empleo estable es escaso y trabajadores no calificados suelen ganar solo unos pocos dólares al día, algunos observadores sostienen la teoría que el alto pago podría crear un incentivo para que la población local destruya voluntariamente la tubería y así generar puestos de trabajo.
La reunión de cinco horas terminó con un acuerdo en el que los trabajadores de Lamor pasarían la próxima semana evaluando los daños y elaborando un plan de limpieza. INMAC entonces contrataría directamente a obreros locales para trabajar en los equipos de limpieza, dando prioridad a los residentes de Nueva Alianza y comunidades vecinas.
Cuando tres empleados de Lamor, una empresa finlandesa contratada por Petroperú para limpiar los derrames recientes, llegaron el 24 de agosto, miembros de la comunidad los detuvieron momentáneamente antes de que les permitieran ir al lugar del derrame, que está a unos 15 minutos a pie desde el pueblo. En un comunicado de prensa, Petroperú dijo que la comunidad estaba impidiendo las operaciones de limpieza y advirtió que si la lluvia lavaba el aceite del canal en los arroyos y ríos cercanos, la comunidad sería responsable. Yuyarima, presidente de Nueva Alianza, negó el argumento de que la comunidad estaba bloqueando la limpieza, y dijo que los empleados de Lamor habían ido al sitio una vez que se identificaron ante las autoridades de la comunidad. Su declaración se apoya en una entrevista con uno de los empleados de Lamor en un informe de vídeo de Radio Ucamara de Nauta.
Javier Aroca, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad y principal negociador en la reunión, dijo después que el Gobierno había logrado su objetivo de ganar el acuerdo de la comunidad para permitir a Lamor evaluar los daños y así comenzar la limpieza. Él atribuyó el estancamiento original, en el que los líderes de la comunidad se negaron a que la limpieza proceda hasta que un representante de Petroperú llegara, a una ruptura en la comunicación entre la comunidad y la empresa. Continuó diciendo que los gerentes de Petroperú estaban preocupados por la seguridad ya que después del derrame de febrero en Mayuriaga, los pobladores impidieron que los funcionarios públicos salieran de la comunidad hasta que el presidente de Petroperú llegara en persona para hablar con los líderes de la comunidad.
“Petroperú (los ejecutivos) nos dijeron que no podían entrar (a Nueva Alianza) solos”, dijo Aroca.
Danny Nugkuag Cabrera, especialista de la Oficina de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, estuvo de acuerdo en que la comunicación había sido pobre. También dijo que para la comunidad, la preocupación por el daño ambiental pasó a segundo plano luego de la exigencia de que empresas locales puedan ser contratadas y de la negociación de los salarios.
FUTURO
El 31 de agosto, el primer ministro peruano, Fernando Zavala, anunció que el Ejecutivo buscaría poderes legislativos especiales para reestructurar Petroperú, aunque no dio más detalles. Legisladores de la oposición calificaron la medida como un intento de privatizar la empresa.
Las tuberías donde se produjeron los derrames de petróleo son parte de los campos petroleros peruanos más antiguos y contaminados de la Amazonía. Ellas operaban con poca regulación desde 1970 hasta hace aproximadamente una década. La nueva norma requiere que el agua de producción ─agua caliente cargada de metales con petróleo, la cual es bombeada fuera de los pozos─ se vuelva a inyectar bajo tierra en lugar de ser vertida a los ríos y arroyos.
Prácticas similares también han ocurrido en Ecuador y otras partes de la Amazonía. La contaminación por petróleo plantea un alto riesgo para los ecosistemas frágiles, dicen los científicos. En una carta reciente en la revista Biodiversidad y Conservación, experto brasileño en ecología de peces Valter Azevedo-Santos y sus colegas advirtieron que “si continúa la tendencia actual, la biodiversidad amazónica acuática ─probablemente la más rica de la Tierra─ experimentará pérdidas irreversibles en muy poco tiempo y a gran escala.”
REFERENCIAS
- Azevedo-Santos, V.M., GarciaAyala, J.R., Fearnside, P.M., Esteves, F.A., Pelicice, F.M., Laurance, W.F., & Benine, W.F. (2016). Amazon aquatic biodiversity imperiled by oil spills. Biodiversity and Conservation.doi:10.1007/s10531-016-1192-9
Nota: Barbara Fraser escribió el artículo original en inglés. Romina Castagnino realizó la traducción y adaptación al español.
